nombre reservado con UNIVERSIDAD DE NTOFAGASTA

Antofagasta, a nueve de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

nombre reservado, Abogada, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de Universidad de Antofagasta, con domicilio en domicilio reservado, por estimar vulnerado su derecho consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, al solicitar la recurrida a la Tesorería Provincial de la República, la retención de la devolución de impuestos a la renta que le correspondía, con el objeto de imputarlo al pago de una deuda al Fondo referido con vencimiento de la cuota anual al 31 de diciembre de 2019, según lista de morosos que ellos indican incluyendo un 1% por concepto de interés penal debido a la morosidad señalada, sin ser morosa de dicha cuota o de cuota alguna.

Evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que expone la recurrente que, en el mes de diciembre del año 2019, por parte de la recurrida envían el primer correo electrónico "avisando", respecto de la no realización de abonos a la cuota anual del año 2019, para evitar morosidades y la aplicación del interés penal por ese hecho.

Indica que, en el mes de marzo del año 2020, envían nuevamente un correo electrónico con el aviso de encontrarse en sus registros en calidad de deudora y por ello enviarán listado, con sus datos incluidos, a la Tesorería para que realice la gestión legal de la retención de impuestos, salvo que se realice abono a la deuda.

Señala que dentro de la quincena de marzo concurre a dependencias de la recurrida, sin resultados positivos, pues ya se iniciaba protocolo de resguardo por la situación actual sanitaria del país debido al Covid-19.

De esta manera, con fecha 13 de abril de 2020, envió un correo electrónico a la dirección que dejaron por habilitada, solicitando opciones para la no realización de la retención de impuestos invocada.

Aduce que con fecha 16 de abril de 2020, obtiene respuesta negativa a su solicitud.

Alega que de acuerdo con ley N°19.287, la cuota anual vigente tiene como fecha de vencimiento un total de 12 meses del año inmediatamente posterior al de la entrega de la Declaración jurada de ingresos respectiva (el 31 de mayo), declaración que presente en forma y plazos correspondientes. Además, si no se presenta dicha declaración jurada dentro de los plazos establecidos, la cuota anual vigente, vence los días 31 de diciembre del mismo año en el cual no se presentó la declaración.

Plantea, de acuerdo con lo anterior, que no tiene la calidad de morosa de la cuota anual fijada en el año 2019, pues en su caso vence a finales del mes de mayo del año 2020, siendo morosa a partir del mes de junio del presente año, fecha en la cual se podrían aplicar los apercibimientos de cobranza por morosidad, ya sea la retención judicial con la aplicación del interés penal que señalan u otros legales.

Arguye que no ha podido realizar la declaración de renta en el Servicio de impuestos internos, pues se encuentra presente la amenaza arbitraria e ilegal de retener su devolución bajo un percepto de morosidad que no posee, considerando que teme perder su dinero por una deuda inexistente a la fecha actual.

Solicita se deje sin efecto, el título de morosa de la cuota anual otorgado por la Universidad de Antofagasta, ordenando a la recurrida dejar sin efecto dicha comunicación emitida a la Tesorería general de la República, en la cual comunica listado de morosos de cuota anual para proceder a la retención de impuestos, con costas.

SEGUNDO: Que Eladio Cuadra Vacca, abogado, actuando en representación de la Universidad De Antofagasta, informa solicitando el rechazo del recurso.

Expone en cuanto al Fondo Solidario de Crédito Universitario, que una vez el alumno o alumna egresa, se hace exigible la obligación del pago del Crédito conforme a la Ley N°19.287.

Indica que es efectivo que el proceso implica realizar la declaración de ingresos con las formalidades correspondientes hasta el 31 de mayo de cada año para la determinación de la cuota anual periódica.

Refiere que al revisar el artículo 13 de la Ley 19.287, se entrega una facultad amplia y libre a la Autoridad para establecer las cuotas de la anualidad dándole un tope máximo de 12 meses contados desde la fecha en que se probaron los ingresos del deudor. Es decir, desde que se realizó la declaración de ingresos de la recurrente (31 de mayo de 2019) existe la atribución de fijar una cantidad de cuotas que tienen como límite máximo los 12 meses.

Plantea que como es un límite máximo y la ley emplea la expresión “podrá” el Administrador, en este caso, ha fijado el monto 2019 dividido en cuotas iguales parcializadas y cuya fecha de vencimiento fijada fue el 31 de diciembre de 2019. Es decir, se estableció efectivamente un plazo menor al límite de 12 meses y así fue comunicado a la recurrente tal como lo fue en sus procesos anteriores por años pasados, sin plantear cuestionamiento alguno.

Señala que se le remitió carta certificada en agosto de 2019 cuando se le informó que su cuota anual 2019 era de 11,3453 UTM con vencimiento el 31 de diciembre de 2019. Se le informaron modalidades de pago, admitiendo el pago parcial (cuotas). Se le indicaron datos de contacto para consultas o solicitudes. La carta conforme a registros internos consta entregada el 26 de agosto de 2019 por empresa Equifax y se remitió a la dirección que la contraparte mantiene registrada en la Universidad según sus declaraciones de ingreso. Además, se le envió por correo electrónico.

Destaca que aún de seguir la interpretación de la recurrente, de todos modos, se encontraría morosa puesto que, a la fecha del informe, ella no ha cumplido con el pago de su cuota 2019, por lo que de todas formas procedería retención, ya que tampoco hizo pago hasta el 31 de mayo del presente.

Concluye que la deuda es completamente exigible y la contraparte fue debidamente notificada por lo que no puede aducir desconocimiento de ello, sin que exista actuación arbitraria e ilegal.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que no es un hecho discutido por las partes que la recurrente es deudora del fondo solidario del crédito universitario. Centrando la controversia en determinar si la deudora a la fecha de interposición del recurso se encontraba morosa en el pago de la deuda.

SEXTO: Que en cuanto a determinar si la recurrente se encontraba en mora, son hechos que escapan al objeto del recurso de protección que tiene por finalidad garantizar derechos indubitados y no de lato conocimiento. Sumado a que la recurrida no ha dado cuenta del pago de la deuda o que haya hecho uso de la interposición de aclaración en virtud del artículo 6 del Decreto 297 de 2009 del Ministerio de Educación.

SEPTIMO: Que el artículo 1 de la Ley N°19.989 faculta a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287, y aquellos montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora.

Es así como, la Universidad recurrida, en su calidad de entidad acreedora, dispuso la notificación por aviso informando a la recurrente que tiene la calidad de morosa de la deuda del crédito solidario universitario, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 297 de 2009 del Ministerio de Educación que Aprueba el Reglamento que Fija Procedimiento para Retención de la Devolución del Impuesto a la Renta por Parte de la Tesorería General de La República.

De esta manera la Universidad de Antofagasta, ajustó su proceder al ordenamiento jurídico sin que pueda estimarse que ha existido actuación arbitraria o ilegal que ameriten la adopción de alguna medida cautelar, desde que dio cumplimiento a la normativa y comunicó la deuda que a partir del 31 de diciembre del año 2019, se devengaba. Por lo demás en la propia audiencia se reconoció que aún no se encuentra pagada y que se intentó el recurso para obtener la suma dineraria por necesidades urgentes y que posteriormente se enteraría el pago, de manera que existiendo la morosidad no solo ha perdido oportunidad el recurso, sino también desaparecieron los presupuestos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de Protección interpuesto por nombre reservado en contra de Universidad de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1857-2020 (PROTECCIÓN)