COLEGIO SAN NICOLÁS EIE con SUPERINTENDENCIA EDUCACIÓN

Antofagasta, a tres de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Compareció Rolando Frez Tapia, abogado, en representación de la entidad individual educacional Colegio San Nicolás y/o Colegio San Nicolás E.I.R, persona jurídica del giro de su denominación domiciliada en domicilio reservado, quien dedujo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Educación Escolar de Antofagasta, por haber vulnerado el derecho constitucional consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, al no aprobar en la Resolución Exenta N°90, de 23 de junio de 2026, el gasto por concepto de remuneración de nombre reservado, del período enero a diciembre de 2022, ambos meses incluidos. Solicitó se ordene a la recurrida aprobar dicho gasto, una vez ello ocurra, se disponga la modificación de la calidad de los gastos señalados en el Acta de Fiscalización de Seguimiento N°250200064, de 2 de abril de 2025, de la encargada de fiscalización de la recurrida, dejando en calidad de aceptado el gasto remuneracional indicado. En subsidio, se le ordene revisar nuevamente el acápite de gasto remuneracional, ajustándose estrictamente a los criterios dispuestos en el Decreto N°469; y/o se adopten las medidas necesarias a fin de restablecer el imperio de derecho.

Evacuó informe la recurrida como obra del proceso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el actor indicó que en el marco del Programa de Fiscalización del uso de recursos remuneraciones 2022, se levantó el Acta de Fiscalización de Seguimiento N°250200064, de 2 de abril de 2025, de la encargada de fiscalización de la institución recurrida, en la que no se aceptaron gastos por un monto total de $171.768.406. Luego, el 11 de abril de 2025, interpuso recurso de reposición con jerárquico en subsidio, en contra de dicha acta indicada, el que fue resuelto por la directora regional de la Superintendencia de Educación, quien mediante Resolución Exenta N°2025/PLUR/02/007, de 16 de mayo de 2025, lo rechazó, para luego elevar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio. Este recurso jerárquico se resolvió mediante la Resolución Exenta N°90, de 23 de junio de 2026, notificada por correo electrónico en la misma fecha, el que fue acogido parcialmente, y ordenó modificar la calidad de los gastos señalados en la referida acta de fiscalización, dejando en calidad de aceptados gastos remuneracionales por la suma de $127.588.252, confirmando, en lo restante, el acta recurrida, manteniéndose como gastos no aceptados el monto total de $44.180.154. Del total de los gastos no aceptados, $42.396.304 corresponden a remuneraciones que se pagaron de enero a diciembre de 2022 al trabajador nombre reservado.

Agregó que la Resolución Exenta N°90, de 23 de junio de 2026, desconoció la calidad de trabajador de nombre reservado, y la realización de labores propias de su cargo, imponiéndole una carga probatoria mayor que la exigida a un trabajador que pretende acreditar su relación laboral, afectando con ello la garantía de la igualdad, garantizada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. En efecto, esta resolución sostuvo lo siguiente: “Que, la autoridad estima que los antecedentes aportados en esta instancia recursiva, no resultan suficiente para vincular y acreditar la ejecución de las funciones con el cargo señalado en el contrato de trabajo, esto es, jefe de personal dado que los correos electrónicos acompañados darían cuenta de gestiones diversas a las obligaciones propias del cargo consignadas precedentemente, además, dichos correos electrónicos dan cuenta de gestiones aisladas y de carácter general vinculadas al funcionamiento del establecimiento, tales como remisión de documentos, coordinación de trámites o comunicaciones administrativas, las que no permiten verificar de manera directa, sistemática y suficiente la ejecución de las funciones específicas propias del cargo de jefe de personal, tales como la gestión del personal, administración de procesos laborales, coordinación del área de recursos humanos o la toma de decisiones en materias contractuales del personal del establecimiento. En efecto, los antecedentes acompañados no permiten advertir una relación clara entre las actividades descritas en los correos electrónicos y las funciones estipuladas en el contrato de trabajo, ni tampoco acreditar que dichas labores hayan sido ejecutadas de manera permanente y efectiva durante el periodo objetado”; sin embargo, precisó que el contrato de trabajo suscrito con nombre reservado el 1 de abril de 2021, expresa que fue contratado en calidad de jefe de personal, cuyas principales obligaciones, conforme lo estipulado en la cláusula primera de su contrato de trabajo son las siguientes, a saber: gestionar el clima organizacional y la convivencia, administrar eficientemente la documentación de la empresa y de los trabajadores, los softwares laborales que tiene vinculación con el establecimiento y sus trabajadores, gestionar al personal en todo lo relacionado al área administrativa y laboral, planificar y coordinar las actividades de su área, administrar los recursos de sus áreas, presentar oportunamente la información solicitada por el Departamento de Subvenciones (cierres mensuales, bonos estatales, etc.), resolver, en primera instancia, los conflictos de índole administrativa y laboral de los trabajadores, contribuir con información a la toma de decisiones en materia contractual del funcionario del establecimiento, y relacionarse directamente con todas las instituciones vinculadas al establecimiento.

Así pues, sostuvo que las labores referidas son de índole personal, de las cuales no corresponde registrar su realización. Dicho de otro modo, no existe instrumento de registro alguno en que conste la realización diaria de labores que permita acreditar su efectividad, mientras que conforme lo dispuesto en el artículo 33 del Código del Trabajo, el empleador tiene el deber de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o extraordinarias, llevar un libro de asistencia del personal, un reloj control con tarjetas de registro o un sistema electrónico de registro; antecedentes que acompañó ante el organismo fiscalizador, tales como el registro de asistencia de 2022, en que consta la asistencia del trabajador. Dicho registro hace fe de la prestación de los servicios en los días y horarios registrados, por lo que dicho medio probatorio aunado al contrato de trabajo, y certificado de pago de cotizaciones previsionales, y certificado bancario que acreditaba el pago de las remuneraciones mediante transferencia, permitían probar la efectividad de los servicios prestados por el trabajador. (documentos acompañados ante la recurrida)

Es así, que la presentación de información mensual al departamento de subvenciones, durante el 2022, la realizó nombre reservado, quien accedía a las plataformas del ministerio con las claves del colegio, pues se ingresa a los respectivos portales con el RUT del establecimiento educacional y no de forma personal, por lo que no existe reparo por parte del ente fiscalizador del cumplimiento mensual de esta obligación, por cuanto se realizó mes a mes. Luego, la realización de esta labor es manifestación del cumplimiento de la obligación contenida en la cláusula primera letra g) del contrato del trabajo de nombre reservado. Además, tal labor es necesaria para el cumplimiento de los fines generales de la subvención.

Sostuvo que la resolución de conflictos de índole administrativo y laboral de los trabajadores, según la cláusula primera letra h), en relación con la letra a) de la misma disposición, se producía sólo si existían tales conflictos, por lo que, no habiendo mediado denuncias en el 2022, no existió registro de reuniones u otras acciones en que participara el trabajador, en las que consignara su firma en algún documento para acreditar la realización de estas labores. La gestión del personal se realiza mediante la planificación anual, lo mismo las instrucciones diarias puesto que se emiten de forma verbal. Obligación contenida en la letra d) cláusula primera del contrato de trabajo en cuestión.

En cuanto a la administración de la documentación del colegio y los trabajadores, precisó que no existieron reparos durante la fiscalización, y las deficiencias detectadas fueron objeto de corrección, tanto así, que del total de los gastos objetados, se acogió parcialmente el recurso jerárquico, aprobando un gasto de subvención por la suma de $127.588.252, lo que constituye prueba palmaria del cumplimiento de la obligación contenida en la letra b) de la cláusula primera del contrato de trabajo; es más la superintendencia no controvierte la existencia de la relación laboral, iniciada el 1 de abril de 2021, y vigente hasta hoy.

Con lo anterior, arguyó que la forma de prestación de los servicios y su registro es una cuestión que escapa de las facultades de la recurrida, por lo que no puede imponerle una carga mayor a la exigida por las leyes laborales, pues dicha conducta es contraria a los dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de la República.

Enseguida citó el artículo 2 letra i) del Decreto N°469, reglamento que establece las características, modalidades y condiciones del mecanismo común de rendición de cuenta pública del uso de los recursos que deben efectuar los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado, el que describe los gastos no aceptados, y la letra i) del artículo citado, de los que fluye que no se impone mayores exigencias al sostenedor como lo hizo la recurrida, pues, la norma solo le permite considerar que el gasto no es aceptado, cuando concurre alguna de las cuatro causales correspondientes a lo siguiente, cuando no se ajusta a los fines educativos, generales o especiales; sus respaldos documentales están adulterados; no dieron cumplimiento a los requisitos legales; o no dieron cumplimiento a las instrucciones que se hubiere dictado al efecto; sin embargo la recurrida, fuera de aquellas hipótesis rechazó el gasto, fundado en la falta de acreditación de la función ejecutada, actuación que deviene en ilegal, toda vez que le impuso una obligación mayor a las exigidas en la ley, afectando el principio de igualdad.

En base a lo anterior, concluyó que la garantía constitucional vulnerada es susceptible de reclamarse por vía del recurso de protección, encontrándose dentro de plazo para su ejercicio, pues el cómputo inició con la notificación de la resolución administrativa mediante correo electrónico de 23 de junio de 2026.

Con todo, solicitó se ordene a la recurrida aprobar el gasto, una vez ello ocurra, se disponga la modificación de la calidad de los gastos señalados en el Acta de Fiscalización de Seguimiento N°250200064, de 2 de abril de 2025, de la encargada de fiscalización de la recurrida, dejando en calidad de aceptado el gasto remuneracional indicado. En subsidio, se le ordene revisar nuevamente el acápite de gasto remuneracional, ajustándose estrictamente a los criterios dispuestos en el Decreto N°469; y/o se adopten las medidas necesarias a fin de restablecer el imperio de derecho, con condenación en costas.

SEGUNDO: Que Luis Díaz Inostroza, abogado, encargado jurídico de la Dirección Regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, informó la presente acción e instó por su íntegro rechazo.

En primer término, citó normas pertinentes en relación con la facultad fiscalizadora de los recursos que detenta según lo prescrito por la Ley N°20.529, como asimismo lo relacionado con las subvenciones según dispone el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación (Ley de Subvenciones), y que debe entenderse por gastos no aceptados conforme regula el artículo 2°, letra i) del Decreto Supremo N°469, de 2013, del Ministerio de Educación (reglamento de rendición de cuentas), el que corresponde a la siguiente definición, esto es “Gastos no aceptados: corresponden a aquellos egresos detectados en una fiscalización, que habiendo sido previamente objetados, la Superintendencia considera que no se ajustan a los fines educativos generales o especiales, según sea el caso, o que sus respaldos documentales están adulterados o no dieron cumplimiento a los requisitos legales”.

Luego, indicó que, en el marco del programa de fiscalización del uso de recursos, Remuneraciones 2022, se emitió el Acta de Fiscalización de Seguimiento N°250200064, de 2 de abril de 2024, al establecimiento educacional Colegio Particular San Nicolás, RBD N°12.853-8, de Calama, la cual no aceptó gastos remuneracionales por un monto total de $171.768.406. Luego, el 11 de abril 2025, la entidad sostenedora del establecimiento educacional interpuso recurso de reposición con jerárquico en subsidio en contra de la citada acta de seguimiento. Posterior a ello, la directora regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, mediante Resolución Exenta N°2025/PLUR/02/007, de 16 de mayo de 2025, rechazó el recurso de reposición, y elevó el recurso jerárquico interpuesto subsidiariamente al Superintendente de Educación. Finalmente, en conocimiento del recurso jerárquico, el fiscal (s), en representación del Superintendente, resolvió acoger parcialmente el recurso mediante la Resolución Exenta PLUR N°000090, de 23 de junio de 2026, por el que aceptó parte del gasto remuneracional fiscalizado solo por el monto de $127.588.252, para mantener como gasto no aceptado el monto de $44.180.154. De este modo, la resolución impugnada se emitió en procedimiento administrativo de revisión del gasto e inversión de los recursos percibidos por la entidad sostenedora del establecimiento educacional, respecto de los recursos subvención general de 2022, conforme a lo establecido en los artículos 54 y siguientes de la Ley N°20.529, el Reglamento de Rendición de Cuentas, la Resolución Exenta N°2320 de 14 de diciembre de 2016 que aprueba el procedimiento de fiscalización de la legalidad del uso de recurso y determinación de ingresos inválidos y/o gastos no aceptados, y supletoriamente por la Ley N°19.880.

Hizo presente que en el proceso de revisión del gasto rendido (ejercicio 2020), a la recurrente no se le aceptaron gastos remuneracionales por el monto total de $44.180.154, cuyo detalle comprende asignaciones de los siguientes trabajadores: 1. nombre reservado, por $1.760.726, relativo a sueldo base, Ley N°19.464, colación y movilización, bonos acordados con el sostenedor, seguro de accidente de trabajo, seguro de invalidez y sobrevivencia, y otros aportes previsionales; diciembre de 2022; 2. nombre reservado, por $23.124, relativo a seguro de cesantía; enero, febrero, abril y octubre de 2022; y 3. nombre reservado, por $42.396.304, relativo a sueldo base, Ley N°19.464 asistentes, colación y movilización, bonos acordados con el sostenedor, seguro de accidente de trabajo, seguro de cesantía, seguro de invalidez y sobrevivencia, y otros aportes previsionales; enero a diciembre de 2022. Sin embargo, en esta acción judicial reitera las mismas alegaciones presentadas ante la autoridad administrativa, pero solo respecto de la calificación de gasto no aceptado por concepto de remuneraciones del trabajador nombre reservado, declaradas en el periodo 2022 por un monto de $42.396.304. Por consiguiente, en cuanto a los gastos remuneracionales no aceptados por la suma de $1.783.850 de los trabajadores nombre reservado y nombre reservado, mantienen su calidad de gastos remuneracionales no aceptados.

En cuanto a la calificación de “gasto no aceptado” del monto de $42.396.304, impugnado en el recurso, el acta de seguimiento señala fundamento que: “Sostenedor presenta antecedentes de D. nombre reservado, Jefe de Personal, y se constatan las siguientes observaciones:(1) DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO: Contratos y Anexos de Contrato presentados no señalan la función a desempeñar (liquidación de sueldo y correos electrónicos indican Jefe Personal). (2) PAGO EFECTIVO: Presenta hojas de cartolas bancarias con el logo “Itaú Empresas”, sin datos generales, es decir, no dio cuenta con la información de número de cuenta corriente. Además, presentó cuadro Excel, que registra los pagos mensuales realizados, el que no tiene logo de banco, firma y tampoco timbre, necesarios para considerarlo como documento formal. (3) FUNCION EJECUTADA: Los antecedentes presentados son insuficientes para constatar el cumplimiento efectivo de la función contratada. Por lo expuesto anteriormente, NO SE ACEPTA EL GASTO POR $42.396.304”.

De acuerdo con lo anterior, citó el artículo 52 de la Ley 20.529, que contempla la posibilidad de que personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá también el carácter de ministro de fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones y que consten en el acta de fiscalización, por lo que en los procedimientos aplicables para la aceptación de gastos en materia de remuneraciones se consideran los siguientes criterios: i) pertinencia; ii) documentación de respaldo; iii) pago efectivo; iv) función ejecutada; y v) cotizaciones previsionales. Luego, para el gasto remuneracional del asunto, revisada la documentación presentada por la actora en la etapa recursiva, la “documentación de respaldo” consta un contrato de trabajo de 1 de abril de 2021, suscrito entre la entidad sostenedora y el trabajador, el cual en su cláusula primera señala que el trabajador desempeñara las labores de “jefe de personal” según las funciones que detalló. Además, consta contrato de trabajo de 1 de enero de 2022, el que modificó las remuneraciones del trabajador, y contrato de 1 de diciembre de 2022, en virtud del cual se reajustó la remuneración en un 12% quedando en la suma de $3.327.296. En cuanto al “pago efectivo”, se acompañaron certificados de pago emitidos por el Banco Itaú, en los cuales se indica que la entidad sostenedora efectuó el pago por concepto de remuneración liquida de conformidad a las liquidaciones de sueldo de enero a diciembre de 2022. En atención a dichos antecedentes, se tuvo por subsanado el motivo de no aceptación que alude al pago.

Ahora bien, para acreditar la “ejecución de las funciones”, acompañó una serie de correos electrónicos enviados por el trabajador, en los cuales se observa la gestión de una cotización de página web para el establecimiento, envío de certificados de alumno a una apoderada e informes de notas del primer semestre 2022, remisión de factura electrónica, informe de tribunal, protocolo de accidentes, recepción de obras, uso de extintores, solicitud de certificados deuda de empresa, envío de formulario N°30, planilla de retenciones, pago bono fiestas patrias, recepción de certificado de nacimiento de estudiante. Asimismo, manifestó haber acompañado en el contexto de la fiscalización el correspondiente registro de asistencia, documento que se encuentra suscrito por el trabajador y que, conforme a su planteamiento, respaldaría el cumplimiento efectivo de sus labores. En atención a lo anterior, la actora estimó que los antecedentes acompañados permiten acreditar que las funciones fueron desarrolladas por el trabajador de forma personal, permanente y efectiva al interior del establecimiento, en el ejercicio del cargo de jefe de personal, para lo cual este habría desempeñado labores necesarias para la gestión administrativa del establecimiento.

Por su parte, expuso que dentro de sus objetivos contempla el de fiscalizar la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores de los establecimientos subvencionados y que reciban aporte estatal. En dicho contexto, según el artículo 49, letra e) de la Ley N°20.529, se le concede facultades para acceder y solicitar cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de actividades pedagógicas del establecimiento educacional, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas o entidades fiscalizadas, y disponer de todos los antecedentes que juzgue necesarios para la mejor fiscalización, por lo que no cabe dudas de que está facultada para solicitar todo tipo de antecedente que permita cumplir con la finalidad de la fiscalización.

Por otro lado, el artículo 3° de la Ley de Subvenciones, establece que constituye un gasto procedente, en materia de remuneraciones, aquel destinado al pago de personas naturales que ejerzan funciones de administración superior, tales como gerencia, administración general, finanzas, contabilidad o recursos humanos, siempre que tales labores se desempeñen de manera personal, permanente y efectiva, resulten necesarias para la gestión de la entidad sostenedora y cuenten con el correspondiente respaldo documental. Para ello, la relación laboral debe encontrarse formalizada mediante contrato de trabajo o acto administrativo que detalle, de manera expresa, las funciones asignadas, la jornada laboral y las actividades específicas asociadas al cargo; sin embargo, la recurrente a modo de sustento acompañó copias de correos electrónicos que infiere darían cuenta del ejercicio de funciones inherentes a dicho cargo. No obstante, tales comunicaciones, aun cuando algunas ya fueron evaluadas durante la etapa de fiscalización, no constituyen por sí solas medios probatorios idóneos ni suficientes para acreditar el desarrollo efectivo de las labores declaradas, toda vez que carecen de elementos complementarios que permitan constatar objetivamente la ejecución de tareas propias de la gestión de personal, tales como la coordinación administrativa, la supervisión del cumplimiento de jornada y desempeño del personal, la validación de remuneraciones, autorizaciones de contratación o la participación en procesos internos vinculados al área de recursos humanos o la toma de decisiones en materias contractuales del personal del establecimiento. Asimismo, no se han acompañado bitácoras de actividad, informes de desempeño, actas de reuniones, registros de atención al personal, órdenes de trabajo u otros antecedentes técnicos o administrativos que den cuenta del cumplimiento real, verificable y regular de las funciones señaladas. Esta omisión debilita la posibilidad de validar el gasto bajo el criterio de función ejecutada. De este modo, en el uso e inversión de estos recursos, la entidad sostenedora debe guardar el mayor celo posible, pues la normativa educacional restringe la gestión de tales subvenciones y aportes al cumplimiento estricto de los fines que la propia ley señala, subentendiendo que en dicho cumplimiento esta inserto el interés general.

Con lo expuesto, estimó que conforme se puede extraer de la normativa educacional ya citada, la resolución exenta impugnada se ha dictado con estricta observancia a la normativa educacional vigente, que los gastos que se han mantenido como no aceptados incumben a las calificaciones correspondientes, que no existe ilegalidad, que se han ponderado adecuadamente las circunstancias alegadas por la entidad sostenedora. Por consiguiente, su actuación lejos de ser arbitraria se funda en una interpretación coherente y predecible de la normativa educacional vigente, lo que descarta de plano el vicio de arbitrariedad que exige la acción de protección.

A su vez, consideró que no se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, pues la recurrente no habría demostrado un trato desigual o discriminatorio en la fiscalización de los gastos remuneracionales. Es más, se utilizaron criterios estandarizados y generales para fiscalizar tales como pertinencia, respaldo documental, pago efectivo, función efectivamente ejecutada, cotizaciones previsionales y personas relacionadas, mientras que la exigencia de acreditar efectivamente las funciones realizadas por el trabajador se justificaría por la naturaleza pública de los recursos involucrados y por la responsabilidad de la entidad sostenedora en su correcta administración. En tal sentido, aseveró que no se impuso una carga probatoria especial o distinta, pues se aplicaron los mismos criterios técnicos utilizados respecto de los demás gastos fiscalizados. De hecho, se aprobó una parte importante del gasto: $127.588.252 de los $171.768.406 objetados; sumado que la resolución se encuentra debidamente motivada, expresa las razones de hecho y de derecho que justificaron la decisión, lo que descartaría arbitrariedad.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, a su vez, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en el caso de que se trata, quien recurre de protección ha tildado de ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N°90, de 23 de junio de 2026, emitida por Freddy Calderón Martínez fiscal (s) de la Superintendencia de Educación, que acogió parcialmente el recurso jerárquico interpuesto en contra del acta de fiscalización de seguimiento n°250200054, fecha 02 de abril de 2025, de la encargada de fiscalización de la misma entidad.

Pues bien, en definitiva, la resolución impugnada ordenó modificar la calidad de los gastos señalados en la referida acta de fiscalización, dejando en calidad de aceptados gastos remuneracionales por la suma de $127.588.252, confirmando, en lo restante, el acta recurrida, manteniéndose como gastos no aceptados el monto total de $44.180.154, dentro del que la suma de $42.396.304 corresponden a remuneraciones que se pagaron de enero a diciembre de 2022 al trabajador nombre reservado.

Debido a lo resuelto, estimó que derechamente se le desconoció la calidad de trabajador a nombre reservado, imponiéndole una carga probatoria mayor que la exigida a un trabajador que pretende acreditar su relación laboral, afectando con ello la garantía de la igualdad, garantizada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, por su parte, la recurrida sin perjuicio de no controvertir sustancialmente lo expuesto por el actor, especialmente lo relativo al origen naturaleza y resultado del proceso de fiscalización en cuestión, fue claro en señalar que actuó bajo la potestad fiscalizadora que le conceden las leyes, y que el recurrente en dicha instancia administrativa no demostró a través de los antecedentes ni documentos allegados al procedimiento la ejecución de funciones del trabajador.

En tal sentido, mencionó que, en relación con la acreditación de la función ejecutada-declarada en el contrato de trabajo, esto es jefe de personal-, la sola existencia del contrato de trabajo, el certificado de pago de cotizaciones previsionales, y/o certificado bancario que acredita el pago de las remuneraciones, no permiten verificar de manera directa, sistemática y suficiente la ejecución de las funciones específicas propias del cargo. Es más, precisó que los correos electrónicos solo dan cuenta de gestiones diversas a las obligaciones propias del cargo consignadas en el contrato de trabajo, aisladas y de carácter general vinculadas al funcionamiento del establecimiento, tales como remisión de documentos, coordinación de trámites o comunicaciones administrativas, pero no funciones propias de jefe de personal tales como la gestión del personal, administración de procesos laborales, coordinación del área de recursos humanos o la toma de decisiones.

OCTAVO: Que, con relación a tales planteamientos debe insistirse en que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental es de naturaleza esencialmente cautelar y que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que se franquean a los interesados y menos permite tomar decisiones en reemplazo de la autoridad legalmente facultada para hacerlo.

Acontece que el asunto propuesto por el recurrente, del modo que ha sido planteado y en función de lo que se pretende por su intermedio, rebasa los límites que derivan de la naturaleza de la acción constitucional, de modo que de los antecedentes allegados no introducen elementos de conocimiento que permitan ponderar la transgresión de derechos fundamentales que se alega, puesto que si bien la recurrida acompañó el expediente administrativo de fiscalización en cuestión, del que se pueden abstraer algunas conclusiones, como que el actor acompañó la documentación que ha indicado, lo cierto es que la controversia radica en una cuestión de ponderación probatoria.

La recurrida explicó que la revisión del gasto remuneracional se efectúa precisamente para determinar si el desembolso corresponde a una remuneración efectivamente vinculada a una prestación laboral que pueda imputarse legítimamente a recursos de subvención. Además, que, tratándose de funciones de administración superior, los servicios deben desempeñarse de manera personal y permanente, para lo cual exige respaldo documental, lo que justificó en habida cuenta de que el sostenedor no está utilizando recursos exclusivamente propios, sino provenientes de subvenciones estatales. En tanto, que a juicio del recurrente, con la documentación aportada, tales como el contrato de trabajo, cotizaciones previsionales, pago de las remuneraciones, correos electrónicos, permite probarse de forma suficiente de manera sistemática la realización de funciones propias del cargo, pero además que varias de las funciones contratadas son precisamente de naturaleza administrativa y que no existe un registro diario de cada gestión realizada por un jefe de personal, ni una exigencia legal que obligue a generar semejante documentación.

Como se puede apreciar, tal como se adelantó, esta instancia judicial no puede convertirse en una destinada a sustituir la valoración administrativa de la prueba.

NOVENO: Que, en efecto, debe ponerse especialmente en relieve que una acción de esta índole no puede transformarse en una suerte de sustituto de los procedimientos naturalmente idóneos establecidos en el ordenamiento jurídico con el propósito específico de atender situaciones como las que ha pretendido postular el recurrente, menos aún si disponiendo de la oportunidad y del medio para hacerlo, puede recurrir a las instancias administrativas o de otra índole que le franquea el ordenamiento jurídico. En suma, la acción constitucional ejercida no es el arbitrio adecuado ni procedente para los fines perseguidos por quien recurre.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Rolando Frez Tapia, en representación del Colegio San Nicolás E.I.R., en contra de la Superintendencia de Educación Escolar de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1706-2026 (Protección)