Protección contra Gobernador Provincial de Antofagasta y el Secretario Regional de Bienes Nacional

Antofagasta, a once de febrero de dos mil catorce.

VISTOS:

La comparecencia de fs. 1 y siguientes de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política en contra del Gobernador Provincial de Antofagasta y el Secretario Regional de Bienes Nacionales de Antofagasta, solicitando se deje sin efecto el oficio número 2346, que ordena el desalojo del inmueble correspondiente al sitio número 1, de la manzana A, del sector IV, de la Chimba, ciudad de Antofagasta y se decreten todas las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

A fojas 128, comparece el Secretario Regional de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta don nombre reservado informando el recurso de protección solicitando su rechazo con costas por las razones que invoca.

A fojas 144, rola informe del Gobernador Provincial de Antofagasta don nombre reservado, solicitando el rechazo con costas del recurso de protección interpuesto.

A fojas 152 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Gobernador Provincial de Antofagasta y el Secretario Regional de Bienes Nacionales de Antofagasta.

Expuso como fundamento del recurso que con el objeto de poder desarrollar el giro de su negocio de bodegaje, en el año 1993 se acercó a dependencias de Bienes Nacionales solicitando la venta inmuebles fiscales abandonados en la ciudad de Antofagasta. En ese contexto, se le indicó que existía la posibilidad de venta de unos terrenos que se encontraban en el sector La Chimba Alta, pudiendo adjudicárselos por compra directa quienes se encargaran de limpiarlos y efectuaran las obras de urbanización.

Desde la fecha anterior, indica a requerimiento del Ministerio de Bienes Nacionales, comenzó una serie de inversiones consistentes en la urbanización del terreno, que en su conjunto superaron los $ 1.000.000.000, constituyendo además con el resto de los interesados en la adjudicación, una sociedad comercial denominada Comercial e Industrial Los Arenales Ltda.

Luego de haber cumplido con lo solicitado por el Ministerio, dicha entidad por intermedio del Servicio de Cooperación Técnica y la SEREMI, determinaron en el año 2002 que las empresas ocupantes o asignatarias de los sitios de este sector se encontraban en condiciones de postular a venta directa en razón de la actividad industrial que realizaban, recomendando su tramitación en el menor tiempo posible. Sin embargo, en vista de que el proceso no avanzaba no obstante haber cumplido con todos los requerimientos de la autoridad, en el año 2003 en conjunto con los afectados procedió a formar la Asociación Gremial Centro de Servicios Mineros La Chimba, CESMIN AG. Ese mismo año, la entonces Subsecretaria de Bienes Nacionales en conjunto con la Secretaria Regional se comprometieron a la venta directa de los terrenos a cada uno de los miembros de esta asociación gremial, previo estudio de planificación territorial y el análisis de cada caso particular.

En este contexto, acompañó a la SEREMI recurrida sus datos personales y los antecedentes sobre el proyecto que estaba desarrollando en el lugar, procediéndose además al financiamiento del plano seccional, el pago los impuestos municipales por aprobación del plano así como los tributos de contribución territorial, esto último durante 10 años.

Posteriormente, con fecha 26 de febrero de 2007, fue notificada de anuncio de desalojo emitido la entonces Secretaria Regional de Bienes Nacionales. Acto seguido, con fecha 6 de marzo de 2007, el Gobernador Provincial de la época mediante resolución exenta número 0649, requirió a un tercero, nombre reservado, para efectos de restituir la propiedad Fiscal correspondiente al sitio 1, manzana A, de calle Huamachuco inserción Chaparrosa, la Chimba Alta, por ser este un ocupante ilegal, ordenando se oficie a Carabineros de Chile para efectos de proceder al desalojo forzado. Destaca que en esta orden, en ningún caso se le ordenaba a la recurrente desalojar el terreno, puesto ella solo se refería a este tercero.

Luego, con fecha 30 de octubre de 2007, se le notificó que el Comité Consultivo Regional evaluó sus antecedentes, decidiendo rechazar su solicitud de venta directa. Lo anterior, por cuanto la enajenación de este terreno debía efectuarse preferentemente por licitación pública al supuestamente no presentarse ocupación material del terreno, porque el sitio poseía usos permitidos de vivienda, lo que no calzaba con el proyecto de arriendo servicios de bodegaje que se pretendía implementar, y por existir un déficit de viviendas en la ciudad de Antofagasta.

Frente a esta última situación, interpuso recurso de protección ante esta Iltma. Corte de Apelaciones en contra de la entonces Secretaría Regional de Bienes Nacionales, el que fue acogido, dejándose sin efecto la resolución administrativa en cuanto desestimó la postulación de esta parte a adquirir en venta directa el sitio fiscal y ordenando a la recurrida se pronunciara en derecho reestudiando los antecedentes. El fundamento de la decisión de este tribunal, según señala, consistiría en que la decisión del órgano recurrido infringiría el principio de igualdad siendo constitutiva de una arbitrariedad, puesto que resultó acreditado que en situaciones similares, se procedió a la venta de terrenos fiscales en el sector de La Chimba.

Posteriormente, en el año 2011, mediante oficio de fecha 17 de marzo, la SEREMI de Bienes Nacionales de Antofagasta, informó que los procesos de adjudicación fueron declarados abandonados el año 2007 y que no existían trámites pendientes. Asimismo, notificó a la recurrente que tenía el plazo de tres días para hacer desalojo del inmueble fiscal correspondiente al sitio 1, manzana A, del sector la Chimba, so pena de ser desalojada de manera inmediata.

Frente a esta última actuación, nuevamente recurrió de protección, acción que fue rechazada por medio de sentencia confirmada por la Excma. Corte Suprema. Sin embargo, señala que en el considerando cuarto de la resolución dictada por esta Corte, se dispuso que este conflicto era un asunto de fondo que debía ser discutido en un procedimiento de lato conocimiento.

Por último, señala que el día 30 de octubre de 2013, compareció al inmueble en cuestión, un fiscalizador del Ministerio de Bienes Nacionales acompañado de un contingente de 20 Carabineros de fuerzas especiales y un vehículo tipo “guanaco”, procediendo a notificarla del oficio número 2346 de fecha 23 de octubre de 2013, emanado del Gobernador Provincial de Antofagasta, informando que en virtud de esta última actuación todos los ocupantes debían hacer abandono del inmueble, bajo pena de ser desalojados por la fuerza pública, viéndose en la obligación de acatar esta instrucción dejando en el lugar una serie de bienes tales como buses, automóviles, herramientas, así como la casa y oficinas que se construyeron en el lugar.

En cuanto a argumentos de derecho señala que el acto arbitrario e ilegal está constituido por el oficio número 2346 de fecha 23 de octubre de 2013 emanado del Gobernador Provincial de Antofagasta el que se funda en el DFL N° 22 de 1959, artículos 26 letras e) y f), el D.L. 3.457 de 1980, artículos 33 y 34 inciso segundo y la ley 19.175 de 1992, sobre Gobierno y Administración Regional, artículo 4, letra h, agregando como antecedentes fácticos los oficios, resoluciones exentas y sentencias, referidos en la exposición efectuada en los párrafos precedentes, agregando la ficha de fiscalización correspondiente al inmueble en cuestión de fecha 3 de octubre de 2013, efectuada por la SEREMI de Bienes Nacionales.

En tal oficio además, se solicita el desalojo del inmueble en razón de haberse realizado todas y cada uno de las gestiones administrativas y jurídicas que pudiesen corresponder, solicitando que el trámite se efectuara en forma inmediata sin posibilidad de otorgar plazo, tiempo de espera o prórroga al ocupante.

Luego, concluye que esta actuación sería arbitraria por no existir hechos que fundamenten el desalojo. Lo anterior, en virtud de que la resolución exenta en que esta se sustenta, es a su vez la resolución exenta número 0649 de fecha 6 de marzo de 2007 emanada de la Gobernación Provincial, en la que solo se ordena el desalojo del tercero nombre reservado.

Dispone además, tal acto es ilegal por infringir una serie de disposiciones normativas.

En primer término, señala que existiría una infracción al D.F.L. número 1 del 8 de agosto de 2005 en su artículo 4 letra h), inciso segundo y su artículo 44 inciso segundo. La primera disposición establece que el Gobernador Provincial puede exigir la restitución de bienes del Estado cuando ello proceda, tratándose de una norma residual que solo tiene aplicación si y solo si no existe otra norma que establezca una forma diversa de proceder. La segunda norma viene a su entender en concretar el principio de juricidad aplicable al Gobernador Provincial.

En segundo término, manifiesta que existe una violación del D.F.L. número 22 de 1959, en sus artículos 26 letras e) y f), artículos 33, 34 y 35, así como del D.L. 1939 de 1977 en su artículo 19. Concluye sobre la base de estas normas que el Gobernador carece de facultades para desalojar ocupantes ilegales y que sólo puede desalojar ocupantes indebidos, distinción que efectúa la misma ley y que consiste en que los primeros son aquéllos que carecen de autorización, concesión o contrato, al tenor del artículo 19 D.L. 1939 de 1977, mientras que los segundos son aquéllos que poseen un título aparente de ocupación o mera tenencia.

Además, señala que existe una infracción a los artículos 578, 582, 643 y 669 inciso final del Código Civil, lo anterior por cuanto es poseedora material del terreno que se está desalojando y dueña de toda la urbanización y edificación construida en ese lugar, edificaciones estas últimas que fueron hechas a vista y paciencia del Fisco, quien de conformidad a las reglas generales debe pagar la indemnización correspondiente.

Indica también que los hechos expuestos implican una infracción de la ley 19.880, sobre procedimiento administrativo y al principio de juridicidad establecido en la Constitución Política.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, en primer término invoca la del número 3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política, argumentando que en el oficio número 2346 de fecha 23 de octubre de 2013 el Gobernador Provincial de Antofagasta intenta hacer efectiva la resolución exenta número 0649 de fecha 6 de marzo de 2007 sobre esta parte, siendo que en esta última, como se ya se señaló, se requiere el desalojo de un tercero que jamás ha tenido la posesión material del predio.

Asimismo, señala que en la especie el Gobernador carece de las facultades que le confiere el D.F.L. número 22, en sus artículos 26 letras e) y f), artículos 33 y 34, en razón de que existen distintos antecedentes, consistente en actos de la autoridad administrativa y el reconocimiento judicial en las causas de protección incoadas en el pasado, que avalan la posesión material de la recurrente por más de 20 años a la fecha, por lo que no puede considerarse que la ocupación del inmueble sea indebida al existir un título aparente de ocupación o mera tenencia. Así las cosas, correspondía de conformidad a estas normas que el Gobernador remitiera los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, dando cuenta al Ministerio del Interior y de Bienes Nacionales, absteniéndose en consecuencia de su actuar, lo que implica que no estaba facultado para ordenar el desalojo del inmueble mediante el oficio señalado.

Indica además que el Gobernador carece de las facultades que le confiere el artículo 4 letra h) de la ley 19.175 de 1992, en cuanto a ejercer la vigilancia de los bienes del Estado e impedir su ocupación ilegal, por cuanto esta no es la condición jurídica en que se encuentra la propiedad en cuestión.

Por lo anterior entiende que para lograr la restitución del inmueble de propiedad fiscal, es necesario que el Ministerio de Bienes Nacionales inicie las acciones legales tendientes a la obtención de un pronunciamiento judicial en tal sentido, debiendo proceder de conformidad a las acciones posesorias establecidas en el título IV del libro III del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, como la disputa que se presenta en la especie no ha sido resuelta de esta manera, la recurrida se ha adjudicado para sí facultades jurisdiccionales y ha pretendido hacer justicia por su propia mano, verificándose de esta manera la conculcación de la garantía constitucional invocada.

Luego, entiende que existe una vulneración del derecho a desarrollar cualquier actividad económica, contemplado en el artículo 19 número 21 de la Carta Fundamental. Lo anterior en razón de que actualmente el acceso al inmueble en cuestión, el que utiliza para dejar sus vehículos mientras estos no están trabajando, le ha sido prohibido, lo que le impide realizar la actividad con la que gana su sustento.

Por último, alega una vulneración de la garantía contemplada en el artículo 24 número 19 de la Carta Política, esto es el derecho propiedad, la que se verifica porque la actuación de la Gobernación Provincial le priva del derecho de dominio sobre la edificación del terreno del cual se la ha desalojado, así como de las herramientas de trabajo y vehículos en los que desempeña su actividad económica.

Acompañó la recurrente en el otrosí de la presentación de fs. 45 los siguientes antecedentes:

1. Oficio N° 2346, de fecha 23 de octubre de 2013, emitido por don nombre reservado, Gobernador Provincial de Antofagasta.

2. Resolución Exenta Numero 0649, de fecha 6 de Marzo de 2007, emitida por don nombre reservado.

3. GABS N° 204/2003, emitido por doña nombre reservado, Secretaria de Bienes Nacionales.

4. Minuta Interna de Catastro N° 738/04.06.20037, emitida por don nombre reservado, encargado de unidad de catastro del Ministerio de Bienes Nacionales.

5. SEO-3266/2007, emitido con fecha 30 de Octubre de 2007, por nombre reservado, Subsecretaria de Bienes Nacionales de Antofagasta.

6. Sentencia de fecha 22 de enero de 2008, pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta.

7. Sentencia de fecha 2 de junio de 2011, pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta.

8. Escrito presentado, con fecha 17 de Junio de 2005, por doña nombre reservado, presidenta de CESMIN A.G. a nombre reservado., SEREMI de Bienes Nacionales de Antofagasta.

9. Ordinario SEO2-130-2004, de fecha 16 de abril de 2004, emitido por SEREMI de Antofagasta.

10. Ordinario N° 236, de fecha 27 de febrero de 2003, emitido por don nombre reservado, asesor gabinete Sr. Ministro de Bienes Nacionales.

11. Ordinario SEO-980/2011 emitido con fecha 17 de marzo de 2011, por SEREMI de Bienes Nacionales de Antofagasta.

12. Comprobante de ingreso pago de impuestos de regularización de local comercial, de fecha 2 de octubre de 2007, emitido por la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

13. Ordinario SEO2-4747/2000, emitido con fecha 26 de diciembre de 2000, por SEREMI de Bienes Nacionales de Antofagasta.

14. Ordinario número 006/2002 de fecha 18 de enero de 2002, emitido por nombre reservado., Director Regional SERCOTEC de Antofagasta, dirigido a SEREMI de Bienes Nacionales.

15. Carta de fecha 26 de abril de 2001 emitida por nombre reservado al Presidente de la Sociedad Alto La Chimba y Presidente Sociedad Los Arenales Ltda.

16. Carta emitida por doña nombre reservado con fecha 11 de julio de 1995 dirigida al SEREMI de Bienes Nacionales de Antofagasta, en la que se le informa de las inversiones que se efectuarían en el terreno solicitado.

17. Carta enviada con fecha 2 de Agosto de 1999, por don nombre reservado, a SEREMI de Bienes Nacionales de Antofagasta, en el que se informa del inicio de instalación de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado.

18. Carta enviada con fecha 25 de agosto de 2001, por doña nombre reservado, Presidente de CESMIN A.G., al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, en la que informa de las obras a efectuar en la Chimba y solicita una rebaja en derechos de aprobación de proyecto.

19. Copia de publicaciones efectuadas el 2003, en distintos diarios en que se da cuenta de una serie de oficios efectuado por distintas autoridades administrativas para agilizar y regularizar la situación de los terrenos de la Chimba.

20. Plano efectuado por el Ministerio de Bienes Nacionales en septiembre de 2000, a solicitud de Sociedad Industrial y Comercial Los Arenales Limitada, respecto de los terrenos de la Chimba.

21. Recurso de reposición, de fecha 24 de noviembre de 2010, respecto a servicios contratados presentado por doña nombre reservado, dirigido a Gerente General de Aguas Antofagasta S.A.

22. Comprobantes de Factura N° 1357260, emitida por ELECDA a nombre de doña nombre reservado por consumo de energía eléctrica del inmueble de Caparrosa 880, Antofagasta.

23. Contrato de suministro eléctrico de fecha 23 de abril de 2007 suscrito entre doña nombre reservado y Empresa Eléctrica de Antofagasta.

24. Copia de Plano de instalación eléctrica interior de taller de Antofagasta, Caparroza 880.

25. Copia proyecto de instalación alcantarillado domiciliaria, Caparroza 880, propietaria nombre reservado.

26. Carta enviada por doña nombre reservado, a SEREMI de Bienes Nacionales, de fecha 27 de enero de 2005.

27. Copia de escrito presentado con fecha 8 de agosto de 2008, por doña nombre reservado a SEREMI de Bienes Nacionales.

28. Copia de comprobantes de pago de contribuciones emitidos por Tesorería General de la Republica, respecto del inmueble La Chimba Manzana A sitio 1 sector 4.

29. Carta enviada con fecha 29 de enero de 2004, al Intendente Regional de Antofagasta por doña nombre reservado.

30. Copia de Ordinario N° 719/2002, enviado por Secretario Comunal de Planificación Ilustre Municipalidad de Antofagasta, en respuesta a oficio de la Asociación Gremial Centro de Servicios Mineros La Chimba.

31. Copia de comprobante de pago de fecha 4 de agosto de 2003, respecto de derechos Municipales por la aprobación de loteo.

SEGUNDO: Que informando el recurrido nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, señaló que conforme a las facultades que le otorga el D.L. 1939 de 1977, solicitó a la Gobernación Provincial de Antofagasta procediera a dictar el acto administrativo que ordena el desalojo del inmueble de autos.

Previamente, en el año 2007, mediante oficio de fecha 2 de marzo, se le solicitó a la misma entidad que procediera al desalojo administrativo del lugar, para lo cual se dictó la resolución exenta 649 de fecha 6 de marzo de 2007, en la que se requirió a don nombre reservado y conjuntamente con todos los ocupantes y cualquier persona extraña que pudiese estar ocupando el bien inmueble en referencia, para que se efectué su restitución en forma inmediata.

A su tiempo, la recurrente con fecha 19 de marzo de 2011, recurrió de protección contra esta autoridad, arbitrio que fue rechazado por esta Iltma. Corte y confirmada dicha resolución por la Excma. Corte Suprema.

Luego, con fecha 23 de octubre de 2013, la Gobernación Provincial dicta el oficio número 2346 en que se solicita a Carabineros de Chile hacer efectivo el desalojo ordenado en virtud de la resolución del año 2007.

Argumenta que la ocupación de la recurrente respecto del inmueble no ha variado y que el desalojo se ha ajustado plenamente a derecho, ya que se trataba de una ocupante ilegal de un bien fiscal que no detentaba autorización, concesión o contrato alguno para estar ocupándolo.

Posteriormente, entiende que la acción cautelar interpuesta no puede prosperar por cuanto para ello es necesario que exista un derecho cuyo ejercicio este siendo amenazado, privado o perturbado, lo que no ocurre en autos.

Luego, indica respecto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales que el Ministerio actuó dentro de sus facultades legales, conferidas por el D.F.L. número 22 de 1959 y el D.F.L. N° 1 de 2005, por cuanto en el año 2007 solicitó el desalojo del referido inmueble porque sus ocupantes no tenían autorización alguna para estar en él. Por lo anterior, carecería de sustento fáctico y jurídico la calificación de actuar arbitrario e ilegal que hace la recurrente.

En cuanto a este mismo punto, señala que de conformidad al D.L. 1939 de 1977, el Ministerio de Bienes Nacionales podrá ejercer las acciones establecidas en el título IV del libro III del Código de Procedimiento Civil, pero también se encuentra facultado para obtener el desalojo por vía administrativa. Por tanto, ni el Ministerio ni la Gobernación Provincial se han erigido como comisiones especiales ya que todo lo obrado ha sido en respeto a la legalidad y los derechos fundamentales de la recurrida.

Respecto de la conculcación del derecho a desarrollar cualquier actividad económica que invoca la recurrente, señala que en caso de ser esto efectivo, ello no es consecuencia de su actuar arbitrario o el de otra autoridad, sino que producto de su propia desidia o negligencia al no respetar el orden público ni las normas legales que regulan su actividad económica.

En lo tocante al derecho de propiedad, afirma que las eventuales construcciones realizadas en el lugar, son inmuebles por adherencia y por tanto son de titularidad del Fisco de Chile. Asimismo, indica que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 599 del Código Civil no puede construirse en terrenos fiscales sino con un permiso especial otorgado por la autoridad competente, que en la especie no existe. A su entender esta última norma es incompatible con el artículo 669 inciso segundo del mismo cuerpo legal en que la recurrente fundamenta su pretensión indemnizatoria.

Concluye reiterando que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la autoridad al solicitar el desalojo administrativo del ocupante ilegal del inmueble.

TERCERO: Que informando el recurrido don nombre reservado, Gobernador Provincial de Antofagasta, señaló en cuanto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales que lo aseverado por la recurrente no es efectivo porque la solicitud efectuada por el Ministerio de Bienes Nacionales encuentra su fundamento en una ocupación ilegal de dicha parte, la que se verificó sin haber mediado autorización alguna por parte de la autoridad.

Por lo tanto, fue en virtud de esta situación, de conformidad a las facultades que otorga el artículo 19 del D.L. 1939 de 1977, que la SEREMI le solicitó decretar el desalojo administrativo de todos aquellos que sin título alguno que justifique su actuar ocupen indebidamente el inmueble fiscal objeto de la litis.

Al respecto agrega que esta actuación se enmarca dentro de las facultades que la ley N° 19.175 y el D.F.L. número 22 de 1959 otorgan al Gobernador Provincial.

Por lo anterior, concluye que no puede entenderse que la actuación de la autoridad haya sido arbitraria, pues la propia ley lo faculta para ello.

Respecto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica hace presente que la ley es clara en cuanto a este tipo de actividades deben realizarse con respeto a las normas que la regulan, lo que en la especie no ocurre al haber desarrollado esta la recurrente por largos años contra la ley, ocupando un terreno de dominio fiscal sin la autorización de quien está facultado para administrar dichos bienes, esto es, el Ministerio de Bienes Nacionales.

En relación al derecho de propiedad, entiende que por aplicación de las normas generales de la accesión de los artículos 668 y 669 del Código Civil, las mejoras introducidas en el inmueble de autos se entienden pertenecerle al dueño del predio superficial, esto es, el Fisco de Chile. Ahora bien, la hipótesis de retención que plantea la recurrente no se aplicaría en este caso porque a contar del año 2007, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales ha intentado recuperar el inmueble usurpado, por lo que es posible estimar que las mejoras introducidas en él lo hayan sido a ciencia y paciencia del dueño, sin existir autorización para ello.

CUARTO: Que conforme lo previene el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 22 de 1959 del Ministerio de Hacienda en su letra e), corresponde a los Gobernadores “ejercer la vigilancia y cuidar de la conservación de los bienes del Estado, fiscales o nacionales de uso público, cuidar que se respeten en el uso al que están destinados y, en especial, impedir que se ocupen en todo o en parte, se realicen obras, se lleven a efecto resoluciones o se ejecuten otros actos que embaracen o perturben el uso común”; y agrega en su letra f) “exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición, podrá ser uso de las facultades que le otorga la presente ley.

Si el ocupante exhibe un título aparente de ocupación o de mera tenencia, enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, dando cuenta los Ministerios del Interior y de Tierras y de Colonización (actual Ministerio de Bienes Nacionales). En el intertanto, se abstendrá de actuar.

Los Conservadores de Bienes Raíces estarán obligados a comunicar al Gobernador las inscripciones de propiedades particulares que no tengan título anterior inscrito”.

QUINTO: Que el artículo 33 del cuerpo legal a que se ha hecho referencia en el motivo anterior, dispone a su vez que “las resoluciones de carácter particular deberán ser comunicadas a quienes afecten, salvo que el interesado tome conocimiento personal de lo resuelto. De todo lo obrado se dejará constancia en los antecedentes.

Se entenderá notificada una resolución desde que el interesado le avise cualquiera gestión que haga suponer su debido conocimiento”.

Por último, el artículo 34 del mismo dispone que “los Intendentes y Gobernadores podrán decretar el auxilio de la fuerza pública, en los casos de oposición o resistencia al cumplimiento de órdenes o resoluciones de carácter ejecutivo que dicten en el uso de sus atribuciones”.

SEXTO: Que el artículo 4° de la Ley N° 19.175 de 1992, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, ubicado en el capítulo II relativo al Gobernador dispone que “El Gobernador ejercerá las atribuciones que menciona este artículo informando al Intendente de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas.

El Gobernador tendrá todas las atribuciones que el Intendente le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente:

h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público.

El uso de esta facultad, el Gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su destitución cuando proceda”.

SEPTIMO: Que el Oficio N° 2346 de fecha 23 de octubre de 2013 emitido por el Gobernador Provincial de Antofagasta don nombre reservado, que es el acto arbitrario e ilegal en el que se fundamenta el presente recurso, dispone que “De: nombre reservado Gobernador A: Carabineros de Chile. 1.- Por el presente, el mérito de los antecedentes que se exponen, y habiéndose realizado todas y cada una de las gestiones administrativas y jurídicas que pudieren corresponder, vengo en solicitar se realice el desalojo efectivo y material del inmueble fiscal ubicado en el SITIO N° 1, de la Manzana A, del sector IV de Chimba, de la ciudad de Antofagasta, ocupado ilegalmente por doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad y nombre reservado RUT reservado y Don nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad y nombre reservado° RUT reservado y todos quienes fuesen encontrados en el bien inmueble, con el auxilio de la fuerza pública, y con efecto de inmediato.

2.- El efecto informo a Ud. que con fecha 06 de Marzo de 2007, se dictó la Resolución Exenta N° 0649, de esta Gobernación Provincial, la cual fue debida y legalmente notificada por funcionarios de su dependencia.

3.- Que, las partes recurrieren a diversas instancias judiciales, en especial a través de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en contra del Gobernador Provincial de Antofagasta, y continuando en la instancia respectiva en la Excelentísima Corte Suprema, en la ciudad de Santiago, cuyos resultados fueron negativos para sus pretensiones, agotando por esta vía sus actuaciones y posibilidades judiciales, quedando por ende a firme la Resolución Exenta dictada por la autoridad provincial, debiéndose hacer efectivo el cumplimiento de la misma, realizándose el desalojo del inmueble fiscal, con el auxilio de la fuerza pública, y con efecto de inmediato.

4.- Por lo anterior, solicito el apoyo de esta gestión, con el número de funcionarios adecuados para su ejecución forzada y sin posibilidad de otorgar plazo, tiempo de esperas o prórroga alguna al ocupante, quien hasta la fecha no ha manifestado intención alguna de entrega del inmueble en forma voluntaria.

5.- Que, el suscrito considera que se deberá llevarse a cabo dicho desalojo de inmediato, tomando posesión del inmueble, a través de funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región Antofagasta, con el apoyo y auxilio de su institución, quedando a disposición de dicha Secretaría de Estado los elementos de acceso al bien fiscal, como también bajo su propia responsabilidad la custodia del inmueble y los bienes muebles que la integren y el resguardo y sellos que inhabiliten al actual ocupante ilegal de acceder nuevamente al inmueble.

6.- Que, en el evento de necesitar algún tipo de maquinaria para realizar la medida de desalojo, deberá ser solicitada prontamente a las instituciones fiscales correspondientes e interesadas en la materia, lo cual en ningún caso deberá ser un obstáculo para el diligenciamiento de la misma, dado el tiempo transcurrido para su ejecución.

7.- Asimismo, solicito se realice el desalojo administrativo del inmueble fiscal a la brevedad posible, y con las respectivas coordinaciones con la encargada Provincial de Seguridad Pública, Doña nombre reservado, Fono contacto: 451513 – 451514 y con la Unidad Jurídica de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta.

8.- Por último, acompaño copias simples de la documentación referida previamente, en especial las sentencias dictadas por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, y la Excma. Corte Suprema, para todos los efectos legales y administrativos a que hubiere lugar.”

OCTAVO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de dicha Carta que en él se menciona, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

NOVENO: Que acorde a lo señalado en los motivos que anteceden fluye que el Gobernador de Antofagasta don nombre reservado al proceder a dictar el Oficio N° 2346, a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta con el objeto de hacer efectivo el desalojo administrativo del bien fiscal ubicado en la Manzana A, Sitio 1, Sector IV La Chimba con el apoyo de la fuerza pública ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones que le han sido conferidas por las disposiciones legales a que se ha hecho referencia, de tal suerte entonces que su actuar no puede considerarse ilegal o arbitrario, por lo que el recurso de protección interpuesto no puede prosperar, y por lo tanto, las garantías constitucionales que aduce como vulneradas para fundamentarlo en realidad no lo fueron.

DECIMO: Que de otra parte y, tan solo a mayor abundamiento, la posibilidad de la recurrente para ser indemnizada de los perjuicios por las razones que aduce en su presentación, de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República, puede hacerla valer ante la autoridad o el tribunal correspondiente.

Por estas consideraciones, Recurso de Protección Rol N° 853-2007 que se tiene a la vista, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el deducido a fojas 1 y siguientes por doña nombre reservado en contra del Gobernador Provincial de Antofagasta don nombre reservado y del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta don nombre reservado

nombre reservado, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1748-2013.

Redacción del Ministro Titular Sr. Enrique Álvarez Giralt.

Pronunciada por la Sala de Verano, integrada por los Ministros Titulares sr. Enrique Álvarez Giralt, Sra. nombre reservado y el Fiscal Judicial Sr. Rodrigo Padilla Buzada. Autoriza el Secretario Titular Sr. Mauricio Pontino Cortés.

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA