nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGUIRDAD PÚBLICA

Antofagasta, a siete de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de la abogada Mayra Aguilar Herrera, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad extranjera N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, con domicilio domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria de no permitir que la recurrente acceda a un proceso de regularización según lo indicado en el oficio ordinario No. 30755 de fecha 11 de abril de 2024, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880, solicitando se ordene una respuesta clara y razonable, por la autoridad competente; asimismo, se entregue un documento que pueda acreditar su situación regular en el país conforme a la regularización presentada; se cumplan los plazos señalados por la Ley de Migración; y se tomen las medidas que se estimen para el restablecimiento del derecho.

El recurrido Servicio Nacional de Migraciones, evacuó el informe, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso se indica que la recurrente estando en su país Venezuela, sin antecedentes penales y con trabajo, pero por la situación económica, política y social que estaba atravesando Venezuela en su momento, unido a la falta de garantías constitucionales que tienen los propios ciudadanos, decidió salir de su país e ingresó a Chile por pasos no habilitados el 12 de junio de 2022, con cédula extranjera N°RUT reservado, efectuando su declaración de ingreso irregular ante la PDI en agosto de 2023, en búsqueda de una mejor calidad de vida y para tener una estabilidad laboral.

Refiere que la recurrente actualmente vive con su pareja, nombre reservado de nacionalidad Peruano, bajo un acuerdo de unión civil, inscripción N°130 de fecha 21 de junio de 2024; además se encuentra laborando de forma legal y pacífica, y hasta la presente fecha tiene registro de fiscalización de control migratorio por la PDI, como también realizó el Biométrico en fecha 16 de agosto de 2023; por lo que en su momento envió solicitud de regularización por ingreso irregular al país, dirigido al Director del Servicio Nacional de Migraciones y nombre reservado, con los documentos de descargo, para verificar que ha realizado todo lo pertinente para su regularización en el país. Añade que actualmente no existe carta de expulsión por algún ente gubernamental, pero si el oficio N°30755 de fecha 11 de abril de 2024, que indica: “…Ud. Puede solicitar una autorización de salida del país…” y “…que, de no salir del territorio nacional, Ud. Quedará comprendido en la causa de expulsión del país…”

Seguidamente reprodujo el contenido de la carta de solicitud de regularización remitida por la actora, añadiendo que la respuesta dada por el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, en el entendido que dicho oficio ordinario atenta con las garantías constitucionales de acceder a un proceso justo e igualdad ante la ley, más aún cuenta con arraigo nacional al tener unión civil con peruano con residencia definitiva en Chile.

Afirma que luego de más de dos años en Chile, en la convicción de efectuar las cosas según las normas vigentes y tras fallidos intentos de regularización, la recurrente ha hecho su vida en la medida de lo posible, aportando a la comunidad, habiéndole permitido el sistema la realización de las actividades económicas que realiza, manteniendo cada uno de sus tributos al día, encontrándose incorporada en el sistema previsional AFP y de salud del país, pero no pudiendo regularizar su condición de permanencia en Chile, viendo limitados sus procesos dada la falta de información y orientaciones adecuadas, así como las tardías y defectuosas respuestas del sistema, a lo que se une que la recurrente tiene un diagnóstico de cálculos en los riñones, la cual está siendo tratada en la Clínica Austral MQ SPA.

Tras ello se refirió a la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, indicando que lo que se denuncia como ilegal y arbitrario es la existencia de una omisión por parte de la autoridad recurrida, que consiste en que el Servicio Nacional de Migraciones no permite que la recurrente acceda a un proceso de regularización según lo indicado en el oficio ordinario N°30755 de fecha 11 de abril de 2024, pues sin justificación razonable le indica a la recurrente que puede solicitar una autorización de salida del país y que, de no salir del territorio nacional, quedará comprendida en la causa de expulsión del país, omisión que genera un estado de cosas permanentes, que permite interponer la presente acción jurisdiccional en cualquier tiempo.

Asevera que el Servicio Nacional de Migraciones ha incumplido su deber de resolver la solicitud de regularización que indica la ley agotando la actora la declaración de ingreso irregular ante la PDI, registro de fiscalización de control migratorio por la PDI, y Biométrico tal como lo indica la ley de migración, y sin justificación razonable la respuesta de regularización que se recibió por medio de oficio ordinario tiene ilegalidad según lo señalado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, en relación con el artículo 23 del mismo cuerpo legal, por lo que la sola costumbre que puede haberse instalado en el Servicio Nacional de Migraciones de no dar respuesta concreta en cuanto al caso de regularización, sino un oficio ordinario en el cual le hacen una recomendación no puede alegarse como justificación para el cumplimiento de la ley, por lo que la falta de respuesta concreta por parte de la recurrida constituye una omisión de carácter ilegal, que es la que precisamente se impugna a través de la presente acción de protección. Agrega que el carácter ilegal de la omisión señalada encuentra una confirmación en otras normas de la misma Ley N°19.880, que establecen los principios que deben informar los procedimientos administrativos, incluyendo aquel procedimiento que se originó con la solicitud de regularización por ingreso irregular al país, dirigido al Director del Servicio Nacional de Migraciones y nombre reservado, citando jurisprudencia al efecto y reproduciendo el artículo 14 de la Ley 19.880 que define el principio de inexcusabilidad, principios tan relevantes que el legislador ha querido tipificar el retardo malicioso en la dispensación de los servicios públicos en el artículo 256 del Código Penal.

Señala que la omisión del Servicio Nacional de Migraciones en dar una respuesta clara, precisa y oportuna a la solicitud de la recurrente es también arbitraria, porque carece de toda razonabilidad y justificación, notificando un oficio ordinario con recomendación de abandono justificando su presunta decisión, pero que no lo materializó de manera legal por medio de decreto o resolución exenta, para así justificar una orden arbitraria e ilegal que se vea afectada su libertad y locomoción dentro del país.

Seguidamente aludió a la garantía del 19 N°2 de la Constitución Política de la República, explicando que la ilegalidad y arbitrariedad que se han acusado en el actuar omisivo del Servicio Nacional de Migraciones, ha producido una desigualdad de trato respecto de la recurrente, en la medida ha dejado de aplicarse en su caso una norma que fue establecida por el legislador para ser invocada en una situación como la suya, poniendo a la recurrente en una posición de desventaja respecto de otras personas que, encontrándose en hipótesis fácticas similares, sí reciben el tratamiento previsto por la ley. Asimismo, se refirió al Decreto 21.675 añadiendo que la recurrente no tiene en la actualidad forma de acreditar su situación migratoria, ya que al realizar su solicitud dirigida al Director del Servicio Nacional de migraciones y nombre reservado y tener un oficio ordinario que le recomienda abandonar el país, no tiene documento alguno para acreditar su situación actual, no pudiendo salir, ni entrar, ni movilizarse libremente en Chile y tampoco puede acreditar que se encuentra dentro del país en estado regular, existiendo una gran afectación a sus derechos.

Termina solicitando se ordene una respuesta clara y razonable, por la autoridad competente; asimismo, se entregue un documento que pueda acreditar su situación regular en el país conforme a la regularización presentada; se cumplan los plazos señalados por la Ley de Migración; y se tomen las medidas que se estimen para el restablecimiento del derecho.

SEGUNDO: Que informó el abogado Manuel Torres Salinas, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar los derechos invocados por el recurrente.

Refiere que esa autoridad no mantiene registros oficiales sobre el ingreso al país por paso habilitado de la recurrente.

Indica que la actora con fecha 20 de junio de 2023, se inscribió voluntariamente en el procedimiento de Empadronamiento Biométrico establecido en la Resolución Exenta N°25425, de fecha 31 de mayo de 2023 del Servicio Nacional de Migraciones y se empadronó en el proceso biométrico con fecha 16 de agosto de 2023.

Expresa que la recurrente presentó en la Oficina de Partes de esa autoridad con fecha 15 de abril de 2024 una solicitud formal al Sr. nombre reservado para que ejerciera su facultad de regularizar su condición migratoria establecida artículo 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Explica que por Oficio Ordinario N°30755 de fecha 12 de junio de 2024, desde el ámbito de competencia de ese Servicio, se informó a la extranjera que no se ha dispuesto por la autoridad competente de un mecanismo de regularización, en virtud de lo establecido en el artículo 155 N°8, en relación con lo señalado en el artículo 157 N°13, ambos de la Ley N°21.325 precitada, por lo que el Servicio no puede acceder a su solicitud de regularización.

Destaca que la facultad de regularización migratoria extraordinaria, cuyo ejercicio fue solicitado por la recurrente, se encuentra regulada en el artículo 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325, normas que reproduce, indicando que la solicitud de regularización en virtud de las normas anteriormente señaladas, se realiza mediante una solicitud escrita del postulante que exprese los motivos y documentos que fundamentan su pretensión, dirigida a la Subsecretaría del Interior, única autoridad facultada por la ley para regularizar la condición migratoria de un extranjero, la cual es presentada en la oficina de partes del Servicio Nacional de Migraciones, para el análisis de los antecedentes y su posterior remisión a la autoridad competente para que emita una resolución de término.

Manifiesta que en virtud del artículo precitado, se faculta a la Subsecretaría del Interior para regularizar la condición migratoria de los extranjeros que, tal como la recurrente, no pudiesen optar a un permiso de residencia por impedimentos legales, facultad que debe entenderse como una potestad exclusiva de la autoridad administrativa y de excepcional aplicación, a la que se da a lugar siempre que los solicitantes demuestren que le asisten fundamentos calificados para proceder a tal regularización, siendo necesario para ello acompañar documentación suficiente en las distintas instancias en que la autoridad migratoria lo solicite. Añade que el ejercicio de la facultad descrita conlleva un procedimiento desformalizado, solo sujeto al principio de celeridad.

Afirma que, en el caso de autos, la recurrente solicitó regularizar su situación migratoria en los términos del artículo 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325 y ese Servicio, habiendo tomado conocimiento de la carta enviada por la recurrente, rechazó su solicitud.

Termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de esa autoridad que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección incoadas mediante esta acción constitucional, debiendo la recurrente dar curso al impulso del procedimiento.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, ante la falta de claridad respecto de la solicitud de regularización migratoria por ingreso irregular, conforme a los numerales 8 y 9 del artículo 155 de la Ley 21.325, por cuanto solo recibió un oficio ordinario de fecha 11 de abril de 2024 que, a su juicio, sin justificación razonable le indica a la recurrente que puede solicitar una autorización de salida del país y que de no salir del territorio quedará comprendida en causal de expulsión.

SEXTO: Que el artículo 155 de la Ley 21.325, en sus numerales 8 y 9 señala: “Artículo 155.- Funciones de la Subsecretaría del Interior. Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones:

” 8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de permanencia en condición migratoria irregular que tuviere el interesado.

9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable”.

SÉPTIMO: Que, de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, se ha podido evidenciar que dicha autoridad migratoria recibió y rechazó la solicitud de la recurrente, remitiendo oficio N°30755 de fecha 12 de junio de 2024 dirigido por el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones a la actora en que se le comunica sic: “no se ha dispuesto por la autoridad competente de un mecanismo de regularización, en virtud de lo establecido en el artículo 155 N°8, en relación con lo señalado en el artículo 157 N°13, ambos de la Ley N°21.325 precitada, por lo que este Servicio no puede acceder a su solicitud de regularización”.

OCTAVO: Que, para resolver, además de lo expresado en los numerales 8 y 9 del artículo 155 de la Ley 21.325, se debe tener en consideración que la Ley N°19.980 regula entre sus principios, el de contrariedad que indica: “Artículo 10. Principio de contradictoriedad. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, especialmente los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento”.

Además, consagra el principio de transparencia y publicidad en su artículo 16 que señala: “Artículo 16. Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.

En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación”.

NOVENO: Que en la especie se verifica una infracción a las normas precitadas, desde que la información contenida en el Oficio 30755 de 12 de junio de 2024, no resulta clara, por cuanto, si bien se indica en el oficio, que la autoridad competente no dispuso de un mecanismo de regularización respecto de la extranjera, no es menos cierto, que no consta que los antecedentes de la solicitud hayan sido remitidos al nombre reservado, para resolver la materia, y tampoco consta, un pronunciamiento de dicha autoridad en que se invoquen las razones por las cuales no fue aceptada la petición, con el objeto que la recurrente tenga la posibilidad de impugnarla.

A mayor abundamiento, no debe perderse de vista que las atribuciones que detentan los órganos de la Administración del Estado son conferidas por la ley en función directa de la finalidad u objeto del servicio público de que se trate y dicho ejercicio legítimo de estas atribuciones exige, además del respeto a los derechos de las personas, una necesaria razonabilidad en la decisión de la autoridad. En el presente caso, aun cuando se trate de actuaciones de órganos que no ejercen jurisdicción, son exigibles los requisitos que garantizan un racional y justo procedimiento, lo que se concreta en el respeto a principios fundamentales destinados a proteger al individuo frente al poder estatal, pues, el acatamiento al justo y racional procedimiento no depende de la mera voluntad de la autoridad administrativa, sino que constituye un mandato y por tanto un deber constitucional que debe cumplir cualquier órgano del Estado, en el ejercicio de sus potestades, sean regladas o discrecionales.

DÉCIMO: Que, al no tener certeza sobre las razones de la negativa en la adopción de la petición de regularización de la actora, la autoridad ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario que conculca la garantía constitucional esgrimida en el recurso, razones que bastan para acoger el presente arbitrio en la forma que se señalará en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas el recurso de protección deducido por la abogada Mayra Aguilar Herrera, en favor de doña nombre reservado, sólo en cuanto el Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, deberá remitir a la Subsecretaría del Interior, dentro del plazo de treinta días corridos desde la dictación de la sentencia, la solicitud de regularización extraordinaria de la actora, con el objeto que dicha Subsecretaría se pronuncie sobre la referida petición, debiendo comunicar su decisión en la forma prevista en el artículo 146 de la Ley 21.325.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1706-2024 (PROT)