nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE INJARDINES FANTILES

Dpp/ Antofagasta, veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Juan Antonio Castillo Saavedra, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, chilena, auxiliar, de su mismo domicilio, quien deduce acción de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, representado por su Vicepresidenta Ejecutiva nombre reservado, y de nombre reservado en su calidad de Director Regional Antofagasta, en virtud del acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución TRA 110793/22/2025 de fecha 26 de agosto de 2025, donde se concluye que posee salud incompatible, declarándose la vacancia de su cargo en calidad de contrata que desempeñaba, lo que vulnera las garantías constitucionales de los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se funda el arbitrio en que doña nombre reservado ingresó a prestar funciones el 05 de abril de 2017, haciendo reemplazos, luego de manera continua desde el 12 de septiembre de 2019, en calidad de contrata grado 26° de la E.U.S., asimilada a la planta auxiliar, desempeñándose como auxiliar de servicios jardín infantil en la Dirección Regional. La funcionaria hasta su desvinculación tenía una antigüedad laboral de más de 6 años.

Expone que tuvo conocimiento informal de la Resolución TRA Nº110793/22/2025, tomada de razón por la Contraloría General de la República, la que se negó a firmar el 2 de septiembre de 2025, y que le habían indicado que de acuerdo a la Ley 19.880 se la notificarían por carta certificada, hecho que aún no sucede, no formalizándose dicho requisito legal. Añade que de ello dio cuenta transparencia activa que no tiene actualización desde el 11 de septiembre de 2025 y la recurrente continúa con la información de su contrata como vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Indica que la resolución ya referida declara vacante por salud incompatible el cargo que servía, a contar de la notificación de la total tramitación del acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Señala que la primera licencia emitida que debe ser considerada de acuerdo con la norma es la del 5 de septiembre de 2023, siendo la última emitida el 09 de junio de 2025.

Relata que en el año 2023 comenzó a presentar problemas físicos, ya que trabajar en jardín infantil, más aún de auxiliar de servicios, es estar en constante vulnerabilidad a enfermedades tales como resfríos y bacterias estomacales, ya que estaba encargada de limpiar vómitos, fecas y todo lo que significa que tengan zonas infectadas, sillas, mesas, colchonetas, juguetes, etc., es decir, por su trabajo estaba más expuesta a contraer enfermedades. A finales del año 2023, empezó a presentar problemas a la cadera, un dolor constante se acentuaba en su cadera derecha que la mantenía con una pequeña cojera, algo que significó acudir a un especialista, el Dr. nombre reservado.

Menciona que le diagnosticaron bursitis y una condropatia, el tratamiento que realizó fueron ondas de choque, ahí el doctor no le dio licencia médica, le fue haciendo semanalmente, le dijo que los efectos de su resultado se verían después de los 30 a 60 días. Pasaron esos meses y llegó noviembre, fines de noviembre, el dolor se acentuó más aún y volvió a visitar al doctor, quien nuevamente le hizo exámenes y retomó ondas de choque, con la diferencia que le extendió licencia ya que debía mantener reposo y las ondas de choque deben hacerse de manera semanal o cada 15 días, se extendió la licencia hasta enero de 2024, pudiendo recuperar de manera satisfactoria la movilidad y recuperabilidad de su afectación, si bien no en un 100%, pero si le permitía volver a sus labores habituales.

Dice que cuando entró en marzo, venía sobrecargada de mucho estrés y el 12 o 14 de marzo del 2024, le dio un dolor muy fuerte a nivel cerebral que la trasladaron de manera urgente al Hospital Militar, ahí no había el especialista en turno, por lo que le inyectaron y la derivaron al neurólogo. Hace más de 2 años que está en tratamiento con el Neurólogo Dr. nombre reservado, diagnosticándole migraña tensional.

Expone que luego de hacerse una Angioresonancia, por un posible Aneurisma, le extendió 15 días de licencia, de los cuales al pasar esos días pudo retomar ya que solo era una migraña tensional. En junio y julio, tuvo sobrecarga laboral acudió a la Dra. nombre reservado, le otorgo licencia de casi 2 meses.

Refiere que la sobrecarga laboral se debe a su cargo en el jardín en el aseo, son dos auxiliares que deben realizar el aseo a 6 salas, cada sala contiene 5 mesas, más de 20 sillas, es un jardín meta por ende las salas son doblemente más grandes, mudadores en cada sala, 1 hall, 2 baños, un comedor, 5 bodegas, 3 patios y un frontis muy grande, eso lo hacen dos auxiliares, cuando una falla y si la compañera esta con licencia y su licencia no es mayor a 7 días, JUNJI no manda reemplazo. Agrega que en 2024 su compañera faltó y estuvo dos semanas sola, teniendo que realizar todo lo nombrado anteriormente.

Menciona que el servicio en noviembre de 2024 pudo haber solicitado la declaración de vacancia aludida, no haciéndolo, si no que, todo lo contrario, renovó su contrata para el año 2025.

Hace presente que la Resolución Exenta Nº18062463 de fecha 18 de octubre de 2024 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, resuelve declarar que su salud es recuperable, agregando que las licencias obedecieron a situaciones puntuales que hoy gracias a terapias realizadas se encuentra recuperada y que su estado de salud no es incompatible con la función que desempeña.

Luego de citar la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, específicamente los artículos 150 y 151, sostiene que la declaración de vacancia se trata de una facultad privativa y discrecional del Jefe de Servicio, pero discrecionalidad no significa arbitrariedad, y el ejercicio de estas facultades debe hacerse con respeto de las garantías constitucionales, y en este sentido lo único que se consideró por la recurrida fue el número de días de licencia, por cuanto no se realizó ningún peritaje o informe con el objeto de evaluar si su salud es compatible o no con el cargo, lo que constituye un acto arbitrario sin considerar que la funcionaria a la época que se le notifica la declaración de vacancia se encontraba trabajando hace meses, que la COMPIN indica que no adolece de salud irrecuperable y que en el cumplimiento de sus funciones nunca fue objeto de reproche.

Seguidamente cita jurisprudencia y afirma que se ha vulnerado su derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley, a la protección del trabajo y su derecho de propiedad respecto de la retribución económica.

Solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y reincorporar a la funcionaria a su cargo, debiéndole pagar las remuneraciones y demás estipendios y beneficios que dejó de recibir mientras estuvo separada de su cargo, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, informaron nombre reservado y Flavio José Godoy González, abogados de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indican que la recurrente se desempeñó como Auxiliar de Servicios, Contrata, Grado 26° EUR, ingresando a la Junta Nacional de Jardines Infantiles con fecha 05 de abril del año 2017, en calidad de personal de reemplazo, y luego desde 12 de septiembre de 2019, de manera continua, ejerció sus funciones como auxiliar de servicios en jardín infantil y sala cuna “Aneley” conforme consta en hoja de vida SIAPER que adjuntan.

Luego de exponer los antecedentes del recurso, indican que la acción no debe prosperar, aludiendo a la validez de la Resolución TRA 110793/22/2025 de fecha 26 de agosto de 2025 de la Dirección Regional, ya que se ajusta a la normativa no sólo interna de la Institución, sino también Estatutaria y Administrativa.

Explican que el artículo 150 del DFL N°29 del año 2024 del Ministerio de Hacienda que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo señala en su letra a), que una de las causales para que proceda la declaración de vacancia de un funcionario público se encuentra: “Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”. Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, prescribe en su inciso primero que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.” Sin embargo, para que el jefe de algún servicio pueda ejercer esta prerrogativa, debe requerir de manera previa que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) se pronuncie y evalué la condición de irrecuperabilidad de la salud de un/a funcionario/a y que no le permita desempeñar el cargo.

Dicen que, para dar cumplimiento a lo previsto precedentemente, con fecha 12 de septiembre de 2024, se remite a la COMPIN, solicitud de evaluación de salud irrecuperable, vía web, asignándose el N°32431005, puesto que la recurrente durante dos años acumulaba 321 días de licencia médica, excediendo ampliamente la cantidad establecida en el numeral 151 del Estatuto Administrativo, y con fecha 18 de octubre de 2024, la COMPIN, emite su Resolución de Evaluación de Salud Irrecuperable Funcionario Público respecto de doña nombre reservado, en la cual resuelve que presenta un estado de salud recuperable.

Mencionan que, sin perjuicio de lo resuelto por la Comisión Médica, quedó asentado que la recurrente entre el 25 de agosto de 2023 y 25 de agosto de 2024, presenta 321 días de licencia médica. Lo anterior no es baladí, dado que las funciones que debe realizar la recurrente en el jardín infantil “Aneley” y para las cuales fue contratada, ha causado una evidente y perjudicial impacto negativo en la prestación de servicios que debe otorgar la institución en cuanto al estamento auxiliar dispuesto al cual pertenecía la recurrente.

Hacen presente que la Convención de los Derechos del Niño (CDN) ratificada por Chile, reconoce expresamente el derecho de todos los niños a recibir una educación de calidad. En este contexto, la finalidad de la educación debe orientarse al desarrollo pleno del potencial humano, inculcando respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores democráticos. Es por ello, que conforme lo dispuesto en la Ley N°21.430 que establece un sistema integral de garantías y protección de los derechos de los niños y niñas, donde se fija como un lineamiento institucional para todos los Servicios Públicos del país respecto a velar por el interés superior del niño, niña o adolescente y su consideración como un sujeto de derecho, al indicar en su artículo séptimo que: “El interés superior del niño, niña y adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento, que se basa en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta”. Asimismo, se garantiza en su artículo 41 el derecho de los niños y niñas a ser educados en el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades.

Estiman que ante situaciones como estas que presenta la recurrente, esto es, tener una salud incompatible con el cargo público que debe desempeñar, se colige del mismo cuerpo legal en su artículo 12° que: “Es deber del Estado adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole, necesarias para dar efectividad a los derechos que le son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.”

En base a lo anterior, afirman que no es arbitrario el considerar sólo el transcurso del tiempo con licencia médica para estimar salud incompatible con el cargo, y no por el hecho de que la recurrente se encontraba ejerciendo sus funciones hace un mes, luego de reintegrase de su extensa licencia, no podría aplicarse y ejercer dicha potestad estatutaria.

Refieren que la facultad que se les atribuye a los jefes superiores de servicios públicos se corresponde con el principio de servicialidad que se impone como un deber jurídico que la Constitución impone al Estado en razón de su finalidad y del carácter accidental e instrumental que posee, concebido éste -además- de un modo específico, como medio de perfeccionamiento de las personas, citando doctrina.

Finalmente, luego de aludir jurisprudencia administrativa, concluyen que JUNJI ha obrado dando cumplimiento irrestricto a la normativa y a los fundamentos legales del procedimiento de vacancia por salud incompatible, según la Jurisprudencia Administrativa vigente (Dictámenes N°17.351, de 2018; N°E188441, de 2022; N°E527522, de 2024, entre otros).

El referido informe fue ampliado incorporando un informe técnico elaborado por la Subdirección de Calidad Educativa de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Antofagasta, cuyo propósito es fundamentar el impacto que conllevó la reiterada inasistencia de auxiliar de servicios menores en el Jardín Infantil Aneley de Antofagasta, lo que tuvo como efectos sobrecarga laboral, desgaste físico y emocional, disminución de calidad educativa, riesgos sanitarios, atención a la diversidad, riesgo constante de cierre sanitario ante incumplimiento normativo al no tener personal auxiliar estable y disconformidad de las familias usuarias al observar la falta de personal.

Por último, el impacto en la gestión del jardín infantil dice relación con que las actividades diarias se vieron interrumpidas, se generaron tensiones entre el equipo educativo y se afectó la asistencia de los niños y niñas debido a las suspensiones por media jornada que se tuvieron que realizar.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, atendidas las alegaciones vertidas en el libelo recursivo, se desprende que la controversia de autos radica en determinar la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida Junta Nacional de Jardines Infantiles, consistente en la dictación de la Resolución Resolución TRA 110793/22/2025 de fecha 26 de agosto de 2025, tomada de razón con fecha 01 de septiembre de 2025, mediante la cual se declaró vacante el cargo en el que desempeñaba la actora por salud incompatible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

SEXTO: Que, considerando el mérito de las alegaciones y antecedentes acompañados en autos por las partes, es posible tener por establecido que: 1) La actora presentó diversas licencias médicas de origen común en el periodo comprendido desde el 25 de agosto de 2023 y 25 de agosto de 2025, registrando 321 días de ausentismo del ejercicio de sus funciones; 2) Con fecha 18 de octubre de 2024 se emitió por la COMPIN Resolución de Evaluación de Salud Irrecuperable Funcionario Público, que resuelve que la actora presenta un estado de salud recuperable; 3) mediante Resolución TRA 110793/22/2025, tomada de razón con fecha 01 de septiembre de 2025, se declara vacante el cargo de la actora por salud incompatible.

SÉPTIMO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, se debe señalar la normativa aplicable en la especie.

Así, el artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L. N°29, establece que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”.

Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal señala cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Continúa el artículo 152 del mismo cuerpo legal indicando que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”.

OCTAVO: Que, del análisis precedente, se advierte que la vacancia fue declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que per se no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo.

NOVENO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del principio de servicialidad que impone a los jefes de los servicios, el deber de velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, la especialidad y criticidad del cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo y la necesidad de contar con personal disponible que permita atender las necesidades de salud de los usuarios del sistema.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público solo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno u otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Juan Antonio Castillo Saavedra, en favor de nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°1816–2025 (Protección)

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