Protección contra UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA y la TESORERÍA REGIONAL DE COQUIMBO

Antofagasta, veinticinco de septiembre de dos mil quince VISTOS:

Comparece a fojas cuatro de estos autos KENNETH ARNALDO ROMERO QUIROZ, abogado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en beneficio de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en contra de UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA y la TESORERÍA REGIONAL DE COQUIMBO, por estimar que existe a su respecto una privación, perturbación o amenaza a sus garantías constitucionales de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho de propiedad.

A fojas treinta y ocho informó la recurrida UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, pidiendo el rechazo del recurso.

A fojas cincuenta y cuatro informó la recurrida TESORERÍA REGIONAL DE COQUIMBO, pidiendo el rechazo del recurso.

Visto el recurso, a fojas setenta y uno quedó la causa en acuerdo designándose redactor al Fiscal Judicial Interino Sr. nombre reservado

A fojas setenta y ocho consta la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional.

A fojas ciento catorce consta oficio que acompaña la Sentencia emanada del Tribunal Constitucional rechazando el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

A fojas ciento diecisiete consta la resolución que ordena un nuevo integrante redactor del fallo por haber cesado en su cargo el señor nombre reservado, dándose cumplimiento al artículo 80 del Código orgánico de Tribunales.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso interpuesto se fundó en que el recurrente con fecha 2 de junio de 2014, al consultar en la página web del Servicio de Impuestos Internos para saber en que estado se encontraba su devolución de impuestos, se enteró que esta había sido retenida aproximadamente el día 28 de mayo de 2014 por un monto de $ 1.413.031. Posteriormente, se enteró que esta actuación se originó a raíz de la información que el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad recurrida le proporcionó al servicio.

Expone que la deuda correspondía a los estudios realizados por la beneficiaria entre los años 1995 a 2004, durante los cuales fue beneficiaria del crédito universitario durante los años 1999, 2000 y 2001 por solo un 30% del valor de la carrera.

Luego, hace presente que este tipo de situaciones se encuentra regulada en la ley 18.591 y sus modificaciones, las que crean normas sobre Fondos Solidarios de Créditos Universitarios, y en la ley 19.989, la que establece la facultad de la Tesorería Regional de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta, los montos impagos del crédito estudiantil antes señalado.

Los hechos señalados a su entender serían constitutivos de una conculcación a la garantía constitucional establecida en el artículo 19 número 3 de la Constitución Política, esto es, el derecho al debido proceso, la que se presenta por cuanto en la especie se estaría frente a un proceso impulsado por la administradora del fondo solidario del crédito estudiantil de la Universidad de Antofagasta, en la que el papel de juzgador se encuentra radicado en la Tesorería General de la República. En tal contexto, a la beneficiaria no se le permitió ejercer su derecho a defensa por cuanto con la sola información otorgada a la segunda entidad, se decidió retener su devolución de impuestos sin permitirle rendir algún medio de defensa que no sea la prueba en el pago de la obligación, la que a su vez es limitada por cuando sólo se permite para acreditar este pago un certificado que emite la propia administradora del Fondo Solidario.

En cuanto a este punto, ahonda en cuanto a que el procedimiento establecido en el decreto supremo número 97 del Ministerio de Educación, que fija el reglamento de la ley 19.989, no satisface los requisitos mínimos exigidos a través de la garantía del debido proceso. Esta situación, ha sido objeto de pronunciamientos del Tribunal Constitucional en varias ocasiones, en las que se ha declarado la inaplicabilidad de dicha norma. Cita al efecto la jurisprudencia emanada de dicho tribunal.

En segundo lugar, alega que se ha conculcado la garantía constitucional del artículo 19 número 24 de la Carta Política, esto es, el derecho de propiedad, lo que se verificó al privarla del derecho a percibir la suma antes señalada al momento de ser aprobada su declaración de renta, afectándose en definitiva la propiedad que tenía sobre el derecho a percibir y recibir esta cantidad. Se estaría en este caso frente a una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida, existiendo una expropiación de facto que no ha sido previamente autorizada por ley general o especial.

Por todo lo anterior, solicitó que se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la Tesorería Regional cesar en la retención del dinero correspondiente a la devolución de impuestos de la beneficiaria.

SEGUNDO: Que informando la recurrida Universidad de Antofagasta, señaló en forma previa que la ley 19.287 establece que los estudiantes que fueron beneficiados por el crédito universitario deben pagar las cuotas respectivas a contar de los dos años siguientes de haber egresado, determinándose cada una de ellas en base al 5% por ciento de los ingresos que anualmente el deudor debe declarar ante el respectivo administrador de fondos solidario. En la especie, la beneficiaria nunca efectuó esta declaración y por tanto se dividió el saldo de la deuda en 6 cuotas iguales, pagaderas hasta el año 2017, conforme a las modificaciones introducidas por medio de ley 18.287 por la ley 20.572.

En lo referente a la retenciones, la ley 19.989 estableció esta posibilidad respecto de los deudores, las que respecto de la beneficiaria se practicaron desde los años 2010 a 2014 y abonadas a su deuda morosa. Esta fue notificada a dicha parte en su oportunidad, sin que se haya recibido respuesta alguna.

Por lo anterior, entiende que no ha incurrido en algún acto arbitrario o ilegal que haya afectado alguna de las garantías que alega el recurrente. En cuanto al debido proceso afirma que la contraria incurre en un error al estimar que no tuvo derecho a la defensa en el procedimiento de retención regulado en la ley 19.989 y en el decreto supremo número 297 del año 2009, por cuanto el artículo 6° de este último cuerpo normativo contempla que los sujetos de retención tendrán un plazo de 10 días para solicitar aclarar la situación en caso de que consideren que ha operado un modo de extinguir las obligaciones, o que el monto que se consigne como adeudado no esté correcto. Extinguido este plazo, prosigue la disposición, el afectado puede recurrir al tribunal competente de acuerdo a las reglas generales.

Estima por lo anterior, que no habiendo la recurrente presentado antecedente alguno referente a la aclaración de la deuda, no procede su alegación de la falta de derecho de la defensa, ni menos la vulneración de la garantía del debido proceso.

En cuanto al derecho de propiedad, conforme a las facultades legales otorgadas a la Tesorería General de la República, las que fueron referidas precedentemente, la alegación de la recurrente es improcedente al existir norma legal y reglamentaria que permite la retención e imputación impugnadas.

TERCERO: Que informando la recurrida Tesorería Regional de Coquimbo, opuso en primer lugar excepción de incompetencia, la que se fundó en que la orden que dio origen a la retención impugnada, se originó en la institución universitaria ubicada en esta ciudad, siendo por tanto la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena incompetente para conocer de la presente acción. Esta alegación con la declinación de competencia efectuada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena ha perdido oportunidad respecto al fallo de esta Corte.

En cuanto al fondo del asunto, señaló que por orden de la Universidad de Antofagasta, se procedió a retener la devolución de impuesto a la renta de la beneficiaria del recurso. Lo anterior conforme a las facultades establecidas en el artículo 9 inciso segundo de la ley 19.848 y el artículo 1° de la ley 19.989.

Posteriormente, haciendo referencia al procedimiento de retención aplicable al caso, agrega que los administradores del crédito universitario deben elaborar una nómina de deudores del crédito solidario y de los montos que se encuentran vencidos e impagos, notificando a los deudores que serán sujetos de retención. Esta notificación se efectúa en el domicilio de cada deudor por carta certificada, o en caso de no constar este, por medio de un aviso de publicación nacional. Luego, se les otorga un plazo en caso de haberse considerado que ha operado un modo de extinguir las obligaciones o si el monto consignado no es el correcto. Posteriormente, las nóminas son remitidas al Ministerio de Educación en donde se verifica el cumplimiento de los requisitos antes mencionados para luego ser remitidas a la Tesorería General.

Hace presente, que conforme al artículo 12 del reglamento contenido en el decreto 297 del año 2009 del Ministerio de Educación, el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario, es el único responsable de enviar y mantener actualizada la información respecto de las deudas mencionadas en las nóminas, debiendo modificarla en los sistemas y bases de datos de la Tesorería General cada vez que exista un pago u otra circunstancia que altere o modifique el crédito a favor del o los deudores. Considera en base a lo anterior que la determinación, información, cuantía y responsabilidad de la elaboración de la nómina de deudores morosos ha sido conferido a instituciones distintas a la Tesorería, siendo este organismo sólo un agente ejecutor de una orden originada en un procedimiento sustanciado ante otras instancias.

Además, afirma que el contenido de la nómina es notificado a cada una de las personas a las que se va a retener, estableciéndose la posibilidad a los deudores para que reclamen de la información, solicitando se rectifique el monto adeudado o solicitando derechamente la no procedencia de la retención en aquellos casos en que a su juicio haya operado un modo de extinguir las obligaciones. Adicionalmente, existiría un mecanismo de verificación del cumplimiento de los trámites que se deben hacer al efectuar la nómina, por lo que si practicó la retención a la beneficiaria, lo fue porque el Ministerio de Educación visó la actuación realizada por el administrador.

En virtud de lo anterior, descarta que la retención efectuada por el Servicio de Tesorerías pueda ser considerada ilegal- al emanar del ejercicio de una facultad estipulada en el artículo 9° de la ley 19.848- ni tampoco arbitrario, al originarse en el mandato de una institución ajena- en este caso la Universidad de Antofagasta- a quien la ley ha entregado la facultad de administrar, determinar e informar la situación de los deudores del crédito fiscal.

Por último, aduce que el recurso de protección incoado sería extemporáneo por cuanto el Administrador del Fondo Solidario debió haber notificado a la actora el hecho de proceder a la retención en caso de no pagar por carta certificada, dando origen al plazo de 10 días referido en los apartados precedentes.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, igualmente, es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con éstos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los taxativamente enumerados en el artículo 20 de este cuerpo legal.

SÉPTIMO: Que el artículo 1° de la Ley N° 19.989, establece que: “Facúltese a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

La misma ley en su artículo 2°, al modificar la Ley N° 19.848, estableció que: “Son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resultaren de la aplicación de las Leyes N° 18.591, N° 19.287 y N° 19.848”.

Luego, como se ve, el Servicio de Tesorería puede y debe retener las devoluciones impositivas señaladas, con relación a todos los deudores de los créditos solidarios, comprendiéndose por tales los regulados en las disposiciones legales señaladas, situación en la que se encuentra la recurrente.

OCTAVO: Que encontrándose autorizado en la ley la posibilidad de retener de la devolución de impuesto anual a la renta los montos que estén impagos por concepto de crédito solidario universitario, no puede reprocharse que la conducta sea ilegal, ni existe elemento alguno para estimar que la misma pueda ser calificada de arbitraria, en la medida que se ha ejercido una facultad legal, reuniéndose los presupuestos para ello.

NOVENO: Que cabe desestimar las alegaciones vertidas por el señor abogado de la recurrente en estrados, en orden a que la obligación se encontraría prescrita, pues para que ello ocurra se requiere que la prescripción sea judicialmente declarada, lo que no ha ocurrido en la especie, sin perjuicio del derecho que pueda asistirle a la parte en la sede que corresponda para obtener la extinción de la obligación.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional deducida a lo principal de fs. cuatro y siguiente, por KENNETH ARNALDO ROMERO QUIROZ, en representación de nombre reservado, en contra de UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA y la TESORERÍA REGIONAL DE COQUIMBO, sin costas.

Notifíquese, regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 1757-2014.

Se dio cumplimiento al artículo 80 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Fernando Orellana Torres.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por la Ministra Titular Sra. Virginia Soublette Miranda y el Abogado Integrante Sr. Fernando Orellana Torres. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a veinticinco de Septiembre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.

9