nombre reservado con ANDREINA ALEJANDRA ARAOS MUÑOZ TRANSPORTES E.I.R.L.

Antofagasta, a dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece Carlos Claussen Calvo, abogado, RUN RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de Constructora y Comercial Asercop Limitada, RUT RUT reservado, representada por nombre reservado, RUN RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y de los más de 500 trabajadores dependientes de su representada, quien interpone recurso de protección en contra de Andreina Alejandra Araos Muñoz Transportes EIRL, RUT RUT reservado, don nombre reservado, ignora RUN, gerente general de la empresa Andreina Alejandra Araos Muñoz Transportes EIRL, y don nombre reservado, ignora RUN, gerente operación de la empresa Andreina Alejandra Araos Muñoz Transportes EIRL, todos domiciliados en domicilio reservado, por estimar vulneradas las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1º, 2º, 21º y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando ordenar el cese inmediato de las amenazas de bloqueo de caminos realizada en contra de la recurrente y sus trabajadores, como el envío de correspondencia por cualquier medio respecto de sus mandantes Minera Zaldívar y Albemarle, así como se disponga el cese inmediato de cualquier otra actividad que perturbe el desarrollo de la actividad comercial de la recurrente, igualdad ante la ley, integridad psíquica de los trabajadores de la recurrente y derecho de propiedad de ambos, así como la abstención de cualquier acto que declare ilegales y/o arbitrarias tales acciones, restableciendo el imperio del derecho, o lo que estime pertinente proceder, todo con expresa condena en costas a la parte recurrida.

Evacuando informe el recurrido Andreina Araos Muñoz Transportes EIRL, solicita el rechazo del mismo.

No habiéndose evacuado informe por los recurridos nombre reservado y nombre reservado, continúa su tramitación en su rebeldía.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El abogado ya individualizado expone que la recurrente es una empresa que inició sus actividades en 1993, proveyendo un servicio integral y de alta calidad a la minería y construcción, a través de un personal altamente calificado, técnico y una vasta trayectoria, que busca dar soluciones de alta complejidad ajustadas a la medida de los requerimientos de sus clientes, principalmente enfocadas a prestaciones como movimientos de tierra, construcción y geo-membranas.

Expone que en el 2019 mantiene contratos importantes con las empresas Mineras Zaldívar y Albemarle, teniendo a cargo más de 500 trabajadores y un gran número de proveedores, entre ellos últimos se encuentra la empresa recurrida, representada por los recurridos. Agrega que Asercop arrendó a la empresa recurrida el bus de transporte de personal placa patente HRKS-54 a finales del año 2018 y principios de 2019, pero dicha máquina presentó una serie de fallas que afectaron su uso (Ej. Circuito eléctrico de activación de plumillas en corte, fusilera en corte, aire acondicionado con problemas, varilla de aceite quebrada, línea de ad-blue con fuga, etc), las que fueron debidamente informadas, junto con solicitar su reparación a través de sus talleres. Sin embargo, ello no sucedió y a partir del 21 de Febrero del 2019 el bus quedó totalmente fuera de servicio, razón por la cual Asercop, con fecha 27 de Febrero del 2019, procedió a exigir el retiro de la máquina, terminando así la relación con dicho contratista.

Refiere, sin embargo que la empresa recurrida procedió el 27 de marzo último, contrario a lo pactado, a emitir sin los Estados de Pago requeridos dos facturas, una por “arriendo de taxibus mes de marzo” (N° 94) y la otra (N° 95) por “reparación Taxibus”, pese a que el referido equipo no estuvo ningún día del mes de marzo en poder y uso de Asercop, además del hecho de que la reparación correspondía a la empresa transportista. Por tal motivo, dichas facturas fueron rechazadas en tiempo y forma dentro de octavo día, específicamente el 02 de abril, a través de la plataforma dispuesta por el Servicio de Impuestos Internos para los contribuyentes sujetos a facturación electrónica.

Agrega que los recurridos fueron informados de ese rechazo de facturas y que no se les pagaría por los valores que pretendían cobrar, pero, en lugar de realizar las gestiones que el ordenamiento confiere a cualquier persona que estime tener una pretensión ante otro, buscaron autotutela, procediendo a realizar amenazas e intentos de extorsión a Asercop por la vía de producir ante sus mandantes Minera Zaldívar y Albemarle, amenazas de bloqueos o cierres de camino, como se jactan incluso haberlo realizado con Albermale.

Refiere que el 26 de marzo, el recurrido nombre reservado remitió a nombre reservado, trabajador de la empresa mandante Albemarle y Administrador del Contrato que Asercop mantiene con dicha empresa, el siguiente correo: “por favor me puede ayudar a buscar la mejor solución para poder terminar con este conflicto ya que la idea de subir a hacer una protesta no nos conviene a ninguna de las partes ya que por mi parte tendría que seguir gastando plata en subir varias unidades para dicha protesta y ustedes como mandante entiendo que no tiene nada que ver”… Agrega que como no tuvieron la respuesta que esperaban, uno de los recurridos, el Sr. nombre reservado, procedió, con fecha de hoy 15 de mayo de 2019, a enviar el siguiente correo a la empresa Minera Zaldívar, mandante de Asercop, el siguiente correo: “Les comunico que la Empresa Asercorp no quiere pagar las facturas pendientes de pago según lo informado por las personas de Zaldívar, los cuales los citaron para el día jueves a nosotros con nuestro abogado, de lo contrario ese mismo día de no haber una solución procederemos a cerrar el camino Mina Zaldivar, ya que Asercop se hacen los sordos y no le dan la importancia debida, ellos saben que lo haremos como lo hicimos con Albemarle ya que ellos prometieron pagar dentro de 48 horas, las cuales no se cumplieron por eso esta vez no sacaremos los buses de la entrada principal hasta que pague Asercop, es una empresa grande pero sinvergüenza”

Del tenor de los correos electrónicos emitidos, los recurridos han amenazado a la empresa con realizar acciones reñidas con el ordenamiento jurídico, mediante autotutela, a través del bloqueo o cierre ilegal del acceso a la faena de Minera Zaldívar, para presionar indebidamente con ello a la recurrente Asercop, lo que sin lugar a dudas es una amenaza real y cierta a un hecho ilegal y arbitrario.

Expone respecto de la procedencia del recurso de protección indicando que no encuentra protección legal la autotutela, salvo excepciones específicamente reconocidas, sin que se configure en la especie algunas de dichas excepciones.

Respecto de las garantías constitucionales invocadas, refiere, en primer lugar que se ha amenazado el legítimo ejercicio del derecho a la integridad psíquica de todos los trabajadores de Asercop que prestan servicios en las faenas referidas, puesto que se ven vulnerados en su integridad psíquica al existir el real y cierto temor de mediante estos apremios ilegítimos verse impedidos de usar los caminos hacia sus trabajos, transitar por ellos, llegar a sus lugares de trabajo, trabajar y posiblemente de ser sujetos de otros apremios y hostigamientos que conllevan este tipo de repugnables conducta de autotutela y matonaje, que confunden el derecho a manifestarse con el de bloquear ilegalmente las caminos de libre tránsito.

En segundo lugar, indica que se ha amenazado el legítimo ejercicio del derecho de igualdad ante la ley, toda vez que intimida a Asercop con la aplicación de una medida de apremio ilegal y arbitrario como es el bloqueo de los caminos a las obras de sus mandantes.

Agrega que se ha amenazado el legítimo ejercicio del derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, toda vez que con el bloqueo de caminos se impedirá a su representada el prestar los servicios y ejecutar las obras para las que fue contratada, alterando mediante estas medidas de autotutela el desarrollo normal de las mismas, turnos de trabajo, programación de faenas, y ejercicio de su actividad.

Finalmente, sostiene que se ha amenazado el legítimo ejercicio del derecho de propiedad, puesto que el precepto constitucional del 19 N° 24, asegura a todas las personas, sin distinción, el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, de manera que esta amenaza real y cierta de bloqueo impedirá a Asercop utilizar los bienes que son de su propiedad y que se encuentran en las faenas cuyo accedo será impedido con el cierre, como también la posibilidad de ejecutar sus contratos y de emitir los respectivos estados de pagos por los servicios u obras desarrollados percibiendo los dineros respectivos de los que es titular. También se amenaza el derecho de propiedad de los propios trabajadores sobre sus propios bienes que se encuentran en el lugar, respecto de los cuales se verán impedidos acceder.

Finalmente, cita jurisprudencia en la materia y solicita se acoja la acción constitucional SEGUNDO: Que el abogado Manuel Espejo Milla, en representación de ANDREINA ARAOS MUÑOZ TRANSPORTES E.I.R.L., evacúa informe, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, opone la excepción de falta de legitimación activa, refiriendo que el legitimado es una persona natural o jurídica que sea un titular de un derecho fundamental, donde la acción interpuesta se ejerce a favor de una persona jurídica, por lo que no puede atribuirse como propios los derechos eventualmente amenazados de integridad psíquica de trabajadores pertenecientes a la empresa, haciendo improcedente la prosecución de la acción, respecto de dichos Derechos.

En segundo lugar, alega la improcedencia de la acción por amenaza a la igualdad ante la ley, por lo que pareciera imposible hacer una conexión racional entre los hechos que fundan la presente acción (correos electrónicos y cierre de caminos) y el derecho eventualmente vulnerado “igualdad ante la ley”, por lo que queda de manifiesto, la improcedencia también de la acción respecto del mismo.

En seguida, alega la improcedencia de la acción por amenaza del derecho de propiedad, indicando que parece bastante dificultoso establecer una relación causal racional entre un e-mail que habla de un potencial cierre de caminos (que en ningún casos e verificó) con la necesidad de cautela por vía de una acción constitucional del Derecho de propiedad en razón de lo siguiente: a) Los caminos que (repito) eventualmente serían cerrados, no son de propiedad de la recurrente; b) Las facultades propias del dominio respecto de los bienes de la recurrente, se mantienen de todas formas intactas, pudiendo frente a un eventual cierre de caminos, usar gozar y disponer de ellos libremente.

En cuanto al fondo, refiere que es efectivo que existe un conflicto entre las partes de este recurso, que dice relación con el no pago de las Facturas n°94 y 95, existiendo una versión de los hechos, que discrepa sustancialmente de aquella que fuera relatada por la contraria en el presente recurso, pero que entienden que es impertinente en razón a la acción deducida.

En seguida, reconocen que el señor nombre reservado envió el correo electrónico acompañado por la contraria, de fecha 15 de Mayo del año 2019, lo que era desconocido por la propietaria de la Empresa. Misma situación, respecto del e-mail enviado por el señor nombre reservado, de fecha 26 de Marzo del corriente. Se hizo como una medida de última ratio para obtener el pago por unos servicios que entienden legítimos, pero que en ningún caso, se llevaría a la realidad, no conteniendo la verosimilitud requerida al efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que en caso alguno el contenido del correo electrónico revestía de la certeza y seriedad que requiere la amenaza, por lo que no es posible advertir que en razón de un correo electrónico enviado se impidió el derecho a ejercer una actividad económica, lo anterior, se ratifica, puesto que al día de hoy, no se ha realizado la acción “protesta” sindicada en la respectiva comunicación Finalmente indica que la recurrida fue asesorada en orden a evitar en el futuro, que se repita con la recurrente y con cualquier otra empresa situaciones similares, comprometiéndose a aquello.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma. Se trata de un procedimiento cautelar de emergencia, inquisitivo y sin forma de juicio, que tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a garantías constitucionales indubitadas, inequívocas que no generen discusión ni cuestionamiento sobre su existencia, por lo mismo, el referido artículo 20 establece que este recurso constitucional es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o ante los tribunales correspondientes”, lo que no solo significa que su resolución produce únicamente cosa juzgada formal, sino que en lo esencial, cualquier discusión sobre los efectos de los derechos fundamentales, su naturaleza y existencia debe plantearse en otros procedimientos que no se vinculan con el presente.

CUARTO: Que el acto ilegal y arbitrario que imputa la recurrente consiste en las comunicaciones efectuadas por correos electrónicos de 26 de marzo y 15 de mayo del presente, en el que los recurridos amenazan a la recurrida que en caso de no pago de las facturas procederían a efectuar protesta y/o a bloquear el acceso de la faena Minera Zaldívar. La empresa recurrida reconoce que sus dependientes, en este caso, el gerente general y gerente de operaciones de la empresa, han enviado dichas comunicaciones a dependientes de empresas mandantes de la recurrente, en específico a Minera Zaldívar y Albermarle, con quienes el recurrente mantiene contratos vigentes.

En suma, Constructora y Comercial Asercop Limitada, no reconoce la deuda que le imputa la empresa Andreina Alejandra Araos Muñoz Transportes EIRL, como consecuencia de un contrato de transportes y a propósito de esto se han realizado amenazas que dicen relación con cortes de camino y protestas de personas sobre el cumplimiento del pago, situaciones que no permiten comprender la existencia de derechos indubitados desde que para unos está la jactancia y para otros el cumplimiento coercitivo, si procediere, y las posibles protestas constituyen amenazas verbales que no debe el órgano jurisdiccional inmiscuirse en estas situaciones que provienen de impulsos poco racionales a propósito de deudas en donde las grandes empresas deben establecer formas adecuadas de relaciones comerciales, humanas y laborales.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, el recurso deducido por Carlos Claussen Calvo, abogado, en representación de Constructora y Comercial Asercop Limitada, en contra de Andreina Alejandra Araos Muñoz Transportes EIRL, nombre reservado y nombre reservado

Regístrese y comuníquese.

ROL 1720-2019 (PROT)