nombre reservado con GIMNASIO DEPORTIVO ASPECH

Antofagasta, a catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado y, de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Gimnasio Deportivo Aspech, persona jurídica del giro de su denominación, RUT N°RUT reservado, representada legalmente para estos efectos por don nombre reservado, por el acto ilegal y en su defecto, arbitrario, consistente en censurar y expulsar a los recurrentes según acuerdo adoptado en asamblea extraordinaria de fecha 31 de mayo de 2024, lo que infringe las garantías consagradas en el artículo 19 N°3, N°24 y N°15 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones declarar que el acuerdo respectivo es ilegal, o en su defecto, arbitrario, dado que, al momento de adoptarse, la asamblea no había sido convocada conforme lo disponen sus estatutos y el Decreto N°58; declarar que dicho acuerdo vulnera las garantías mencionadas; ordenar incorporar a los recurrentes como socios del recurrido, asumiendo don nombre reservado como presidente y don nombre reservado, como tesorero, restituyéndole sus derechos a partir del 31 de mayo del presente año, con expresa condenación en costas.

Informó don Yurit Patricio Pinto Arqueros, abogado, en representación del Gimnasio Deportivo Aspech, solicitando el rechazo de la acción deducida, con expresa condena en costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción haciendo presente que, ambos actores son socios y directores del Gimnasio Deportivo ASPECH, siendo don nombre reservado y don nombre reservado, tesorero, cargos que ocupan desde el 07 de enero de 2023.

Agrega que el gimnasio se constituyó a la luz de la Ley N°19.418, hoy Decreto N°58 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°19.418, Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Además, hace presente que el recurrido se rige por sus estatutos, los que se encuentran en la Municipalidad de Calama y en lo no regulado por ellos, se aplica subsidiariamente el mentado Decreto N°58.

Señala que con fecha 20 de marzo de 2024, se celebró asamblea extraordinaria en el gimnasio, en la que el directorio conformado por los recurrentes y por don Patricio Valencia, en calidad de secretario, puso en conocimiento una denuncia por acoso laboral que doña nombre reservado había presentado en contra del secretario del directorio, ante la Inspección del Trabajo de Calama. Debido a ello, don Patricio Valencia suspendió voluntariamente el ejercicio de su cargo mientras dure la investigación. Con motivo de lo anterior, el secretario debía entregar las actas del gimnasio, las que no fueron devueltas, por lo que fue denunciado por el delito de apropiación indebida.

Además de la denuncia, se inició una investigación interna en el gimnasio para esclarecer los hechos, constituyéndose una “Comisión de Disciplina” integrada por los Sres. nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, según asamblea extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2024. Luego, la Comisión de Disciplina, juntamente con el secretario suspendido y el Sr. nombre reservado, director suplente, solicitaron al directorio del gimnasio convocar a otra asamblea extraordinaria para dar a conocer situaciones referidas a los casos de acoso laboral, los casos de malas gestiones administrativas, un caso de despido injustificado y la censura de la actual directiva.

El directorio del gimnasio inicialmente accedió a la realización de la asamblea extraordinaria, sin embargo, previo análisis de los estatutos señaló que el respectivo comité no cuenta con las facultades para convocar a dicha asamblea ni tampoco contaban con el quorum mínimo de socios para hacerlo, comunicándole al comité de ello, con fecha 31 de mayo de 2024.

Explica que el artículo trigésimo tercero de los estatutos del gimnasio dispone que la asamblea extraordinaria sólo puede ser convocada por el presidente a iniciativa del directorio o a solicitud, a lo menos del 25% de los afiliados y con una anticipación mínima de 05 días hábiles a la fecha de su realización. El artículo 23 letra a) del Decreto 58, dispone que son atribuciones del directorio, requerir al presidente, por al menos dos de sus miembros, la citación a asamblea general extraordinaria. Adicionalmente, el gimnasio tiene 1.862 socios, por lo que el mínimo para convocar a asamblea es de 466 socios. Hace presente, además, que el comité se creó solo para efectos de la denuncia realizada por doña nombre reservado y que tampoco puede considerarse que al menos 02 directores citaran extraordinariamente a asamblea, ya que el secretario, Sr. Patricio Valencia, a la época de la citación, se encontraba suspendido de su cargo puesto que aún se investigaba la denuncia de acoso interpuesta con él.

A mayor abundamiento, el director nombre reservado sólo podía ejercer derechos de director titular ante la ausencia de uno de ellos, sea temporal o definitiva, por lo que tampoco podía solicitar válidamente que se convocara a asamblea extraordinaria, pues no se configuraría el supuesto básico para acceder al cargo, conforme al artículo vigésimo de los estatutos.

En síntesis, solo un director titular solicitó la asamblea extraordinaria, no cumpliéndose con el requisito básico establecido en el artículo 23 letra a) del Decreto N°58, por lo que no se podía dar lugar a esta. Además, la asamblea no fue convocada especialmente por la censura de los recurrentes, pues la tabla contenía, además, materias de otra índole. En este sentido, e l artículo 24 letra d) del Decreto N°58, dispone que los dirigentes cesan en sus cargos, por censura acordada por los dos tercios de los miembros presentes en asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto. Norma que armoniza con lo dispuesto en el artículo 23 letra d) de los estatutos del gimnasio. Por su parte, el inciso final de artículo 24 del Decreto N°58 dispone que, será motivo de censura la transgresión por los dirigentes de cualesquiera de los deberes que esta ley les impone, como asimismo de los derechos establecidos en el artículo 12.

A pesar de la ilegalidad de la asamblea extraordinaria que requería el Comité de Disciplina, de igual forma la convocaron utilizando para ello diversas plataformas de redes sociales. Sin embargo, de acuerdo con el artículo trigésimo de los estatutos, la citación debe ser entregada personalmente a los socios por el secretario y publicarse mediante un cartel en el gimnasio (requisitos copulativos), situación que no ocurrió en el caso de marras. Alega que la omisión de cualquiera de dichas notificaciones acarrea la nulidad de lo obrado en la asamblea.

Luego, con la asistencia de 23 personas, a pesar de lo indicado en los párrafos precedentes, se llevó a cabo la asamblea extraordinaria, acordándose la censura de los recurrentes y su expulsión en calidad de socios, de forma definitiva del gimnasio.

En cuanto a la expulsión, no se siguió el procedimiento establecido en la letra c) del artículo 14 del Decreto N°58, tampoco se realizó investigación previa ni citación a audiencia para recibir sus descargos, adoptando la expulsión sin que los recurrentes pudiesen ejercer su derecho a defensa, citándolos a una asamblea posterior para comunicarlas de la decisión. A dicha reunión, los recurrentes no asistieron, ya que tampoco se les convocó de forma personal.

Luego, con fecha 12 de junio de 2024, mediante carta certificada, la que también fue enviada vía correo electrónico se remitió carta de censura, señalando que la decisión se habría tomado con 21 votantes más 2 abstenciones, con un total de 23 asistentes. El fundamento de la censura en términos generales radicaría en el nulo accionar respecto de las denuncias de acoso; la falta de concurrencia a la citación hecha por la Dirección del Trabajo siendo sancionados con multas; censura del Comité de Disciplina cuando quiso investigar de la denuncia en particular, deudas a los trabajadores respecto de sus bonos y negación de los mismos; denuncias de usuarias respecto de ataque de estas personas a un socio; discriminación arbitraria con un trabajador, acoso y amedrentamiento a una usuaria por compartir información de la citación asamblea y toma de decisiones arbitrarias sin tomar el parecer de uno de los miembros de directiva. Paralelamente y con la misma fecha, se envió a los recurrentes una carta de expulsión, debido a faltas graves al reglamento interno, los estatutos y la ley.

Ya censurados en sus cargos, y expulsados del gimnasio en calidad de socios, con fecha 10 de junio de 2024, se les concede el derecho a formular sus descargos ante la asamblea que se convoca para el día 20 de junio a las 20:00 horas, mediante citación que se les entregó. En esta citación, tampoco se cumplió con ninguna de las formalidades exigidas por el artículo 33 de los estatutos, como tampoco aquellas exigidas en el Decreto N°58.

Con todo, el Comité de Disciplina asumió de facto la representación del gimnasio, a pesar de que se constituyó con un fin único y distinto, no estando facultado para realizar citaciones ni para ejercer otras atribuciones extraordinarias que no fuera la de investigar, por lo que estima que la censura y la expulsión es ilegal o a lo menos, arbitraria, por cuanto la asamblea extraordinaria no se realizó conforme a las solemnidades exigidas por el artículo 33 de los estatutos del gimnasio, ni tampoco lo previsto en el artículo 23 letra a) del Decreto N°58; la votación no se realizó conforme mandato del artículo 18 letra d) del Decreto 58, ya que no fue secreta si no que a mano alzada; y, no se observó tampoco el procedimiento establecido en el artículo 14 del Decreto N°58.

A mayor abundamiento, no se les concedió el derecho a defensa que garantiza el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, como también el artículo 14 letra c) del Decreto N°58, otorgándoles post sanción, recién la posibilidad de efectuar sus descargos, en definitiva, se le concedió dicha oportunidad, una vez impuesta la sanción.

De otro lado, los recurrentes al momento de la expulsión, eran titulares de un derecho de propiedad (artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental) sobre su calidad de socios del gimnasio, lo que los llevó a ejercer en dicha institución, los cargos de presidente y tesorero, respectivamente. También los recurrentes, de acuerdo, a lo que dispone el artículo 583 del Código Civil, desde el momento de su afiliación al gimnasio, tienen una especie de propiedad sobre su calidad de socio.

Además, alega infracción al artículo 19 N°15 de dicho cuerpo normativo, referido al derecho de asociación, por cuanto la afiliación o desafiliación de cualquier organización sindical se sujeta siempre a las formalidades previamente establecidas para ello. Existe también vulneración al artículo 19 N°3 de la Constitución Política, respecto al derecho a defensa, garantía reflejada en el artículo 14 letra c) del Decreto N°58.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte de Apelaciones declarar que el acuerdo respectivo es ilegal, o en su defecto, arbitrario, dado que, al momento de adoptarse, la asamblea no había sido convocada conforme lo disponen sus estatutos y el Decreto N°58; declarar que dicho acuerdo vulnera las garantías mencionadas; ordenar incorporar a los recurrentes como socios del recurrido, asumiendo don nombre reservado como presidente y don nombre reservado, como tesorero, restituyéndole sus derechos a partir del 31 de mayo del presente año, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que informó don Yurit Patricio Pinto Arqueros, abogado, en representación del Gimnasio Deportivo Aspech, solicitando el rechazo de la accion deducida, con expresa condena en costas.

Primeramente, hace presente que no es efectivo que el gimnasio tenga 1862 socios y que el quorum mínimo para convocar a asamblea sea de 466 socios, inclusive señala que la directiva a la que pertenecían los recurrentes fue elegida por 236 personas, y los cargos de presidente y secretario que correspondían a los directores removidos y recurrentes de autos se eligieron por 54 y 27 votos respectivamente. A mayor abundamiento, menciona que la única reforma a los estatutos se aprobó en su oportunidad, por 42 socios.

Señala, además, que las afirmaciones del libelo recursivo en cuanto a las supuestas irregularidades atentatorias a la ley y estatutos, no se condicen con la conducta anterior de los recurrentes cuando formaban la directiva. A mayor abundamiento, consta que los actores determinaron desarmar el Comité de Disciplina, con la sola aprobación de los recurrentes en su calidad de directores (2 de 3) y con quorum de 36 socios, no cumpliendo con la normativa que ellos mismos invocan en apoyo a su pretensión. De otro lado, señala que el Sr. nombre reservado, tiene la calidad de director suplente de la recurrida y que, por mandato de su actual presidente, don nombre reservado, ostenta actualmente la administración de la institución.

Dice que no existe vulneración al derecho de propiedad, toda vez que la calidad de socios se presenta como un derecho incorporal y más bien personal, conforme al artículo 578 del Código Civil, por cuanto dicha calidad no es susceptible de propiedad o de alguna especie de propiedad, ya que tales circunstancias no representan en sí mismas un valor pecuniario, no están dotados de acción para obtener su reconocimiento judicial, no son transferibles o transmisibles ni correlativas a prestaciones nacidas de alguna fuente de obligaciones.

En cuanto a la censura y remoción, indican que la decisión se fundamenta en el artículo 38 en relación con los artículos 32, 33, 35 y 36 de los estatutos. En ese orden de ideas, la asamblea extraordinaria fue solicitada por el Comité de Disciplina y por don nombre reservado y nombre reservado, directores suplentes, haciendo presente que, tanto el estatuto como la ley aplicable a la organización comunitaria Gimnasio Aspech, no distingue la clase de directores que pueden pedir realización de asamblea extraordinaria. Por su parte el Decreto N°58 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, en su artículo 23 letra a) y 24 letras c) y d), indica las causas legales que fundan la censura, remoción y expulsión de los recurrentes, teniendo en consideración además lo que disponen los artículos 12, 14, 16, 17, 18, 19 del referido cuerpo normativo.

En síntesis, estima que con fundamento legal y estatutario se verificaron las asambleas extraordinarias de fechas 31 de mayo y 21 de junio que determinaron la censura y expulsión de los recurridos, por lo que no existe afectación, privación, perturbación o amenaza de un derecho de propiedad sobre bien inmaterial respecto de los recurrentes.

En cuanto al derecho de asociación, señala que no existe infracción puesto que la censura y expulsión se encuentra conforme a la ley, sin perjuicio que, conforme al artículo 8 de los estatutos, los sancionados pueden ser reintegrados después de cumplido 1 año de la sanción que se les impuso. Respecto al derecho a defensa, arguye que no es efectivo toda vez que sí existió la instancia para efectuar sus descargos, a pesar de que los recurrentes no la utilizaron.

Además, señalan que los hechos que motivaron las expulsiones están refrendados por asambleas extraordinarias, por lo que el recurrido sigue funcionando con nueva directiva conformada por los suplentes, todo conforme a los estatutos, además de exponer y enumerar las razones que respaldaron tal decisión, las mismas que se expusieron en carta remitida a los recurrentes, consistentes en: i) el nulo protocolo y toma de medidas respecto de las denuncias de acoso que se presentaron al gimnasio, de forma verbal, escrita o por medio de la dirigente sindical, con posterior denuncia en la Dirección del Trabajo; ii) el despido injustificado a un trabajador que denunció acoso y solicitó pago de bonos que legalmente le correspondían; iii) por intentar censurar a este comité que se encarga de resguardar el orden y respeto dentro de la institución; iv) por el detrimento económico que se le está causando a la institución a causa de la falta a conciliación a la Dirección del Trabajo y demandas de los trabajadores despedidos; v) por amedrentar a un socio con amenazas de expulsión de la institución, por requerir este firmas para reincorporar al trabajador despedido; vi) el señor nombre reservado por llevar problemas personales a la institución que terminó con el destrozo de una puerta de la institución; vii) por amedrentar a una usuaria por compartir la información de la asamblea y subirle arbitrariamente la mensualidad; viii) por discriminación arbitraria al trabajador despedido por impedirle el ingreso a la institución; ix) por saltarse protocolos y citar a una trabajadora acosada a una reunión para inculparla de juntar firmas por la reincorporación de su compañero y hacerla firmar un documento al respecto de dicha reunión; x) por presionar a una trabajadora a firmar un documento de conformidad con el reglamento interno sin antes darle la oportunidad de llevárselo y poder leerlo con tranquilidad; xi) por quitar la pizarra que daba cuenta de la reunión de fecha 31 de mayo de 2024, siendo que esta se puso libremente por la administración en primer término; xii) por borrar y no divulgar como establece la ley la asamblea citada con fecha 31 de mayo; xiii) por desconocer públicamente una reunión extraordinaria y entorpecer la misma; xiv) por amenazar con demandas al Comité de Disciplina por la difusión de la reunión; xv) por firmar todos sus documentos a nombre de la directiva cuando en la realidad al secretario de la institución no se le tomó parecer de ninguna de estas actividades; xvi) por despedir en menos de un mes a 2 trabajadores (ambos denunciaron situaciones de acoso laboral); xvii) por un segundo despido injustificado a trabajadora que denunció acoso laboral por medio de correo electrónico; xviii) por no tomar medidas respecto de la persona acusada de acoso laboral no solo por los 3 trabajadores que hasta abril de este año pertenecían a la institución, sino por también una cuarta trabajadora que se desvinculó en septiembre del 2023 quien también dejó su denuncia de acoso en la Dirección del Trabajo por acoso laboral por la administradora y vulneración de derechos maternales; xix) por negación de casos de acoso laboral; y, xx) por desprestigiar con su accionar el nombre de la institución que hoy figura en boca de miles de trabajadores de Codelco y externos a causa de vulneración a trabajadores y socios.

Sostienen que no existe fundamento para la acción incoada, puesto que la vía idónea es conforme lo dispone la Ley N°18.593 sobre Tribunales Electorales Regionales, en su Título III, artículo 10, además de que la cuestión debatida puede tramitarse en un juicio de lato conocimiento, ello por aplicación del principio de inexcusabilidad resolutiva. Con todo, al no ser esta la vía idónea y al no conculcarse las garantías constitucionales aludidas, solicita el rechazo de la acción deducida, con costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que atendida las alegaciones vertidas en el libelo recursivo, se desprende que la controversia de autos radica en determinar la existencia de ilegalidad y/o arbitrariedad en el actuar atribuido a la recurrida consistente en la censura y expulsión de los recurrentes en su calidad de directores y socios respectivamente, decisión adoptada mediante asambleas extraordinarias que no cumplirían con las formalidades legales y estatutarias para su realización, invocándose por la recurrente vicios en su convocación, citación a los socios y cumplimento de quorum respectivos, así como vicios específicos en la forma de adopción de las medidas señaladas.

SEXTO: Que de las alegaciones de las partes y antecedentes allegados en autos, es posible tener como hecho indiscutido la efectividad de la realización de las asambleas extraordinarias de la referida organización, en las fechas ya señaladas y con la asistencia de los socios que constan en las respectivas actas, así como la veracidad de las medidas de censura y expulsión adoptadas respecto de los recurrentes en su calidad de directores y socios. Asimismo, no ha resultado discutido que el mentado Gimnasio Deportivo ASPECH, se encuentra constituido como una organización comunitaria conforme la Ley N°19.418, hoy Decreto N°58, resultándole aplicable en cuanto a su regulación y organización, además de sus estatutos, el referido cuerpo normativo.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, por su parte, la recurrida ha sostenido la legalidad de las medidas adoptadas, controvirtiendo expresamente los defectos denunciados por los recurrentes en su libelo pretensor, sosteniendo que en las asambleas extraordinarias de fechas 31 de mayo y 21 de junio recién pasado, que determinaron la censura y expulsión de los actores, se verificaron en cumplimiento de las normas estatutarias y legales pertinentes, cuestionando a la vez los asertos de los recurrentes referidos a la inobservancia de las formalidades, los que alega no se condicen con su propio proceder durante el ejercicio de los cargos directivos mientras los ostentaban.

Se explicita además por la recurrida, los numerosos motivos que se tuvieron a la vista por los socios asistentes a las asambleas para la adopción de las medidas ya señaladas, consistentes en diversas situaciones atribuidas a los actores que darían cuenta de su deficiente gestión e irregularidades, las que habrían provocado perjuicios tanto económicos como en el prestigio de la organización.

OCTAVO: Que de lo anterior, se advierte que entre las partes existe discusión sobre los hechos fundantes de la acción deducida, que abarcan desde el cumplimiento de los requisitos formales para la realización de la primera de las asambleas, la que según se reconoce en un primer momento habría sido autorizada por la directiva; el cuestionamiento de la titularidad de los cargos directivos de los requirentes a la época de la convocatoria, la forma de citación de los socios, no existiendo ni siquiera claridad respecto del número de aquellos; hasta la forma de adopción de los acuerdos en el seno de la asamblea. A modo meramente ejemplar, dentro de las motivaciones aludidas por la recurrida para la censura y expulsión de los actores, consignadas además en la respectiva acta, se alude a que estos habrían quitado la pizarra que daba cuenta de la reunión de fecha 31 de mayo, siendo, a la vez, esta falta de publicación, alegada por los recurrentes en su libelo (punto 14), como una de las formalidades incumplidas puesto que viciarían la convocatoria a la asamblea.

De lo anterior, se desprende que en el caso sub lite no nos encontramos frente a derechos indubitados que permitan actuar a esta Corte en virtud de las facultades conservadoras que habilita este arbitrio, sino que por el contrario, previo a declarar la licitud o ilicitud de las medidas adoptadas o si en ellas existió o no arbitrariedad, deben asentarse los hechos, lo que amerita una revisión y ponderación adecuada de los antecedentes que puedan aportarse como medios de prueba, todo aquello únicamente posible en el marco de un juicio declarativo de lato conocimiento, en el que las partes puedan ejercer sus defensas sin las restricciones propias de la presente acción constitucional atenida su naturaleza cautelar y de urgencia.

NOVENO: Que, por otra parte, habiéndose invocado la vulneración de la garantía contenida en el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución, aparece que las alegaciones formuladas dicen relación únicamente con el derecho a defensa, el que no se encuentra amparado por la acción constitucional promovida, desde que el catálogo de garantías contenidas en el artículo 20 precisa únicamente la garantía del juez natural, la que en el caso de marras no puede entenderse vulnerada, toda vez que no ha resultado controvertido que las decisiones impugnadas fueran efectivamente adoptadas por el órgano facultado al efecto, esto es la asamblea extraordinaria, con independencia de la discusión relativa al cumplimiento de las formalidades en su convocatoria o adopción de las medidas impugnadas. Asimismo, la pretendida reincorporación de los actores a sus cargos directivos implicaría necesariamente la remoción de sus miembros actuales, materias cuya reclamación compete al Tribunal Electoral Regional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°18.593.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, evidenciándose en el caso sub lite que lo requerido excede las facultades de esta Corte de Apelaciones para actuar por esta vía constitucional, al ser claro que en la especie no nos encontramos frente a derechos indubitados, sin que pueda desprenderse de los antecedentes allegados que el actuar de la recurrida sea inequívocamente ilegal y/o arbitrario, y atendido además la imposibilidad de actuar disponiendo medidas como las solicitadas, sin perjuicio de lo que se pueda concluir en los procedimientos declarativos pertinentes, se deberá rechazar el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado y de don nombre reservado, en contra del Gimnasio Deportivo Aspech.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1705–2024 (PROT)

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