nombre reservado con CAR S.A.

Antofagasta, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra Car S.A, representada por nombre reservado.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente basa su acción cautelar, en que el 21 de abril del 2016 fue demandado por la recurrida ante el 3° Juzgado de Letras en lo Civil de Calama, en causa Rol C-1245-2016, demanda que el 24 de agosto de dicho año fue archivada por el desinterés de las partes. Sin embargo, la recurrida en fechas posteriores le ha enviado numerosos emails de cobranza, los que se verifican entre febrero y mayo del año en curso.

Agrega que, además de dichas comunicaciones, en el mes de febrero de los corrientes, le dejaron un documento pegado en la reja de entrada a su domicilio. A su juicio, lo reseñado afecta su derecho a la privacidad protegido en el artículo 19 N° 4 de nuestra Constitución Política de la República.

Estima que también se ha infringido el artículo 37 inciso 6° de la Ley 19.946, norma que en materia de cobranza extrajudicial, prescribe: “las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean las que declaran hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y en general de conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros, ni la situación laboral del deudor.”

Finalmente, solicita acoger su recurso, con costas.

SEGUNDO:

Que informó nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción cautelar, en base a las siguientes consideraciones:

Indica que efectivamente la recurrente se atrasó con los pagos de su obligación crediticia, y que la empresa ha realizado varias comunicaciones al actor con la intención de obtener el pago de la deuda, ofreciéndole distintas posibilidades al efecto.

Agrega que los correos electrónicos suman una cantidad mínima, y que la motivación de éstos no es actuar ilegal o arbitrariamente, sino simplemente informar e instar a los deudores a extinguir sus obligaciones aprovechando los descuentos y ventajas ofrecidas, tal como lo exige el artículo 37 letra g) de la Ley 19.946. así, al informar al deudor sobre la posibilidad de entablar una acción judicial, se cumple con los requisitos que tiene la recurrida, establecidos en la circular 24 de 2008 del Servicio de Impuestos internos, para poder declarar el crédito incobrable, destacando su deber de acreditar haber ejecutado procedimientos de cobranza extrajudicial de acuerdo con las practicas corrientes utilizadas en el comercio para la recuperación de la deuda.

Destaca que el Servicio de Impuestos Internos es muy rigoroso a la hora de considerar que las diligencias llevadas a cabo para agotar prudencialmente los medios de cobro, por lo que éstas deben ejecutarse con un muy alto estándar de evaluación. Además, las comunicaciones de correo electrónico fueron enviadas por una empresa externa dedicada a la cobranza, llamada GBI, por lo que ninguna de las vulneraciones alegadas por el recurrente es atribuible a CAR S.S, cuestión que puede apreciarse de los propios antecedentes acompañados al recurso. Por su parte, ningún derecho fundamental se vulnera al instar a una persona a cumplir sus obligaciones civiles por medio de proveer información.

TERCERO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO: Que, el asunto radica en determinar si la actuación que se objeta ha sido efectuada conforme a la normativa existente o, por el contrario, lo ha sido sin razón suficiente, como lo alega el recurrente. Así, la existencia de la deuda de la recurrente con la empresa recurrida y su morosidad puede ser planteada en la sede judicial respectiva y bajo el procedimiento que la ley prevé para dichos casos. De allí, que el cobro extrajudicial de la misma por correo electrónico, al menos durante los meses de febrero a junio del año en curso, constituye un ejercicio abusivo de dicha facultad. En efecto, si el objetivo de dichas comunicaciones es dar noticias a la deudora de su morosidad, ésta se logra con una de dichas comunicaciones, pero insistir reiteradamente en el mismo lenguaje resulta desproporcionado e intimidatorio.

QUINTO: Que, además debe considerarse que en materia de cobranza extrajudicial el artículo 37 inciso 6° de la Ley 19.496 prescribe que: “las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean las que declaran hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y en general de conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros, ni la situación laboral del deudor.”, norma que permite colegir la existencia de un ámbito de protección de las personas referido a su privacidad, el cual no puede ser vulnerado por los proveedores en caso de deudas, sino que debe recurrirse a los procedimientos ordinarios de cobranza judicial, agotando todas las gestiones para los efectos exigidos para declarar la incobrabilidad del crédito, bastando en el caso en análisis, tratándose de una cobranza extrajudicial, con dar noticia al deudor de la obligación impaga, sin que exista justificación para incurrir en un verdadero acoso.

SEXTO: Que, la misma situación puede predicarse de la actuación de la recurrida consistente en publicar los antecedentes de su deuda, fijándolo a la entrada de su domicilio, cuestión que no controvierte la empresa recurrida, constatándose en la especie que las actuaciones tendientes a cobrar la deuda del actor carecen de razonabilidad o justificación suficiente, deviniendo la misma en arbitraria, afectando la privacidad del recurrente, debiendo en este punto, desestimarse la justificación de la recurrida en cuanto a que las acciones provienen de una empresa de cobranza, puesto que es un hecho público y notario que las actuaciones de dichas empresas son instruidas por las entidades crediticias, tal como ocurre en este caso.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra Car S.A, representada por nombre reservado, debiendo esta última abstenerse de ejecutar en el futuro acciones de cobranza extrajudicial de la deuda que mantiene con ella el recurrente.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1751-2019 (PROT)

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