nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, a ocho de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Jorge Manuel Lena Salgado, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la nombre reservado 18 nombre reservado, RUT RUT reservado, representada legalmente don nombre reservado, debido al acto ilegal y arbitrario que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República, consistente en descontar parte de la remuneración del actor sin causa justificada, solicitando el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución; y, se ordene a la recurrida abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de la Sociedad Comercializadora y Distribuidora Araza SpA, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro el recurrente, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de sus remuneraciones; todo ello con expresa condena en costas.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda el recurrente su acción, señalando que con fecha 13 de julio de 2018, firmó pagaré por el monto total de $6.495.736., y que ante una notoria insolvencia, encontrándose sin empleo, dejó de cumplir con su obligación de pago con fecha 10 de octubre de 2019.

Señala que, sin perjuicio de lo anterior, la recurrida con fecha 27 de febrero de 2021 interpuso demanda ejecutiva de cobro de pagaré, la que se sigue ante el 3° Juzgado Civil de Antofagasta, bajo el rol C-545-2021, demanda que se encontraría notificada y con requerimiento de pago vigente.

En dicho contexto, sostiene que la recurrida nunca debió ni debe seguir descontando, extrajudicialmente de manera arbitraria e ilegal su crédito, toda vez que ha exigido su cobro en sede judicial, no siendo procedente accionar o perseguir el cobro del pagaré en cuestión en ambas sedes, toda vez que, comenzó a efectuar descuentos en las remuneraciones del actor sin aviso ni notificación previa, y lo más importante reitera, habiendo ya ejercido acción oportuna tendiente a efectuar el cobro judicialmente.

Hace presente que, cuando el recurrente dejó de pagar, la recurrida no ejerció acciones judiciales efectivas tendientes a cobrar el crédito, encontrándose las mismas abandonadas, sino que ha decidido revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, lo cual priva al recurrente de su derecho de defensa y propiedad sobre parte de su retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña.

Concluye, señalando que la recurrida unilateralmente realizó descuentos ilegales desde el mes de junio 202, y que dicha cifra descontada hasta le época de interposición de su arbitrio ascendía a $211.866.- En cuanto al derecho, se remite al artículo 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República, cuyas normas cita, así como también jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

SEGUNDO: Que, informó don Matías Javier Zoroquiain Vélez, abogado, en representación de la recurrida Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 nombre reservado, solicitando rechazar la presente acción.

Al efecto, indica que el día 13 de julio de 2018 el actor solicitó a la recurrida un crédito por la cantidad de $6.495.736 (seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos treinta y seis pesos), pagadero en 60 cuotas de $211.866; operación identificada con el folio 210034611. Que, el actor pago de forma más o menos regular las cuotas vencidas con antelación al mes de octubre de 2019. Luego, atendida la circunstancia que el crédito del actor quedó moroso, se habrían activado los mecanismos de cobro extrajudiciales correspondientes, entre ellos, la incorporación del mismo a la base de aquellas operaciones morosas que pueden y deben ser cobradas al deudor, mediante el descuento en sus remuneraciones, tanto por la Caja acreedora como las demás C.C.A.F. que forman parte de la plataforma Intercajas.

En dicho contexto, debido al fracaso de la cobranza extrajudicial, en cumplimiento de la normativa que regula la materia, particularmente del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, fue que se dedujo demanda ejecutiva en contra del actor, seguida ante el 3° Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad, causa rol C-545-2021, la que ha resultado infructuosa según indica, en orden a conseguir siquiera parte de lo adeudado por el recurrente.

Bajo dicho contexto alega, la recurrida no ha hecho otra cosa que dar cumplimiento al mandato legal que pesa sobre ella al tenor del 3.1.17.2, del Libro III del Compendio de normas que regulan las Cajas de Compensación y Asignación Familiar; y, que el descuento en las remuneraciones del actor, resulta ser un mecanismo de cobro para recuperar lo adeudado, el que por lo demás resultaría mucho más beneficioso par el deudor al compararlo con el cumplimiento forzado de la obligación a través de un procedimiento ejecutivo.

Alega además, inexistencia de actuación ilegal o arbitraria, toda vez que el cobro impugnado se ha realizado en estricto apego a derecho, y exento de cualquier ilegalidad o arbitrariedad, lo que funda bajo la cita de diversos artículos contenidos en la Ley N°18.833, así como también en el Código del Trabajo y Ley N°17.322.

Junto con lo anterior, sostiene que, el mandato que el actor otorgó a la recurrida “otorga mandato y faculta a su actual empleador y a sus futuros empleadores, para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda(…).”, así, el cobro de las cuotas de crédito social del actor, efectuado de la forma en se ha hecho, corresponde al cumplimiento de una obligación normativa expresa y exenta de cualquier arbitrariedad, haciendo presente además, que la obligación del actor no ha sido extinguida por algún modo legal, y que tampoco se encontraría prescrita.

Por último, finaliza solicitando al actor, que informe a la casilla electrónica que indica los datos de una cuenta bancaria con el objeto de proceder a la restitución del total recaudad, en atención a lo ordenado por esta Corte, a propósito de la orden de no innovar decretada en autos.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en este caso, la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 nombre reservado, optó por judicializar el cobro de la obligación, en procedimiento seguido ante el Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad, cuyo ingreso lo fue el 27 de febrero de 2021, despachándose en autos ejecutivos, el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, cuyo título ejecutivo es el pagaré N°0210034611, suscrito por el actor, por la suma de $6.495.736.- Sobre este proceso judicial, rol C-545-2021, seguido ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, es importante tener presente que, la demanda ejecutiva fue notificada con fecha 14 de abril de 2021, y el deudor fue requerido de pago con fecha 15 de abril de 2021, por la cantidad consignada en el respectivo mandamiento de ejecución y embargo despachado en dichos autos por la suma de $5.495818.-; es decir, nos encontramos con un proceso válido, en que se encuentra correctamente trabada la Litis, sin que costa actuación o diligencia alguna en la mencionada causa, con posterioridad al requerimiento de pago, encontrándose actualmente archivada según lo ordenado en resolución de fecha 23 de noviembre de 2021.

SEXTO: Que entonces, tenemos que en autos, la recurrida ha iniciado el cobro judicial de la operación que refiere en su informe, a saber, pagaré N°0210034611, mediante la interposición de la respectiva demanda con fecha 27 de febrero de 2021, notificadas el día 14 de abril de 2021, en la que el actor fue requerido de pago el día 15 del dicho mes y año. No obstante, la Caja recurrida continuó con los descuentos, según se aprecia de la liquidación de remuneraciones del actor acompañada en autos, correspondientes al mes de junio del año en curso.

Conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto alegado, ya que, es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación antes mencionada, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica de un cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, resulta arbitraria la medida de efectuar una cobranza por vía judicial, y posteriormente, proceder a los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la Ley le confiere a la Caja de Compensación.

SÉPTIMO: Que, asimismo, la Caja de Compensación recurrida, se encuentra obligada a dar noticia e información previa de sus determinaciones al afectado, tras el transcurso de un extenso tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso de una potestad unilateral consignada en la Ley N°18.833, de 26 nombre reservado de 1989, que establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), más todavía cuando, como en la especie, se ha perseguido judicialmente el pago de la obligación en un proceso que se mantiene vigente.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Jorge Manuel Lena Salgado, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 nombre reservado, sólo en cuanto la recurrida se abstendrá de practicar el cobro del crédito social vía descuento de remuneraciones, respecto del pagaré N°010CON103046234 y crédito código N°0210034611, de fecha 13 de julio de 2018, debiendo reembolsar el monto indebidamente descontado de las liquidaciones del actor desde el mes junio del presente año.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1743-2024 (PROT)

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