Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S

Antofagasta, a diez de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., y en contra de la Superintendencia de Pensiones, por haber desconocido ilegal y arbitrariamente el certificado de afiliación a una sociedad de administradora de fondos de pensiones y cesantías del país de origen. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido a que impide la devolución de fondos previsionales pese a cumplir con todos los requisitos legales establecidos, vulnerando, con ello, el derecho fundamental de igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2 de la Constitución Política de la República.

Informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones, al tenor del recurso interpuesto.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su pretensión exponiendo que nombre reservado mantuvo una relación laboral de carácter indefinido con la empresa Lari Obras y Servicios SpA, ejerciendo funciones como técnico multiproductos, desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 9 de enero de 2025, estableciéndose en el contrato de trabajo la cláusula que manifiesta la voluntad de permanecer afiliado a la seguridad social de su país de origen. En este contexto, solicitó ante Afp Modelo la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N° 18.156, modificada por la Ley N° 18.726, dando íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos e informados por la Superintendencia de Administraciones de Fondos de Pensiones, constando dicha solicitud en el comprobante de retiro de fondos N° NUM000.

Señala que el 2 de septiembre de 2025 la administradora de fondos recurrida informó al recurrente que debía acompañar certificado de afiliación al sistema de seguridad social del país de origen, rechazando la solicitud por considerar que el certificado emitido por la Sociedad Administradora de Fondos y Cesantías Porvenir S.A., de 17 de enero de 2025, no acreditaba las coberturas a todo evento exigidas por la normativa vigente, específicamente, en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, pese a que dicho documento detalla exhaustivamente las coberturas existentes para cada contingencia.

Argumenta que la exigencia de que el certificado contenga las palabras real y efectivamente constituye una obstaculización del proceso mediante una formalidad no contemplada en la Ley N° 18.156 ni en su modificación contenida en la Ley N° 18.726. Sostiene que el certificado acompañado cumple con acreditar la cobertura de los riesgos exigidos durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones en su Oficio N° 31143 de 8 de noviembre de 2021.

Expone que se ha infringido la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, N° 2 de la Constitución Política, toda vez que la recurrida ha dado al recurrente un trato desigual y discriminatorio respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con la misma documentación, han obtenido respuestas favorables, estableciendo una diferencia arbitraria no contemplada en la normativa aplicable.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene reconocer como válido el certificado de afiliación del país de origen suministrado, procediendo la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable.

SEGUNDO: Que evacúa informe la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., quien solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Señala que el recurrente nombre reservado presentó tres solicitudes de devolución de fondos previsionales bajo los números NUM001, NUM002 y NUM003, el 10 de febrero, 30 de abril y 29 de agosto de 2025, respectivamente, invocando su calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156.

Dichas solicitudes corresponden a cotizaciones enteradas por su empleador Lari Obras y Servicios SpA entre agosto de 2015 y enero de 2025.

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, el recurrente acompañó su título profesional debidamente apostillado, un certificado de afiliación emitido por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y el contrato de trabajo con anexo suscrito con el referido empleador.

Expone que, tras el análisis exhaustivo de los antecedentes, rechazó las tres solicitudes mediante resolución fundada, señalando principalmente dos motivos. En primer lugar, sostiene que el certificado de afiliación presentado no acredita que las coberturas previsionales sean "a todo evento", requisito esencial establecido en el artículo 1, letra a) de la Ley N° 18.156. Específicamente, argumenta que la cobertura por enfermedad no señala que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias integrales; la prestación por invalidez solo cubre desde el día 181 de incapacidad hasta un máximo de 360 días, evidenciando períodos sin cobertura; la contingencia de vejez está condicionada a requisitos de edad o capital acumulado; y la cobertura por muerte se encuentra limitada a enfermedades o accidentes de origen común. En segundo lugar, indica que no fue posible acreditar la veracidad y autenticidad del anexo de contrato de 1 de enero de 2025, documentación que hasta la fecha no ha sido acompañada en formato original y físico como fue requerido.

Fundamenta su actuación en el estricto cumplimiento de la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Cita específicamente los Oficios N° 31143 de 2021, N° 21.480 de 2017, N° 21341 de 2023, N° 3141 de 2024 y N° 10336 de 2025, los cuales establecen que debe acreditarse mediante documento específico que el trabajador extranjero contó efectivamente con protección a todo evento para todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo de prestación de servicios en Chile.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que evacúa informe la Superintendencia de Pensiones.

Como cuestión previa, opone excepción de improcedencia del recurso, argumentando que la situación reclamada excede el ámbito propio de la acción constitucional de protección. Fundamenta esta excepción señalando que el recurso de protección tiene por finalidad salvaguardar derechos indubitados mediante el restablecimiento inmediato del imperio del derecho, no siendo idóneo para resolver controversias que requieren de un proceso jurisdiccional de lato conocimiento.

Manifiesta que no registra reclamo ni presentación alguna del señor nombre reservado respecto de los hechos que motivan el recurso, no existiendo antecedentes sobre la acción interpuesta. Destaca que el recurrente no individualiza ni hace referencia a acto alguno emanado de dicho organismo fiscalizador.

Expone el marco normativo aplicable, explicando que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional que permite a trabajadores técnicos extranjeros obtener la devolución de sus fondos previsionales, siempre que cumplan copulativamente con los requisitos establecidos en su artículo 1°. El primer requisito, contenido en la letra a), exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo acreditar cobertura integral durante toda la relación laboral. El segundo requisito, establecido en la letra b), requiere que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Argumenta que, conforme a su jurisprudencia administrativa consolidada, no resulta suficiente un documento genérico sobre coberturas del sistema previsional ni una cartola de cotizaciones, sino que se requiere certificación específica de la autoridad competente que acredite la cobertura efectiva por todos los riesgos durante el período de servicios en Chile. Adicionalmente, señala una contradicción fundamental en el caso del recurrente, quien habría manifestado su intención de mantener afiliación en su país de origen recién el 1 de enero de 2025, mediante anexo de contrato, cuando la relación laboral se había iniciado en junio de 2015, finiquitándose pocos días después de suscrito dicho anexo.

Sostiene que su actuación se ajusta estrictamente a la normativa legal y reglamentaria vigente, ejerciendo las facultades interpretativas que le confieren el artículo 47 N°7 de la Ley N°20.255, el artículo 94 N°3 del D.L. N°3.500 y el artículo 3° literal i) del D.F.L. N°101 de 1980. Enfatiza que el no cumplimiento de los requisitos para el retiro excepcional de fondos no implica pérdida de los mismos, manteniéndose indemnes todos los derechos previsionales establecidos en el D.L. N°3.500 para su ejercicio futuro.

Finalmente, solicita que se declare improcedente el recurso de protección por exceder la naturaleza y finalidad de esta acción cautelar; en subsidio, solicita su rechazo por no existir ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar, atendido que no ha emitido pronunciamiento alguno respecto del recurrente y que la controversia sobre el cumplimiento de requisitos legales debe resolverse en sede jurisdiccional ordinaria.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por un hecho o acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que el recurrente dedujo esta acción cautelar en contra de Afp Modelo S.A., por considerar arbitraria e ilegal el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundado en que ésta no cumpliría con los requisitos establecidos en la ley que regula la materia, esto es, la Ley N° 18.156.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, al efecto se deberá tener presente lo señalado en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, el cual señala: “ARTICULO 1° Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

Por su parte, el artículo 7° del mismo texto legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”.

En este caso, de la revisión de los antecedentes acompañados por la recurrida, mismos que habrían sido acompañados a la solicitud presentada, conforme a lo señalado en su informe, es posible establecer que, desde el punto de vista formal, se incorporaron los documentos que establece la norma, salvo la documentación laboral respecto del empleador Lari Obras y Servicios, en formato original y físico.

De esa forma, el conflicto se genera a propósito de la cobertura parcial que registra el actor en su país de origen y de la falta de documentación laboral.

OCTAVO: Que, de acuerdo con el certificado de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., se logra advertir, que el recurrente se afilió el 1 de junio de 2012 y que su estado es activo. Así, se acredita que el actor cuenta con cobertura para las siguientes contingencias: enfermedad, vejez, invalidez y muerte. Sin embargo, tales coberturas no son a todo evento, por cuanto, respecto de la prestación de enfermedad, esta no señala que comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, lo cual impide acreditar que la prestación por salud sea integral. En el caso de la prestación por invalidez, el documento señala que corresponde al fondo asumir desde día 181 de incapacidad y hasta un máximo de 360 días contados a partir del mismo, por lo que se acredita que no está cubierto a todo evento. En lo que respecta a la contingencia de vejez, señala que se encuentra condicionada a la edad establecida en la ley o cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita tener pensión superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente.

Por último, respecto de la contingencia de muerte, se encuentra condicionado a enfermedad o accidente de origen común.

NOVENO: Que la norma en cuestión debe ser interpretada de manera restrictiva, por cuanto, la Ley N° 18.156 es una norma de excepción y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos.

Al efecto, aparece que la norma expresa que se otorgará este derecho en la medida de que “a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.” De esta forma, el certificado incorporado por el recurrente, señala todas las restricciones a que se hizo referencia precedentemente, de tal forma que no puede concluirse que las prestaciones médicas y pecuniarias puedan ser otorgadas de manera integral.

Además, la Superintendencia de Pensiones, en su informe (Oficio N° 31143 de 2021 y otros), ha sido clara en exigir que la cobertura extranjera debe ser efectiva, específica y continua durante todo el período laboral en Chile, y debe incluir prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad. Por lo que, el certificado presentado no cumple con estos estándares.

En consecuencia, debe descartarse ilegalidad en la actuación reprochada, en la medida que se aplicó irrestrictamente la norma precitada y que, en todo caso, la recurrida actuó en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

En otros términos, no basta con una afiliación a un sistema previsional extranjero, dado que se requiere un documento específico que acredite que el trabajador contó con cobertura completa e íntegra, durante todo su período laboral en Chile y para todos los riesgos exigidos (enfermedad, invalidez, vejez y muerte).

DÉCIMO: Que, de igual forma, no se advierte acto u omisión arbitrario, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa.

DÉCIMO PRIMERO: Que tampoco existe constancia en autos que la recurrente haya dado cumplimiento al envío de la documentación laboral respecto del empleador Lari Obras y Servicios SpA., en forma original y físico.

DÉCIMO SEGUNDO: Que incluso lo razonado precedentemente, la acción cautelar presentada, no se encuentra en condiciones de prosperar, dado que no se logra evidenciar, las vulneraciones a las garantías constitucionales alegadas.

Por un lado, en relación con el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, se debe indicar que la Ley en comento, establece requisitos objetivos aplicables a todos los extranjeros por igual. Además, no se incorporó antecedente alguno, que permita evidenciar que, en casos similares, la recurrida, haya decidido de forma diversa.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, la Afp Modelo S.A. actuó en estricto cumplimiento de la ley y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, sin margen para flexibilizar los requisitos aplicables. De esta forma, el rechazo a la solicitud de retiro de fondos fue legal, encontrándose debidamente fundada, no vulnerando los derechos constitucionales invocados por el recurrente.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1792-2025 (Protección)