nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

Dpp/ Antofagasta, a diez de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, de Antofagasta, e interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la actuación ilegal y arbitraria deducida en Notificación código de trámite N°74034849, de fecha 1 de octubre de 2025, que declara no acogida a trámite la solicitud de residencia definitiva, por considerar que el recurrente no cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°4 del Reglamento de la ley de Migraciones y Extranjería para solicitar la residencia definitiva en cuestión, constituyendo dicha resolución una vulneración al principio de igualdad ante la ley, del artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, solicitando se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la referida resolución.

El recurrido Servicio Nacional de Migraciones solicitó el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso se indica que la recurrente, empleada, de nacionalidad venezolana, ingresó al país como turista y estando dentro del país decidió establecerse para desarrollar su proyecto de vida en Chile, solicitando visa de residencia temporal sujeta a contrato, beneficio otorgado por un año, es decir, desde el de 15 de junio de 2020 hasta el 15 de junio 2021, como se evidencia en estampado electrónico que acompaña.

Refiere que la recurrente fue titular del beneficio de residencia temporal bajo la modalidad sujeta a contrato y, previo al vencimiento de su visado solicita la residencia definitiva en fecha 31 de marzo de 2021, y luego de haber transcurrido un tiempo, en fecha 10 de agosto de 2023 la recurrente es notificada de Resolución Exenta N°23307233 informándole que su solicitud había sido rechazada por no cumplir con los requisitos y en subsidio le fue otorgada una residencia temporal por el periodo de 2 años con la finalidad de cumplir con el plazo de residencia exigido por ley, como se acompaña al primer otrosí de esta presentación, razón por la que la recurrente obtuvo su segunda residencia temporaria, otorgada por 2 años, es decir la misma fue válida desde el 3 de octubre de 2023 hasta el 3 de octubre de 2025, como se evidencia en estampado electrónico que acompaña.

Expresa que previo al vencimiento y encontrándose dentro del plazo exigido, la recurrente postuló el 18 de agosto del 2025 y solicitó residencia definitiva. Añade que sí se considera además que ha sido titular de residencia temporaria en el país por más de 36 meses, cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley, pero fue notificada en fecha 1 de octubre de 2024, de la Resolución Exenta Nº74034849, que declara: “No Acogida a trámite solicitud de Residencia Definitiva, alegando que no cumplió con lo establecido en el artículo 65 N°4 del reglamento de la ley de migración y extranjería para solicitar la residencia definitiva en cuestión.

Afirma que la resolución que se recurre es contraria a derecho, si se considera que la misma carece de fundamento al no precisar de manera clara y precisa cuál es la causal que incurrió la recurrente para sin más detalle declarar inadmisible el trámite la solicitud de la residencia definitiva, ya que se puede observar que el artículo 65 N°4 tiene cinco letras que lo conforman y además, es erróneamente interpretado el artículo 65 N°4 del Decreto Supremo N°296 o Reglamento de Ley 21.325, norma que reproduce, indicando que la recurrente queda en un estado de vulnerabilidad, quien en pleno ejercicio de sus derechos ha dado cumplimiento con todos los requisitos que exige la ley para obtener el beneficio impetrado, pues, realizó la solicitud de residencia definitiva dentro del plazo, por lo tanto no ha incurrido en ninguna infracción que el Servicio recurrido señala, vulnerando el derecho de subsanar, como ocurre con otros solicitantes a quienes se le pide antecedentes adicionales otorgando un plazo de 60 días para presentar la documentación que den cuenta cuál es la infracción migratoria incurrida por la recurrente, pero, por el contrario, la autoridad migratoria de plano decreta no dar continuidad a la residencia definitiva y ordena sin más remitir la solicitud al departamento de visa temporal de manera antojadiza y caprichosa, vulnerándole a la recurrente el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 19 numeral 2 dé la ley 19.880, donde en otros casos si le permite subsanar, cuestión que no ocurrió en el presente caso.

Insiste en que a pesar de dar cumplimiento con todos los requisitos que prevé la ley, el recurrido no realizó valoración exhaustiva para darle continuidad y decidir la solicitud de su residencia definitiva, situación que deja al recurrente en un estado de preocupación y vulneración.

Arguye que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, deducida en notificación código de trámite N°74034849, de fecha 1 de octubre de 2025, que declara no acogida a trámite la solicitud de residencia definitiva, por considerar que la recurrente no cumplió con lo establecido en el artículo 65 N°4 del reglamento de la ley de migración y extranjería vigente en cuanto a las infracciones migratorias, siendo ello contrario a la verdadera realidad de la recurrente, situación que la deja en completa vulnerabilidad e incertidumbre, ante un hecho completamente ilegal y arbitrario, reiterando que se vulnera la igualdad ante la ley del artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, citando jurisprudencia.

Termina solicitando se ordene dejar sin efecto la resolución recurrida para que se dé continuidad a la solicitud de residencia definitiva de la recurrente ajustando la decisión conforme a derecho, y ordenando, asimismo, que el recurrido se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo no mayor a 30 días, o el que se estime conforme al mérito de autos y en general se adopten las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó la abogada Pamela Ahumada Zamorano, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar los derechos invocados por el recurrente.

Indica que la actora, nacional de Venezuela, ingresó por primera vez al país el 14 de abril de 2019, por el paso fronterizo Carretera de Chacalluta, como turista y a solicitud de la extranjera, con fecha 30 de marzo de 2020 se le otorgó un permiso de residencia temporal sujeto a contrato por un año, y en calidad de titular, vigente hasta el 15 de junio de 2021.

Añade que el 31 de marzo de 2021 la recurrente solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva, el cual es rechazado por no haber completado el plazo de dos años de visa sujeta a contrato, requisito exigido conforme lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 40 del Decreto Supremo N°597 del Ministerio del Interior, antiguo Reglamento de Extranjería, pero, sin perjuicio de lo anterior, se le otorgó en subsidio un permiso de residencia temporal por un año y en calidad de titular, el que estuvo vigente hasta el 4 de octubre de 2025.

Destaca que mediante REX N°23295266 de fecha 2 de agosto de 2023 la extranjera inició un procedimiento sancionatorio de multa autogestionada, por la infracción descrita en el artículo 109 de la Ley N°21.325, esto es, desarrollar actividades remuneradas sin autorización, declarando de manera expresa y voluntaria 793 días de trabajo sin autorización, como se aprecia en fotocaptura de la resolución exenta que adjunta, multa que fue pagada el 2 de agosto de 2023, como se aprecia en fotocaptura que refiere.

Indica que el 18 de agosto de 2025 la extranjera solicita el beneficio de residencia definitiva, bajo ID N°74034849 y mediante comunicación electrónica Folio N°86485027 de 1 de octubre de 2025, se le informa que no es posible admitir a trámite su solicitud por cuanto “No cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°4 del Reglamento de la ley de Migraciones y Extranjería. De acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal.”

Explica que lo anterior dice relación con la infracción por desarrollar actividades remuneradas sin autorización, y por la cual fue sancionada mediante REX N°23295266 de fecha 2 de agosto de 2023, ello por constituir la infracción del artículo 109 de la Ley N°21.325 una infracción migratoria menos grave descrita en el párrafo I del título VII de la mencionada Ley, por lo tanto habiendo la recurrente desarrollado actividades remuneradas sin contar con autorización para ello, durante el plazo de 793 días, conforme lo expresado en su propia y voluntaria declaración, se hace aplicable el requisito establecido en el artículo 65 N°4 letra a) del Decreto N°296, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería, esto es, que para poder solicitar el beneficio de residencia definitiva, se exigirá al extranjero cumplir un periodo de residencia de, al menos, treinta meses, norma que reproduce.

Hace presente que no obstante no haberse acogido a trámite la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, el Servicio de oficio remitió la solicitud al Departamento de Residencias Temporales para analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal, bajo nuevo ID N°74342272 y nada impide que una vez cumplidos los requisitos legales establecidos en la Ley N°21.325 y sus reglamentos, la extranjera pueda, en el futuro, solicitar el beneficio migratorio de residencia definitiva, como se aprecia en fotocaptura que adjunta, citando jurisprudencia.

Destaca que el artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325 establece que la autoridad competente para “resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior” es, en definitiva, el Servicio Nacional de Migraciones, norma redactada en términos casi idénticos en el artículo 42 del Decreto Supremo N°296 de 12 de febrero de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Reglamento de la Ley Nº21.325, el que reproduce, refiriéndose luego al beneficio de residencia definitiva citando los artículos 78 y 37 de la Ley 21.325.

Reitera que la recurrente registra una infracción migratoria menos grave, por desarrollar actividades remuneradas sin autorización en el país, durante 793 días, hecho y conducta descrita en el artículo 65 N°4 letra a) del Decreto N°296, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería, como requisito temporal para solicitar el beneficio de residencia definitiva, ello en relación con el artículo 109 de la Ley N°21.325, normas ambas que reproduce, afirmando que la recurrente, al registrar 793 días de desarrollo de actividades remuneradas sin autorización en Chile, no cumple el requisito señalado para la obtención del beneficio solicitado, debiendo dicha solicitud no acogerse a trámite.

Sostiene que en base a las distintas actuaciones realizadas por esa autoridad, y habiendo obrado siempre según las disposiciones normativas aplicables para dictar los actos administrativos correspondientes, resulta evidente que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por nuestra Carta Fundamental, más aun considerando que todas las actuaciones precedentemente señaladas fueron llevadas a cabo por esta autoridad según las normas especiales de la Ley N°21.325 y el Decreto Supremo N°296, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880.

Añade que su parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que entiende que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos de la extranjera, más aun considerando que su solicitud se encuentra actualmente derivada al Departamento de Residencias Temporales para analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal, bajo ID N°74342272.

Termina solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en haber declarado inadmisible la solicitud de residencia definitiva de la recurrente.

Al efecto, la recurrida señaló en su informe que la extranjera no cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado, al encontrarse en la hipótesis del artículo 65 N°4 letra a) del Reglamento de la Ley 21.325, allegando la Resolución Exenta N°23295266 de fecha 2 de agosto de 2023 que aplicó sanción pecuniaria a la solicitante por la circunstancia de haber trabajado 793 días sin autorización. Asimismo, se acompañó la cuestionada Resolución Folio N°86485027 de 1 de octubre de 2025 que no acogió a trámite el permiso de residencia definitiva, por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 65 N°4 del Reglamento de la Ley 21.325, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Depto. de Residencias Temporales para analizar la tramitación de una residencia temporal.

SEXTO: Que, el artículo 65 N°4 letra a) del Decreto N°296 señala:

“Artículo 65.- Sin perjuicio de los requisitos que establezca el decreto supremo que fije las subcategorías migratorias de residencia temporal, los residentes temporales titulares, para postular a la residencia definitiva, deberán haber residido en el país en tal calidad al menos por veinticuatro meses.

Para postular a la residencia definitiva se necesitará un periodo de residencia mayor al referido en el inciso precedente, en mérito de los antecedentes personales del interesado, en los siguientes casos:

4.- Comisión de infracciones migratorias de aquellas señaladas en el Título VII de la ley Nº21.325 y su gravedad. En cuanto a este criterio, el tiempo requerido de residencia se exigirá de conformidad a los siguientes rangos:

“…a) Cuando se trate de alguna infracción aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, de aquellas contenidas en el Párrafo I de dicho Título VII, referido a las infracciones menos graves, se exigirá un periodo de residencia de al menos treinta meses.…”.

A su turno, el artículo 109 de la Ley 21.325, que se encuentra dentro del párrafo de sanciones migratorias menos graves, señala: “artículo 109.- Desarrollo de actividades remuneradas sin autorización. Los extranjeros que desarrollen actividades remuneradas, sin estar habilitados o autorizados para ello, serán sancionados con una multa de media a cinco unidades tributarias mensuales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del artículo 127.”.

Por último, el artículo 157 N°5 de la Ley 21.325 establece:

“Artículo 157.- Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones las siguientes funciones:

… 5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior”.

SÉPTIMO: Que, con los antecedentes allegados por la recurrida, es posible advertir que la declaración de inadmisibilidad, contenida en la Resolución Folio N°86485027 de 1 de octubre de 2025, obedeció a la circunstancia que la recurrente no cumple con lo dispuesto en el artículo 65 N°4 del Reglamento de la Ley 21.325.

En efecto, y como ya se señaló, mediante Resolución Exenta N°23295266 de fecha 3 de mayo de 2021, se aplicó a la recurrente una multa de $63.326, por haber desarrollado actividades remuneradas sin estar habilitada o autorizada para ello, indicándose también en dicha resolución que la actora declaró de manera expresa y voluntaria 793 días de trabajo sin autorización, de lo que se sigue que la recurrida obró dentro de la esfera de sus atribuciones, sobre la base de la aplicación de las normas legales referidas.

OCTAVO: Que, debido a lo anterior, no se columbra la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad migratoria que conculque la garantía constitucional esgrimida por la recurrente.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, atendido que la propia autoridad migratoria – no obstante rechazar la solicitud de residencia definitiva - derivó la petición al “Departamento de Residencias Temporales” se dispone que la recurrida deberá pronunciarse prontamente sobre el nuevo beneficio migratorio precitado, en atención a la actual situación migratoria irregular en que se encuentra la recurrente.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Peñaloza Parra, en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en los términos señalados en el motivo octavo del presente fallo.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1838-2025 (PROTECCIÓN)