RENDIC HERMANOS S.A con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, treinta de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece Rodrigo Donoso Baraona, abogado, en representación de Rendic Hermanos S.A., empresa del giro supermercadista, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por el Jefe de la Inspección Provincial nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la conducta arbitraria e ilegal consistente en la dictación de la Resolución de Multa (S) N°1645/22/10 de 27 de junio 2022, vulnerando los derechos asegurados en el artículo 19 N°2, 3 inciso 5, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se deje sin efecto la referida resolución de multa, con costas.

Se ordenó acumular a estos antecedentes los recursos de protección Roles: N°18.227-2022 en contra de la Resolución de Multa (S) N°1645/22/9, de 27 de junio 2022; N°18.228-2022 en contra de la Resolución de Multa (S) N°1645/22/7, de 23 de junio 2022; N°19.464-2022 en contra de la Resolución de Multa (S) N°1766/22/25, de 24 de junio 2022; N°19.465-2022 en contra de la Resolución de Multa (S) N°1766/22/26, de 24 de junio 2022; N°19.466-2022 en contra de la Resolución de Multa (S) N°1766/22/27, de 24 de junio 2022; N°19.467-2022 en contra de la Resolución de Multa (S) N°4007/22/13, de 17 de junio 2022; N°19.468-2022 en contra de la Resolución de Multa (S) N°4007/22/14, de 16 de junio 2022, y N°19.469-2022 en contra de la Resolución de Multa (S) N°4007/22/15, de 16 de junio 2022.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que las Resoluciones de multa constituyen un acto arbitrario e ilegal, por cuanto en su dictación la Inspección Provincial del Trabajo ha excedido su ámbito de competencia al interpretar cláusulas contractuales e imponer multa que carece de todo fundamento.

En efecto, las Resoluciones constituyen una conducta arbitraria, en la medida que ellas carecen de fundamento racional suficiente, cuando en él se afirma que, en el curso de la fiscalización efectuada al empleador Rendic Hermanos S.A., se habría constatado el hecho de “no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios”, respecto de una serie de trabajadores, por lo que “al ser ambiguo lo expuesto y no existir certeza jurídica de la prestación de servicios, según el siguiente detalle: esto dado que, conforme al ordinario n°s03 de fecha 30/03/2022 de la dirección del trabajo, al establecerse multiplicidad de labores asociadas al cargo "operador de tienda" no se otorga un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en el supermercado, esto en relación a los cargos que en tal sentido se constató en la respetiva fiscalización, de "operador de tienda".

De lo anterior y sin entregar ninguna otra fundamentación a su respecto, concluye que su representada habría infringido lo dispuesto en el artículo 10 N°3, en relación con el artículo 506, ambos del Código del Trabajo, razón por la cual sanciona con una multa.

Sostiene que contrariamente a lo que se establece en la Resolución, en el Contrato de Trabajo suscrito entre los trabajadores, se determina clara y específicamente en qué consiste el cargo de “operador de tienda”, así como también, los lugares en que deben prestarse los servicios asociados al mismo, de manera tal que no se observa elemento alguno que permita justificar la interpretación que de él se hace en la referida resolución y respecto de la cual, por cierto, la Inspección Provincial del Trabajo no proporciona mayor fundamentación.

Aduce que desde el momento que la Resolución inicia un proceso de fiscalización en contra de su representada y, a través del mismo, se avoca a la interpretación de una cláusula contractual contenida en el Contrato de Trabajo suscrito entre Rendic y sus trabajadores, arribando a la conclusión de que la misma infringe la normativa actualmente vigente, alterando la regla constitucional en orden a que es la ley a quien corresponde regular las actividades económicas, y, por consiguiente, es a los tribunales de justicia y no a entidades administrativas resolver el cómo se han de resolver las cuestiones de interpretación sobre cláusulas contractuales en el marco de dicha ley, por lo que solicita dejar sin efecto la resolución de multa.

SEGUNDO: Que Agustín Campillay Robledo, abogado de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, en representación de la recurrida, informa solicitando el rechazo del recurso con costas.

Plantea la improcedencia del recurso de protección, ya que ha sido utilizada como sustituto procesal, desde que existen otras acciones específicas para la impugnación de las resoluciones de multa, ya sea a través de la vía administrativa, como lo dispone el artículo 511 del Código del Trabajo (reconsideración administrativa de multa), o bien, haciendo uso de la acción ordinaria de reclamación ante el Juzgado laboral que regula el artículo 503 del mismo cuerpo legal.

De lo dicho se sigue que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, como sucede justamente en cada uno de los casos de autos, en la que se discute acerca del alcance de las atribuciones de este Servicio al imponerse las resoluciones de multas N°1645/22/10, N°1645/22/9, N°1645/22/7, N°1766/22/25, N°1766/22/26, N°1766/22/27, N°4007/22/13, N°4007/22/14, N°4007/22/15. Tal como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema en cuanto el recurso de protección no es el camino idóneo para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa de orden laboral, puesto que no fue concebido como un sustituto procesal de acciones y procedimientos ordinarios existentes en la legislación.

Precisa que la recurrente, en paralelo al ejercicio de la presente acción constitucional, interpuso reclamo judicial en contra de todas y cada una de las resoluciones recurridas.

1. N°1645/22/10, reclamo interpuesto ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, RIT I-55-2022, que fuera notificada a su representada con fecha 29.07.22 y que actualmente se encuentra en tramitación.

2. N°1645/22/9, reclamo interpuesto ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, RIT I-56-2022, que fuera notificada a su representada con fecha 29.07.22 y que actualmente se encuentra en tramitación.

3. N°1645/22/7, reclamo interpuesto ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, RIT I-57-2022, que fuera notificada a su representada con fecha 29.07.22 y que actualmente se encuentra en tramitación.

4. N°1766/22/25, reclamo interpuesto ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, RIT I-58-2022, que fuera notificada a su representada con fecha 04.08.22 y que actualmente se encuentra en tramitación.

5. N°1766/22/26, reclamo interpuesto ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, RIT I-59-2022, que fuera notificada a su representada con fecha 04.08.22 y que actualmente se encuentra en tramitación.

6. N°1766/22/27, reclamo interpuesto ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, RIT I-60-2022, que fuera notificada a su representada con fecha 04.08.22 y que actualmente se encuentra en tramitación.

7. N°4007/22/13, reclamo interpuesto ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, RIT I-61-2022, que fuera notificada a su representada con fecha 04.08.22 y que actualmente se encuentra en tramitación.

8. N°4007/22/14, reclamo interpuesto ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, RIT I-62-2022, que fuera notificada a su representada con fecha 04.08.22 y que actualmente se encuentra en tramitación.

9. N°4007/22/15, reclamo interpuesto ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, RIT I-63-2022, que fuera notificada a mi representada con fecha 04.08.22 y que actualmente se encuentra en tramitación.

De esta manera, la acción constitucional es improcedentes, desde que el propio recurrente ha optado por la vía ordinaria dispuesta por el ordenamiento jurídico laboral efectuando las misma alegaciones entorno a una supuesta "Manifiesta extralimitación de las facultades de la Dirección del Trabajo al interpretar el Contrato de Trabajo” solicitando se deje sin efecto la multa, mismo argumento y petición expresada en la acción de protección de autos.

Ahora bien, si bien es cierto la acción constitucional es "sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes" sucede que en la especie lo que se recurre es una acto administrativo que tiene una acción especialmente prevista para su revisión, dado que no genera un conflicto constitucional que deba ser conocido vía recurso de protección en el entendido que el recurso de protección corresponde a un proceso sumario para la tutela urgente y privilegiada de los derechos fundamentales indubitados, y no un mecanismo ordinario de control contencioso administrativo.

En el evento que la Ilustrísima Corte de Apelaciones, entienda que es procedente analizar el fondo de la acción de protección ejercida, indica que producto de una fiscalización efectuada por la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, generada debido a denuncias por parte de trabajadores y organizaciones sindicales por la formulación de un contrato/anexo de trabajo con un cargo denominado “Operador de Tienda”.

En cada uno de los procesos de fiscalización señalados, y luego de las diligencias pertinentes, pudo constatarse la infracción laboral consistente en no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios de los trabajadores detallados en cada una de las resoluciones multa originadas en dichos procesos, lo que constituye infracción al artículo 10 N°3, en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo.

En este sentido, las resoluciones de multa cursadas por los fiscalizadores Sr. nombre reservado cortes Tapia, y Sras. nombre reservado y nombre reservado, se ajustan a los hechos constados y al derecho, y han sido cursadas luego de las fiscalizaciones realizadas a la recurrente que incluyeron revisión documental, entrevistas a muestra de trabajadores y representante del empleador, conforme lo instruido por el Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, constatándose que los contratos de trabajo y anexos revisados contemplan un cargo de "Operador de Tienda”, y "Operador de Producción”, que suponen la realización de una serie de funciones descritas sin que se precise de manera cierta la naturaleza de los servicios a los que se obligan sus dependiente, ello respecto de los trabajadores que se individualizan y conforme el detalle consignado en la resolución de multa. Asimismo, se establece con claridad la infracción que dicho hecho constituye: "no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios”, y la norma infringida-sancionadora: “Articulo 10 N°3 y 506 del Código del Trabajo".

De esta forma, el acto administrativo se encuentra debidamente fundado en los hechos y el derecho conforme a las exigencias del artículo 16 y 41 de la Ley 19.880, descartándose que haya sido dictada por mero capricho, sin motivación, debiendo desechar la alegación de la recurrente.

Las resoluciones cursadas a la recurrente se enmarcan en lo dispuesto en el artículo 1° del D.F.L N°2 de 1967 norma que dispone que corresponde a la Dirección del Trabajo, entre otras funciones “la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”, función que, de acuerdo con la misma normativa laboral, cumple a través de las respectivas Inspecciones. El artículo 505 inciso 1° del Código del Trabajo, a su vez dispone: “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo (...)”. Por lo que se puede concluir que las funciones de fiscalización e interpretativa que tiene la Dirección del Trabajo, surgen de texto legal expreso y vigente, esto es, el artículo 505 del Código del ramo, y del artículo 1° del D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, antes transcritos. Tales facultades consisten precisamente en explicar el sentido de un texto legal sometido a su análisis, en un determinado proceso de fiscalización, esto es, los funcionarios que actúan por la Inspección del Trabajo tienen que llevar a cabo una labor de orden intelectual, puesto que ésta es de la esencia de tales facultades. Entender que esto no es así, y acoger la tesis del recurrente, significaría desconocer o desvirtuar la labor inspectiva de la Dirección del Trabajo, impidiendo a este órgano administrativo el ejercicio de su función ante una conducta que vulnera la ley.

Concluye que el recurso de protección es un recurso extraordinario, existiendo expresa regulación del mecanismo de impugnación para el caso de multas administrativas cursadas por la Dirección del Trabajo, en el Libro V del Código del Trabajo, que ha sido ejercido por el recurrente en conformidad a lo dispuesto en el artículo 503 del norma indicada, estimando que los hechos descritos en este recurso, así como el ejercicio de las facultades legales por parte del fiscalizador de este servicio, no han afectado de manera alguna las garantías constitucionales señaladas como argumento de su acción, por lo que el presente recurso de protección, debe ser rechazado, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que el objeto del recurso incoado es dejar sin efecto las resoluciones de multa, N°1645/22/10, N°1645/22/9, N°1645/22/7, N°1766/22/25, N°1766/22/26, N°1766/22/27, N°4007/22/13, N°4007/22/14 y N°4007/22/15, motivado en la falta de fundamentos y en el exceso de facultades por parte de la recurrida.

SEXTO: Que a efectos de resolver se tiene presente lo informado por la recurrida conforme a los documentos acompañados, en cuanto se observa que los mismos antecedentes de hecho y de derecho fueron alegados en sede laboral, existiendo en actual tramitación procedimiento monitorio de reclamación judicial de multa administrativa en virtud de los dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, respecto de cada una de las multas alegadas en sede de protección.

Así, se encuentran en conocimiento en sede laboral las causas: RIT I-55-2022 respecto de la Resolución N°1645/22/10; RIT I-56-2022 respecto de la Resolución N°1645/22/9; RIT I-57-2022 respecto de la Resolución N°1645/22/7; RIT I-58-2022 respecto de la Resolución N°1766/22/25; RIT I-59-2022 respecto de la Resolución N°1766/22/26; RIT I-60-2022 respecto de la Resolución N°1766/22/27; RIT I-61-2022 respecto de la Resolución N°4007/22/13; RIT I-62-2022 respecto de la Resolución N°4007/22/14 y RIT I-63-2022 respecto de la Resolución N°4007/22/15.

De esta manera, se advierte que es el propio recurrente que viene en reconocer, mediante actos propios, que los hechos materia de los recursos de protección son alegaciones que deben ser conocidas en un juicio de lato conocimiento, las que se encuentran en actual tramitación, siendo conocidas por juez imparcial en un proceso legalmente establecido, por ende, el recurso de protección no es la vía idónea para discutir estas materias, considerando que su naturaleza cautelar solo protege derechos indubitados.

SÉPTIMO: Que en este mismo sentido, opinión a la que adhieren estos sentenciadores, se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N°12.633, de fecha nueve de junio de dos mil veintidós, que confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia Rol N°169-2022, de fecha catorce de abril del año en curso, resuelve que: “SEGUNDO: Que, para una adecuada resolución de la controversia, resulta útil consignar que el estatuto laboral contempla los recursos que en sede administrativa y judicial puede ejercer el destinatario de una infracción en defensa de sus derechos. Así, establece un procedimiento reglado, con plazos, oportunidad y órganos competentes diferenciados, según el caso, conforme lo dispuesto en los artículos 503, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo TERCERO: Que, en la especie, se pretende dejar sin efecto una multa administrativa impuesta por la Dirección del Trabajo, lo que excede la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa del recurso de protección, en el entendido que el ordenamiento jurídico contempla las acciones concretas para tal fin, que conllevan un procedimiento que posibilita el debate con latitud e igualdad de oportunidades, así como el establecimiento preciso del objeto del pleito y la recepción formal de probanzas.

CUARTO: Que, en efecto, frente a la imposición de una multa el actor bien pudo recurrir al Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, o bien, ejercer las demás acciones que contempla la legislación, pero en caso alguno, utilizar el recurso de protección como un sustituto jurisdiccional de los medios de impugnación que prevé el orden laboral.

QUINTO: Que, en las circunstancias antes indicadas, el recurso de protección no está en condiciones de prosperar”.

En consecuencia, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver asuntos de lato conocimiento solo cabe rechazar el presente recurso, estimando procedente la condena en costas.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por Rodrigo Donoso Baraona, abogado, en representación de Rendic Hermanos S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°18.226-2022 y acumuladas N°18.227-2022, N°18.228-2022, N°19.464-2022, N°19.465-2022, N°19.466-2022, N°19.467-2022, N°19.468-2022, N°19.469-2022. (Protección).