CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA con nombre reservado

Antofagasta, a veintiuno de agosto del dos mil veinticuatro.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, ambos domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, Cédula de Identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, por los actos agresivos, amenazantes y mal trato verbal hacia la educadora de párvulos, nombre reservado, vulnerando su derecho a la integridad síquica establecido en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República; solicita se ordene a la recurrida abstenerse de efectuar actos de autotutela, disponiendo todas las medidas tendientes al resguardo de la integridad síquica de que es titular la educadora de párvulos, indicando además que su ingreso a las dependencias sea respecto de actividades en las cuales se le cite expresamente.

Informó la recurrida al tenor de la acción cautelar interpuesta.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que, nombre reservado, es actualmente trabajadora y parte de la dotación de la Sala Cuna y Jardín Infantil Nidito de Ángeles, de la ciudad de Calama, establecimiento educativo administrado por COMDES, quien cumple funciones como educadora de párvulos.

Expone que, el recurrido el padre del párvulo de actuales 3 años, matriculado en dicho establecimiento educativo, cuyos padres se encuentran separados, manteniendo una vinculación problemática con el padre, quien siempre se ha manifestado hostil, reticente y con escaso respeto a las indicaciones que le proporciona la dirección del jardín infantil.

Hace presente que en causa del Juzgado de Garantía de Calama, con fecha 16 de febrero de 2024, se decreta Medidas Cautelares del 155 del Código Procesal Penal, Letra g), en relación a la letra b) del artículo 9 de la Ley N° 20.066, prohibición absoluta de acercarse donde quiera que se encuentre en un rango de 200 metros, a la víctima, madre del menor y al domicilio de esta, salvo los días y en el horario establecido a fin de mantener la relación directa y regular entre su hijo y la abuela paterna, en los que se establece la prohibición de acercamiento en términos violentos.

Por otro lado, en la causa seguida ante el Juzgado de Familia de Calama, mediante oficio de fecha 08 de mayo de 2024, se informa “… Ofíciese al Jardín Infantil Nidito de Ángeles, a fin de que permita a don nombre reservado a participar de las actividades escolares, manteniéndose informado de las mismas, así como de la situación educacional de su hijo”; lo que señala ha dado cumplimiento por medio de correos electrónicos.

Expone que con fecha 12 de junio del presente año, el señor nombre reservado, participa de una actividad masiva programada en el complejo polideportivo de la ciudad, y al regresa al centro deportivo, luego de entregar al menor a su madre y acompañarla a su vehículo, el recurrido se acerca de manera amedrentadora, manifestando que era su responsabilidad que el actual esposo de la madre estuviese presente ahí y se acercará a él, agregando que no sabía manejar las cosas, gritando y empujando su cuerpo hacia la educadora, exigiendo que alejará al esposo actual de la madre de su hijo. La educadora le explicaba que es una acción de adultos que no estaban a su alcance, y le solicita que baje el tono de voz, ya que mantenía un tono amenazante, agresivo, provocando que la recurrente empezará a retroceder, generando temor no sólo en ella sino que también respecto de los asistentes y miembros de la comunidad educativa quienes se encontraba intranquilos; posteriormente, molesto y no escuchando razones se retira gritando que no participará de las actividades del jardín.

Hace presente que el comportamiento del recurrente ha ocurrido en otras ocasiones al interior del Jardín Infantil, y ha involucrado a otros miembros de la comunidad educativa.

Desde el 8 de julio, las Salas Cunas y Jardines Infantiles que administra COMDES, se encuentran haciendo uso del receso de invierno, los lactantes y niños(as) más grandes retornarán a clases el 22 de julio, y con ello las técnicos y educadoras de párvulos, asimismo, se retoman las reuniones de apoderados y actividades extraprogramáticas, es por ello que interpone el presente recurso ante la necesidad de protección, junto a la aplicación de medidas por parte del sostenedor en beneficio y seguridad de la educadora, ya que manifiesta temor y angustia de encontrarse con el recurrido, sumado a la preocupación de sus pares y de los padres o apoderados.

Indica que el actuar del recurrido lesiona la integridad síquica de la docente, en razón a las reiteradas agresiones verbales que ha profesado en contra de la educadora, ocasionando una afectación psíquica evidente y temor de encontrarse con él, y vivir una situación similar a la descrita.

El actuar del recurrido trajo consigo repercusiones en la psiquis de la educadora manifestada en sentimientos de pena, inseguridad, intranquilidad y temor, perturbado su derecho a la integridad síquica, establecido en el artículo 19 N°1 de nuestra Constitución Política de la República, que señala debe ser aplicada consonancia con el Reglamento Interno del del Jardín Infantil, que establece la obligación de respetar la normativa interna del establecimiento y brindar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa, y que cualquier otro comportamiento considerado inadecuado y/o dificulten o entorpezcan la convivencia escolar al interior del establecimiento educacional debe ser abordado y eventualmente sancionado.

Concluye solicitando ordenar a la recurrida que se abstenga a efectuar actos de autotutela, disponiendo todas las medidas tendientes al resguardo de la integridad síquica de la educadora, indicando además que su ingreso a las dependencias sea respecto de actividades en las cuales se le cite expresamente.

SEGUNDO: Que, informa nombre reservadoöller, en representación de nombre reservado, de Calama, en representación de la señora nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso con expresa condenación de costas.

Expone que la relación entre quienes dirigen el jardín infantil “Nidito de Ángeles”, y su representado no ha estado exenta de inconvenientes, ya que desde la regulación de la relación directa y regular con su hijo Matías en la causa seguida ante el Juzgado De Familia De Calama se estableció que: “el padre además podrá participar de las actividades escolares y podrá visitar a su hijo en el domicilio del niño cuando éste se encuentra enfermo y también podrá asistir a los controles médicos al recinto asistencial en que se encuentre hospitalizado”. Lo anterior fue informado al jardín infantil quien hizo caso omiso de lo resuelto y lo excluyeron de forma arbitraria de las actividades escolares y de cualquier información respecto a su hijo privilegiando a la actual pareja y cónyuge de la madre del menor, nombre reservado.

Hace presente que el 10 de abril del año en curso, el Sr. nombre reservado amenazó y agredió violentamente a su representado, quien fue detenido por el delito de lesiones leves y amenazas simples, pasando audiencia de control en el Juzgado de garantía de Calama, decretando la medida cautelar de prohibición absoluta de acercarse donde quiera que se encuentre en un rango de 200 metros y por cualquier medio electrónico o digital a su representado, resolución que acompaña.

Lo anterior se hizo presente en la causa de cumplimiento en el Tribunal De Familia, que lo tuvo presente el 18 de abril del 2024, y posteriormente el 3 de mayo se informó al Tribunal que el colegio no permitía a su representado participar en las actividades escolares, siendo oficiado el jardín infantil para que: “permita a don nombre reservado a participar de las actividades escolares manteniéndolo informado de las mismas así como de la situación educacional de su hijo”, adjuntando un calendario en el cual se indica las actividades a las que pueden asistir los padres por separado, por lo que el jardín infantil estaba en conocimiento de lo resuelto, y aun así convocó al Sr. nombre reservado a participar de la actividad realizada el 12 de junio del presente.

En el mismo sentido, la contraria no señala que el 27 de junio del presente, fue apercibida por el Juzgado de Familia de Calama, para que no autorice la entrada del Sr. nombre reservado a las actividades escolares cuando don nombre reservado se encuentra en el recinto; a pesar de aquello el Sr. nombre reservado, con fecha 28 de junio, hace presente un nuevo incumplimiento por parte del jardín infantil, ya que no le permitía unirse a las reuniones de apoderados siendo nuevamente apercibidos por el tribunal el 12 de julio para que den estricto cumplimiento a lo dictaminado por el tribunal.

En otro orden de cosas, los hechos denunciados no ocurrieron como fueron relatados en el recurso, sino por el contrario; su representado al notar la presencia del Sr. nombre reservado en la actividad escolar de fecha 12 de junio, se acerca de manera amable y respetuosa a la Sra. nombre reservado, para solicitar que dé cumplimiento a la ya mencionada medida cautelar, pues temía por su integridad física existiendo un fundado motivo para tener miedo de volver a ser víctima de una agresión por parte de éste; a pesar de aquello la educadora le responde de mala manera, diciendo que no es responsabilidad del jardín preocuparse de aquello, circunstancia que se agrava si se toma en consideración que ellos tenían conocimiento de las órdenes de alejamiento, y que además el Sr. nombre reservado no podía acercarse a las actividades escolares mientras estuviera presente su representado pues existía una orden de alejamiento en contra de éste.

Por otro lado, sostiene que, el presente recurso de protección no tiene asidero jurídico en esta instancia, ya que no fue transgredido ningún derecho fundamental consagrado en nuestra carta fundamental, y en el caso que los hechos hubiesen acontecido de acuerdo con lo señalado por la recurrente, lo correcto es que se investigue por el Ministerio público.

No obstante lo anterior, la Sra. nombre reservado denunció el día 13 junio del presente, los mismos hechos relatados en su recurso, sin embargo el Ministerio público luego de realizar diversas diligencias investigativas con fecha 26 de junio presenta la solicitud al Juzgado de Garantía de Calama, aprobar su decisión de no iniciar investigación exponiendo al juez de garantía que: “El Ministerio público ha resuelto abstenerse de toda investigación en el presente caso en que aún no se ha producido la intervención de garantía, toda vez que los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos de delito ya que no se adecúan al tipo penal alguno que sea generador de responsabilidad penal”.

Por consiguiente, afirma que si la recurrida estimaba que la decisión del Ministerio Público era errónea, se encontraba habilitada legalmente para presentar la querella correspondiente, cuestión que no realizó; asimismo, no acompaña ningún tipo de prueba que permita atribuir alguna conducta por parte de su representado, que haya lesionado su integridad psíquica, tampoco ofrece una explicación convincente de cómo dichos hechos podrían haber vulnerado de modo alguno los derechos protegidos constitucionalmente.

Concluye afirmando que este recurso es sólo otro intento para amedrentar a su representado ha no ejercer sus derechos como padre del alumno de dicho establecimiento, por lo que presente recurso de protección no es el mecanismo idóneo para alegar un supuesto incidente de estas características produciendo una carga de trabajo innecesaria a esta Ilustrísima Corte.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, considerando la naturaleza del recurso de protección, es esencial analizar si las acciones de la recurrida constituyen una vulneración a los derechos fundamentales de la educadora de párvulos, nombre reservado, específicamente si lesiona la integridad síquica de la docente, por las supuestas agresiones verbales que ha profesado el Sr, nombre reservado en su contra.

SEXTO: Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SÉPTIMO: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, la presente acción cautelar tiene por finalidad tutelar garantías y derechos preexistentes, esto es, derechos que no se encuentren discutidos, requerimiento que no concurre en la especie, puesto que de los antecedentes acompañado por el recurrido, se observa la denuncia de fecha 13 de junio del presente, realizada por la educadora de párvulos ante Fiscalía Local de Calama en línea, por los mismos hechos relatados en el presente recurso, los que el ministerio público sostiene no ser constitutivos de delito, al no adecuarse a tipo penal alguno que genere responsabilidad penal, y en razón de aquello solicita al Juzgado de Garantía de Calama se aprueba la decisión de no iniciar investigación, el cual con fecha 28 de junio del año en curso aprueba la decisión, archivando la causa. Por otro lado, los documentos acompañados por la recurrente no son suficientes e idóneos para acreditar los hechos relatados en su recurso.

En definitiva, los derechos vulnerados que invoca la recurrente no pueden servir de base para el ejercicio de la presente acción constitucional y, como consecuencia, no es posible adoptar alguna medida de protección que los garantice, ya que este no es el medio idóneo para ponderar, juzgar, ni establecer la eventual responsabilidad de la recurrida en los hechos que se le imputa, puesto que nuestra legislación considera otras vías para lograr una solución al problema que aqueja a la actora, entre ellas, entablar la acción legal respectiva, esto es, la correspondiente querella.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en representación de Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, en contra nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

ROL 1773-24 (PROT)