Protección contra siguientes autoridades

Antofagasta, a veintitrés de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Alejandro Navarro Brain, Rut. RUT reservado, Senador de la República y Presidente de la Comisión de Derechos humanos y La Federación Nacional de Trabajadores Conductores de Chile, representada por nombre reservado, y 10 trabajadores del transporte público interponiendo recurso de protección en contra de las siguientes autoridades: La Intendencia Regional de Antofagasta, la SEREMI de Salud de Antofagasta y el Jefe de la Defensa Nacional de Antofagasta, y en contra de las siguientes empresas: Línea 2 S.A, Transportes Alborada S.A, Línea 4 S.A, Línea 7 S.A, Transportes Futuro Limitada, Línea 10 S.A, Línea 11 S.A, Transportes Colectivos S.A, Transmul S.A, Sociedad de Transportes Vieval SPA, Línea 29 S.A y Sociedad de Transportes Ruta 121 Ltda.

Informaron las recurridas. Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente basa su acción cautelar en que la presente acción cautelar se deduce por ellos y en favor de todos los conductores de las empresas recurridas, además por todos los conductores del transporte público de la Región de Antofagasta quienes han solicitado apoyo para ser representados por miedo a que se adopten en su contra represalias, manteniendo por ahora en reserva su identidad. Asimismo, se deduce el recurso en favor de los familiares que viven con los trabajadores, quienes en caso de contagio se verán afectados directamente por las acciones y omisiones que se denuncian a través de la presente acción.

En primer lugar, los recurrentes se refieren a los antecedentes sobre la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país, destacando que en la Región de Antofagasta los dueños de las maquinas suman en total 720 buses en los que laboran cerca de 1.000 conductores, quienes han visto mermado sus ingresos y temen ser contagiados. En este sentido, se ha tratado de frenar la curva de contagio a través del aislamiento social y la prohibición de circular por las calles, sin embargo, dichas medidas adoptadas por el gobierno han sido insuficientes.

Agregan que ni siquiera las medidas menos gravosas como la adecuada protección y sanitización del transporte público han sido cumplidas a cabalidad, los trabajadores recurrentes tienen contacto directo con muchas personas, manejan dinero fuente directa de contagio. En este escenario, los trabajadores han denunciado la falta de sanitización de los buses, garitas, casinos, servicios higiénicos y zonas comunes, no obstante, los empresarios solo le han suministrado una mascarilla desechable a la semana, cuestión a todas luces insuficiente.

El 17 de marzo del año en curso, el Ministerio de Transportes anunció un gran plan de fiscalización, el que no se ha cumplido respecto de los actores, pues los funcionarios se han limitado sólo a desinfectar las pisaderas.

Lo que se solicita en definitiva es que se cumpla por parte de las empresas recurridas con el apoyo de fiscalización y eventual provisión de elementos por parte de las autoridades recurridas estándares suficientes para evitar los contagios, ya que existen choferes adultos mayores y otros con problemas de salud como diabetes e hipertensión, requiriéndose la adopción de medidas eficaces. Por su parte, las autoridades indicadas no han ordenado el cumplimiento de ninguna medida preventiva para el transporte público ni tampoco han desplegado fiscalizaciones, pese a tener la SEREMI de Salud facultades para ello de acuerdo con el Decreto de Alerta Sanitaria, tampoco se ha verificado la fiscalización de la Inspección del Trabajo pese a haberse denunciado las precarias condiciones de trabajo.

En virtud de lo expuesto, el Estado ha tenido un papel ausente dotado de una especie de vocación de negligencia al borde de lo criminal, manteniendo su preocupación en la macroeconomía y los empresarios por sobre las derechos de los trabajadores y las personas que utilizan el transporte público.

Como argumentos de derecho, estima que en la especie se han vulnerado los artículo 19 N° 1 y 2 de nuestra Carta Fundamental, es decir, el derecho a la vida e integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley. Lo anterior, en concordancia con el artículo 184 bis del Código del Trabajo y el Decreto N° 4 del 05 de enero de este año del Ministerio de Salud.

Concluye que en caso de no estimarse que las omisiones denunciadas son ilegales, estas deben considerarse arbitrarias ya que el Plan de Sanitización Químico anunciado por el Ministerio de Transporte no se ha aplicado en las empresas recurridas pese a la situación actual y el número de contagiados, siendo imprudente e ilógico que estas no hayan entregado los elementos de protección adecuados.

Solicita en definitiva que las empresas entreguen a todos los choferes en cantidades suficientes los siguientes elementos: mascarillas n 95, guantes plásticos, mascaras de mica, overoles, alcohol gel, se instale una mica transparente para evitar el contacto con pasajeros y que las empresas dispongan todas las medidas de seguridad que permitan el absoluto aislamiento de los conductores creando una separación con plástico o tela especial, la sanitización de garitas, espacios comunes y buses, que si las empresas por carencia de recursos no cumplen con lo pedido sean las autoridades quienes lo provean, además que estas apliquen efectivamente el Plan de Sanitización y fiscalicen el cumplimiento de lo solicitado multando a los infractores y cualquier otra medida que se estime pertinente.

SEGUNDO:

Que, informó nombre reservado, en representación de la Intendencia Regional de Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso en virtud de las siguientes consideraciones:

Principia señalando que la presente acción ha sido deducida por el Senador recurrente a través de 5 recursos de protección en distintas jurisdicciones, 3 de ellos declarados derechamente inadmisibles. Así por ejemplo la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción tempranamente el 30 de marzo del presente año declaró la inadmisibilidad respecto de los servicios públicos declarando admisible la acción sólo respecto de las empresas de transporte, indicando al respecto que “lo solicitado en el recurso de protección no dice relación con cautelar el respeto y ejercicio de garantías constitucionalmente protegidas, sino que se vincula con la adopción de estrategias propias de la determinación de políticas públicas para hacer frente a la afectación sanitaria que aqueja al país, gestión que es privativa del Ejecutivo y que no corresponde a los Tribunales de Justicia establecer, excediendo la petición en análisis los fines y propósitos de este arbitrio excepcional y de urgencia.”

Por su parte recientemente, con fecha 28 de abril de 2020, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, para la causa rol Nº 2.477-2020, seguida en contra de los mismos servicios; resolvió acoger la reposición intentada por parte del Consejo de Defensa del Estado y declarar la inadmisibilidad de la acción constitucional deducida por el Honorable Senador nombre reservado, resolviendo que: “conforme a los hechos y peticiones que se formulan en el libelo de protección concernientes a las autoridades y servicios públicos representados por el Consejo de Defensa del Estado, exceden al ámbito de aplicación y las materias que deben ser conocidas mediante el presente arbitrio constitucional”.

Finalmente, cabe tener presente el pronunciamiento de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia que, confirmando con fecha 28 de abril de 2020 en causa rol Nº 42.350-2020, la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt que, declaró inadmisible la acción de protección rol Nº 493-2020 expresó que “la acción constitucional de protección no es la vía idónea para impugnar las supuestas omisiones que se reprochan a tales autoridades, desde que ello importaría arrogarse potestades que el Constituyente ha radicado de manera exclusiva en el Poder Ejecutivo, más aún en un Estado de Excepción Constitucional.”.

Respecto del fondo del recurso deducido, expone que el honorable senador recurrente no acompaña a su libelo ningún antecedente científico o de oportunidad que, justifique la adopción de las medidas requeridas, encontrándonos solo con un mero atisbo de fundamentación técnica. En concreto, el objeto de la acción constitucional de autos, descansa en la denuncia respecto de que los empleadores de los choferes del transporte, no estarían cumpliendo con sus obligaciones laborales, de higiene y seguridad, al mantenerlos sin los elementos de protección personal para evitar los contagios por COVID-19. Sin duda alguna, estamos en presencia de relaciones regidas por el derecho del trabajo, en el contexto de una relación laboral, cuyos conflictos, por regla general, son resueltos mediante el procedimiento contemplado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. Luego, sin ir más lejos, los hechos descritos en la presente acción de protección y las peticiones que se formulan exceden las materias que deben ser conocidas por el presente remedio judicial, atendida su naturaleza cautelar y el Estado de Excepción Constitucional vigente en el país.

En efecto, la acción constitucional intentada, no dice relación con cautelar el respeto y ejercicio de derechos constitucionales, sino que se vincula con la adopción de medidas específicas que se enmarcan dentro de políticas públicas para hacer frente a la afectación sanitaria que aqueja al país, no correspondiendo en definitiva a los tribunales de justicia, exceder los fines y propósitos de este arbitrio eminentemente excepcional y de urgencia.

De otra manera, las medidas requeridas, forman parte del ámbito de las decisiones que deben adoptarse con intervención de la Autoridad Sanitaria, conforme a las facultades legales a ella otorgadas, y que escapa a la esfera de conocimiento y control vía acción de protección de derechos constitucionales, como ha sido así resuelto sistemáticamente por los tribunales de justicia. Acto seguido, habiéndose declarado por el Presidente de la República el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio nacional, es manifiesto que el mérito, oportunidad, conveniencia y eficacia de tales medidas queda radicado de manera privativa en las autoridades administrativas, toda vez que responden a la ejecución de una política pública de orden sanitario, siendo el rol de la judicatura aquel establecido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República. Así, no cabe duda de que, la acción constitucional de protección no es la vía idónea para impugnar las supuestas omisiones que se reprochan a tales autoridades, desde que ello importaría arrogarse potestades que el Constituyente ha radicado de manera exclusiva en el Poder Ejecutivo, más aún en un estado de excepción constitucional.

Por otra parte, la acción de protección no tiene el carácter de “popular”, sin embargo, del tenor del recurso se deprende que este ha sido intentado a favor de todos los conductores de las empresas de transporte público de la región de Antofagasta, y en favor de los familiares que viven con los trabajadores. Pues, la legitimación activa de la acción de protección, supone analizar la exigencia que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en cuanto a que se exige que se deduzca por "el afectado o cualquier persona a su nombre", exigencia básica para la procedencia de este remedio judicial que requiere se acredite al menos un interés inmediato y directo comprometido, no quedando dudas que la acción fue interpuesta respecto de personas indeterminadas.

Finalmente, el recurso deducido es improcedente ya que no existe una conducta u omisión arbitraria o ilegal de la Intendencia ya que la actuación de esta se encuentra supeditada a la Ley 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional complementada por el DS 104 del 18 de marzo en curso del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por tanto, la actuación de la Intendencia Regional, se encuentra supeditada a las acciones, recomendaciones e instrucciones definidas por dicha Jefatura de la Defensa Nacional, debidamente coordinadas en el Comité de Operaciones de Emergencia Regional, y que en materia de salubridad pública, evidentemente, deben contar con el parecer vinculante de la Autoridad Sanitaria.

En los hechos, se ha operado efectivamente del modo expresado, manteniéndose, como es de público conocimiento en la región, en continuo funcionamiento el “Comité de Operaciones de Emergencia Regional”, con asistencia permanente del Sr. Jefe de la Defensa Nacional, del Intendente Regional, del Secretario Regional Ministerial de Salud, del Director Regional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), y de las demás autoridades regionales, provinciales y mandos técnicos, entre los que lógicamente se cuenta al Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, en la región de Antofagasta.

Por último, cabe indicar que, desde el mes de enero del año en curso, se han dictado una serie de medidas de público conocimiento, a fin de evitar y mantener bajo control la propagación en el territorio nacional de la pandemia por COVID-19, protegiendo de dicha manera la vida y salud de la población, determinando a nivel país y regional una serie de acciones progresivas tomadas sobre la base de antecedentes concretos y fundados, y que han dado cuenta de la activación de protocolos destinados al adecuado control de la pandemia conforme a su evolución. En síntesis, se han adoptado por la autoridad pública, en el ámbito propia de su competencia, las medidas que se han estimado necesarias y aptas para evitar y mantener bajo control la propagación en el territorio nacional de la pandemia por COVID-19, y por cierto, el adecuado funcionamiento del transporte público a nivel país y regional, las cuales, han sido debidamente implementadas y fiscalizadas por los organismos técnicos respectivos, no existiendo en consecuencia ninguna conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria, imputable a la Intendencia Regional de Antofagasta que, prive perturbe o amenace los derechos constitucionales de los recurrentes.

TERCERO: Que, informó nombre reservado, Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Antofagasta, instando por el rechazo del recurso por los siguientes argumentos.

En primer lugar considera que la acción deducida es improcedente ya que esta no es la vía para solicitar la adopción de determinadas medidas que son propias de las políticas públicas, cita al efecto diversos fallos de nuestros tribunales superiores de justicia que han rechazo este tipo de recursos o los han declarado inadmisibles.

Agrega que respecto a las medidas solicitadas para el transporte público no es posible que el Jefe de Defensa Nacional pueda impartir instrucciones para la materialización de aquellas que pretenden los actores, pues estas son atribuciones exclusivas del Presidente de la República o del Ministerio de Salud, siendo solo resorte del informante su implementación.

En otro orden de ideas, precisa que la acción deducida se asemeja a una acción popular que es ajena al recurso de cautela de garantías, ya que se deduce en favor de personas indeterminadas y no se expresa ningún caso concreto en que se hayan vulnerado las garantías denunciadas.

Por su parte, arguye que lo denunciado queda al amparo del procedimiento establecido en el Código del Trabajo, conforme a sus artículos 184 y 190.

Finalmente, señala que en la especie no ha existido ninguna actuación u omisión arbitraria o ilegal, puesto que se han adoptado por la Jefatura de Defensa Nacional las diversas medidas impartidas por el Ministerio de Salud y la SEREMI de Salud de Antofagasta. Además, en materia de transporte público de pasajeros para la región, el 18 de abril de los corrientes a través de una alianza con Minera Escondida se implementó un proceso de sanitización a más de 700 microbuses con el objeto de proteger la salud de las personas, sumado a las cuarentenas decretadas en la región.

CUARTO: Que por el Ministerio de Salud evacuó informe nombre reservado, pidiendo el rechazo de la presente acción. En lo sustancial sostiene en su informe los mismos argumentos expresados anteriormente respecto a la improcedencia de la acción impetrada en atención a su naturaleza, y a la falta de los requisitos contemplados en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, coincidiendo con los servicios públicos ya mencionados que en la especie no existe ningún acto arbitrario o ilegal que afecte los derechos de los recurrentes, reiterando finalmente cuales han sido las medidas de seguridad adoptadas por la autoridad sanitaria en la Región de Antofagasta.

QUINTO: Que nombre reservado informó por las empresas Sociedad de Transportes Vieval SPA y Transporte Público de Pasajeros Línea 11 S.A, solicitando el rechazo de la acción cautelar, ya que tal como lo observan los demás recurridos el recurso es inadmisible, criterio ratificados por distintos fallos y la Exma. Corte Suprema y además por que las empresas recurridas han cumplido con todas las disposiciones adoptadas por la autoridad sanitaria, por lo que, si estas resultan insuficientes, dicho reproche no debe dirigirse a las empresas. Por su parte, al recurso no se ha acompañado ningún informe en la materia.

En cuanto al fondo de la acción, fácilmente se puede advertir que el Senador recurrente simplemente ha pretendido utilizar esta tribuna para efectuar criticas destempladas al gobierno y al manejo de la pandemia y que obviamente resultan inoponible a las empresas de transportes.

Sin perjuicio de lo expuesto, estima que el recurso ha perdido oportunidad ya que las medidas han sido implementadas por las empresas de transporte incluso más allá de lo obligatorio, pues la sanitización de buses no es una medida obligatoria.

Cabe además hacer presente, que en el ámbito del transporte público la única normativa específica corresponde a la Resolución Exenta N° 282 de 16 de abril de 2020, publicada en el Diario Oficial de la República el 17 de abril de 2020 que “Dispone Uso Obligatorio De Mascarillas En Lugares Y Circunstancias Que Indica”, que aplica al transporte público de pasajeros y que en la especie se ha cumplido. Al efecto, hace referencia a la cronología de las medidas adoptadas por las empresas desde el inicio de la Pandemia y aquellas adoptadas en caso de sospecha de contagio.

Por último, es un hecho público y notorio que la actividad del transporte de pasajeros en la ciudad de Antofagasta ha disminuido en más de un 70%, por lo que la principal medida de distanciamiento social se aplica incluso arriba de los Taxibuses los que están lejos de transportar las maquinas llenas de pasajeros sino que por el contrario la mayoría del día un pasajero por fila. En síntesis, tanto por las medidas voluntarias adoptadas, la implementación de las medidas ordenadas por la autoridad, y la medidas adoptadas ante sospecha de contagio, huelga consultar cual sería el acto u omisión arbitraria o ilegal cometido por las empresas, por la cual el o los recurrentes sufren la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

La recurrida y en general, todos los Taxibuses que transitan por el Trans Antofagasta, cumplen con las exigencias de la autoridad sanitaria, sin que se haya cursado a ninguno un sumario sanitario ni infracción parecida, por lo que en definitiva el recurrente lo que exige son medias antojadizas que no se sustentan en ningún informe técnico acompañado sino que más bien en su parecer respecto al manejo de la pandemia pero en caso alguno en un eventual incumplimiento por parte de los recurridos a la exigencias de la autoridad pertinente.

SEXTO: Que finalmente informó nombre reservado por las restantes empresas de transporte recurridas, solicitando el rechazo del recurso con costas, reiterando lo expuesto en los informes anteriores, respecto a la inadmisibilidad e improcedencia de la acción deducida y en cuanto al fondo la inexistencia de actos u omisiones arbitrarias que afecten los derechos constitucionales de los actores.

SÉPTIMO: que en conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derecho preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

OCTAVO: Que en efecto, lo solicitado por los recurrentes consiste en la adopción de medidas vinculadas con el actual Estado de Excepción Constitucional decretado en nuestro País, las que exceden los fines reservados para la presente acción de cautela de garantías, pues conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 18.415 y artículos 41 y 43 de nuestra Constitución Política de la República, recae en el Presidente de la República adoptar las medidas restrictivas de derechos y garantías contemplados en la normativa citada, constituyendo aquella prerrogativa una decisión de carácter política – administrativa que no puede adoptarse mediante la interposición del presente arbitrio, ya que no es la vía idónea para aquello.

NOVENO: Que en el mismo sentido se ha pronunciado nuestra Excelentísima Corte Suprema confirmando desestimar diversos recursos que versan sobre la misma materia, razonando que: “El examen del recurso de protección evidencia que lo pretendido es que el Poder Ejecutivo y, en particular, la autoridad sanitaria, adopten determinadas medidas que – a juicio de la recurrente - serían las idóneas para afrontar la pandemia por COVID-19 que afecta a nuestro país.

Que, no obstante, habiéndose declarado por el Presidente de la República el Estado de Catástrofe en todo el territorio nacional, es manifiesto que el mérito, oportunidad, conveniencia y eficacia de tales medidas queda radicado de manera privativa en las autoridades recurridas, toda vez que responden a la ejecución de una política pública de orden sanitario.

Que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para impugnar las supuestas omisiones que se reprochan a tales autoridades, desde que ello importaría arrogarse potestades que el Constituyente ha radicado de manera exclusiva en el Poder Ejecutivo, más aún en un Estado de Excepción Constitucional.”

DÉCIMO: Que finalmente y conforme a lo expuesto, tampoco por este medio puede reprocharse a las empresas de transporte recurridas la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, ya que las medidas sanitarias en materia de transporte público corresponden ser adoptadas y fiscalizadas por las autoridades competentes. A mayor abundamiento, la falta o ineficacia de estas, en el lugar de trabajo, constituyen materias propias del Derecho laboral y los procedimientos que al efecto consagra dicho estatuto. Por lo mismo, resulta inoficioso pronunciarse sobre las eventuales vulneraciones de los derechos constitucionales invocados.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por el Senador Alejandro Navarro Brain y La Federación Nacional de Trabajadores Conductores de Chile, representada por nombre reservado, y 10 trabajadores del transporte público en contra de La Intendencia Regional de Antofagasta, la SEREMI de Salud de Antofagasta y Jefe de la Defensa Nacional de Antofagasta, y en contra de las siguientes empresas: Línea 2 S.A, Transportes Alborada S.A, Línea 4 S.A, Línea 7 S.A, Transportes Futuro Limitada, Línea 10 S.A, Línea 11 S.A, Transportes Colectivos S.A, Transmul S.A, Sociedad de Transportes Vieval SPA, Línea 29 S.A y Sociedad de Transportes Ruta 121 Ltda.

Se previene que la Ministra Titular Sra. Myriam Urbina Perán concurre al acuerdo teniendo únicamente presente que no se acompañó en este recurso antecedente alguno que acredite las omisiones alegadas en la entrega de medidas de seguridad a los recurrentes.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1783-2020 (PROT)

14