nombre reservado con CORPORACIÓN

Dpp/ Antofagasta, cinco de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece don Juan Pablo Pavéz Donoso, abogado, en representación de don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, representada legalmente por su presidente del directorio, don nombre reservado, fundado en que la recurrida, mediante Resolución Exenta N°006/2025, de fecha 21 de julio de 2025, notificada al actor con fecha 20 de agosto del mismo año, confirmó la sanción impuesta en su contra consistente en amonestación escrita y multa del 25% de su remuneración, aplicada por Resolución Interna N°108/2025, de fecha 3 de marzo de 2025, en el marco de un procedimiento sumarial instruido por Resolución Exenta N°001/2024. Sostiene el recurrente que el acto impugnado es arbitrario e ilegal, por cuanto el procedimiento disciplinario en que se dictó la sanción habría incurrido en graves vicios que afectaron el debido proceso, imputándosele responsabilidades administrativas inexistentes, cuando ya no mantenía vínculo laboral con la recurrida, configurándose además una afectación a sus garantías constitucionales de los artículos 19 N°2, N°3, N°4 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida al tenor de la acción cautelar promovida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, por medio de la presente acción constitucional de protección, comparece don nombre reservado, quien expone haber sido sancionado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (COMDES) mediante Resolución Interna N°108/2025, de fecha 3 de marzo de 2025, acto que le impuso la medida disciplinaria de amonestación escrita y multa equivalente al 25% de su remuneración, sanción que fue confirmada posteriormente por la Resolución Exenta N°006/2025, de fecha 21 de julio de 2025, dictada por el Presidente del Directorio de dicha entidad, la cual rechazó el recurso jerárquico interpuesto por el actor.

Refiere el recurrente que tales resoluciones se dictaron en el contexto de un sumario administrativo instruido con motivo del Oficio N°E43844/2024 de la Contraloría Regional de Antofagasta, el cual ordenó determinar eventuales responsabilidades por irregularidades en el uso de recursos del aporte per cápita de salud, instruyéndose para ello la Resolución Exenta N°001/2024, de fecha 24 de enero de 2024. En virtud de dicha investigación, se formularon cargos en su contra, imputándole haber incumplido sus obligaciones en su calidad de Jefe del Departamento Jurídico de COMDES, por no haber orientado o supervisado adecuadamente las actuaciones referidas al financiamiento de remuneraciones de la entonces Directora Ejecutiva, Sra. nombre reservado.

Sostiene el actor que el sumario fue irregular desde su origen, por cuanto —a su juicio— se dirigió selectivamente contra ciertos funcionarios, omitiendo a otros que tenían participación directa en los hechos; que el fiscal instructor carecía de imparcialidad, encontrándose recusado sin que se resolviera dicha incidencia; que se incurrió en múltiples vicios de procedimiento, entre ellos, exceso de plazos, omisión de diligencias probatorias, ausencia de motivación en la vista fiscal y en la resolución sancionatoria, aplicación de un Reglamento Interno no vigente y falta de proporcionalidad en la sanción impuesta.

Alega además que a la fecha de dictarse la resolución sancionatoria ya no mantenía vínculo laboral con COMDES, por haberse puesto término a su contrato el 31 de diciembre de 2024, con motivo del traspaso del servicio educativo al Servicio Local de Educación Pública Licancabur, por lo que —afirma— la autoridad carecía de competencia para aplicar sanción alguna.

En tal sentido, estima que el acto recurrido es ilegal, por infringir las normas del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Ley N°18.883) y del Código del Trabajo, y arbitrario, al carecer de motivación suficiente y de razonabilidad, afectando con ello sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a un justo y racional procedimiento, a la honra personal y profesional y a la propiedad sobre su remuneración, por la multa impuesta.

Solicita, en consecuencia, que se deje sin efecto la sanción aplicada, se declare extinguida su responsabilidad administrativa y, en su caso, se ordene eliminar toda anotación de la medida en su hoja de vida laboral.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, por intermedio de su abogado don Rodrigo Flores Osorio, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas, fundando su defensa en tres líneas principales.

En primer término, alegó la extemporaneidad de la acción constitucional, sosteniendo que el acto terminal del procedimiento disciplinario es la Resolución Interna N°108/2025, de fecha 3 de marzo de 2025, que impuso la sanción de amonestación escrita y multa, y no la resolución que rechazó el recurso jerárquico, de modo que el plazo fatal de treinta días habría transcurrido con creces al momento de interponerse el presente arbitrio, el 19 de septiembre de 2025.

En subsidio, expuso que el procedimiento sumarial se desarrolló conforme al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación, respetando el derecho a defensa del actor, quien fue debidamente notificado de los cargos, pudo rendir descargos, ofrecer prueba y deducir los recursos administrativos pertinentes, no existiendo por tanto vulneración alguna al debido proceso ni a las garantías invocadas.

Agregó que el sumario se instruyó a raíz del Oficio E°43844/2024 de la Contraloría Regional de Antofagasta, el cual ordenó determinar responsabilidades por el uso de recursos públicos del aporte per cápita, habiéndose comprobado que el recurrente incurrió en faltas administrativas al omitir orientaciones jurídicas suficientes en su rol de asesor legal, por lo que la sanción aplicada fue el resultado de un procedimiento reglado, motivado y proporcional a la falta cometida.

Sostuvo además que la resolución impugnada no reviste carácter arbitrario ni ilegal, pues se encuentra debidamente fundada, habiéndose aplicado la normativa interna vigente. A su juicio, el recurrente pretende, por la vía de esta acción cautelar, revisar el mérito de un sumario ya concluido, finalidad que excede la naturaleza urgente y no declarativa del recurso de protección, conforme lo ha resuelto la jurisprudencia.

Finalmente, afirmó que no se ha vulnerado ninguna de las garantías invocadas, toda vez que el procedimiento respetó la igualdad ante la ley, se ajustó a las reglas del debido proceso administrativo, no afectó la honra del actor, y la multa impuesta corresponde al ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria. En consecuencia, pidió el rechazo del recurso, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a su representada.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, el conflicto jurídico sometido al conocimiento de esta Corte se circunscribe a determinar si la Resolución Exenta N°006/2025, dictada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, al confirmar la sanción impuesta al recurrente consistente en amonestación escrita y multa del 25% de su remuneración, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

El actor sostiene que dicha sanción se impuso en el marco de un procedimiento viciado, dirigido selectivamente en su contra, tramitado con infracciones graves al debido proceso, por un fiscal carente de imparcialidad y sobre hechos respecto de los cuales ya no tenía vínculo laboral con la recurrida, por haber cesado sus funciones el 31 de diciembre de 2024. A su juicio, tales irregularidades invalidan el procedimiento y hacen improcedente la sanción, conculcando sus derechos a la igualdad ante la ley, a un justo y racional procedimiento, a la honra y a la propiedad sobre sus remuneraciones.

Por su parte, la recurrida afirma que el acto impugnado no es arbitrario ni ilegal, que el procedimiento sumarial se tramitó conforme a la normativa interna, que el recurrente ejerció su defensa en todas las etapas, y que la sanción aplicada es proporcional a la falta administrativa establecida.

En consecuencia, la cuestión a resolver por este Tribunal radica en examinar si el acto impugnado se ajustó a derecho y fue dictado dentro del marco de las potestades disciplinarias de la Corporación recurrida, o si, por el contrario, adolece de ilegalidad o arbitrariedad capaces de afectar las garantías constitucionales del recurrente.

SÉPTIMO: Que, previo a examinar el fondo del asunto, corresponde pronunciarse sobre la alegación de extemporaneidad del recurso planteada por la recurrida, quien sostiene que el acto terminal del procedimiento disciplinario es la Resolución Interna N°108/2025, de fecha 3 de marzo de 2025, que impuso la sanción al recurrente, y no la Resolución Exenta N°006/2025, de fecha 21 de julio de 2025, que resolvió el recurso jerárquico interpuesto en su contra, por lo que —según afirma— el plazo de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema habría vencido con anterioridad a la interposición de esta acción, efectuada el 19 de septiembre de 2025.

Sin embargo, de los antecedentes acompañados en autos aparece que la resolución efectivamente recurrida es la Resolución Exenta N°006/2025, notificada al actor con fecha 20 de agosto de 2025 mediante carta certificada. En consecuencia, el plazo de treinta días corridos comenzó a contarse desde esa fecha, venciendo el 19 de septiembre de 2025, día en que el recurso fue interpuesto ante esta Corte.

Debe tenerse presente, además, que la resolución jerárquica constituye un acto administrativo autónomo, emanado de autoridad diversa de aquella que dictó la decisión sancionatoria primigenia, y que pone término definitivo a la vía administrativa, configurando así el acto terminal para efectos del cómputo del plazo de interposición del recurso de protección.

Por lo expuesto, y atendido que la acción constitucional se presentó dentro del plazo de ley, esta Corte rechaza la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida.

OCTAVO: Que, despejado lo relativo a la oportunidad del recurso, es preciso tener presente que la acción constitucional prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República no constituye un medio ordinario de impugnación de actos administrativos ni una instancia llamada a revisar el mérito, conveniencia o corrección técnica o jurídica de las decisiones adoptadas por la Administración en el ejercicio de sus potestades regladas o disciplinarias. Su finalidad es exclusivamente cautelar, y su procedencia se restringe a aquellos casos en que se acredite la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que produzca una privación, perturbación o amenaza actual a derechos fundamentales expresamente protegidos por la Carta Fundamental.

En consecuencia, no corresponde a esta judicatura analizar nuevamente las valoraciones de hecho y de derecho efectuadas por la autoridad administrativa, ni sustituir su criterio por el del recurrente, máxime cuando se trata de un procedimiento disciplinario tramitado bajo las reglas de un reglamento interno y con sujeción a un estatuto que establece etapas, recursos y mecanismos de impugnación propios. La revisión del fondo o acierto de tales decisiones corresponde, en su caso, a las vías administrativas o judiciales ordinarias que la ley prevé, y no al recurso de protección, cuyo ámbito se limita a restablecer el imperio del derecho frente a actuaciones contrarias a la legalidad o carentes de razonabilidad manifiesta.

NOVENO: Que, en todo caso, del examen de los antecedentes aparece que la Resolución Exenta N°006/2025, que confirmó la sanción disciplinaria aplicada al actor, fue dictada por autoridad competente, en el marco de un procedimiento reglado, precedido de formulación de cargos, descargos, prueba y resolución fundada. Tales elementos revelan un proceso ajustado formalmente a derecho, sin que se advierta infracción a normas constitucionales o legales que permita calificar el acto como ilegal.

Asimismo, el acto recurrido no aparece arbitrario, desde que contiene una motivación clara, se funda en antecedentes objetivos obtenidos en el sumario y guarda proporción con la falta administrativa constatada. La sola discrepancia del recurrente con la decisión adoptada no basta para configurar arbitrariedad, pues no se trata de una determinación carente de razonabilidad, sino del ejercicio regular de una potestad disciplinaria dentro de los límites de la normativa interna.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado, resulta necesario dejar asentado que de los antecedentes del expediente administrativo consta que el procedimiento sumarial que culminó con la sanción impugnada se encontraba ya iniciado al momento en que el recurrente cesó en sus funciones, con motivo del término de su relación laboral con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. En consecuencia, no puede estimarse fundada la alegación relativa a la imposibilidad de sancionarlo por hechos anteriores a su desvinculación, desde que el procedimiento disciplinario fue instruido con anterioridad a dicha circunstancia, por lo que la autoridad conservaba competencia para concluirlo y resolver respecto de las responsabilidades administrativas que en él se determinaran.

UNDÉCIMO: Que, de este modo, no verificándose en autos la existencia de un acto ilegal ni arbitrario, la acción constitucional interpuesta carece de sustento, debiendo ser rechazada por no concurrir los presupuestos de procedencia exigidos por el artículo 20 de la Carta Fundamental y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

-Se RECHAZA la alegación de extemporaneidad planteada por la CMDS, Calama.

-Se RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1714-2025 (PROT)