Protección contra Ministerio Público de Calama

Antofagasta, a treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don nombre reservado, Run RUT reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra en contra del Ministerio Público de Calama, pidiendo para restablecer el imperio del derecho, que se devuelva de manera inmediata o en el más breve plazo judicial que se determine, la suma de $3.898.000, sin perjuicio de los reajustes e intereses que procedan conforme a derecho, con costas.

Tras declararse admisible el recurso de protección por resolución dictada con fecha doce de agosto de dos mil veinticuatro por la Excma. Corte Suprema, que revocó la resolución apelada de fecha diecinueve de julio del año en curso de esta Corte de Apelaciones, se solicitó informe a la recurrida, el que fue evacuado al tenor de la acción interpuesta.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que indica el recurrente, que la Fiscalía local de Calama, ha incurrido, por sí misma o por personal de su dependencia o contratado al efecto, en actuaciones ilegales y/o arbitrarias en el marco de su solicitud de devolución de dinero incautado, ya que, dicha institución, de manera arbitraria e ilegal se niega a devolver los fondos que le pertenecen.

Expresa que el recurso de protección es plenamente procedente, porque nos encontramos ante una actuación material de parte de la recurrida, de carácter permanente, que afecta gravemente su patrimonio, habiendo presentado su recurso de protección dentro de plazo.

Refiere que fue objeto de un allanamiento en su residencia, ubicada en domicilio reservado, el 3 de octubre de 2020, añadiendo que, durante ese allanamiento, llevado a cabo por la Policía de Investigaciones, le fueron incautadas dos sumas de dinero, por $2.078.000 y $1.820.000, respectivamente, incautación que está debidamente registrada en las actas de incautación anexadas a los números 20 y 22 de la Carpeta Investigativa del proceso. Añade que posteriormente, el 25 de agosto de 2021, el Ministerio Público notificó su resolución de no perseverar en este caso respecto de todos los imputados y delitos formalizados, incluyéndole, pues fue sobreseído de forma definitiva.

Explica que pidió la devolución de los fondos incautados a la Fiscalía de Calama, presentando documentos que acreditan la propiedad de dichos fondos, incluyendo un comprobante de retiro de fondos de AFP de dos meses atrás, un finiquito del mismo mes y un certificado de residencia expedido por una junta de vecinos, sin embargo, la Fiscalía se negó a devolver el dinero, exigiendo una acreditación adicional de dominio, a pesar de los antecedentes fundados presentados. Añade que esa negativa vulnera sus garantías constitucionales, especialmente el derecho a la propiedad y la igualdad ante la ley.

Tras ello citó el artículo 700 del Código Civil indicando que el hecho que el dinero se encontrara en su domicilio, sumado al comprobante de que se le pagó un finiquito y al retiro que hizo de sus fondos de AFP, sirven como antecedentes más que suficiente para reputarlo dueño según el artículo 700 del Código Civil y cualquier exigencia adicional de acreditación de dominio desconoce su derecho de dominio sobre dichos fondos.

Arguye que se afecta la garantía constitucional del derecho de propiedad contemplada en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, ya que es propietario de los fondos incautados, y la retención de esos fondos constituye una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, garantizado constitucionalmente; vulnerándose, asimismo, la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, pues, la exigencia de una acreditación adicional de dominio, a pesar de los antecedentes fundados presentados, constituye una discriminación arbitraria que vulnera el principio de igualdad ante la ley.

Termina solicitando se declare que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de devolver de manera inmediata o en el más breve plazo judicial que se determine, la suma de $3.898.000 (tres millones ochocientos noventa y ocho mil pesos chilenos) sin perjuicio de los reajustes e intereses que procedan conforme a derecho, todo ello, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que Eduardo Peña Martínez, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Calama, informando el recurso, señaló que el 6 de marzo de 2020 se procedió a formalizar investigación en contra del Imputado nombre reservado, en causa RUC 2001010196-5 por los delitos de robo con intimidación; tenencia de arma de fuego; receptación de arma de fuego; tráfico en pequeñas cantidades e infracción a normas higiénicas y de salud Pública.

Refiere que con fecha 25 de agosto con respecto a los cuatro imputados que indica, entre ellos el recurrente, se tuvo por comunicada la decisión de no perseverar de conformidad al artículo 248 letra C) del Código Procesal Penal respecto de todos los imputado y por todos los delitos, dejándose sin efecto la formalización de la investigación y las medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal decretadas en la causa, decretándose el archivo en su oportunidad.

Explica que desde el año 2022 se ha solicitado por parte del recurrente, la devolución de los dineros incautados en el procedimiento de detención, esto es, las sumas de $2.078.000.- y $1.820.000.- fundándose dicha solicitud en documentación de dudosa procedencia, falta de integridad y uno de ellos prácticamente ilegible, lo que pasa a describir, y acompaña al informe, correspondiente a:

a) una copia de certificado de residencia de junta de vecinos que daría cuenta de que el imputado habitaría el domicilio domicilio reservado, pero dicho documento es una copia en que no consta su autenticidad, y que en todo caso está fechado el año 2024, esto es, cuatro años después de la incautación, por lo que no da cuenta de la residencia del recurrente a la fecha de los hechos, sin perjuicio, de que la forma como se obtienen esos documentos, y el hecho de que están destinados a fines administrativos y no judiciales, no permiten tenerlo como una prueba fehaciente de lo que se pretende.

b) una copia de finiquito de trabajo, el que resulta ilegible pero que la fecha sería del 1 de agosto de 2020, siendo que la detención del recurrente y la incautación de dinero se produjo el 3 de octubre de 2020, es decir, dos meses después, por $2.992.194.- Añade que dicho documento resulta ilegible, no consta su autenticidad y la firma del presunto empleador no se alcanza a distinguir.

c) un pantallazo de whatsaap, del que se desconoce origen y teléfono del que se obtiene, en el que supuestamente a una persona se le informa que se habría accedido a retiro de 10%.

Indica que la denuncia corresponde a robo con violencia e intimidación de $7.500.000 que porta una víctima de sexo femenino, la que indica las características de un vehículo que se detecta minutos después en Cesáreo Aguirre 1894 y de ese domicilio salen a lo menos cuatro sujetos, entre ellos el recurrente, quienes se traban en riña afuera de la casa generando un control por la policía y a la revisión del inmueble, en diversos lugares se encuentran cantidades diversas de dinero que hacen el total de lo solicitado, sin que exista algún antecedente de que ese sea el domicilio del solicitante o que el dinero sea específicamente de su propiedad. Añade que el mismo parte da cuenta que la víctima, pese a las diligencias realizadas desiste de seguir adelante por la afectación a su salud que le genera el robo y el maltrato sufrido.

Afirma que conforme lo anterior, no consta de acuerdo a los antecedentes otorgados por el recurrente, ni que ese haya sido su domicilio a la fecha, ni que el dinero solicitado sea de su propiedad, atendida la falta de autenticidad, integridad, y pertinencia de los antecedentes presentados, lo que ha devenido en el rechazo de las solicitudes de devolución de dinero.

Arguye que la alegación respecto del artículo 700 del Código Civil en cuanto a que el solicitante, como poseedor debería reputarse dueño del dinero, no es procedente, dado que, por una parte, dicha norma tiene una aplicación en cuestiones puramente civiles y no penales, y por otra, la ocurrencia de los hechos, tal cual ha sido descrita y emana de los antecedentes de la causa, no permite tener al recurrente como poseedor actual al momento de los hechos de las diversas cantidades de dinero encontradas al interior del domicilio.

Finalmente señaló que no constando fehacientemente la propiedad de lo que se solicita devolver, esa Fiscalía no puede acceder, dado que una errada entrega, puede ser génesis de responsabilidad administrativa y civil, tanto del funcionario como de la institución, allegando a su informe los antecedentes de las solicitudes de devolución de dinero, consistentes en copia de certificado de residencia, imagen de pantallazo y finiquito.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en la negativa de aquella para devolver los dineros incautados en un procedimiento de detención efectuado el 3 de octubre de 2020 y que, según el actor, son de su propiedad.

SEXTO: Que, los hechos que fundamentan el recurso, exceden con creces el marco del presente arbitrio constitucional, al tratarse de situaciones jurisdiccionales, en que se debe determinar la pertinencia y autenticidad de los documentos allegados por el actor, y que sustentan el derecho de dominio o posesión que propugna sobre las sumas de dinero incautadas, cuya devolución solicita y cuyo conocimiento y resolución, corresponde a la competencia de los tribunales ordinarios de justicia, a través de los procedimientos y recursos que el ordenamiento jurídico establece dentro de tiempo y forma, no pudiendo ello determinarse, a través de la presente acción, atendida su naturaleza netamente cautelar encaminada a amparar sólo derechos no controvertidos o indubitados, lo que no sucede en la especie, no siendo en consecuencia, ésta la vía idónea para reclamar la devolución de los dineros incautados, respecto del cual existe un procedimiento expresamente regulado en el Código Procesal Penal, y en el que, luego de escuchar a las partes y recibir la prueba, se decide sobre si se acreditó o no la propiedad y si es procedente su restitución, razones que bastan para rechazar el recurso interpuesto, según se dirá en la parte resolutiva, debiendo considerarse además que precisamente la propiedad del dinero es una cuestión debatida que deba zanjarse a través de la incidencia declarativa indicada, siendo insuficiente la documental acompañada para establecer certezas absolutas sobre el punto, debiendo concluirse por último que, en consecuencia, no existen por ahora derechos indubitados que ameriten ser protegidos por vía de esta acción constitucional.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Ministerio Público, Fiscalía Local de la ciudad de Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1777-2024 (Protección)