Protección contra CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

Antofagasta, veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de MANUEL ALEJANDRO VALDEBENITO ÁVALOS, abogado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, en favor de nombre reservado, empleado, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce Recurso de Protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, Rut RUT reservado, Corporación de derecho privado sin fines de lucro, representada legalmente por don nombre reservado, cédula identidad Nº RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario vulnerador de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 n°24 de la Carta Fundamental, solicitando se dispongan las medidas que sean pertinentes para el restablecimiento del Derecho, especialmente: que la recurrida se abstenga de realizar nuevos descuentos de las remuneraciones de su representado y se ordene el reembolso de los montos ya descontados, todo con expresa condena en costas, de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que expone.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso por falta de oportunidad.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda la acción en los siguientes hechos:

Señala que, el día 23 de marzo del 2013, el recurrente contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, por la suma de $3.514.859.-por concepto de mutuo más los intereses correspondientes. Se fijaron 49 cuotas mensuales y sucesivas, venciendo la primera de ellas el 31 mayo del 2013, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la ley 18.833. Sin embargo, por causas ajenas a la voluntad del deudor, éste es desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, cayendo por tanto en mora al tiempo después de haber contraído el crédito.

Sostiene que, en diversas ocasiones la recurrente se dirigió a sucursales de la recurrida a intentar regularizar su situación, sin embargo, la única opción que le ofrecieron era repactar la deuda, con todo el incremento artificial de la misma que esto conlleva, buscó alternativas, pero le señalaron que si no repactaba iniciarían las acciones legales correspondientes.

Agrega que, con fecha 1 de Julio del 2024, el recurrente recibe liquidación de remuneración correspondiente al mes de junio del 2024, en la que figura un descuento por concepto de crédito social de $128.313.- Asimismo, se presentó demanda de cobro de pesos en contra del recurrente en causa ROL: C-2737-2022 del 2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, la cual se encuentra notificada. Es decir, a pesar de existir un juicio pendiente en sede civil, donde se está realizando acciones para embargar bienes del recurrente y pagarse de la deuda, la recurrida, incurriendo en una completa arbitrariedad, procedió a efectuar un descuento incluso superior a la cuota originalmente pactada, que consta en la misma demanda ejecutiva.

Sostiene que, la situación descrita deja a su representado en un estado de total indefensión, pues un porcentaje importante de su remuneración le fue arrebatada de forma totalmente arbitraria, por una deuda prescrita, que asciende a la fecha a $128.313.- y que se reiterará durante los próximos meses sin siquiera tener certeza o claridad de por cuantos meses ocurrirá.

Agrega que, con su actuar, la recurrida vulnera el artículo 19 n°24 de la Constitución Política de la República, siendo la presente acción el único remedio que puede poner un rápido fin a dicho actuar y así restablecer el imperio del derecho.

Señala que, la recurrida actuó de manera caprichosa a injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión de cobro de la deuda y hace procedente acoger el recurso de protección.

Asimismo, añade que, al presentar la demanda ejecutiva la demandante de manera inequívoca manifestó su voluntad de ejercer la cláusula de aceleración produciéndose el vencimiento anticipado de todas las cuotas, no resultando procedente ahora el descuento por cuotas de las remuneraciones del actor.

Por estas consideraciones, solicita acoger la acción, adoptando las medidas que se estimen necesarias para el restablecimiento del derecho. Especialmente, se decrete el cese de los descuentos en las remuneraciones del actor; la transferencia de los dineros que ilegal y arbitrariamente ya descontó la recurrida de manera caprichosa a injustificada, con costas.

SEGUNDO: Que, informó al tenor de lo solicitado YASNA VUKIC Z., en nombre y representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HÉROES, quien solicita el rechazo del recurso, por falta de oportunidad, en atención a los argumentos que expone.

En primer lugar, da cuenta de antecedentes del Recurso, indicando que C.C.A.F. La Araucana en abril de 2013, otorgó al actor el crédito social folio 022-000923849, por el monto de $1.503.695, a una tasa de interés del 1.99%, pactado en 49 cuotas, cada una por la suma de $128.313. Crédito respecto del cual existen 33 cuotas pagadas, en forma interrumpida siendo la última efectuada en marzo de 2021, no existiendo más pagos, ello motivo a la presentación de la demanda ordinaria de cobro de pesos, notificada en el 2023, y respecto de la cual no existe ningún antecedente respecto del cual se pueda señalar que la obligación ha sido declarada prescrita, o se ha extinguido por alguno de los modos contemplados en el artículo 1567 del Código Civil, por ende, el descuento aplicado mediante el mecanismo consagrado en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es válido y legítimo.

Agrega que, tratándose de un crédito cuyas acciones no han sido declaradas prescritas o extinguida la obligación por algún medio contemplado en el artículo 1567 del Código Civil, se procedió por mandato legal de proteger el fondo social y en aplicación del mecanismo contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833, es así que a la fecha su representada ha recibido una remesa correspondiente al descuento efectuado en junio de 2024, por la suma de $128.313.- Añade fundamentos en relación a las características de las Cajas de Compensación, entidades sin fines de lucro, reguladas por la Ley N° 18.833, la cual en su artículo 22 establece: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. En concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”

Además, hace presente lo dispuesto en el artículo 58 del Código del trabajo, en cuanto a la obligación del empleador de deducir de las remuneraciones de los trabajadores las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, y lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil, en relación a la ejecución de buena fe de los contratos, entre otras normas del Derecho Civil. Concluyendo que, no se puede señalar que la recurrida haya actuado de manera arbitraria e injustificada al informar del descuento, sin que la obligación se haya extinguido o se haya declarado judicialmente la prescripción de las acciones que emanan de esta, no siendo procesalmente el recurso de protección la vía idónea para indicar que esta ha operado. Indicando que, es un hecho inconcuso que el crédito aún puede cobrarse, dado que la obligación de pago se mantiene vigente, por lo que en ningún caso se ha revivido y/o forzado unilateralmente un descuento a través del beneficio contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Teniendo además presente que la obligación junto con la forma en que le iba a ser descontada era de pleno conocimiento del recurrente quién reconoce adeudarlo.

Finalmente, no obstante, lo informado precedentemente y sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente, señala que la Caja de Compensación ha dispuesto el cese de los descuentos del crédito otorgado y la devolución de la suma de $128.313, correspondiente al descuento practicado en junio de 2024. Agregando además que no existe a la fecha ninguna otra remesa posterior que haya sido realizada a dicha Caja de Compensación de Asignación Familiar. Solicitando el rechazo del recurso, por haber perdido oportunidad.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que no se encuentra controvertido que la recurrente, en el año 2013, obtuvo un crédito de parte de la recurrida, cuyo monto es el señalado en el presente recurso, esto es $3.514.859.- y no el indicado por la recurrida en su informe, lo cual se ha podido constatar teniendo a la vista expediente ROL 2737-2022, seguido entre las mismas partes ante el 2° Juzgado de Letras en lo civil de Antofagasta, monto que sería pagado en 49 cuotas, de $114.239.- c/u, con una tasa de interés de 1,99%, cuyo primer vencimiento se produjo el 31 de mayo de 2013.

SEXTO: Que el acto arbitrario e ilegal que la recurrente reclama, consiste en el descuento realizado en su remuneración en el mes de junio 2024, manifestando, además, que esto actualmente está siendo conocido en sede civil, en la causa señalada en el considerando precedente, cuya demanda fue notificada con fecha 18 de enero de 2023.

SÉPTIMO: Que como se adelantó, la recurrida ha manifestado que procederá a cesar con los descuentos de las cuotas impagas correspondientes al crédito social folio 022-000923849, acompañando comprobante de depósito en cuenta corriente de esta Corte, para efectos de realizar la devolución del monto descontado en la remuneración de junio de 2024 del recurrente.

OCTAVO: Que consta en Sistema SITCO, en la presente causa, constancia de depósito judicial de fecha 06 de agosto de 2024, efectuado por la recurrida en la cuenta corriente de esta Corte, por el monto de $128.313.-, en virtud de esta causa. Por estas consideraciones, es preciso estimar que la presente acción ha perdido oportunidad, por lo cual deberá ser desestimada, como se indicará en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DESESTIMA, sin costas, el recurso de protección deducido por MANUEL ALEJANDRO VALDEBENITO ÁVALOS, abogado, en favor de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por falta de oportunidad.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1768-2023 (PROTECCIÓN)