JULIO RAMOS E HIJOS LTDA con IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

Antofagasta, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece Claudio E. Carrasco Aracena, abogado, en representación de JULIO RAMOS E HIJOS LIMITADA y/o TRANSITMAR LIMITADA, rol único tributario N°89.566.300-K representada legalmente por nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, también con ingreso por domicilio reservado; quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), representado legalmente por su Gerente Zonal Norte, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la falta de respuesta del IST y la no entrega del Estudio de Puesto de Trabajo y del expediente de calificación, estimando vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 Nos 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones adopte las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Informó la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su acción de protección la recurrente señalando que mediante carta de fecha 19 de marzo de 2026, el recurrido comunicó a su representado el ingreso de su centro de trabajo al Programa de Vigilancia de Riesgos Psicosociales, a consecuencia de haberse calificado como enfermedad profesional de carácter mental la afección de la trabajadora nombre reservado, conforme a la RECA N° 20260200002751, de 10 de marzo de 2026, CUN N° 9602798, atribuyendo como factor de riesgo causal “Liderazgo Disfuncional”.

Señala que el IST indicó que remitiría dentro de quince días el detalle de las medidas de intervención, lo que no habría ocurrido, y que tampoco ha entregado los antecedentes técnicos que sustentan dicha calificación.

Refiere que, por ello, el 21 de abril de 2026 solicitó formalmente copia de la resolución de calificación, del Estudio de Puesto de Trabajo o Informe de Evaluación de Condiciones de Trabajo, del detalle de las medidas prescritas y demás antecedentes del expediente, petición que posteriormente reiteró, sin obtener respuesta.

Añade que existiría una inconsistencia en la individualización del centro de trabajo, pues la carta de 19 de marzo lo ubica en Antonio Poupin N° 1138, el Informe de Prescripción de Medidas N° 171, de 25 de marzo de 2026, en Sucre N°220, oficina 505, mientras que la RECA no identificaría centro de trabajo alguno, agregando que dicho informe tampoco habría sido notificado al representante legal de la empresa. Indica que el acceso a esos antecedentes resulta necesario para ejercer adecuadamente su defensa, especialmente atendida la existencia de un procedimiento paralelo ante la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, conforme al artículo 211-B bis del Código del Trabajo.

Hace presente que dedujo reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 77 de la Ley N° 16.744, actualmente pendiente, precisando que ella se refiere a la calificación de fondo y no resuelve la falta de acceso al expediente.

Sostiene que la conducta recurrida consiste en una omisión permanente, constituida por la falta de respuesta del IST y la no entrega del Estudio de Puesto de Trabajo y del expediente de calificación, lo que estima ilegal por contravenir los artículos 17 letra a) y 41 de la Ley N° 19.880 y las normas del Compendio del Seguro Social de la Ley N° 16.744, y arbitrario, pues los datos sensibles de la trabajadora podrían ser resguardados mediante anonimización o tarjado, sin impedir el acceso al contenido técnico organizacional.

Afirma que el recurso es oportuno, por tratarse de una omisión continua que se mantiene mientras no se dé respuesta ni se entreguen los antecedentes solicitados, sin que el conocimiento por otras vías de determinadas piezas parciales, como la RECA o el Informe N° 171, importe respuesta a sus solicitudes o determine el inicio del cómputo del plazo.

Estima vulnerado el derecho a un racional y justo procedimiento y a la defensa, al encontrarse impedida de conocer y controvertir los antecedentes técnicos que sustentan una calificación que atribuye a sus jefaturas un factor de riesgo laboral; la igualdad ante la ley, por estimar carente de justificación razonable la falta de entrega de los fundamentos de una decisión que le impone obligaciones y eventualmente la expone a sanciones; y el derecho a la honra, atendido que la expresión “Liderazgo Disfuncional” contendría un juicio de reproche respecto de la conducta de las jefaturas de la empresa.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se declaren ilegales y arbitrarias las actuaciones y omisiones denunciadas y se ordene al IST entregar, dentro del plazo que se determine, copia del Estudio de Puesto de Trabajo o Informe de Evaluación de Condiciones de Trabajo y del expediente de calificación asociado al CUN N° 9602798, debidamente anonimizado o tarjado respecto de los datos clínicos sensibles de la trabajadora, manteniendo el contenido técnico organizacional; que se le ordene aclarar formalmente cuál es el centro de trabajo incorporado al Programa de Vigilancia, resolviendo la discrepancia entre los domicilios indicados y señalando el CUV correspondiente; y que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, informó Rocío Magdalena Vásquez Rodríguez, abogada, por el recurrido, IST Organismo de Seguridad y Salud del Trabajo.

Expone que la recurrente funda su acción en que, con fecha 19 de marzo de 2026, fue notificada de su ingreso al Programa de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, a consecuencia de haberse calificado como enfermedad profesional, el 10 de marzo del mismo año, la patología de salud mental de la trabajadora nombre reservado, alegando que no se le habrían entregado determinados antecedentes del proceso, pese a haberlos solicitado los días 21 y 23 de abril de 2026, además de existir inconsistencias en la individualización del centro de trabajo y haberse practicado la notificación a nombre reservado, asesora en prevención de riesgos, y no a la representante legal de la empresa.

Señala la recurrida que la solicitud de 21 de abril se respondió por correo electrónico, recibido por la recurrente el 23 de abril siguiente, acompañando copia íntegra de la Resolución de Calificación RECA N° 2026200002751, de 10 de marzo de 2026, el informe de prescripciones con las medidas y plazos de implementación y el boletín informativo del programa de vigilancia, explicando además que no resultaba procedente entregar el Informe de Evaluación de Condiciones de Trabajo o Estudio de Puesto de Trabajo, por contener información personal y sensible de la trabajadora y de terceros, cuya reserva se encuentra protegida por las Leyes Nos 19.628 y 20.584 y por el Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social.

Agrega que no tiene constancia de haber recibido la carta de 23 de abril de 2026, de la cual solo tomó conocimiento con la notificación del recurso.

Sostiene que la normativa de la SUSESO no impone al organismo administrador la obligación de entregar al empleador el Estudio de Puesto de Trabajo, sino únicamente notificar su ingreso al programa de vigilancia, prescribir las medidas destinadas a controlar los factores de riesgo y verificar su cumplimiento, obligaciones que afirma haber satisfecho, pues el 19 de marzo de 2026 notificó a la empresa de su ingreso al programa, el 26 de marzo remitió el Informe de Prescripción de Medidas Correctivas y el 31 de julio de 2026 emitió el Informe de Verificación, en el cual se tuvieron por cumplidas las medidas prescritas, documento suscrito por nombre reservado en representación de la empresa.

Añade que la Ley N° 19.880 no resulta aplicable a IST, por tratarse de una corporación de derecho privado regida por la Ley N° 16.744 y su normativa reglamentaria, sometida a las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social.

Niega la vulneración de las garantías previstas en el artículo 19 Nos 2, 3 y 4 de la Constitución, señalando que la recurrente cuenta con los antecedentes que legalmente corresponde entregar, que dispone además de la vía de reclamación prevista en el artículo 77 de la Ley N° 16.744, que la negativa de acceso al Estudio de Puesto de Trabajo responde a una regla general aplicable a todos los empleadores y que su reserva persigue precisamente proteger la información personal y sensible de la trabajadora.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección, al no existir acto u omisión ilegal o arbitrario ni afectación de las garantías constitucionales invocadas.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, el acto u omisión que corresponde examinar por esta Corte consiste en la supuesta falta de respuesta del Instituto de Seguridad del Trabajo a las solicitudes formuladas por la recurrente, la negativa a entregarle el Estudio de Puesto de Trabajo y antecedentes del expediente de calificación y, asimismo, la falta de aclaración acerca del centro de trabajo incorporado al Programa de Vigilancia de Riesgos Psicosociales, atendida la distinta individualización contenida en los documentos emitidos por la recurrida.

SEXTO: Que, respecto a la falta de respuesta, los antecedentes permiten establecer que el 23 de abril de 2026 el IST contestó la solicitud formulada por la empresa, acompañando la Resolución de Calificación, el Informe de Prescripción de Medidas y el boletín informativo, explicando además las razones por las que no entregaría el Estudio de Puesto de Trabajo. La recurrente reconoció posteriormente haber recibido dicha respuesta, de modo que no se configura en este aspecto la omisión denunciada. Consta, además, que las medidas prescritas habían sido puestas en conocimiento de la empresa y que, al 31 de julio de 2026, el organismo administrador verificó su cumplimiento.

SÉPTIMO: Que la negativa a proporcionar el Estudio de Puesto de Trabajo tampoco puede estimarse ilegal o arbitraria, desde que, tratándose de la calificación de patologías de salud mental, dicho instrumento se encuentra sujeto a las reglas especiales de confidencialidad y reserva contempladas en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, sin que se encuentre establecido un derecho del empleador a obtener copia íntegra o anonimizada del mismo.

Por igual razón, conforme los artículos 17 letra a) y 41 de la Ley N°19.880 no permite arribar a una conclusión diversa, pues el Instituto de Seguridad del Trabajo es una mutualidad de empleadores constituida como corporación de derecho privado, sometida en esta materia al régimen especial de la Ley N°16.744 y a las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social.

OCTAVO: Que tampoco se advierte vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 Nos 2, 3 y 4 de la Carta Fundamental; ya que no se ha acreditado un trato desigual respecto de otros empleadores en igual situación; la recurrente conoció la resolución y las medidas que debía implementar y ha podido ejercer la reclamación contemplada en el artículo 77 de la Ley N°16.744; y la expresión “Liderazgo Disfuncional” corresponde a la identificación técnica del factor de riesgo considerado en el procedimiento de calificación, sin que existan antecedentes que demuestren una utilización destinada a afectar la honra de personas determinadas.

NOVENO: Que, respecto de la aclaración en relación con la identificación del centro de trabajo en el cual labora la trabajadora, tal pretensión carece de todo fundamento, toda vez que es un hecho que la trabajadora afectada por la enfermedad profesional presta labores para el recurrente, y se encuentra perfectamente individualizada, por lo que no resulta atendible la petición, ya que el empleador tiene que conocer el centro de trabajo en el cual desarrolla sus funciones la trabajadora, y necesariamente debe recurrir a la información precisa de ello a través de sus bases de datos, pues se trata de una información esencial que le corresponde poseer a la parte empleadora, toda vez que tal información resulta imprescindible para todos los efectos laborales, y constituye una mención esencial conforme con lo dispuesto en el artículo 10 N°3 del Código del Trabajo.

DÉCIMO: Que, conforme con lo anterior, el recurrente pretende obtener por esta vía información restringida que no está cubierta siquiera por la ley de transparencia, toda vez que las materias en que incide la presente acción, se regulan de manera especial en la Ley N°16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; y asimismo, por la Ley N°20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, además de instrucciones y normas particulares regulatorias de la materia impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social SUCESO.

Por otra parte, la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada, estable en su artículo 2° que son datos de carácter personal o personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables, y datos sensibles, aquellos que se refieren, entre otros, a los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual; y el artículo 4 de la misma Ley, establece que el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando dicha ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello, hipótesis que no se verifican en el presente caso.

Por lo mismo, no resulta atendible que el empleador pida que se le dé conocimiento de los antecedentes que determinan evaluar o declarar una enfermedad profesional relativa a la salud mental del trabajador, sino en los términos que la propia ley establece, y ello es obvio, para cautelar los derechos y la propia salud del afectado, a fin de propender a su recuperación, lo que podría verse afectado, si el empleador tomara conocimiento de modo anticipado de todos los antecedentes que motivan el proceso respectivo y, especialmente, las declaraciones efectuadas por el trabajador y otras personas, quienes podrían temer represalias.

UNDÉCIMO: Que, conforme con lo anterior, atendido que el recurrente ha recibido la información que la ley permite que reciba en esta etapa, y por no ser el recurso de protección una vía que admita lo pretendido por el recurrente, solo procede su rechazo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Claudio E. Carrasco Aracena, abogado, en representación de JULIO RAMOS E HIJOS LIMITADA y/o TRANSITMAR LIMITADA, representada legalmente por, nombre reservado, en contra Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), representado legalmente por su Gerente Zonal Norte, don nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1718-2026 (Protección)

Redactó el ministro titular señor Eric Sepúlveda Casanova.