Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S

Antofagasta, cuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado de esta ciudad, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Asimismo, informó la Superintendencia de Pensiones al tenor de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente señala que el día 04 de septiembre de 2025 realizó una solicitud ante la AFP nombre reservado para el retiro de fondos previsionales, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 18.156, artículos 1 y 7, que establece el régimen previsional para trabajadores extranjeros.

Indica que el día 09 de septiembre de 2025 recibió un correo de la referida institución, notificándole el rechazo de su solicitud debido a que no se acompaña certificado o constancia de afiliación válida vigente y susceptible de validación que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional fuera de Chile.

Dice que debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas hace más de un año entre Chile y Venezuela no hay embajada ni consulado por lo que se le hace imposible obtener dicho documento.

Agrega que ha tratado de realizar el trámite de apostilla a través de las instituciones del Estado Venezolano, no teniendo respuestas ni soluciones por parte de éstas, razón por la cual interpone la presente acción para poder realizar el retiro de fondos.

Indica que la constancia de que se encuentra afiliado al sistema de previsión social en su país de origen se puede ver del portal web de la Institución Venezolana de Seguros Sociales, ingresando con su número de cédula venezolana.

Solicita el retiro de sus fondos de pensiones.

SEGUNDO: Que, habiéndose solicitado informe a la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo indicó que la normativa aplicable a la materia del recurso corresponde a los artículos 1° y 7° de la referida ley, de lo cual se colige que la ley faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece, por ello las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Seguidamente, hace referencia a la jurisprudencia administrativa que ha emitido para la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley N°18.156, en la que se establece que para acreditar la cobertura en el país de origen, no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, cobertura que debe existir al momento en que el trabajador técnico extranjero comienza a prestar servicios en Chile y durante todo el tiempo en que se ejecute el contrato de trabajo.

Luego, y en lo atingente al presente recurso, indica que el recurrente acompañó una Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales legalizada, no obstante, según se desprende del documento, tal constancia fue emitida el 26 de abril de 2023, con una vigencia de 120 días, es decir, su plazo de vigencia expiró el 24 de agosto de 2023, mientras que la presentación de la solicitud de retiro se habría ingresado con fecha 04 de septiembre de 2025. En consecuencia, a la fecha en que el recurrente ingresó su solicitud de retiro de fondos en calidad de técnico extranjero ante la AFP recurrida, la constancia de afiliación al IVSS se encontraba vencida.

Hace presente que para acreditar el requisito de cobertura antes mencionado, el recurrente también acompañó a su recurso de protección un certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el cual no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Sostiene que se ha requerido, para acreditar la exigencia, que la autoridad previsional competente consigne de manera específica el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Finalmente, menciona que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por el recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

TERCERO: Que, informó el abogado Víctor Tabilo Marentis, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Refiere que con fecha 04 de septiembre en la página web de la AFP nombre reservado el recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156, pero dicha solicitud adolece de problema al incluirse una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una “Declaración bajo fe de juramento”, rechazo que fue comunicado oportunamente el 8 de septiembre de 2025.

En cuanto a los documentos, indica que de acuerdo a Oficio Ordinario N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones, para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil; señalando además el referido oficio la ineficacia de la constancia electrónica y declaraciones juradas que no sirven para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, concluyendo que: “En consecuencia, los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, no requiriéndose ninguna otra intervención adicional sobre dicha apostilla”.

Menciona que la Ley N°18.156 es una norma de excepción y debe ser interpretada de manera restrictiva, aplicándose sólo en el supuesto de que se cumplan todas las exigencias copulativas que establece.

Asevera que el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales no fue ilegal ni arbitraria y se funda en las normas legales que regulan la materia y especialmente en las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, citando el artículo 1 letra a) de la Ley N°18.156, artículos 2° y 3° del DFL N°101 de 1980, artículo 94 del DL N°3.500 de 1980 y artículo 47 de la Ley N°20.255, además de normas administrativas.

Añade que el actuar de nombre reservado corresponde a un actuar razonado y en igualdad de trato de todos sus otros afiliados, además que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a la solicitud de devolución, por lo que su actuar no ha significado una privación, perturbación o amenazada en el legítimo ejercicio de garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que la recurrente dedujo esta acción en contra de AFP PlanVital S.A. por estimar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, lo que se materializó mediante correo electrónico en donde consta que la recurrida informa el rechazo de su solicitud por no acompañarse certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el periodo de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

SÉPTIMO: Que, establecido lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, para lo cual se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la ley que regula la materia, los que disponen:

“Artículo 1°: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

“Artículo 7°: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

OCTAVO: Que, de las normas transcritas, surge que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Luego, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones, en cumplimiento de su facultad legal de interpretación administrativa en materias de su competencia, ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, encontramos el Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que en el Nº1 del Título XI, dispone que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley Nº18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, por ejemplo, el Ord. Nº24089, de 11 de noviembre de 2019, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

NOVENO: Que, en este escenario, no cabe sino concluir que no consta satisfecha la exigencia de haberse presentado junto a la solicitud, el certificado solicitado para ejercer los derechos que establece la Ley Nº18.156, pues la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que se acompaña al recurso, y la declaración jurada, no constituye el certificado solicitado y no se encuentra debidamente legalizado, resultando insuficiente para acreditar fehacientemente la afiliación, en los términos dispuestos en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, examinados los antecedentes presentados por el actor, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas.

Por su parte, la situación diplomática del país de origen de la recurrente no exime a la Administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales, por lo que no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la negativa a acceder a la devolución de fondos previsionales responde únicamente a la aplicación de la legislación nacional vigente, constituyendo el documento solicitado, en los términos dispuestos, un requisito indispensable para acreditar la situación previsional de la extranjera en su país de origen.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°1818-2025 (Protección)

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