nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Antofagasta, cuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, químico farmacéutica, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la negativa a devolver sus fondos previsionales solicitados al amparo de la Ley N°18.156, acto que vulnera la garantía constitucional de derecho de propiedad consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida al tenor del recurso.

Asimismo, a petición de este Tribunal de Alzada, informó la Superintendencia de Pensiones.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente señala que es una profesional técnico extranjera que presta servicios en Chile para el empleador Farmacias Cruz Verde SpA bajo anexo de contrato de trabajo suscrito con fecha 16 de octubre de 2023, y dando cumplimiento a lo exigido por los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, presentó la solicitud de devolución de fondos acreditando su calidad de técnico, su afiliación al régimen de seguridad social en su país de origen (con coberturas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte) y la manifestación de voluntad en su contrato; sin embargo, la AFP Modelo rechazó la solicitud informando que el anexo de contrato no manifiesta de forma “clara e inequívoca” la voluntad de mantener la afiliación en el extranjero.

Indica que la Administradora argumenta que existe una contradicción al señalar la voluntad de mantener la afiliación extranjera y, simultáneamente, hacer reserva de derechos para solicitar la devolución de fondos en Chile bajo el artículo 7 de la citada ley, y para sustentar este rechazo cita el Oficio N°26.288 (2017) de la Superintendencia de Pensiones, el cual instruye que si hay declaraciones contradictorias debe primar la obligación de cotizar en Chile.

Sostiene que el rechazo de la AFP es ilegal por cuanto impone requisitos y estándares de redacción que exceden el tenor literal de la Ley N°18.156, ya que la ley exige que el trabajador "exprese su voluntad de mantener la afiliación" extranjera, lo cual consta explícitamente en la cláusula segunda de su anexo de contrato, y calificar como "contradictoria" la reserva de un derecho legal (el de solicitar la devolución) es una interpretación ultra vires que desnaturaliza el beneficio.

Añade que el acto es arbitrario, toda vez que se basa en un juicio de valor sobre la "claridad" de la cláusula que no tiene sustento en la realidad de los documentos presentados, no existiendo contradicción alguna en manifestar la voluntad de no pertenecer al sistema chileno y, consecuentemente, hacer reserva del derecho que la propia ley otorga para recuperar los fondos depositados.

Afirma que la negativa de la recurrida no es un hecho aislado, sino que forma parte de una práctica administrativa que ha sido sistemáticamente corregida por los tribunales superiores de justicia, ya que la jurisprudencia reciente de la Excelentísima Corte Suprema ha establecido un estándar claro: si se cumplen los requisitos de fondo, la Administradora no puede ampararse en tecnicismos de redacción o interpretaciones administrativas restrictivas para negar la devolución.

Finalmente, en cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, menciona el derecho de propiedad, ya que la negativa de la AFP constituye un acto que la priva del legitimo ejercicio del derecho de dominio sobre sus ahorros previsionales, los cuales son de su exclusiva propiedad; y el derecho a la igualdad ante la ley, ya que se impone un estándar de exigencia lingüística no previsto por el legislador, discriminándola arbitrariamente frente a otros afiliados.

Por lo anterior, solicita se ordene a la recurrida proceder a la devolución de la totalidad de los fondos previsionales de su cuenta de capitalización individual bajo la Ley N°18.156, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, con costas.

SEGUNDO: Que, informó la Superintendencia de Pensiones al tenor del arbitrio constitucional, indicando que la recurrente no registra ante dicho Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción, por lo que no existen antecedentes referentes al recurso de protección consultado.

Sin perjuicio de ello, informa que la normativa aplicable a la materia establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156, norma de excepción que debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece, agregando que las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, de conformidad a la normativa aplicable en la especie y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la institución.

Hace presente que la sostenida jurisprudencia del organismo fiscalizador ha exigido, para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto, durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile y a todo evento. En cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común. Asimismo, se ha señalado que la afectación a un régimen de seguridad social fuera de Chile debe existir con anterioridad al inicio de la prestación de los servicios del técnico extranjero en el país y que la voluntad de mantenerse afecto a éste debe manifestarse en el contrato de trabajo que suscriba con su empleador chileno.

Menciona que para arribar al criterio interpretativo relativo a la cobertura previsional en el extranjero exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ha tenido en especial consideración el espíritu del legislador de dicho cuerpo legal, el cual queda evidenciado del texto del Informe Técnico de fecha 23 de diciembre de 1987, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el que, en lo pertinente, señala lo siguiente:

“El fundamento de las disposiciones contenidas en este proyecto de ley se encuentra en la concepción misma del Nuevo Sistema de Pensiones.

En efecto, este Sistema, que tiene como finalidad primordial el otorgamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia se basa en la capitalización individual. El monto resultante de las pensiones de que gozan los afiliados guarda directa relación con los fondos acumulados por éstos en sus respectivas cuentas de capitalización individual.

Así, si los trabajadores extranjeros de que trata el proyecto mantienen fuera de Chile un régimen previsional que les cubra los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, en tanto desempeñen actividades en este país, resulta innecesario que además se afilien en una Administradora de Fondos de Pensiones y coticen en ésta durante el período por el cual permanezcan en Chile, el que es transitorio, por cuanto finalmente obtendrá los beneficios previsionales que correspondan del régimen extranjero al cual han permanecido afectos a lo largo de su vida laboral.

Por su parte, los fondos depositados por estos trabajadores en una Administradora de Fondos de Pensiones, según las normas legales vigentes en la actualidad, deben permanecer en ella hasta el momento en que el trabajador extranjero cumpla con los requisitos para pensionarse que exige el D.L. N° 3.500, de 1980, no obstante que en ese momento ya habrán abandonado el país y les será sumamente engorroso obtener - desde el extranjero su pensión y recibir su pago. Además, las pensiones que se devenguen en estas circunstancias tendrán montos ínfimos, pues los fondos existentes en las respectivas cuentas de capitalización individual de este personal corresponderán generalmente a un breve período de servicios prestados en Chile.”

Dice que del tenor literal de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, como del espíritu del legislador, este beneficio excepcional sólo resulta procedente en tanto el trabajador extranjero se haya mantenido afecto a un régimen previsional fuera de Chile durante el transcurso de toda la prestación de servicios que ha ejecutado en el país, respecto de la cual pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales, régimen previsional que le otorgue cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

De otro lado, refiere que el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, agregando que toda documentación emitida por la autoridad extranjera correspondiente debe ser debidamente legalizada o apostillada para ser presentada en Chile, tal como exige el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla o Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

Añade que en cuanto al requisito contemplado en la letra b) del artículo 1 de la Ley 18.156, esto es, que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional de su país de origen, la jurisprudencia de este Servicio ha establecido que, cuando la voluntad del trabajador manifestada en el contrato de trabajo, o en éste y sus anexos, es contradictoria, no procederá la devolución de los fondos previsionales, y si el contrato de trabajo señala que se encuentra afiliado al Sistema Previsional del D.L. N°3.500, sujetándose en consecuencia al régimen previsional chileno, y el anexo agrega que mantendrá aquella al sistema previsional extranjero, la manifestación de voluntad contenida en este último documento es equívoca y, por tanto, no daría cumplimiento al requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la ley 18.156, pues no habría manifestado de manera indubitable que su voluntad era mantener solamente su afiliación en algún régimen de previsión o seguridad social en su país de origen, al cual debe mantener su afiliación durante todo el periodo que cotizó en Chile, y el que debe otorgar prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Lo mismo ocurre cuando en el documento el trabajador afirma, por una parte, su intención de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero, y por otra, que continuará enterando cotizaciones en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500.

En cuanto al requisito de contar con un titulo técnico o profesional, el que deberá acreditarse con el documento respectivo debidamente apostillado o legalizado, según corresponda, cita el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II, Título XI, número 1, agregando que para los efectos del requisito consignado en la letra a), debe entenderse como técnico aquel trabajador que posee conocimientos de una ciencia o técnica que importe un nivel significativo de especialización o estudio; lo cual se acredita con un título de nivel técnico superior o profesional otorgado por una institución educacional reconocida por la autoridad rectora de educación en el país respectivo.

Finalmente, con relación a la documentación a que hace referencia la recurrente, esto es, la carta de AFP Modelo rechazando su solicitud, de 14 de julio de 2026, así como copia del anexo de contrato de trabajo de 16 de octubre de 2023, dice que revisado el expediente electrónico de autos en la página web del Poder Judicial, se ha podido constatar que sólo fue efectivamente adjuntada la carta de AFP Modelo, por lo que no es posible emitir un pronunciamiento respecto del cumplimiento de los requisitos legales y administrativos por la recurrente para obtener la aprobación de su solicitud de retiro de fondos previsionales.

TERCERO: Que, asimismo, informó nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima.

Refiere que con fecha 09 de julio de 2026, la recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, procurando ampararse en la exención establecida en la Ley N°18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre por el empleador FARMACIAS CRUZ VERDE S.p.A., RUT RUT reservado, durante los periodos de febrero de 2023 a febrero de 2025. Con el objeto de acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, la recurrente acompañó los siguientes documentos: título profesional, certificado de afiliación emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y contrato de trabajo celebrado entre la recurrente y el empleador, y sus anexos.

Señala que realizó el análisis de todos los documentos y dio respuesta a la solicitud indicando, en lo pertinente: “1.- Se reitera que, el anexo de contrato de trabajo suscrito con el empleador Farmacias Cruz Verde SPA, con fecha 16 de octubre de 2023, señala: “SEGUNDO: Asimismo, el trabajador expresamente señala su voluntad de mantener su afiliación al régimen de previsión o seguridad social que actualmente posee en su país de origen. Al respecto, hace expresa reserva de su derecho para acogerse a lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley N°18.156, disposición que establece la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que se hubiesen depositado en Cuenta de Capitalización Individual del sistema previsional chileno, bastando lo anterior, dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1 de la ley precedentemente singularizada.”

Por lo anterior, no se da cumplimiento a lo exigido por la Ley N°18.156, en tanto no se ha manifestado de forma clara e inequívoca por parte del solicitante la voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile toda vez que ella es poco clara.

(…) 2.- El certificado de afiliación emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de fecha 18 de diciembre de 2025, indica que usted registra cotizaciones desde el año 2023. Sin perjuicio de ello, se solicita acompañar un certificado que consigne expresamente la fecha de inicio de su afiliación al sistema de seguridad social, a fin de acreditar que se encontraba cubierto frente a las contingencias de enfermedad, vejez, invalidez y muerte con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile.

De acuerdo con lo mencionado, se puede apreciar que el motivo por el cual AFP Modelo rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero se debe a que el certificado de seguridad social acompañado no acredita que la recurrente contó con cobertura previsional durante la prestación de servicios en Chile, además de no poder acreditar durante la relación laboral haya expresado su voluntad de acogerse al régimen contemplado en la Ley 18.156”.

Afirma que el motivo por el cual la AFP Modelo rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero se debe a que el certificado de seguridad social acompañando no acredita que la recurrente contó con cobertura previsional durante la prestación de servicios en Chile, además de no poder acreditar durante la relación laboral haya expresado su voluntad de acogerse al régimen contemplado en la Ley 18.156, por lo que no se puede aprobar el retiro de fondos de pensiones toda vez que la recurrente no ha dado cumplimiento íntegro a cada uno de los requisitos establecidos en las normas vigentes que regulan la materia, específicamente acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y a todo evento, establecido en la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156.

Finalmente, luego de citar normativa y jurisprudencia, sostiene que el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción que busca restablecer el imperio del derecho, cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se ha ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y para que proceda es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso, AFP Modelo ha actuado según no instruye la normativa y la Superintendencia de Pensiones, por lo que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la constitución le reconoce al Recurrente.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que la recurrente dedujo esta acción en contra de AFP Modelo S.A. por estimar arbitrario e ilegal el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, por no cumplir lo exigido por la Ley N°18.156 de Exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, al no manifestarse de forma clara e inequívoca la voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

SÉPTIMO: Que, establecido lo anterior, corresponde centrar el análisis en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N°18.156 en relación con los Oficios dictados por la Superintendencia de Pensiones en mérito de las facultades conferidas por el legislador a este órgano contralor, regulador y fiscalizador encargado de interpretar las normas legales y reglamentarias en esta materia, en conformidad a lo dispuesto en el número 3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, el número 8 del artículo 47 de la ley N°20.255 y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión.

El artículo 1° de la ley que regula la materia, dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

Por su parte, el artículo 7° señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

OCTAVO: Que, de las normas transcritas, surge que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran entrado en una AFP, siempre que se cumplan las dos condiciones ya mencionadas, de modo que esta interpretación debe realizarse de manera restrictiva y aplicada únicamente en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece el artículo 1° de la Ley N°18.156.

NOVENO: Que, de los antecedentes que obran en la causa, consta que mediante carta de fecha 14 de julio de 2026, la recurrida rechazó la solicitud de la actora de la devolución de fondos previsionales, fundado en que no se da cumplimiento a lo exigido por la Ley N°18.156 al no manifestarse de forma clara e inequívoca por parte de la solicitante la voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile toda vez que ella es poco clara. Asimismo, atendido que el certificado de afiliación emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de fecha 18 de diciembre de 2025 indica que se registran cotizaciones desde el año 2023, se solicita acompañar un certificado que consigne expresamente la fecha de inicio de su afiliación al sistema de seguridad social, a fin de acreditar que se encontraba cubierto frente a las contingencias de enfermedad, vejez, invalidez y muerte con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile.

De lo anterior se puede apreciar que la AFP recurrida rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, a diferencia de lo sostenido por la recurrente en su arbitrio, por dos motivos: el primero, porque el certificado de seguridad social acompañado no acredita que la recurrente contó con cobertura previsional durante la prestación de servicios en Chile; y, el segundo, debido a que no se acreditó que durante la relación laboral haya expresado su voluntad de mantener su afiliación en el país de origen.

DÉCIMO: Que, en cuanto al primer punto cuestionado, esto es, que el certificado de seguridad social no acredita que la recurrente contó con cobertura previsional durante la prestación de servicios en Chile, cabe indicar que, según la reiterada jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, tratándose de la norma de exención de la Ley N°18.156, la cobertura del régimen de seguridad en el extranjero debe cubrir y existir durante toda la extensión del tiempo en que el trabajador preste servicios en el país y a todo evento, y en la especie, habiendo iniciado la relación laboral la recurrente con fecha 03 de marzo de 2023, según consta del contrato de trabajo acompañado, el certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con fecha 18 de diciembre de 2025 resulta insuficiente para dar por satisfecho el requisito de la letra a) del artículo 1° de la citada ley, por cuanto dicho documento se limita a señalar genéricamente que la actora registra cotizaciones desde el año 2023, no siendo posible constatar que la cobertura previsional fuera de Chile haya antecedido o se haya mantenido desde el primer día de inicio de la prestación de servicios en Chile, incumpliendo así la exigencia legal.

UNDÉCIMO: Que, respecto del segundo punto cuestionado, a saber, que no se habría acreditado que durante la relación laboral la recurrente haya expresado su voluntad de mantener su afiliación en el país de origen, es preciso mencionar que, del examen de las exigencias contempladas en la Ley N°18.156, se desprende que la exención de cotizar, o la posterior devolución de fondos bajo lo dispuesto en el artículo 7°, requiere de forma estricta el cumplimiento de la condición contemplada en la letra b) del artículo 1° del citado cuerpo legal, esto es, que en el contrato de trabajo o sus anexos el trabajador exprese en forma clara su voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional de su país de origen.

En la especie, según se desprende de los antecedentes, y en especial del tenor del anexo de contrato de trabajo de fecha 16 de octubre de 2023, consta que en la cláusula primera las partes estipularon: “En este acto el trabajador viene en declarar que en su país de origen se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad social, régimen que le otorga prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”, y en la cláusula segunda se agrega que: “Asimismo, el trabajador expresamente señala su voluntad de mantener su afiliación al régimen de previsión o seguridad social que actualmente posee en su país de origen. Al respecto, hace expresa reserva de su derecho de acogerse a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que establece la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que se hubieren depositado en su Cuenta de Capitalización Individual del sistema previsional chileno, bastando para lo anterior, dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1° de la ley precedentemente singularizada”.

De la lectura de las cláusulas contractuales transcritas se advierte que si bien la trabajadora señala su intención de mantener la afiliación a la seguridad social extranjera, acto seguido procede a formular una expresa reserva de su derecho de acogerse a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N°18.156 respecto de los fondos previsionales depositados o que pudieren depositarse en la AFP chilena, siendo dicha formulación contradictoria, por cuanto la sujeción al régimen de exención de la ley ya citada parte del supuesto de que el trabajador extranjero no se incorporará ni cotizará en el régimen chileno, por ende, admitir expresa o implícitamente el ingreso de cotizaciones al sistema nacional para luego pretender su restitución vía reserva de derechos genera una manifestación de voluntad imprecisa que no permite dar por acreditado el requisito contemplado en la letra b) del artículo 1° de la mentada ley.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, examinados los antecedentes y de lo razonado en los considerandos precedentes se concluye que la actora no dio cumplimiento íntegro a las exigencias legales establecidas en la Ley N°18.156, de suerte que la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida a acceder a la devolución de los fondos previsionales no constituye un acto ilegal ni arbitrario, por el contrario, dicha actuación se ajustó estrictamente al marco normativo aplicable y a las instrucciones impartidas por el órgano fiscalizador de la materia, no existiendo perturbación, privación ni amenaza a las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual la presente acción de protección no puede prosperar, debiendo ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Acordada con la decisión contraria del ministro señor Jaime Rojas Mundaca, quien fue de parecer de acoger la acción constitucional intentada, por los fundamentos sucesivos.

1° Que, la disputa en la especie corresponde solo a la acreditación en forma bastante, de los presupuestos que prevé el legislador a propósito de que la recurrente pueda ejercer el derecho a devolución que consagra la Ley N°18.156. En este sentido, en parecer de quien disiente, la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones de no dar lugar a lo solicitado por estimar que la recurrente no expresa con claridad su voluntad de no pertenecer al sistema de previsión social chileno, corresponde a una apreciación de orden subjetivo que se contradice con los antecedentes incorporados a la causa.

2° Que, en efecto, tanto en el contrato de trabajo como en el anexo del mismo se expresa por parte de la recurrente una voluntad inequívoca de mantener vinculada al sistema de previsión social de Ecuador. Lo anterior deriva sin dificultad si se considera la literalidad del mismo, cuando se expresa en el motivo Primero: “En este acto el trabajador viene en declarar que en su país de origen se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad social, régimen que el otorga prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

La voluntad así manifestada se encuentra corroborada por el certificado debidamente apostillado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de fecha 18 de diciembre de 2025, en el que se certifica que “nombre reservado, con cédula de ciudadanía NºRUT reservado, es cotizante desde el año 2023 hasta la presente fecha, manteniendo su calidad de afiliado al Seguro General Obligatorio…”. Lo anterior también se condice con las fechas en que se celebró el contrato de trabajo, y su anexo, ambos durante el año 2023.

Así las cosas, la decisión impugnada, constituye un acto ilegal y arbitrario, que atenta contra el numeral 24 del artículo 19 de la carta política, desde que no existe presupuesto fáctico alguno que permita rechazar la solicitud, y en este orden de ideas, solo corresponde acoger la acción constitucional deducida, y ordenar a AFP MODELO S.A., la devolución de la totalidad de los fondos previsionales de su cuenta de capitalización individual bajo la Ley N°18.156.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1812-2026 (Protección)

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