nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Antofagasta, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de doña ALEJANDRA BRICEÑO DÍAZ, abogada en representación de don nombre reservado, de nacionalidad boliviana, cedula de identidad para extranjeros RUT reservado domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la actuación ilegal y arbitraria consistente en no resolver, no notificar y mantener en un estado de incertidumbre indefinida la solicitud de residencia definitiva; entendiendo vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones acoger la presente acción, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones que informen sobre el estado de la solicitud N°66844148.

Evacuó informe la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su acción indicando que ingreso regularmente a Chile el año 2018, regularizando sucesivamente su calidad de migratoria a través de dos visas temporarias y un permiso de residencia temporal, encontrándose dicha condición cuando, con fecha 23 de abril de 2024, solicito de residencia definitiva, bajo el código de tramite N°66844148, que mediante resolución N°2600100017455 de 9 de enero de 2026, rechazo la solicitud y dispuso el abandono del territorio nacional de la recurrente, fundada en una infracción migratoria acaecida en el año 2020, respecto a dicha resolución se deduce acción constitucional de Amparo, rechazando dicha acción, sin perjuicio la Excelentísima Corte Suprema, conociendo por vía de apelación en autos Rol 7.159-2026, dicto sentencia revocando el fallo de esta Corte y acogiendo la acción, dejando sin efecto la orden de abandono contenida en la referida resolución exenta.

Agrega que, con fecha 28 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones informo a esta Corte, el cumplimiento de lo ordenado, señalando expresamente haber dejado sin efecto la resolución Exenta N°2600100017455, informe que se tuvo presente mediante resolución de 11 de junio de 2026.

Indica que, removido el único obstáculo legal que impedía la tramitación de su solicitud, la recurrente ha revisado periódicamente el Portal de Tramites Digitales del Servicio Nacional de Migraciones, constando que la solicitud de residencia definitiva figura en estado completado, indicándose “la solicitud consultada ya fue contestada”, y que “la repuesta fue enviada al correo electrónico” del amparado.

Adiciona que, pese a lo indicado por el Servicio la recurrente ha revisado de forma diaria su correo y que a la fecha de la presentación no ha recibido comunicación, resolución ni respuesta alguna del Servicio recurrido, ni constancia de la reanudación efectiva del procedimiento.

Señala que, producto de la inactividad del Servicio la recurrente se encuentra sin cedula de identidad para extranjeros vigente, ni documento de residencia que acredite su actual situación migratoria regularizada, lo que le impide renovar y formalizar adecuadamente su relación laboral con su empleador y a realización de otros trámites.

En cuanto al derecho, el actor estima que se ha vulnerado su garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 Nº 2, N° 16 libertad de trabajo, N°7 seguridad individual, de la Carta Fundamental, e infringido los principios de veracidad, racionalidad y debida fundamentación contemplados en la Ley N.º 19.880, al resolverse su postulación sobre antecedentes incorrectos. Por lo expuesto, solicita que se acoja el presente recurso de protección y notifique formalmente dicha resolución al recurrente y a esta parte, y actualice fidedignamente el estado de tramitación reflejado en su Portal de Trámites Digitales, todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informó don Guillermo Quezada Bruzzone, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, argumentando que no se configuran los presupuestos constitucionales y legales para su interposición al no existir un acto u omisión arbitraria o ilegal.

Señala que la recurrente ingresa al Chile durante el año 2018 y fue titular de permisos de residencia temporal. Su cedula de identidad para extranjeros, otorgada en calidad de residencia temporario, venció el 26 de abril de 2024.

Agrega que con fecha 23 de abril de 2024, la recurrente presente solicitud de residencia definitiva, bajo el ID n°66844148, que mediante resolución exenta N°2600100017455 de 9 de enero de 2026, el acto administrativo fue que rechazo la residencia definitiva y dispuso el abandono del territorio nacional, indica que este pronunciamiento fue preciso y limitado, y que la misma no ordeno conceder la residencia definitiva, no dispuso retrotraer el procedimiento, no ordeno dictar una nueva resolución ni dejo establecido que la solicitud de residencia definitiva debiera ser nuevamente tramitada.

Asevera que, en cumplimiento de lo resuelto, el Servicio Nacional de Migraciones elimino los efectos de la orden de abandono y dejo expresa constancia de ello en el Registro Nacional de Extranjeros, informando a esta Corte el cumplimiento de la sentencia y que mediante resolución de 11 de junio de 2026 se tuvo presente lo informado, considero cumplido lo ordenado y dispuso el archivo de la causa.

Incida que, la parte recurrente efectuó nuevas presentaciones dentro del mismo recurso de amparado, pretendiendo extender el alcance de la sentencia a cuestiones administrativas que no habían sido comprendida en lo resolutivo y mediante resolución de 7 de agosto de 2027, esta Corte rechazo expresamente dicha solicitud, señalando que el fallo se encontraba íntegramente cumplido y que los cuestionamientos formulados correspondían a trámites administrativos ajenos al marco de la decisión judicial.

Y sin perjuicio de todo lo señalado, indica que el recurrente interpone la presente acción constitucional, sosteniendo que el Servicio Nacional de Migraciones habría incurrido en una omisión al no resolver la solicitud de residencia definitiva N°668844148, siendo que la misma fue resuelta mediante resolución exenta N°2600100017455 de 9 de enero de 2026, agrega que la sentencia de la Corte Suprema no altero es circunstancia, pues dejo sin efecto únicamente la orden de abandono y no el rechazado de la residencia definitiva. El fallo no declaró que el recurrente cumpliera los requisitos para acceder a la residencia definitiva ni sustituyó la competencia de la autoridad migratoria para evaluar su procedencia.

En cuanto a la supuesta falta de notificación tampoco permite sostener que exista una omisión de resolver. El propio recurrente tuvo conocimiento efectivo de la Resolución Exenta N.º 2600100017455, pues dedujo oportunamente una acción de amparo destinada a impugnarla y obtuvo un pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de la orden de abandono contenida en ella.

Señala que, la cedula de identidad acompañada por la recurrente consigna expresamente su calidad de residente temporario y registra como fecha de vencimiento el 26 de abril de 2024, por lo que su falta de vigencia no deriva de un incumplimiento del fallo por parte del SERMIG, sino del vencimiento del permiso temporal del cual era titular.

Por ello, la conducta imputada al SERMIG no reviste carácter ilegal ni arbitrario, sino que corresponde al cumplimiento estricto de la resolución judicial y a la mantención del estado real de un procedimiento administrativo concluido.

Solicitando el rechazo de la presente acción constitucional por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la Ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, la controversia sometida a conocimiento de esta Corte en el caso concreto se circunscribe a determinar si la falta de notificación y resolución de la solicitud de residencia definitiva N° 66844148 por parte del Servicio Nacional de Migraciones, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnere la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N.º 2, 7 y 16 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, abordando el fondo del asunto, y conforme a lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones en el cual señala que la solicitud N°66844148, fue resuelta con fecha 9 de enero del 2026 mediante resolución exenta N°2600100017455 y que solamente el fallo pronunciado por la Excelentísima Corte Suprema dejo sin efecto la orden de abandono del territorio nacional y no el rechazo de la residencia definitiva, manteniéndose lo resuelto.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no existe una solicitud de residencia definitiva pendiente de resolución, ni una inactividad administrativa del Servicio Nacional de Migraciones, ya que la misma ya fue resuelta mediante la resolución N°2600100017455 de 9 de enero del 2026 y la cual fue notificada a la parte recurrente.

OCTAVO: Que, por lo anterior, y al no vislumbrarse ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión facultativa de la autoridad recurrida, quien ha obrado dentro de la esfera de sus atribuciones legales contenidas en la Ley N.º 21.325, sin contravenir las garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, es que se rechazará el recurso de protección interpuesto en todas sus partes.

NOVENO: Que, debido a lo anterior, no se configura la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad migratoria que conculque las garantías constitucionales esgrimidas.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por Alejandra Briceño Díaz, abogada en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1832-2026 (Protección)