nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

Dpp/ Antofagasta, diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Piero Palazzo Hauptli, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, Abogado, por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región De Antofagasta, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A, representado por nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que vulnera las garantías constitucionales contempladas en los números 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Asimismo, informó la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A al tenor de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente señala que ingresó la solicitud de retiro a través del portal web de la AFP, acompañando la documentación destinada a acreditar su calidad de profesional extranjero, su vínculo laboral y su afiliación al sistema previsional de su país de origen. En particular, acompañó su título profesional debidamente apostillado, contratos de trabajo donde consta su voluntad expresa de mantener afiliación en Venezuela, y una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual contiene código de verificación en línea.

Sostiene que, pese a ello, la AFP rechazó la solicitud argumentando que el certificado del IVSS no se encontraba apostillado, que no era posible validar la afiliación mediante declaración jurada del interesado y que la constancia electrónica carecería de los requisitos legales formales. Afirma que la administradora concluyó ello sin realizar verificación alguna del documento presentado, pese a que la constancia puede comprobarse directamente en los enlaces oficiales del IVSS mediante código alfanumérico o número de cédula venezolana.

Alega que la recurrida incurre en errónea interpretación de la Ley N°18.156, pues esta solo exige que el trabajador extranjero esté afiliado a un sistema de previsión en su país y que manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación, condiciones que, afirma, cumple íntegramente.

Precisa que la conducta de AFP Hábitat constituye discriminación arbitraria, puesto que otros solicitantes en situación jurídica análoga han obtenido la devolución de fondos; y que, al rechazar la petición sin requerir documentación complementaria ni otorgar oportunidad de subsanar eventuales observaciones, se vulneró además el debido proceso administrativo.

Indica que el rechazo afecta su derecho de propiedad sobre los fondos acumulados en su cuenta individual, los que señala pertenecen exclusivamente al afiliado y cuya devolución procede en casos como el suyo, conforme a los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156.

Estima que la AFP retiene indebidamente recursos que son de su dominio, fundándose en criterios meramente formales, carentes de razonabilidad y contrarios a la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema.

Concluye solicitando que se deje sin efecto el rechazo impugnado, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada y se disponga la devolución de los fondos previsionales o, en su defecto, que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, dentro de un plazo razonable.

SEGUNDO: Que, informó Jimena Holtheuer Vergara, abogada, en representación de la AFP HABITAT S.A., solicitando el rechazo de la acción, con costas.

En primer lugar, sostiene que el recurso de protección es jurídicamente improcedente, pues constituye una acción cautelar destinada a tutelar derechos indubitados frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales, lo que no concurriría en la especie.

Sostiene que el recurrente no ha sido privado, perturbado o amenazado en el ejercicio de derecho alguno, sino que pretende obtener por esta vía el reconocimiento de un derecho cuyo otorgamiento está regulado por un procedimiento y requisitos específicos establecidos en la ley y en la normativa de la Superintendencia de Pensiones. De existir controversia, añade, esta debe resolverse mediante un procedimiento ordinario y no mediante un recurso de carácter excepcional.

Expone que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, comunicado el 23 de septiembre de 2025, se fundó exclusivamente en la falta de acreditación de la doble cobertura previsional en Venezuela, requisito esencial de la Ley Nº18.156. El afiliado acompañó únicamente una “constancia electrónica de cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), sin firma responsable ni apostilla, además de una declaración jurada del propio interesado señalando estar afiliado al sistema previsional venezolano. Conforme al detalle del informe legal F.D.E. Nº712/2025, la AFP explica que ninguno de estos documentos constituye certificación válida en Chile, por cuanto no han sido legalizados ni apostillados, exigencia prevista tanto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil como en la Convención de La Haya y en la normativa obligatoria de la Superintendencia de Pensiones. Precisa que la verificación en línea mediante un código QR no sustituye la exigencia de apostillar, pues este método tiene valor solo para validación interna en el país de origen.

Destaca que la Ley Nº18.156 es una norma especial y excepcional, que debe interpretarse restrictivamente. Indica que su finalidad no es permitir el retiro libre de fondos previsionales, sino evitar la doble cotización previsional de técnicos extranjeros que mantienen un sistema previsional vigente en su país de origen. Para acceder al beneficio, el trabajador debe acreditar: ser técnico o profesional, estar afiliado a un régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestar en el contrato su voluntad de mantener dicha afiliación. Elementos que deben ser demostrados mediante certificación de la institución extranjera, debidamente legalizada o apostillada, lo que el recurrente no realizó.

Expone además que la normativa del Compendio de la Superintendencia de Pensiones, es de carácter obligatorio, y exige expresamente que toda certificación extranjera se presente debidamente apostillada. Precisa que la Superintendencia, mediante oficios de 2011, 2015 y 2025, ha reiterado que el beneficio es excepcional y que los documentos deben cumplir los requisitos formales, existiendo mecanismos vigentes en Venezuela que permiten la obtención y verificación de apostillas.

En relación con las garantías constitucionales invocadas, afirma que no existe vulneración de igualdad ante la ley, pues la exigencia de apostillar se aplica de manera uniforme a todos los afiliados extranjeros, sin establecer diferencias arbitrarias. Tampoco se vulnera el derecho de propiedad del recurrente, por cuanto los fondos permanecen íntegramente en su cuenta individual, sin ser desconocidos, retenidos ni apropiados por tercero alguno. La negativa solo implica que el afiliado no acreditó los requisitos para acceder a un beneficio excepcional, quedando incólume su facultad de pensionarse conforme al DL 3.500 o solicitar nuevamente el retiro cuando acompañe documentos válidos.

A su juicio, la acción constitucional resulta improcedente por ausencia de acto ilegal o arbitrario, y porque la decisión recurrida constituye el estricto cumplimiento de la Ley 18.156, del Compendio de la Superintendencia de Pensiones y de las normas procesales sobre validez de instrumentos emitidos en el extranjero. Hace presente que el recurrente no pierde su derecho, ya que puede subsanar los defectos documentales en cualquier momento, y no existe afectación actual de derecho fundamental alguno.

CUARTO: Que, habiéndose solicitado informe a la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo indicó que el recurrente no presentó reclamo previo ante dicho organismo, por lo que no existen antecedentes administrativos internos. No obstante, señala que la Ley N° 18.156 es una norma excepcional, aplicable solo a trabajadores extranjeros calificados como técnicos o profesionales, y exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1°:

a) estar afiliado a un régimen de previsión extranjero que otorgue cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante toda la prestación de servicios en Chile;

b) manifestar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Asimismo, el artículo 7 de la ley permite solicitar la devolución de fondos solo si se acreditan previamente todas las exigencias del artículo 1°.

Por su naturaleza excepcional, aclara que la interpretación de estos requisitos es estricta, conforme a su jurisprudencia interna y a la normativa del Sistema de Pensiones.

Detalla que la documentación que acredita cobertura previsional extranjera debe ser emitida por la autoridad competente del país respectivo, y cumplir con las formalidades de legalización o apostilla, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de La Haya. Explica que no son suficientes documentos genéricos, constancias informales, o declaraciones juradas del propio interesado; se requiere certificación específica que acredite la cobertura real, vigente y efectiva por todos los riesgos exigidos por la ley, durante todo el período trabajado en Chile.

En el caso concreto, el recurrente acompañó una declaración jurada notarial y una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS. Sin embargo, sostiene que dichos documentos no son idóneos, toda vez que, la constancia electrónica no señala la cobertura otorgada por el sistema venezolano, no permite determinar el período exacto de cobertura, carece de firma y tampoco se encuentra legalizada o apostillada. Por ello, no cumple las exigencias legales ni reglamentarias, ni los criterios interpretativos asentados en la jurisprudencia administrativa vigente.

Destaca que esta exigencia ha sido reiterada incluso tras el cierre de la Embajada de Venezuela, mediante oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, impartiendo instrucciones a todas las AFP. Agrega que los tribunales han confirmado reiteradamente este criterio, citando jurisprudencia al caso de marras.

Concluye reiterando que no cuenta con antecedentes que permitan concluir que el recurrente cumple los requisitos copulativos de la Ley 18.156, motivo por el cual la AFP no estaría facultada para acceder a la devolución solicitada.

QUINTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que la recurrente dedujo esta acción en contra de AFP Habitat S.A. por estimar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundado en que la documentación acompañada no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, ni comprende las prestaciones médica ni pecuniarias, no siendo suficiente que el documento señale en forma genérica las coberturas, además que tampoco se encuentra apostillada o legalizada.

OCTAVO: Que, establecido lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, para lo cual se debe tener presente lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la ley que regula la materia, los que disponen:

“Artículo 1°: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

“Artículo 7°: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

NOVENO: Que, de las normas transcritas, surge que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Luego, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones, en cumplimiento de su facultad legal de interpretación administrativa en materias de su competencia, ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, encontramos el Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que en el Nº1 del Título XI, dispone que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley Nº18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, por ejemplo, el Ord. Nº24089, de 11 de noviembre de 2019, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

DÉCIMO: Que, en este escenario, no cabe sino concluir que no consta satisfecha la exigencia de haberse presentado junto a la solicitud, el certificado solicitado para ejercer los derechos que establece la Ley Nº18.156, pues la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que se acompaña al recurso y se extrae del link mencionado por la recurrente, no constituye el certificado solicitado y no se encuentra debidamente legalizado, resultando insuficiente para acreditar fehacientemente la afiliación, en los términos dispuestos en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco la declaración jurada adjunta.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, examinados los antecedentes presentados por el actor, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas.

Por su parte, la situación diplomática del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales, por lo que no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la negativa a acceder a la devolución de fondos previsionales responde únicamente a la aplicación de la legislación nacional vigente, constituyendo el documento solicitado en los términos dispuestos un requisito indispensable para acreditar la situación previsional de la extranjera en su país de origen.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Piero Palazzo Hauptli, por sí y a favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones HABITAT S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°1814-2025 (Protección)

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