nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA PTO MONTT

Antofagasta, a once de septiembre del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado, técnico/operador, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por vulnerar su derecho establecido en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informó del recurso el recurrido, solicitando el rechazo de éste.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, funda su recurso señalando que se desempeña como trabajador dependiente de la empresa Desert SpA y que, sin mediar un acuerdo contractual reciente, liquidación clara de la deuda ni información previa, la recurrida instruyó a su empleador efectuar deducciones directas de sus remuneraciones, constando en la liquidación correspondiente a junio de 2026 un descuento total de $193.067, desglosado en $134.226 bajo el concepto “Crédito Caja CCAF” y $58.841 por “Crédito CCAF (2)”, agregando que tales descuentos no constituirían un hecho aislado, pues se habrían practicado también en las liquidaciones correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2025 y mayo de 2026.

Señala que, ante la falta de información acerca del origen, liquidación, tabla de desarrollo y respaldo contractual de las obligaciones, el 29 de abril de 2026 formuló ante la Caja el requerimiento N° S1002749, solicitando copia del contrato de crédito, pagaré, estado de cuenta detallado y autorización de descuento, sin obtener respuesta, razón por la cual acudió ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Refiere que dicho organismo, mediante Oficio ORD. R-01-UNAAD-83914-2026, de 15 de junio de 2026, instruyó a la recurrida para que, dentro del plazo de diez días hábiles, remitiera un informe detallado y copia de los antecedentes del crédito, instrucción que, según afirma, no fue cumplida dentro de plazo.

Añade que formuló además una denuncia por incumplimiento y solicitud de fiscalización, individualizada con Folio R-97869-2026/FUI 1401573, la que posteriormente habría derivado en el expediente consolidado Folio R-117716-2026/FUI 1418488, constando a su respecto recepción de antecedentes por la Superintendencia con fecha 28 de julio de 2026.

Sostiene que esta conducta importa el ejercicio abusivo de una potestad de cobro, al efectuarse descuentos sobre una parte relevante de su remuneración sin proporcionarle información previa ni acreditar la existencia y exigibilidad de la obligación.

Invoca los artículos 21 y 22 de la Ley N° 18.833, señalando que, si bien dicha normativa autoriza a las Cajas de Compensación a otorgar créditos sociales y contempla su descuento por intermedio del empleador, tal facultad no permitiría ejercer una autotutela indefinida o reanudar intempestivamente cobros sin respaldo documental ni información al trabajador. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, sosteniendo que los tribunales superiores han considerado arbitrario el empleo imprevisto de esta facultad luego de períodos de inactividad, especialmente cuando no existe comunicación previa al afectado ni se transparenta el fundamento de la deuda.

Afirma que los descuentos impugnados vulneran su derecho de propiedad, al privarlo compulsivamente de parte de sus remuneraciones, y la igualdad ante la ley, por cuanto la recurrida se atribuiría una potestad de cobro unilateral que lo privaría de discutir previamente la existencia, exigibilidad, liquidación o eventual prescripción de la obligación.

Concluye solicitando se acoja el recurso, con costas, ordenando el cese inmediato de todo descuento o retención por concepto de créditos sociales que la recurrida efectúe o pretenda efectuar sobre sus remuneraciones y la restitución de los $193.067 descontados en junio de 2026, así como de las sumas que se hubieren descontado o llegaren a descontarse durante la tramitación de la acción.

SEGUNDO: Que informó por la recurrida, el abogado Felipe Díaz Wittig, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que, que el recurrente, trabajador dependiente de DESERT SpA, atribuye a la Caja descuentos mensuales efectuados sobre sus remuneraciones por concepto de dos créditos sociales, señalando que en junio de 2026 éstos habrían ascendido en total a $193.067, correspondientes a $134.226 bajo la glosa “Crédito Caja CCAF” y $58.841 bajo la glosa “Crédito CCAF (2)”, afirmando que iguales deducciones se habrían efectuado desde septiembre de 2025 a mayo de 2026, sin existir, a su juicio, respaldo contractual ni información suficiente acerca del origen y exigibilidad de las obligaciones, por lo que solicita el cese de las retenciones y la restitución de las sumas descontadas.

Señaló que, con posterioridad a la interposición de la acción, el propio recurrente acompañó una respuesta emitida por la Caja el 11 de agosto de 2026, correspondiente al requerimiento N° S1002749, en la cual se individualizan dos créditos sociales originarios, el folio N° 022001025652, otorgado el 2 de febrero de 2015 por $2.500.000, pactado en 60 cuotas de $92.871, y el folio N° 022001027757, concedido el 13 de mayo de 2015 por $5.900.000, pactado originalmente en 48 cuotas de $214.473.

Agregó que, atendida la morosidad de dichas operaciones, el 7 de noviembre de 2018 el recurrente suscribió una reprogramación respecto de ambos créditos, a una tasa preferencial de 0,6%, generándose a consecuencia de ello nuevos identificadores operacionales, correspondientes a los contratos ID N° 022001059909 y N° 022001059915, cuyas cuotas ascienden, respectivamente, a $58.841 y $134.226, sumas que totalizan los $193.067 cuestionados en el recurso.

Sostiene que, no existen cuatro créditos distintos ni contradicción entre los folios informados, pues los primeros corresponden a las operaciones originarias y los segundos a sus respectivas reprogramaciones.

Hace presente que el recurrente no acompañó materialmente las liquidaciones de remuneraciones que afirma contienen los descuentos efectuados en junio de 2026 y en los meses anteriores, pese a haber anunciado que los acompañaría, de manera que, a juicio de la recurrida, no se encuentran acreditados los meses, montos, glosas ni condiciones concretas de las deducciones cuya cesación y restitución se pretende, precisando que la sola circunstancia de haberse reanudado la recaudación por intermedio del empleador DESERT SpA no permite establecer por sí misma cada uno de los descuentos denunciados.

Añadió que las cargas financieras emitidas el 18 de agosto de 2026 respecto de los contratos reprogramados acreditan la existencia de ambas obligaciones, sus pagos históricos y la subsistencia de cuotas morosas, registrando el contrato N° 022001059909 una reprogramación en 60 cuotas de $58.841 y el contrato N° 022001059915 una reprogramación en 60 cuotas de $134.226.

Sostiene que, las Cajas de Compensación se encuentran legalmente facultadas para otorgar créditos sociales conforme a la Ley N° 18.833 y que su artículo 22 dispone que lo adeudado por tales prestaciones debe ser deducido de las remuneraciones del trabajador afiliado por la entidad empleadora y enterado a la Caja acreedora, mecanismo que se complementa con el artículo 58 del Código del Trabajo, la Ley N° 17.322 y el Decreto Supremo N° 91 de 1978, por lo que el descuento por planilla no constituye una actuación unilateral de la recurrida, sino una modalidad de pago establecida legalmente. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que, según afirma, reconoce la legalidad de dicho mecanismo, incluida la recaudación mediante el sistema Intercajas, así como la subsistencia de la obligación pese al cambio de empleador, sosteniendo que la prescripción no opera de pleno derecho y debe ser alegada y declarada judicialmente.

Respecto de los fallos invocados por el recurrente sobre reanudaciones intempestivas de descuentos, expresó que éstos obedecen a circunstancias particulares y no establecen que las obligaciones de crédito social se extingan por el mero transcurso del tiempo, destacando además que en este caso no se acompañaron las liquidaciones de remuneraciones que permitirían acreditar el acto concreto de descuento cuestionado.

Afirma que tampoco existe sentencia firme que haya declarado prescritas, pagadas o extinguidas las obligaciones derivadas de los referidos créditos, estimando que las controversias relativas a su existencia, saldo, exigibilidad, imputación de pagos o eventual prescripción requieren un procedimiento declarativo con debate y prueba y exceden el ámbito cautelar del recurso de protección.

Rechaza alguna vulneración del derecho de propiedad, por no encontrarse acreditada una deducción concreta que pueda calificarse de ilegal o arbitraria y por subsistir obligaciones debidamente individualizadas, y de la igualdad ante la ley, por cuanto el régimen especial de descuento aplicable a los créditos sociales deriva directamente de la Ley N° 18.833 y no de una decisión particular de la Caja, solicitando, en consecuencia, el rechazo del recurso en todas sus partes.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que puede verse afectado por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, el acto que corresponde examinar a esta Corte como ilegal y arbitrario consiste en la decisión de la Caja de Compensación recurrida de reiniciar, después de un extenso período sin descuentos regulares, el cobro de las obligaciones de crédito social mediante deducciones directas de las remuneraciones del recurrente, sin encontrarse acreditado que, previamente, se le hubiese comunicado dicho reinicio en la forma y oportunidad exigidas por la normativa que regula esta materia.

SEXTO: Que de los antecedentes incorporados aparece que el recurrente contrajo con la recurrida dos créditos sociales durante el año 2015, los que, producto de su morosidad, fueron reprogramados con fecha 7 de noviembre de 2018, originándose los contratos N°022001059909 y N°022001059915, cuyas cuotas ascienden a $58.841 y $134.226, respectivamente. Las cargas financieras acompañadas dan cuenta de pagos efectuados durante los años 2018 y 2019, de un prolongado período posterior sin recaudación y de nuevos pagos registrados durante el año 2026, circunstancia concordante con lo expresamente informado por la propia recurrida, en cuanto reconoció que los descuentos fueron reanudados a través del actual empleador del actor, Desert SpA SÉPTIMO: Que, conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833, las sumas adeudadas por prestaciones de crédito social deben ser deducidas de las remuneraciones del trabajador por la entidad empleadora y enteradas en la Caja acreedora, mecanismo legal que no pierde eficacia por el cambio de empleador ni por la existencia de períodos en que no se hubieren practicado descuentos. En consecuencia, acreditada la existencia de las operaciones y de su reprogramación, la recaudación por planilla no constituye, por sí sola, una actuación ilegal o carente de fundamento.

OCTAVO: Que la falta de una respuesta inmediata al requerimiento formulado por el actor, aun cuando evidencia una deficiente entrega inicial de información, no permite calificar de ilegales los descuentos, desde que durante la tramitación del recurso la Caja individualizó las operaciones, explicó su origen y reprogramación y acompañó sus cargas financieras. Por lo demás, el cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social y las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de su demora corresponden al procedimiento de fiscalización seguido ante dicho organismo.

NOVENO: Que las controversias relativas al saldo efectivo de los créditos, la correcta imputación de los pagos, su exigibilidad o eventual prescripción requieren discusión y prueba en un procedimiento declarativo, excediendo el carácter urgente, cautelar y no declarativo de la acción de protección. En particular, la prescripción no opera de pleno derecho, sino que debe ser alegada y declarada por el tribunal competente, sin que conste en estos antecedentes una sentencia que haya declarado extinguidas las obligaciones.

DÉCIMO: Que, en estas condiciones, no se advierte vulneración del derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, puesto que la afectación patrimonial reclamada deriva del cumplimiento de obligaciones de crédito social cuya existencia y reprogramación aparecen respaldadas y cuya recaudación por planilla se encuentra legalmente autorizada.

Tampoco se configura una infracción a la igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, pues no se ha acreditado que el recurrente haya recibido un trato diferente respecto de otras personas que se encuentren en una situación equivalente, correspondiendo el mecanismo aplicado al régimen legal general de los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación.

En consecuencia, al no haberse establecido la existencia de una actuación ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1814-2026 (Protección)