Protección contra SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de doña Makarena García Dinamarca, abogada, en representación de don nombre reservado, RUN N° RUT reservado, funcionario titular del Servicio de Salud Antofagasta, quien interpuso recurso de protección en contra del SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación, tramitación y ejecución de la Resolución TRA N° 426/16/2026, de fecha 16 de junio de 2026, tomada de razón por la Contraloría General de la República con fecha 6 de julio de 2026, y notificada al funcionario mediante Reservado N° 0040 de fecha 8 de julio de 2026, que declara vacante el cargo por salud incompatible, por ser a su juicio ilegal y arbitraria, vulnerando los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando restablecer el imperio del derecho, y se adopten las medidas que juzgue necesarias a fin de que se respeten los derechos y garantías vulnerados y, consecuencialmente, ordenar se invalide el acto administrativo impugnado.

Consta a folio 7 del expediente, que con fecha once de agosto del presente año, se dispuso la acumulación a la presente causa del Rol 1813-2026 (nombre reservado) por haberse recurrido de protección esta vez por el abogado Alejandro Cáceres Aguirre, en representación del mismo recurrente, y respecto del mismo acto u omisión invocado como fundamento en el recurso de autos, adicionando en su solicitud orden de no innovar.

Informó el Servicio de Salud de Antofagasta instando por el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en relación al recurso de protección Rol 1787-20256, se funda en que el recurrente es funcionario titular del Servicio de Salud Antofagasta desde el año 2007, quien se desempeña como Enfermero Reanimador SAMU, impugna la Resolución TRA N° 426/16/2026 que declaró vacante su cargo por salud incompatible, fundada en haber hecho uso de 286 días de licencias médicas en los dos años anteriores.

Sostiene que dicha decisión es ilegal y arbitraria, toda vez que las licencias médicas que efectivamente registró obedecieron a patologías traumatológicas de carácter transitorio y recuperable, consistentes principalmente en afecciones del pie derecho y una rotura del tendón de Aquiles izquierdo, todas debidamente diagnosticadas, tratadas y amparadas por licencias autorizadas.

Agrega que, a solicitud del propio Servicio, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez emitió la Resolución Folio N° 20167568, ejecutoriada el 7 de abril de 2026, concluyendo expresamente que su estado de salud era “recuperable”, y que posteriormente obtuvo alta médica, reincorporándose efectivamente a sus funciones el 22 de marzo de 2026, desempeñando sus funciones sin restricciones, circunstancia reconocida por la propia autoridad recurrida.

Refiere además que, con posterioridad a su retorno, fue calificado con desempeño sobresaliente y que su médico tratante certificó que se encontraba completamente recuperado, sin secuelas ni limitaciones funcionales.

Expone que, pese a dichos antecedentes, la autoridad recurrida aplicó el artículo 151 del Estatuto Administrativo, limitándose a efectuar un cómputo aritmético de los días de licencia médica utilizados, sin efectuar análisis alguno acerca de la compatibilidad actual de su estado de salud con las funciones propias de su cargo, ni expresar las razones que justificarían apartarse del pronunciamiento técnico de la COMPIN. Añade que durante el seguimiento efectuado por el Comité Local de Ausentismo Laboral se constató reiteradamente la existencia de dificultades asociadas al calzado de seguridad exigido para el desempeño de sus funciones, recomendándose medidas preventivas y apoyo institucional, sin que se efectuara una evaluación concreta sobre una eventual incompatibilidad permanente de salud.

Sostiene que la resolución impugnada carece de motivación suficiente, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, y que la interpretación efectuada del artículo 151 de la Ley N° 18.834 desconoce el sentido de la reforma introducida por la Ley N° 21.050, que incorporó la intervención previa de la COMPIN como antecedente técnico relevante para la decisión administrativa.

Alega, asimismo, que la actuación recurrida vulnera las garantías contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privarlo injustificadamente de su cargo pese a encontrarse recuperado, reincorporado a sus labores y con un desempeño satisfactorio. En apoyo de sus alegaciones invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que ha establecido la necesidad de motivar adecuadamente las resoluciones que declaran vacante un cargo por salud incompatible y de justificar expresamente las razones por las cuales la autoridad administrativa se aparta de una evaluación de salud recuperable emitida por la COMPIN. Por ello solicita dejar sin efecto la resolución impugnada, disponer su reincorporación al cargo que servía y ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.

En lo relativo al recurso de protección Rol 1813-2026, en síntesis, impugna la Resolución TRA N.° 426/16/2026 del Servicio de Salud Antofagasta, que declaró vacante su cargo de Enfermero Reanimador SAMU por estimar configurada la causal de salud incompatible del artículo 151 del Estatuto Administrativo, fundada en haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses dentro de los dos años anteriores.

Sostiene que dicha decisión es ilegal y arbitraria, por cuanto, previo a su dictación, la COMPIN emitió un pronunciamiento concluyendo expresamente que presentaba un estado de salud recuperable, antecedente que fue reconocido por la propia autoridad administrativa, sin que ésta explicitara las razones para apartarse de dicha conclusión técnica.

Agrega que, tras superar las patologías traumatológicas que motivaron sus licencias médicas, se reincorporó efectivamente a sus funciones el 22 de marzo de 2026, desempeñándose normalmente por aproximadamente cuatro meses antes de la notificación de la resolución impugnada, manteniendo además una trayectoria funcionaria de más de diecinueve años sin sanciones y con evaluaciones destacadas.

Refiere que la autoridad resolvió sobre la base exclusiva del número de días de ausentismo, sin ponderar su condición médica actual, su recuperación efectiva, el informe favorable de COMPIN, ni la compatibilidad real entre su estado de salud y las funciones del cargo, infringiendo los principios de motivación, razonabilidad y proporcionalidad consagrados en la Ley N.° 19.880 y desnaturalizando la finalidad de la reforma introducida por la Ley N.° 21.050.

En consecuencia, estima vulneradas las garantías contempladas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se deje sin efecto la resolución recurrida, se ordene su reincorporación al cargo y el pago de las remuneraciones y beneficios dejados de percibir.

SEGUNDO: Que, informó el Servicio de Salud Antofagasta solicitando el rechazo del recurso, sosteniendo que la resolución que declaró vacante el cargo del recurrente por salud incompatible fue dictada en estricto apego a la normativa estatutaria aplicable.

Expone que el actor, hizo uso de licencias médicas continuas y discontinuas por más de seis meses dentro de los dos últimos años, cumpliéndose el presupuesto objetivo previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley N°18.834. Agrega que, previo a adoptar la decisión, se requirió el pronunciamiento de la COMPIN, la cual mediante resolución de 13 de marzo de 2026 calificó la salud del funcionario como recuperable, requisito que precisamente habilita el ejercicio de la facultad contenida en el citado artículo 151. Señala asimismo que la Resolución TRA N°426/16/2026 fue sometida al trámite de toma de razón por la Contraloría Regional de Antofagasta y posteriormente notificada al recurrente.

Sostiene que la acción de protección resulta improcedente, por cuanto el recurrente pretende controvertir la fundamentación, mérito y legalidad de un acto administrativo, materias de carácter contencioso-administrativo que requieren un conocimiento de fondo y actividad probatoria incompatibles con la naturaleza cautelar del recurso.

Añade que no existe un derecho indubitado susceptible de tutela por esta vía, desde que la controversia exige analizar antecedentes médicos, actuaciones administrativas y la correcta aplicación del Estatuto Administrativo.

En cuanto al fondo, afirma que la autoridad actuó dentro de una potestad expresamente reconocida por la ley, verificándose todos los requisitos para declarar la salud incompatible con el desempeño del cargo: uso de licencias médicas por más de 180 días en dos años, inexistencia de declaración de salud irrecuperable, exclusión de las hipótesis legales exceptuadas y evaluación previa por COMPIN.

Precisa que la circunstancia de haberse declarado la salud como recuperable no impide la aplicación de la causal, citando jurisprudencia administrativa de Contraloría que reconoce que dicha calificación constituye un antecedente para la autoridad y no obstaculiza la declaración de vacancia por salud incompatible.

Aduce además que el acto se encuentra suficientemente motivado, pues consigna la calidad funcionaria del actor, el detalle del ausentismo por licencias médicas, el pronunciamiento de la COMPIN y la normativa que sirve de fundamento a la decisión. Añade que durante años el Servicio efectuó un seguimiento permanente del funcionario mediante visitas domiciliarias, llamados telefónicos y revisiones periódicas por el Comité de Ausentismo, informándole reiteradamente acerca de las consecuencias estatutarias derivadas del prolongado ausentismo, adoptando incluso medidas para facilitar su eventual reincorporación laboral, entre ellas la adquisición de implementos de seguridad adaptados a sus condiciones de salud.

Expone que el recurrente registró numerosas licencias médicas entre los años 2024 y 2026, acumulando más de 180 días de ausentismo en el período relevante e incluso 980 días de ausentismo desde el año 2007 al 2025. Refiere que el Comité de Ausentismo analizó reiteradamente su situación, dispuso el envío de antecedentes a COMPIN y, obtenida la declaración de salud recuperable, la autoridad resolvió aplicar el artículo 151 del Estatuto Administrativo, atendida la necesidad institucional de asegurar la continuidad del servicio, especialmente considerando las funciones críticas que el actor desempeñaba en el SAMU.

Finalmente, niega la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, sosteniendo que no existe afectación a la integridad física o psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso ni derecho de propiedad, toda vez que la declaración de vacancia constituye el ejercicio de una potestad legal fundada en antecedentes objetivos y orientada al resguardo del principio de servicialidad del Estado y a la continuidad de la prestación de salud a los usuarios de la red asistencial.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en efecto, en la especie se ha alegado en ambos recursos, como actuación ilegal o arbitraria la Resolución TRA N°426/16/2026, emitida por el Servicio de Salud de Antofagasta, que declara vacante el cargo por salud incompatible con el desempeño del mismo.

SEXTO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, se debe señalar la normativa aplicable en la especie.

Así, el artículo 146 de la Ley N°18.834 del Estatuto Administrativo, refundida por el D.F.L. N°29, establece que: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”.

Asimismo, el artículo 150 del referido cuerpo legal señala cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución impugnada por esta vía, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Titulo II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Continúa el artículo 152 del mismo cuerpo legal indicando que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador.”

SÉPTIMO: Que, del análisis precedente, se advierte que la vacancia fue declarada de conformidad al inciso 1° del artículo 151 previamente citado, esto es, “vacancia de cargo por salud incompatible”, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que per se no permite acreditar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, advirtiéndose, por el contrario, que la decisión se encuentra debidamente fundada y que ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a dictar la vacancia del cargo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo.

OCTAVO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del Principio de Servicialidad que impone a los jefes de los servicios, el deber de velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, considerando que, en el caso de marras, la especialidad y criticidad del cargo que ostentaba la recurrente, permite justificar la decisión de la recurrida, atendido el prolongado ausentismo y la necesidad de contar con personal disponible que permita atender las necesidades de los usuarios del sistema.

NOVENO: Que, en consecuencia, atendido lo analizado en los considerandos precedentes, el acto administrativo recurrido no es ilegal ni arbitrario, pues emana de la autoridad competente y sus fundamentos se ajustan a la ley, desde que la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de empleado público sólo requiere estar con licencia médica por más de 180 días en el plazo de dos años, lo que sucedió en la especie, no siendo relevante para estos efectos que la salud se pueda recuperar o no, porque en uno u otro caso la conclusión es la misma, con la única salvedad que si la salud es irrecuperable, debe aplicarse el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo, situación diversa de la indicada en el artículo anterior, por lo que deberá rechazarse el arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, los recursos interpuestos por los abogados Makarena García Dinamarca y Alejandro Cáceres Aguirre, en representación de nombre reservado, en contra del SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1787-2026 (nombre reservado) (Acumulada con Rol 1813-2026 nombre reservado)