COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDAD VECINOS SAN MARCOS ETAPA III con II ZONA CARABINEROS ANTOFAGASTA

Antofagasta, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Javier Mandaleris Jara, abogado, en representación del Comité de Adelanto y Seguridad Vecinos San nombre reservado, representado por su presidenta doña nombre reservado, y en representación de la Junta de Vecinos Portal Vientos del Norte de Antofagasta, representada por su presidenta doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, representada por su alcalde, don Jonathan Velázquez Ramírez; de la Delegación Presidencial de Antofagasta, representada legalmente por la delegada presidencial doña Karen Behrens Navarrete; del Gobierno Regional de Antofagasta, representado por el gobernador regional don Ricardo Diaz Cortés; de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, representada por su secretario regional ministerial don nombre reservado; del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia, representado por su gerente don nombre reservado; de la Secretaría Regional de Salud de Antofagasta, representada por doña nombre reservado; y, de la Segunda Zona de Carabineros de Chile, representada por su general, don nombre reservado; por su actuar omisivo, arbitrario e ilegal, consistente en el incumplimiento de sus obligaciones legales respecto de la actual situación que aqueja al sector correspondiente al ex vertedero La Chimba y sus alrededores, consistentes en el vertimiento ilegal y quemas de basura, emisión de gases tóxicos y presencia de diversos vectores, vulnerando así los derechos garantizados por el articulo 19 Nos 1 y 8 de la Constitución Política de la República.

Solicita a esta Corte de Apelaciones ordenar a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, al Ferrocarril Antofagasta a Bolivia, al Gobierno Regional de Antofagasta y a la Secretaria Regional Ministerial de Salud, coordinarse para efectuar operativos de limpieza en el sector de carácter mensual o con la periodicidad que determine esta Corte, comenzando en el plazo de 60 días de ejecutoriada la sentencia; ordenar a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales que construya y mantenga cierres perimetrales en los sitios eriazos que ampare en el espacio geográfico señalado en el recurso, en el plazo de 180 días de ejecutoriada la sentencia; ordenar a la Municipalidad de Antofagasta y a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, en su calidad de propietarios de los inmuebles, presentar las denuncias ante la autoridad pertinente de las quemas e incendios que se generen en estos sectores; ordenar a la Segunda Zona de Carabineros de Chile, retirar de circulación a todos los vehículos que sean sorprendidos vertiendo basura en el área indicada por este recurso y trasladarlos hasta el espacio destinado como depósito o corral de vehículos municipal, otorgando un plazo de 30 días para implementar esta medida; ordenar a la Municipalidad de Antofagasta la implementación de un espacio denominado corral o depósito de vehículos para almacenar los vehículos retirados y proveer la grúa respectiva para el retiro, en el plazo de 30 días; ordenar a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta establecer en el Plan de Seguridad Municipal medidas tendientes a evitar la existencia de delitos en el sector indicado en el recurso; ordenar a la Delegación Presidencial disponer que Carabineros de Chile efectúe rondas periódicas y se implementen medidas de seguridad tales como instalación de cámaras de seguridad y drones en este sector; ordenar a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta convocar en un plazo de 30 días la licitación a fin de iniciar una prefactibilidad para la confección de un plan de remediación, indicando posteriormente una Carta Gantt para llevar a cabo el plan de remediación, cumpliendo con la legislación medio ambiental, administrativa y de cualquier otra índole; ordenar que todas las medidas decretadas cuenten con la participación de la comunidad, tanto en su planificación como implementación; todo con expresa condena en costas.

Informó don nombre reservado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción deducida, con expresa condena en costas.

Informó don nombre reservado, en representación de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

Informó don nombre reservado, Gobernador Regional de Antofagasta, en representación del Gobierno Regional de Antofagasta, al tenor del recurso incoado.

Informó don nombre reservado, en representación del Consejo de Defensa del Estado, en favor de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción deducida, con expresa condena en costas.

Informó don nombre reservado, en representación de Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, solicitando el rechazo de la acción incoada, con costas.

Informó doña nombre reservado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (S), región de Antofagasta, al tenor del recurso interpuesto.

Informó don nombre reservado, general de Carabineros, jefe de zona, respecto de la acción deducida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción señalando que sus representadas corresponden a organizaciones vecinales emplazadas en los sectores adyacentes al ex vertedero La Chimba, precisando que el sector en cuestión, se trata de un gigantesco sitio eriazo, en cuyo interior se encuentra el ex vertedero La Chimba, y que considera los siguientes límites: Por el norte: calle Caparrosa y su proyección; por el sur: calle Amatista y su proyección; por el oriente: sitio eriazo descampado hacia el cerro; y, por el poniente: Avenida Pedro Aguirre Cerda. Agrega que dicho terreno es propiedad de la Seremi de Bienes Nacionales y que un espacio de este es ocupado por el Ferrocarril Antofagasta a Bolivia.

Expone que, es de público conocimiento que, al interior del ex vertedero y sus espacios adyacentes, se ha generado un vertedero clandestino, en donde se realizan quemas y otras acciones delictuales que quedan impunes. Añade que lo que ocurre es de tal gravedad, que el lugar ha sido objeto de 40 sumarios sanitarios, existiendo inclusive una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, entre otras medidas administrativas. Asimismo, indica que, del informe emanado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, constan conclusiones brutales sobre las emanaciones de componentes tóxicos en sector.

Por lo anterior, indica que se instalaron tres estaciones de monitoreo, en el Condominio Desierto Florido, en el Liceo La Chimba y en la Subcomisaria de Carabineros Sector La Portada, en los cuales se detectaron situaciones altamente alarmantes consistentes en que, en tres meses, ocurrieron 612 eventos de los cuales, una cantidad importante responde a basura sintética, la que es contaminante y tóxica para la salud humana.

Sostiene que, según informa el Instituto de Derechos Humanos (INDH), 40.000 personas se ven afectadas por esta situación, es decir, el 10% de la población de Antofagasta, haciendo presente que, el foco de insalubridad se ha mantenido inalterado. Señala que, en el lugar, es posible evidenciar el vertimiento de basura ilegal, quemas de basura con emisión de gases tóxicos y presencia de vectores como ratas, jotes y otros animales. Alega que, las recomendaciones efectuadas por el INDH han sido ignoradas, existiendo incumplimiento al respecto por parte de las recurridas, precisando que lo pretendido con la presente acción, dice relación con la limpieza periódica del sector; establecimiento de sistemas de denuncia y vigilancia en el lugar; cierre de sitios; e implementación y realización de un plan de remediación.

En cuanto a la limpieza periódica del sector, hace presente que, se han efectuado limpiezas esporádicas, en mayo de 2022 y en marzo de 2023, las que no han sido suficientes. Afirma que la Municipalidad de Antofagasta tiene en concesión, por cinco años del sector donde se emplaza el antiguo vertedero, esto conforme a la Resolución Exenta E-43485 de 13 de septiembre de 2021, complementada por la Resolución 1127-2021 de 16 de diciembre de 2021, ambas de la Seremi de Bienes Nacionales, y que, si bien en dichas resoluciones no se indicó cabalmente el espacio sujeto a concesión, de igual modo los sectores aledaños del ex vertedero son de su responsabilidad. Además, alude al artículo 11 letras a) y b) del Código Sanitario, respecto de las obligaciones de esta recurrida en cuanto al aseo y ornato de estos lugares.

A su vez, sobre el mismo punto, sostiene que la empresa recurrida FCAB, quien ocupa parte del espacio del ex vertedero y el colindante a la Avenida Héroes de la Concepción, debido a la servidumbre que detenta, resulta obligada a mantener limpios y aseados tales sectores. Lo anterior, conforme al Título III de la Ley de Ferrocarriles, artículo 29 y siguientes del Decreto N°1157 de 1931.

Adicionalmente, señala que el Gobierno Regional también tiene obligaciones de aseo, en virtud del artículo 17 letra c) de la Ley N°19.175, con relación a la obligación de protección y conservación del medio ambiente. Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de igual modo es responsable de la limpieza del lugar, puesto que, dentro de sus funciones, está la de resguardar la salud pública y el resguardo del patrimonio medio ambiental, según se señala en el artículo 12 N°3 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del año 2005.

En cuanto a los cierres perimetrales, afirma que, al tratarse de un sitio eriazo de propiedad fiscal en su gran mayoría, a la Seremi de Bienes Nacionales, conforme al artículo 1 del Decreto Ley N°1939 de 1977, le corresponde administrar los bienes fiscales, por lo que tal recurrida no puede estar ajena a las obligaciones de cualquier propietario, como precisamente es el cierre perimetral y la mantención de dichos cierres, haciendo presente que, en la actualidad, existen sectores no cerrados y otros en deplorable estado. Respecto a este punto, indica, además, que se debe tener presente lo establecido en el artículo 2.5.1. de la Ordenanza de Urbanismo y Construcción.

Respecto a la seguridad en el sector, teniendo presente los delitos de incendio en el lugar, así como el hecho de que los vehículos descargan basuras y escombros, resalta que, en los últimos tres años, solo ha habido dos personas detenidas, quedando el resto de tales actos impunes, haciendo hincapié en que la autoridad no ha mostrado ninguna disposición de pesquisar y sancionar esta ola de delitos, por la falta de denuncia y de vigilancia del sector. Al respecto, indica que, conforme al informe del INDH, la responsable de efectuar tales denuncias es la Municipalidad de Antofagasta, lo que no ocurre en la especie, existiendo una única denuncia presentada por el gran incendio ocurrido junio de 2022. Agrega desconocer si otras autoridades han cumplido con la obligación de denunciar tales siniestros, conforme lo dispuesto en el artículo 175 N°2 del Código Penal, omisión que estima debe considerarse ilegal y arbitraria.

En relación con la vigilancia del sector, señala que Carabineros de Chile y la Municipalidad, no han dado cumplimiento a esta labor, lo que se evidencia con los múltiples hechos delictivos ocurridos al interior del recinto, incluyendo la muerte de un menor de 15 años en el mes de mayo de 2022, incumpliendo en definitiva, lo señalado en el artículo 192 bis de la Ley N°20.879 que sanciona el Transporte de Desechos hacia Vertederos Clandestinos, arguyendo que, dicha normativa en la práctica y en el presente caso, es letra muerta.

Al respecto, señala que la propia Municipalidad ha dictado la Ordenanza N°3/2016, donde en su artículo 10 reitera lo señalado en el citado artículo 192 bis, sin embargo, la misma recurrida no da cumplimiento a su propia ordenanza, al no tener, a título ejemplar, un corral municipal disponible para los vehículos incautados conforme ha sido mandatado por el Dictamen de la Contraloría General de la Republica N°44.500 de 2023. A mayor abundamiento, señala que la Municipalidad tiene un rol importante en la adopción de medidas en el ámbito de seguridad ciudadana, según se dispone en el artículo 4 letra j) de la Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades. Hace presente que, por orden de esta Corte, hubo presencia de guardias en el sector, medida que fue implementada por un año, sin embargo, dicha medida debe extenderse en el tiempo y en todo el sitio eriazo que cubre el vertedero, lo que no ocurre en el presente caso, siendo absolutamente invisibilizado el plan de seguridad del sitio en comento.

En consecuencia, estima que, se hace imperioso que exista una política de prevención del delito al interior del vertedero y con ella, efectivamente un estado en el cual se establezcan por parte de las autoridades pertinentes, planes de prevención, lo que incluya un sistema de vigilancia adecuado a la cantidad de delitos generados en este espacio, así como también los mecanismos idóneos y técnicos para su prevención, a saber, rondas periódicas de la policía, instalación de servicios de cámaras de seguridad, drones y otras medidas tendientes a prevenir y evitar estos delitos.

A mayor abundamiento, indica que, tanto la Municipalidad de Antofagasta, en virtud del artículo 5 letra l), ratificado con el artículo 6 letra e) de su ley, como también, la Delegación Regional de Antofagasta, conforme al artículo 2 letras b) y c) de su Ley Orgánica Constitucional, tienen por obligación de prevenir delitos, la primera por medios de sus planes y la segunda en el marco de su obligación legal.

Con relación al plan de remediación, señala que esta es obligación de la recurrida Municipalidad de Antofagasta, y que, si bien ha presentado planes remediales en los años 2018 y 2023, estos no han tenido éxito. Indica que el objeto del plan en cuestión es remediar y reparar el espacio geográfico donde se emplazó el ex vertedero La Chimba, generando un espacio descontaminado y útil para la comunidad.

Por lo expuesto, estima que las actuaciones arbitrarias e ilegales de las recurridas, ocurren desde que, estas son autoridades competentes que, por mandato legal, deben dar cumplimiento a obligaciones, sin embargo, estas no se han realizado sin ninguna justificación y de forma antojadiza, vulnerando con ello el principio de servicialidad del Estado contenido en el artículo 1 inciso 4° de la Constitución Política.

Con todo, considera que lo ocurrido en el ex vertedero, vulnera el artículo 19 N°1 referido al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, ello en concordancia a las conclusiones arribadas en el Informe del INDH, teniendo en consideración las múltiples enfermedades respiratorias que se producen producto de las quemas, las que afectan principalmente a niños y adultos mayores, generando, además, un fuerte menoscabo psicológico puesto que todas las personas no están viviendo en circunstancias idóneas, sino que por el contrario, se les genera temor de su salud en un futuro, afectando su calidad de vida, bienestar emocional y su esfera moral. De igual modo, estima vulnerada la garantía del artículo 19 N°8 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, infringiéndose por las recurridas su obligación de impedir que esta ocurra.

Por último, hace presente que se requiere la participación de la comunidad en las medidas que se decreten conforme lo dispone el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, ratificado por nuestro país en el año 2022.

SEGUNDO: Que informó don nombre reservado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción deducida, con expresa condena en costas.

Primeramente, menciona que, uno de los recurrentes, Vecinos del Condominio Desierto Florido, ya interpuso recurso de protección ante esta sede por los mismos hechos, según consta en causa rol Nº604-2022, además de existir otra causa similar promovida por diversos recurrentes en causa de protección rol N°20.369-2022, este último acogido por esta Corte, ordenando una serie de medidas que debía cumplir el municipio, dejando constancia que, dicha entidad, ha dado cumplimiento oportuno a lo mandatado.

A modo de contexto, sostiene que la situación del ex vertedero La Chimba es compleja, puesto que prestó servicios de acopio de basura por bastante tiempo y una vez que cumplió su vida útil, fue reemplazado por el vertedero Chaqueta Blanca, sin embargo, este último solamente acopia residuos domiciliarios y no escombros o residuos industriales. Precisa que el terreno donde se asienta el ex vertedero La Chimba es de propiedad del Fisco de Chile, por tanto, su administración está a cargo del Ministerio de Bienes Naciones, siendo este entregado a concesión para los fines respectivos a la Municipalidad de Antofagasta, concesión que se encuentra actualmente vigente a fin de concretar el Plan de Cierre e inicio del Plan de Remediación.

Luego, en cuanto a la responsabilidad adjudicada por los supuestos incendios dentro del ex vertedero, arguye que estos han ocurrido fuera de sus dependencias, lo cual consta inclusive en el documento denominado “Análisis preliminar del monitoreo de exposición de contaminantes en el sector del ex vertedero La Chimba” acompañado por los mismos recurrentes.

Con relación a las recomendaciones del Instituto de Derechos Humanos, afirma que son idénticas a las medidas ordenadas por esta Corte en la causa ya antes mencionada, las que actualmente se encuentran oportunamente cumplidas, salvo la de contar con un Rescon, el que por diversos motivos no se logró realizar, sin perjuicio que, hoy existe uno dentro de la comuna que no es de administración municipal.

De otro lado, alega que existe inexactitud de los hechos señalados por la contraria y que, inclusive, las peticiones dirigidas al municipio no son de su competencia. Así, respecto de la solicitud de efectuar operativos de limpieza de carácter mensual o con la periodicidad que indique la Corte, afirma que estos sí se realizan regularmente, precisando que hay terrenos que, si bien pertenecen al Fisco, los mismos tienen un tratamiento de privados, por lo que se limita la intervención del municipio no pudiendo encargarse de dichos sectores.

Con relación a la solicitud implementar un espacio denominado corral o depósito de vehículos, afirma que el municipio ya posee un lugar denominado corralón municipal, el que actualmente se encuentra en reparaciones y modificaciones a fin de ampliar y mejorar la cantidad de vehículos que pueden ingresar al sector, habiéndose ya realizado el llamado a propuesta pública denominada “Ampliación Corralón Municipal Antofagasta” ID 2430-66-LR23, la cual está siendo ejecutada por el contratista nombre reservado, cuya fecha legal de término sería el día 08 de octubre de 2024. Además, cabe hacer presente que la Secretaría Comunal de Planificación, por medio del Ord. I N°1037/2024 informó que: “El proyecto de aparcadero municipal se encuentra en la fase de estudio de costos”.

En cuanto a la solicitud de realizar un Plan de Seguridad Municipal con medidas tendientes a evitar la existencia de delitos en el sector, afirma que se han realizado una serie de acciones tendientes a fortalecer la seguridad con rondas por personal de seguridad ciudadana, lo que a su vez ha evitado que existan incendios dentro del ex vertedero, ocurriendo solo hechos aislados y fuera de este.

Luego, respecto de la solicitud de convocar en un plazo de 30 días la licitación a fin de iniciar una prefactibilidad para la confección de un plan de remediación, arguye que desde el año 2023 se comenzó con la Propuesta Pública denominada “Estudio de Prefactibilidad-Plan de Remediación y Recuperación Ex Vertedero La Chimba y su Entorno” ID: 2430-97-LR23, la que fue dejada sin efecto debido a que los oferentes realizaron una oferta distinta a las indicadas en las bases. Por lo anterior, el proceso nuevamente se licitó a través de una propuesta pública denominada “Estudio de Prefactibilidad-Plan de remediación y recuperación ex vertedero La Chimba y su entorno, comuna de Antofagasta”, ID:2430-53-LQ24, la cual actualmente se encuentra cerrada y en proceso de evaluación de oferentes, por lo que no se puede entregar más información al respecto.

De otro lado, señala que el inmueble fiscal donde se emplaza el ex vertedero La Chimba ha sido administrado por la municipalidad por más de 40 años. Así, durante el periodo del 2016 al 2021 contó con el acto administrativo de concesión de uso gratuito según Resolución Exenta NºE7718/15.07.2016. Durante el primer semestre del periodo 2021, se realizó la gestión tendiente a la renovación de la concesión ante la Seremi de Bienes Nacionales, sin embargo, a partir de los documentos emanados por la Dirección de Aseo sobre el estado y condición del inmueble y recinto del vertedero, la administración municipal determinó no continuar con el trámite ingresado de renovación, por tal razón a partir de los documentos ORO. (E) Nº1611/14.07.2021 y ORD. (E) Nº1824/05.08.2021 se expone la devolución del inmueble.

Sin embargo, luego de reuniones entre las distintas autoridades y actores relevantes de la ciudad para establecer estrategias sobre cómo abordar la problemática que afecta al lugar, se determinó la necesidad de retomar la gestión municipal para continuar con la administración del recinto, con el propósito de concretar el Plan de remediación y recuperación, lo que se concretó a través del ORD. (E) Nº2061/17.08.2021. Posterior a este ingreso, Bienes Nacionales, a través de la Secretaría Regional Ministerial, informó el rechazo del desistimiento y ordenó la acumulación de expediente para efectos de tramitar la solicitud ingresada recientemente, recepcionándose con fecha 27 de septiembre de 2021 la nueva Resolución Exenta E-43485/2021, cuyo objeto es destinar el inmueble fiscal única y exclusivamente para desarrollar el proyecto “Plan de Remediación y Recuperación del Ex vertedero La Chimba y su entorno”.

Por otra parte, agrega que el entorno del recinto corresponde a terrenos particulares y fiscales, en donde se encuentran principalmente las vías con destino de bien nacional de uso público, pero sin contar con el certificado de las obras de urbanización recepcionadas, lo que implica que la municipalidad se encuentra impedida de asumir acciones operativas de limpieza, siendo dicha responsabilidad de los dueños de los terrenos.

Respecto del problema ambiental derivado de los incendios, señala que, desde que se construyó el cierre perimetral no han existido incendios dentro del perímetro del ex vertedero. En consecuencia, los hechos aislados que han ocurrido no han sido en territorios de responsabilidad del municipio, precisando que la administración de tales bienes corresponde a otros órganos de la Administración del Estado, conforme al artículo 5 letra c) de la Ley Orgánica Constitucional Municipal.

En otro punto, sostiene que el recurso impetrado es improcedente, toda vez que no cumple con los requisitos mínimos de una acción cautelar, ya que no se logra desentrañar cual es el actuar ilegal y/o arbitrario cometido por la Ilustre Municipalidad de Antofagasta que daría origen a la vulneración de las garantías invocadas. Añade que el libelo recursivo no aporta mayores antecedentes ni argumentos que permitan afirmar que exista siquiera una amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ni tampoco señala como el municipio sería responsable como agente activo u agente omisivo de la vulneración que se reclama, considerando, además, que tanto el plan de cierre como el plan de seguridad del sector se encuentran en marcha.

Por otra parte, hace presente que, la actuación de la recurrida no es ilegal y arbitrario, desde que su actuar se enmarca en el principio de legalidad y de juridicidad, además de proceder dentro de la órbita de su competencia. Adicionalmente, señala que, si bien a la entidad edilicia le corresponde el aseo y ornato de la comuna, esta dispone de distintos contratos que dan cuenta del cumplimiento de esta obligación, por lo que no puede atribuírsele falta de servicio, asumiendo inclusive la limpieza del sector alegado por los recurrentes. Asimismo, no se verifica ningún comportamiento antijurídico por parte de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, por lo que tal relación de causalidad no existe en el caso de marras, incumpliéndose una vez más uno de los requisitos para que el recurso de protección impetrado prospere.

Por último, hace presente que, en esta sede difícilmente se puede adoptar alguna medida idónea de protección respecto de garantías constitucionales que no se han vulnerado y que, además, no se entiende de qué forma ello pudo ocurrir, sobre todo cuando el actuar del municipio es conforme a derecho.

TERCERO: Que informó don nombre reservado, en representación de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

En primer término, indica que el denominado “Ex Vertedero La Chimba” y sus alrededores, es un predio de dominio fiscal. Luego, en cuanto a su administración, señala que esta le corresponde a la Municipalidad de Antofagasta, sin embargo, se ha pretendido dar una extensión que afectaría a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. No obstante, señala que la entidad edilicia, solicitó con fecha 18 de agosto de 2021 bajo el expediente Nº2CGC8153, que se le otorgara una concesión de uso gratuito por cinco años, siendo el principal objetivo de ésta, desarrollar el proyecto denominado “Plan de Remediación y Recuperación del Ex Vertedero La Chimba y su Entorno”, la que fue debidamente otorgada mediante Resolución Exenta N°E-43485, de 13 de septiembre de 2021 complementada por Resolución Exenta Nº1127, del 16 diciembre 2021.

Por lo anterior, la responsable de la limpieza y recolección de basura del vertedero y sus alrededores es única y exclusivamente la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, tanto por los términos que explícitamente señalan los actos administrativos referidos emanados de bienes nacionales, así como por las normas contenidas en el Código Sanitario y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En consecuencia, estima que los recurrentes yerran al extender una obligación que a todas luces es única y exclusivamente municipal, a la cartera ministerial de Bienes Nacionales, quien, si bien como administradora de los inmuebles fiscales detenta el dominio del predio y de algunos sectores aledaños al vertedero, ha entregado la administración de ellos a un tercero.

Respecto a los problemas asociados al ex vertedero y la supuesta “inacción” de la Delegación Presidencial, señala que esta ha mantenido una constante intervención en el sector, desplegando todos los recursos disponibles a fin de aportar en el mejoramiento de las condiciones a través de: a) intervención territorial y comunitaria; b) procesos de limpieza de sectores conflictivos; y, c) procesos de control y seguridad.

En relación a la intervención territorial y comunitaria, sostiene que se han realizado 193 actividades relacionadas con un proceso de concientización e información, con el objetivo de identificar factores de riesgo y la realización de procesos de sanitización en sectores críticos. Respecto del proceso de limpieza y control de plagas en sectores conflictivos, durante el mes de marzo a mayo de 2023, la Delegación Presidencial con la colaboración financiera del Gobierno Regional de Antofagasta, coordinó y ejecutó un proceso de limpieza, carguío, traslado y disposición final de residuos habidos en las calles aledañas al ex vertedero La Chimba, lo que implicó la limpieza y traslado de más de 6.725 toneladas de residuos.

En cuanto a procesos de control y seguridad, la recurrida ha realizado múltiples coordinaciones a fin de controlar y contener las quemas e incivilidades del sector, y en tal mérito se han elaborado y coordinado planes y operativos de contingencia, tales como: 22 operativos de controles vehiculares en el sector, 31 intervenciones en control de quemas en sectores aledaños, 18 operativos relacionados con fiscalización a chatarreras, 8 desalojos administrativos para recuperación del espacio público, 3 operativos correspondientes a la fiscalización relativa a la extracción ilegal de áridos, además de la participación y coordinación junto a Carabineros de Chile con más de 15 intervenciones y más de 216 intervenciones con drones.

Luego, en cuanto a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, estima que se debe descartar cualquier inacción de parte de la Delegación Presidencial que afecte y/o perturbe de manera alguna el derecho a la vida y a la integridad física de los recurrentes, ya que se han tomado las medidas dentro de la esfera de sus atribuciones para mejorar la situación respecto a los vectores. Por su parte, en cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se han realizado limpiezas profundas, sacando toneladas de basura, las cuales fueron trasladadas al vertedero en la comuna de Mejillones. En síntesis, concluye que no existe ninguna omisión, ni falta de acción que se torne arbitraria, por el contrario, se ha dado cumplimiento al principio de legalidad y se han maximizado los recursos de manera eficiente, no descuidando en ningún momento a los vecinos del sector.

Por último, respecto al petitorio en orden a efectuar rondas periódicas e implementar medidas de seguridad tales como instalación de cámaras de seguridad y drones, afirma que ello ya es realizado mediante rondas que se pueden realizar dentro de las capacidades de Carabineros. Con relación a la instalación de cámaras, es una responsabilidad que sería competencia de la entidad edilicia. Respecto al uso de drones, estos ya se han utilizado en el sector, precisamente a propósito de las quemas, a fin de realizar vigilancia aérea en el vasto espacio, logrando su propósito incluso con detenidos en aquel terreno.

CUARTO: Que informó don nombre reservado, Gobernador Regional de Antofagasta, en representación del Gobierno Regional de Antofagasta, al tenor del recurso incoado.

Primeramente, señala que el Gobierno Regional de Antofagasta ha priorizado, financiado e implementado iniciativas concretas vinculas a la limpieza del ex vertedero La Chimba en conformidad a las facultades legales y normativas que detenta conforme a la Ley N°19.175 y regulación afín.

Luego, expone que la función privativa del aseo y ornato de la comuna pertenece a la Municipalidad de Antofagasta, quien detenta una concesión de uso gratuito otorgado por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, según Resolución Exenta N°E-43485/2021 y Resolución N°1127/2021 por el periodo de 5 años y, por ende, aún vigente. En consecuencia, dada la facultad legal expuesta y, sobre todo, que la administración del terreno donde se encuentra el ex vertedero pertenece hasta el año 2026 al mentado municipio, es dicha institución la que actualmente tiene las facultades para realizar la limpieza respectiva.

Sin perjuicio de lo señalado, indica que el Gobierno Regional, de igual modo ha ejecutado las siguientes iniciativas: 1. Traspaso de $1.727.257.000 pesos para ejecución de la iniciativa “Limpieza Calles Aledañas al Basural de la Chimba”, ejecutado por la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta; 2. Encomendamiento del proyecto “Conservación Cierre Perimetral Basural La Chimba, Antofagasta”, por un monto F.D.R. de $713.792.000, en ejecución por la Municipalidad de Antofagasta; 3. Constitución “Mesa de Alto Nivel sobre ex vertedero La Chimba”; y, 4. Programa “Recuperación de la Calidad del Aire de los Sectores Urbanos de la Región de Antofagasta” por un monto F.N.D.R. de $2.070.000.000.

En síntesis, afirma que la recurrida actuando dentro de su competencia, no ha incurrido en un actuar ilegal o arbitrario, haciendo presente además que, puede disponer de recursos en la presentación de proyectos o iniciativas que cumplan con las leyes y normas que regulan los procesos de inversión pública y que, para el caso de la limpieza mensual, requieren de la solicitud de la entidad que detenta la administración del terreno en cuestión, a fin de no interferir en la programación que dicho organismo se encuentra contemplando para ejecutar el mentado Plan de remediación.

QUINTO: Que informó don nombre reservado, en representación del Consejo de Defensa del Estado, en favor de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción deducida, con expresa condena en costas.

Expone que el Ministerio de Bienes Nacionales es la Secretaría de Estado encargada de la adquisición, administración y disposición de los bienes fiscales conforme lo prescribe el Decreto Ley N°1939 de 1977 y su Ley Orgánica Decreto Ley N°3274 de 1980. En lo pertinente y desde un aspecto general, de conformidad con el contenido de la Carpeta Catastral Nº1-1155 de Antofagasta, referida al inmueble fiscal donde funcionaba el Ex Vertedero Municipal de La Chimba, señala que, con anterioridad del año 1992, el terreno ya era usado como “botadero de basura”. Luego, indica que la Municipalidad de Antofagasta, a contar de 1982 detenta la concesión de uso gratuito de aquel terreno. Posteriormente, en el año 2009 se otorgó concesión para el “Plan de abandono del actual Vertedero”, para luego, en el año 2016, continuar con el “Plan de abandono y cierre del Vertedero Municipal”. Agrega que el municipio, declaró expresamente que requería el inmueble para implementar el “Plan de Remediación y Recuperación del Ex – Vertedero La Chimba y su Entorno”, con la finalidad de “remediar y recuperar los terrenos, a fin de reintegrarlos al suelo urbano cumpliendo con las normativas y usos de suelo del Plan Regulador vigente de Antofagasta.

Luego, el año 2021, la Municipalidad de Antofagasta, ingresó una solicitud de renovación de concesión de uso gratuito por 5 años, sin embargo, en julio de 2021, informó el desistimiento de la solicitud. Finalmente, mediante Resolución Exenta NºE-43485 de 13 de septiembre de 2021, se otorgó concesión de uso gratuito por 5 años, a la I. Municipalidad de Antofagasta, para el “Plan de Remediación y recuperación del Ex-Vertedero La Chimba y su entorno”, la que fue complementada por Resolución Exenta Nº1127 de 16 de diciembre de 2021, encontrándose esta actualmente vigente.

En dicha Resolución Exenta, en su letra b) se convino que la entidad beneficiaria, deberá destinar el inmueble fiscal única y exclusivamente para desarrollar el proyecto “Plan de Remediación y Recuperación del Ex Vertedero La Chimba y su Entorno”, cláusula posteriormente modificada a requerimiento del municipio para complementar el uso del predio con el de “ejecución de labores de disposición y recapado de basura por parte de la Municipalidad al interior del recinto”, para así detener y controlar la contaminación por acumulación de basura en las franjas con destino vial y de los terrenos fiscales eriazos del entorno al ex vertedero, quedando dicha cláusula en definitiva redactada en la siguiente forma:

“La entidad beneficiaria deberá destinar el inmueble fiscal única y exclusivamente para desarrollar el proyecto “Plan de Remediación y Recuperación del Ex Vertedero La Chimba y su Entorno”. Además, para la disposición y recapado de basura, que es generado en las inmediaciones del inmueble administrado, con el objeto de que estas puedan ingresar al recinto del Ex Vertedero La Chimba para depositar tales desechos, mientras se realiza el Estudio que definirá el proyecto “Plan de Remediación y Recuperación del Ex –Vertedero La Chimba y su entorno”

De otro lado, sostiene que, del sector contiguo al ex vertedero, existen 14 sitios eriazos cerrados con panderetas que forman parte de la administración de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, en los cuales no acontecen las quemas y, respecto de los cuales se encuentran disponibles para postulaciones de arriendos como uso industrial. Luego, existe otro sector, al costado sur oriente del vertedero, en que se encuentra el PET Municipal (Programa de Esterilización y Tenencia responsable de mascotas). En este terreno, se concentran extracciones ilegales de áridos y, hasta enero de 2024 existían ocupaciones ilegales de uso industrial. Luego, el sector colindante pertenece al SERVIU.

De otro lado, hace presente que, la pretensión del recurrente excede los límites de la naturaleza cautelar de la acción de protección, toda vez que lo que se pretende es que los sitios eriazos contiguos al ex vertedero procedan a cerrarse con cierres perimetrales, con el objetivo de prevenir las quemas que se hacen en dichos sitios por inescrupulosos, considerando que dicha solución no es eficiente atendido su alto costo -cerca de cinco mil millones de pesos- y escaso poder disuasivo.

En lo que respecta a la labor de fiscalización de Bienes Nacionales, sostiene que dicha Secretaría Regional ha cumplido con las obligaciones y deberes que le imponen las leyes, decretos, reglamentos y contratos, por lo que no es efectiva la falta de diligencia alegada por la recurrente, por cuánto, la Secretaria Regional Ministerial, dentro de sus competencias, no sólo ha fiscalizado sitios del sector del ex vertedero y aledaños, sino también, ha informado a la Contraloría Regional de Antofagasta, respecto de la situación del inmueble fiscal, y de los incumplimientos de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, como beneficiaria de la concesión.

A su vez, se ofició a la SEREMI de Medio Ambiente, para la coordinación con otros organismos pertenecientes a la institucionalidad ambiental, sobre las acciones de fiscalización que procedan; y a la SEREMI de Salud, para que informe respecto del estado de cumplimiento del plan de cierre y abandono del relleno sanitario, realizándose un número significativo de fiscalizaciones, siendo las últimas en agosto del presente año, tanto al terreno del ex vertedero, como sectores aledaños. Sin embargo, sostiene que estas situaciones se producen en los sectores aledaños, que en su mayoría corresponden a microbasurales en sectores urbanos, que son de competencia de la I. Municipalidad, quien está a cargo del aseo y ornato de la ciudad, conforme al artículo 3 de la Ley Nº18.695.

Luego, en cuanto a que la concesión otorgada al municipio, las obligaciones impuestas por la legislación ambiental de La Ley Nº19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente establece en su artículo 10 la tipología general de proyectos que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Lo anterior, con relación al el Decreto Supremo Nº40, de 2013, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por su parte, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene a su cargo la gestión del patrimonio fiscal y la regularización de la propiedad raíz, sin que le asista posibilidad alguna de tomar de su cargo tales obligaciones.

Con todo, dado que la remediación total del inmueble no consta, resulta lógico que para que la Municipalidad lo devuelva o el Fisco disponga el término del contrato de concesión, la Municipalidad deba acreditar que ha regularizado la situación ambiental y que se encuentra cumpliendo el Plan de Abandono, cierre y remediación impuesta por la autoridad sanitaria, además de haber implementado las medidas de mitigación que le imponga la autoridad ambiental, toda vez que a la fecha subsisten obligaciones que no corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales asumir, particularmente los gastos asociados a la etapa de tratamiento y monitoreo, de competencia de la aludida Municipalidad y que deben mantenerse por un largo lapso de 20 años, según la normativa vigente. Así, afirma que el Ministerio de Bienes Nacionales, en su calidad de propietario, no puede aceptar la responsabilidad inherente por la recuperación o devolución del inmueble fiscal, en las condiciones actuales, dado que carece de las competencias para, en definitiva, hacer frente a estos riesgos.

En consecuencia y conforme a lo expuesto, estima que no existe afectación de esta parte al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, así como tampoco Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En definitiva, no existe un actuar arbitrario ni ilegal en el actuar de la Secretaría Regional Ministerial.

Finalmente, hace presente que el crecimiento exponencial de la ciudad de Antofagasta ha contribuido a la urbanización y por consiguiente construcción de viviendas en sectores donde antes no existían, lo que contribuye a que sectores como el Ex Vertedero, estén más cerca de la población local.

Del recurso aparece que se estima como ilegal, el no ejercer las facultades legales, entre éstas indica la contraria, que sería el no cercar los sitios eriazos aledaños al ex vertedero, como medida de prevención para evitar las quemas, sin embargo, olvidan los recurrentes que dichos sitios son de competencia de la I. Municipalidad de acuerdo a lo que se contiene en la misma concesión del año 2021 y, por otro lado, tal como se señaló, las quemas en su mayoría han acontecido en el mismo terreno del ex vertedero que es de competencia de dicha Municipalidad y, en sectores de calles sujetas también a la competencia de la misma entidad.

Por otro lado, en cuanto a la supuesta arbitrariedad ya que en ningún caso el actuar de la Secretaría ha sido antojadiza ni caprichosa, en que, precisamente actuando dentro de sus facultades legales, ha realizado las fiscalizaciones pertinentes, comunicado y coordinado con los demás entes fiscales en post de buscar y ejercer las soluciones que de acuerdo con sus competencias legales le corresponden.

SEXTO: Que informó don nombre reservado, en representación de Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), solicitando el rechazo de la acción incoada, con costas.

Sostiene que lo expuesto por el recurrente no puede ser objeto del presente procedimiento cautelar, ya que lo que se pretende supone que esta sede declare obligaciones, imponiendo a la recurrida un deber de limpieza con periodicidad específica, a pesar de reconocer que FCAB habría cumplido con esta obligación, sin perjuicio de estimar que el cumplimiento sería imperfecto, en tanto señala que los esfuerzos habrían sido “insuficientes”.

En este contexto, considera que la acción promovida es improcedente toda vez que: (a) la acción ha sido presentada extemporáneamente; (b) ha sido presentada en una sede inidónea para la resolución del asunto ventilado; (c) el recurso no imputa hechos, actos u omisiones determinados a FACB; (d) no ha existido una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de FCAB, y; (e) no es efectivo que FCAB haya vulnerado las garantías constitucionales señaladas por la recurrente.

En primer término, considera que el recurso es extemporáneo, en tanto ni siquiera es posible determinar con claridad cuándo se habría verificado la omisión imputada. Así, señala que el último operativo de limpieza de la recurrida culminó el 08 de mayo de 2024, por lo que, en atención a la supuesta omisión de efectuar una limpieza mensual, ello habría ocurrido un mes después (09 de junio de 2024), sin embargo, la presente acción se interpuso con fecha 25 de julio; es decir, después de transcurridos los 30 días corridos desde la ocurrencia de la omisión.

De otro lado, afirma que el recurso no precisa cuál es la acción u omisión que se imputa a FCAB, es decir, si bien señala que se ha vulnerado la garantía de la integridad física y psíquica que se contempla en el artículo 19 N°1 y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación consagrado en el artículo 19 N°8, ambos de la Constitución Política de la República, no indica qué hechos u omisiones son las que se le atribuye al respecto, lo que viene en que la acción deducida debe ser desestimada.

En otro sentido, señala que el procedimiento cautelar de autos no es la vía idónea para discutir la materia puesta en conocimiento, toda vez que no se trata de un derecho indubitado, si no que, de la exigencia de una obligación consistente en ejecutar operativos de limpieza de manera periódica, debiendo ser objeto de un juicio de lato conocimiento, mediante el cual FCAB pueda ejercer su derecho a defensa y en la que se rinda prueba para efectos de acreditar los presupuestos sobre los que versa la solicitud de la contraparte.

En consecuencia, considera que la recurrida no ha cometido una acción u omisión ilegal o arbitraria. En esta línea, el marco normativo que regula la actividad del Ferrocarril Antofagasta Bolivia se encuentra principalmente en la Ley General de Ferrocarriles, Decreto N°1.157 del año 1931, que regula las denominadas “servidumbres originadas por vías férreas”. A partir del artículo 32 de dicha normativa, se desprende que la obligación que recae sobre FCAB consiste en mantener expedito y libre el tránsito de los trenes por la línea férrea, a fin de cumplir la finalidad que le es propia.

Luego, con el mismo objetivo, en el artículo 33 se estableció la prohibición de que terceros ocupen y descarguen todo tipo de productos que impidan el libre desplazamiento del tren. Así, respecto de estas últimas conductas, FCAB tiene la calidad de víctima. En ese orden de ideas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las cargas y obligaciones que sobre la faja ferroviaria impone la legislación de ferrocarriles, la recurrida ha realizado múltiples acciones para impedir la instalación o derechamente erradicar campamentos, canchas deportivas, calles irregulares, estacionamientos de vehículos, además de desplegar actividades de limpieza.

Respecto a lo que ocurre específicamente en el sector del ex vertedero La Chimba, entre las calles Limonita y Los Topacios, esto es, que terceros no individualizados arrojan basura en el predio de propiedad del Fisco de Chile, alcanzando la faja de 15 metros que ampara la línea ferroviaria, se ha implementado un plan especial de retiro de basura y escombros, en virtud del cual se refuerza la limpieza y despeje por completo del lugar cada 3 o 4 meses al año. Dichos operativos abarcan incluso terrenos que están fuera de la faja de protección de la línea férrea (15 metros) y que tiene un costo cercano a los $120.000.000. Adicionalmente, participa en cada una de las instancias gestionadas por las autoridades.

En conclusión, afirma que es totalmente falso que FCAB haya incurrido en las omisiones que refiere el recurso de protección, muy por el contrario, cumple más allá de lo que la legislación señala, descartándose un acto ilegal o arbitrario que se le pueda imputar; ni menos que haya afectado la vida e integridad de persona alguna o al medio ambiente.

SÉPTIMO: Que informó doña nombre reservado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (S), región de Antofagasta, al tenor del recurso interpuesto.

Señala que el sitio en cuestión se encuentra operando desde el año 1970, en el que se disponían los residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios de toda la comuna de Antofagasta. Luego, desde la entrada en vigor del Reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios, aprobado por el Decreto Supremo N°189 de 2005, el sitio a cargo de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta al no regularizar su situación no cuenta con autorización sanitaria para funcionar.

Por lo anterior, la operación del sitio ha generado problemas sanitarios en su funcionamiento, tales como: presencia de recolectores informales, cobertura de los residuos no adecuada, presencia de vectores de interés sanitario (moscas, perros y aves), convirtiéndose en un foco insalubre. Así mismo, informa que desde diciembre de 2019 la instalación ha sido utilizada solo para la disposición final de residuos de escombros, ya que se iniciaron las operaciones en el “Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios Comuna de Antofagasta”, Sector Chaqueta Blanca.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad sanitaria, dentro del ámbito de competencia ha realizado las siguientes acciones: fiscalizaciones permanentes al sitio de disposición y sus alrededores; levantamiento de actas de inspección e inicio de procesos sancionatorios; emisión de Resoluciones de Exigencias Sanitarias con plazos para su cumplimiento, como, por ejemplo, la Resolución Exenta N°2122/09-04-2015, la Resolución Exenta N° 4908/27-07-2015, entre otras. Asimismo, enumera una serie de oficios que contienen información acerca del inicio de sumarios sanitarios, solicitud de antecedentes, etc.

Luego, afirma que la Municipalidad de Antofagasta, a la fecha no ha presentado un Plan de cierre, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N°189. Abunda en que lo presentado por la municipalidad corresponde a un plan de operativo, referido a las medidas que la entidad edilicia debía adoptar con ocasión del cese de recepción de residuos domiciliarios y asimilables, para evitar riesgos a la salud de la población, el que presentó observaciones no subsanadas por el municipio.

De otro lado, precisa que la recurrida ha tenido participación en mesas intersectoriales, por ejemplo, el año 2012 participó en la mesa “no más quemas” liderada por la Gobernación Provincial de Antofagasta. Asimismo, ha participado en la elaboración de propuestas y observaciones al protocolo de implementación a de la Ley N°20.879, que “Sanciona el Transporte de Desechos hacia Vertederos Clandestinos”.

En cuanto a las quemas generadas al interior o exterior del ex Vertedero La Chimba, indica que se pueden clasificar como eventos de corto plazo que no generan un efecto real en la salud de la población. Además, señala que hay un set de recomendaciones estandarizadas, aplicables a todo tipo de incendios comunitarios, y que indican las medidas que pueden ser ejecutadas por parte de la comunidad.

En resumen, cuando se provocan este tipo de eventos, las personas tienden a pensar que existe un riesgo inminente a la salud de la población, sin embargo, estos efectos son puntuales y de corto plazo, por lo que no tienen una criticidad crónica en las personas, sobre todo teniendo presente el tiempo de exposición a los humos generados.

OCTAVO: Que informó nombre reservado M. nombre reservado, general de Carabineros, jefe de zona, respecto de la acción deducida.

En primer lugar, señala que el ex vertedero La Chimba, se encuentra emplazado en el sector territorial de la 5ta. Comisaria de Carabineros La Portada, Unidad Policial que en la actualidad mantiene un Índice de Cobertura Policial de 0,50, es decir, mantiene un déficit de 50% de oferta, para cubrir la demanda de 4 cuadrantes en el sector norte de la comuna de Antofagasta, conforme a las métricas establecidas en el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva (PCSP).

Señala que en el terreno en que se emplaza el ex vertedero La Chimba, durante el 2024 (enero-julio), se han registrado un total de 2.214 procedimientos policiales por diversos hechos, conforme a lo registrado en los distintos sistemas institucionales, lo que deja en manifiesto la gran cantidad de demanda.

Posteriormente, desde la implementación de servicios diarios desde el 01 de enero del 2023 hasta la actualidad, la labor por parte de Carabineros en el sector ha consistido en que, en el año 2023, se realizaron 1.436 controles preventivos y se cursaron 353 infracciones, mientras que, en el año 2024, ha habido 602 controles preventivos y se han aplicado 338 infracciones. Adicionalmente, describe los servicios dispuestos por concepto de vigilancia e indica que, durante el año 2023, se efectuaron 11 servicios en conjunto con la Delegación Presidencial y 184 servicios de dron, mientras que, en el año 2024 se han realizado 4 servicios en conjunto con la Delegación Presidencial y 32 servicios de dron.

Lo expuesto, demuestra el trabajo preventivo que en forma permanente ha realizado el personal de Carabineros de Chile, no obstante, no ha sido posible retirar vehículos de circulación, debido a la inoperatividad de los corrales municipales, situación que fue representada a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, mediante el Oficio N°128, de fecha 30 de noviembre de 2023, de la jefatura de zona, reiterado mediante similar documento N°96, de fecha 22 de julio 2024, de los cuales no se ha obtenido respuesta a la fecha.

A mayor abundamiento, señala que la Institución ha debido asumir una responsabilidad que por norma legal le corresponde exclusivamente a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, al mantener y velar actualmente por el resguardo y custodia en las distintas Unidades Policiales de un total de 244 vehículos. Lo anterior, torna imperioso la habilitación de un aparcadero municipal, ya que la omisión sobre esta tarea por parte del municipio va en directo detrimento de los servicios policiales en favor de la población de la ciudad.

NOVENO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

DÉCIMO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que estén vulnerados o amenazados por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

DÉCIMO PRIMERO: Que, atendida las alegaciones vertidas en el libelo recursivo y el tenor de los informes evacuados en autos, se desprende el quid del presente arbitrio radica en determinar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las recurridas, a quien el actor les atribuye el incumplimiento de sus obligaciones legales respecto de la actual situación que aqueja al sector correspondiente al ex vertedero La Chimba y sus alrededores, consistente en el vertimiento ilegal y quemas de basura, emisión de gases tóxicos y presencia de diversos vectores, lo que tiene por efecto la vulneración de los derechos garantizados por el articulo 19 Nos 1 y 8 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, al respecto, primeramente se debe señalar que la problemática que afecta a los vecinos de los sectores colindantes al ex vertedero La Chimba y sus alrededores, en la cual se sustenta el recurso incoado, no resulta ajena a esta Corte de Apelaciones, habiéndose deducido en su oportunidad sendas acciones constitucionales conocidas en causas Rol Nº604-2022 y Rol N°20.369-2022, siendo especialmente relevante esta última, en la cual, luego de constatarse el incumplimiento de la recurrida Municipalidad de Antofagasta a sus obligaciones legales, se resolvió acoger el recurso deducido en su contra, ordenándose por esta magistratura la adopción de una serie de medidas tendientes a cautelar las garantías constitucionales vulneradas de los vecinos del sector, a consecuencia del total abandono del recinto por parte de la entidad edilicia, siendo un hecho establecido que a dicha época, tal como sucede en la actualidad, se encuentra vigente la concesión del ex vertedero otorgada al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. A saber, las medidas ordenadas a la autoridad municipal en su oportunidad fueron las siguientes:

“1) Presentar en un plazo de quince (15) días, ante la autoridad sanitaria, un plan de cierre del vertedero La Chimba, el cual deberá cumplir con todos los requisitos legales, reglamentarios y administrativos que resulten pertinentes;

2) Ejecutar y terminar el Plan de Cierre, en un plazo no superior a trescientos sesenta y cinco (365)

días, ajustándose para ello a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios, Decreto 189 del Ministerio de Salud;

3) Mantener el Plan de Cierre, por un período de al menos veinte (20) años, en los términos previstos en el artículo 55 del Reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios, Decreto 189 del Ministerio de Salud;

4) Construir un cierre perimetral en torno al emplazamiento del ex vertedero La Chimba, disponer en el lugar vigilantes o guardias de seguridad como los demás mecanismos adecuados a fin de que no ingresen terceros a dicho inmueble, y no se dispongan, boten o arrojen escombros o basuras en los sectores adyacentes a dicho recinto, acciones que deberá desarrollar en un plazo no superior a treinta (30) días.

Por lo anterior, atendido a que el cumplimiento de las medidas ordenadas por la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, se ventila actualmente en autos sobre recurso de protección Rol N°20.369-2022, de cuya revisión constan presentaciones periódicas de las partes en orden a requerir e informar acerca de su acatamiento, constatando ahí que ya se encuentra construido el cierre perimetral del vertedero propiamente y existe custodia del lugar por guardias que impiden el ingreso al lugar, se estima inoficioso renovar el debate respecto las infracciones atribuidas a la recurrida Municipalidad de Antofagasta y que dicen relación con las medidas ya impuestas, tales como la adopción de medidas de seguridad y vigilancia en el vertedero y sectores aledaños; adopción y ejecución del respectivo plan de cierre en cumplimiento de las exigencias legales, reglamentarias y sectoriales -entre ellas el plan de remediación-; así como el cierre perimetral del vertedero; medidas cuyo cumplimiento es posible requerir, tal como se hace por el apoderado de las recurrentes, mediante las correspondientes solicitudes de informes y apercibimientos en la referida causa, siendo claro que el plan para recuperar el terreno está en desarrollo, en este momento en etapas iniciales.

DÉCIMO TERCERO: Que, asentado lo anterior, corresponde determinar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar omisivo atribuido igualmente a los demás entes recurridos, respecto de los cuales también se solicita por el actor la adopción de medidas concretas relacionadas con la limpieza periódica del sector; denuncias y vigilancia en el lugar, en especial en los terrenos aledaños al lugar, espacio en el cual por lo demás se han desarrollado los focos de incendio de los cuales se da cuenta en los antecedentes aportados por la recurrente.

Lo anterior, resulta especialmente relevante respecto a las demás autoridades administrativas recurridas, las que, conforme al principio de servicialidad consagrado expresamente en el artículo 1º de la Constitución, deben contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales, entre ellas, las que se invocan como vulneradas por los actores.

DÉCIMO CUARTO: Que, respecto de la Seremi de Bienes Nacionales, se le atribuye por el recurrente responsabilidad respecto de los sectores aledaños al ex vertedero municipal, cuya administración detenta al ser propiedad del Estado, y en donde, según informa la propia autoridad recurrida, se forman microbasurales urbanos de cuya existencia también da cuenta el informe del INDH acompañado por el recurrente, quien exige de dicha autoridad la construcción de un cierre perimetral que permita prevenir la acumulación y quema ilegal de basura, pretensión que a juicio de esta Corte resulta cuestionable en cuanto a su efectividad, considerando el costo informado por la autoridad, además de la actual obligación que pesa sobre el municipio de vigilar y disponer seguridad en los sectores adyacentes al vertedero dispuesta como medida en la sentencia citada en el considerando décimo segundo.

DÉCIMO QUINTO: Que, respecto de la omisión de denuncias atribuida indeterminadamente por el recurrente a las autoridades, se debe señalar que la efectividad de dicha afirmación resulta de difícil determinación, siendo, además, como se señala en el propio libelo recursivo, una obligación legal cuyo incumplimiento debe ser debidamente denunciado e investigado mediante un procedimiento administrativo de fondo, excediendo dicha determinación el objeto del presente recurso.

En la misma línea, lo informado por Carabineros de Chile, respecto de las numerosas actuaciones y procedimientos efectuados y realizados en el sector en los últimos dos años, controvierte abiertamente las alegaciones acerca de inactividad policial desplegada en el sector, debiendo desecharse dichas aseveraciones y, en consecuencia, el recurso a su respecto.

DÉCIMO SEXTO: Que, respecto de la ilegalidad atribuida a la empresa recurrida Ferrocarriles Antofagasta Bolivia, derivada de los preceptos legales invocados por el actor, no se advierte la efectividad de incumplimientos a dicha normativa -Decreto N°1.157 del año 1931 que regula servidumbres originadas por vías férreas-, desde que no se aprecia en el citado artículo 32 otra obligación que la expresamente establecida en aquella, consistente en mantener expedito y libre el tránsito de los trenes por la línea férrea a fin de cumplir la finalidad que le es propia, obligación que categóricamente señala dar cumplimiento la recurrida, incluso más allá de sus obligaciones legales, afirmando realizar periódicamente operativos de limpieza con este objetivo, el último de ellos ejecutado en mayo del presente año, incorporando a su informe imágenes que dan cuenta de su realización, lo no que no permite asentar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, por lo que se rechazará el recurso a su respecto.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, respecto del actuar de las demás autoridades, debe señalarse que conforme a lo informado por las recurridas, Delegación Presidencial, Gobierno Regional, y SEREMI de Salud, se advierte que, sin perjuicio de la titularidad de administración del vertedero radicada en el Municipio en virtud de la vigencia de la concesión, las referidas autoridades, dentro de sus competencias y en uso de sus facultades legales, han desplegado diversas medidas para abordar la problemática que afecta al sector, destacándose especialmente de lo informado por la Delegación Presidencial, el proceso de limpieza y control de plagas realizado durante los meses de marzo a mayo de 2023, con la colaboración financiera del Gobierno Regional de Antofagasta, que implicó el carguío, traslado y disposición final de más de 6.725 toneladas de residuos habidos en las calles aledañas al ex vertedero La Chimba.

DÉCIMO OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, atendido el estado actual de los sectores aledaños al vertedero, área en la cual se ha verificado un creciente desarrollo inmobiliario, y no siendo un hecho controvertido la continua existencia y proliferación de microbasurales en los que, con cierta periodicidad, se sigue generando emanación de gases tóxicos derivados de las quemas ilegales, lo que, en mayor o menor entidad, afecta la salud y calidad de vida de los vecinos del sector, hace indispensable la adecuada coordinación de las autoridades para gestionar la realización de medidas como la señalada en el motivo precedente, considerando especialmente lo informado por el Gobierno Regional en cuanto a la disponibilidad de recursos para tales efectos, y teniendo en cuenta que respecto de los terrenos aledaños, la Municipalidad indica no ser de su responsabilidad al no existir calles propiamente tal en las que deba procurar limpieza, haciendo presente que quienes deben coordinar medidas son las autoridades del ejecutivo, y por otra parte estas deslindan responsabilidad en el ente edilicio, situación de discusión que sin lugar a dudas dificulta y retarda la búsqueda de soluciones adecuadas para el problema real que vive el sector, según ya se dijo.

Lo anterior, tomando como antecedente de buena gobernanza la constitución de la “Mesa de Alto Nivel sobre ex vertedero La Chimba” en el año 2023, instalada luego del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que denunció la efectiva vulneración de los derechos fundamentales que igualmente se invocan en la presente acción constitucional, situación que persiste en la actualidad, haciendo necesaria la adopción de medidas por esta vía constitucional, debiendo, en consecuencia, acogerse el recurso en la forma en que se dirá a continuación, disponiendo como una medida la instalación de una mesa que trabaje coordinadamente en la búsqueda de soluciones para abordar el problema de insalubridad que afecta al sector en cuestión, desde que la omisión de tales soluciones en su deber de determinar coordinadamente las medidas adecuadas al efecto, implica una infracción al principio de coordinación de los entes públicos establecida en el artículo 3° de la Ley 18.575, la que afecta en este caso el derecho de los ciudadanos de vivir en un medio ambiente libre contaminación, contemplado en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República de Chile, lo que amerita acoger el presente recurso en los términos que resulta posible, sin que esta decisión jurisdiccional emanada en el ejercicio de las facultades conservadoras, invada el ámbito de la gestión de la política pública.

DÉCIMO NOVENO: Que no se hará lugar a las demás medidas solicitadas por los recurrentes, desde que aquellas dicen relación derechamente con la dirección de la política pública y la distribución del presupuesto estatal, cuestiones que no resulta posible disponer la forma en que se desarrolla sin afectar lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Javier Mandaleris Jara, en representación del Comité de Adelanto y Seguridad Vecinos San nombre reservado y de la Junta de Vecinos Portal Vientos del Norte de Antofagasta, solo en contra del Gobierno Regional de Antofagasta; de la Delegación Presidencial de Antofagasta; de la Municipalidad de Antofagasta; de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales; y de la Secretaria Regional de Salud de Antofagasta, y únicamente en cuanto se ordena a dichas autoridades coordinar la constitución de una mesa de trabajo en el plazo de 30 días desde ejecutoriada que sea esta sentencia, para abordar los siguientes puntos: 1.- Evaluar el estado actual del sector del ex vertedero municipal y sus alrededores; 2.- Coordinar un operativo de limpieza con el objeto de erradicar los microbasurales existentes en el sector, tomando como referencia el operativo informado por la Delegación Presidencial realizado en el año 2023 y evaluar la necesidad de su periodicidad; 3.- Evaluar la adopción de otras medidas que resulten pertinentes hasta el efectivo cierre y concreción del plan de remediación aún pendiente de ejecución.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la fiscala judicial de esta Corte de Apelaciones doña nombre reservado, quien, si bien comparte al conclusión de la afectación existente al derecho del N°8 del referido artículo 19 por la falta de medidas tendientes a eliminar los microbasurales existentes en los alrededores del ex vertedero referido, estima que no existe un derecho indubitado en cuanto a quien es el responsable de adoptar las medidas necesarias para remediar la situación denunciada. Se suma a lo anterior que todas las acciones posibles de adoptar dicen relación con gestiones que implican desarrollo de política pública, cuya decisión excede el ámbito de esta acción constitucional, razones por las cuales la disidente estima que el recurso debe ser rechazado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1802 – 2024. (PROTECCIÓN)

Redactó el ministro titular señor Juan Opazo Lagos.