nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

Antofagasta, a veintidós de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, por sí y a favor del niño nombre reservado, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la notificación, que estima, ilegal y arbitraria, en contra de Notificación N°73880316 de 20 de agosto de 2025 de “No Acogida a Trámite Solicitud De Residencia Definitiva”, por afectar dicha acción el principio de igualdad ante la ley, según el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, solicitando se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la referida notificación.

Informó el recurrido solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica en el recurso que el niño nombre reservado, de nacionalidad colombiana, ingresó al país como turista y estando dentro solicitó residencia temporal, acreditando el vínculo con su padre nombre reservado, empleado, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros N°27-907.512- (sic) siendo ésta aprobada constando en estampado electrónico N°49640997 que se acompaña. Añade que previo al vencimiento de la visa temporal, encontrándose dentro del plazo con fecha 29 de julio de 2025 realizó solicitud del beneficio migratorio de residencia definitiva, lo anterior para establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile junto a sus padres. Agrega que después, con fecha 20 de agosto de 2025, el recurrente recibe “Notificación N°73880316” que no acoge a trámite su solicitud de residencia definitiva y deriva la solicitud al departamento de Residencias Temporales, señalando: “(…) No cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°1 del Reglamento de la ley de Migraciones y Extranjería. De acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal.

No cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°2 del Reglamento de la ley de Migraciones y Extranjería. De acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal (…)”

Destaca que la notificación que se recurre es contraria a derecho puesto que no corresponde a la realidad del recurrente, si se considera que el actor en pleno ejercicio de sus derechos, desde que ingresó a Chile por ser menor de edad vive a expensas de su padre quien ha realizado actividades remuneradas de forma continua, citando el artículo 65 N°1 y N°2 del Decreto Supremo N°296 o Reglamento de Ley 21.325.

Señala que según el artículo 48 del Código Civil en cuanto a interpretación de los plazos legales, el recurrente para estar afecto a la causal legal del artículo 65 del reglamento citado al momento de postular a la residencia definitiva en fecha 29 de julio de 2025 debía acreditar solvencia económica al menos la mitad de la residencia temporal, es decir acreditar al menos 7 meses de suficiencia económica. Agrega que en relación a ello el recurrente acompaña declaración jurada de expensas, contrato de trabajo y liquidaciones de sueldo, que dan cuenta de que su padre es su acreedor económico, permanente y acreditable a través certificado de cotizaciones previsionales de manera consecutiva, conteniendo este último documento cotizaciones pagadas desde el año 2024 en adelante, que dan cuenta del desarrollo de actividades lícitas remuneradas acreditando capacidad económica suficiente para hacer vida en Chile.

Afirma que es una evidente violación al derecho a la identidad del artículo 26 de la Ley N°21.430, añadiendo que redunda en lo ilegal y arbitrario decretar la no acogida a trámite de la petición sin permitirle subsanar lo indicado, como ocurre con otros solicitantes a quienes se le pide subsanar documentación adicional o se les notifica de previo rechazo lo cual no ocurre en el presente caso al declarar de plano la no acogida sin previo, solicitar aclarar capacidad económica. Agrega que la comentada opción de subsanar no es una actuación sugerente, sino que una obligación legal que surge del artículo 31 de la Ley 19.880 en cuanto la autoridad debe solicitar documentos adicionales si los que tiene no son suficientes.

Explica que si el Servicio recurrido hubiese solicitado dicha información en cumplimiento de lo ordenado en la Ley que regula los actos del Estado, el padre del recurrente hubiese remitido contratos de trabajos celebrados por él, certificado de cotizaciones histórico y otros documentos para acreditar solvencia económica en el periodo consignado, documentos que se acompañan a su presentación para acreditar que lo indicado por el Servicio Nacional de Migraciones, se aleja de la realidad del recurrente, destacando que este cuenta con residencia legal acreditable en Chile desde el 2024, lo que evidencia que el proyecto de vida del recurrente está en Chile, justificándose así el beneficio migratorio negado por la recurrida, sin considerar la información económica aportada.

Afirma que de eso se desprende la ilegalidad y arbitrariedad de la notificación que se recurre, basándose en hechos que no corresponden a la realidad del recurrente, que, a pesar de dar cumplimiento con todos los requisitos, el Servicio recurrido no realizó valoración exhaustiva para darle continuidad a la solicitud de su residencia definitiva, pues en el presente caso el recurrente cumple con los requisitos por el periodo de vigencia de la anterior Ley y los derechos adquiridos en función de la misma, dejando al recurrente en un estado de vulnerabilidad que atenta el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, razón por la cual la Corte puede adoptar las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho.

Expresa que su parte redunda en lo ilegal y arbitrario por decretar la no acogida a trámite de la petición sin permitirle subsanar, como ocurre con otros solicitantes a quienes se le pide antecedentes adicionales otorgando un plazo de 60 días para presentar la documentación que den cuenta la capacidad económica del recurrente y continuidad laboral; por el contrario, la autoridad migratoria de plano no acoge a trámite la petición sin fundamento.

Señala que la comentada opción de subsanar es una obligación legal que surge del artículo 31 de la Ley 19.880 en cuanto la autoridad debe solicitar documentos adicionales si los que tiene no son suficientes, reiterando que si el Servicio recurrido hubiese solicitado dicha información en cumplimiento de lo ordenado en la Ley que regula los actos del Estado, el recurrente hubiese remitido todos los antecedentes adicionales para acreditar que lo indicado por la recurrida se aleja de la realidad del recurrente, ya que desde que ingreso al país ha cumplido con todos los requerimientos solicitados por parte del Servicio Nacional de Migraciones y de ello se desprende la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución que se recurre, basándose en hechos que no corresponden a la realidad del recurrente, que, a pesar de dar cumplimiento con todos los requisitos, el servicio recurrido no realizó valoración exhaustiva para darle continuidad a la solicitud de su residencia definitiva, dejando al recurrente en un estado de vulnerabilidad que atenta el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política.

Seguidamente se refirió a la admisibilidad del recurso indicando que este se dedujo dentro de plazo, añadiendo que el derecho vulnerado es la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, siendo el caso que, el Servicio recurrido ha infringido esta garantía constitucional, dándole al recurrente un trato desigual respecto de otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, se les ha reconocido su condición legal en el país, al ser titulares de visas de residencia que se encontraban vigentes al momento de la postulación, lo cual no ha ocurrido, citando jurisprudencia.

Termina solicitando se ordene dejar sin efecto la resolución recurrida por ilegal y arbitraria, a los fines de que decida conforme a derecho ordenando dar curso a su trámite de residencia definitiva, restableciéndose así el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Guillermo Quezada Bruzzone, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Indica que a nombre reservado, nacional de Colombia, con fecha 2 de agosto de 2023, mediante Resolución Exenta N°23294798, se otorga Residencia Temporal Niño, Niña o Adolescente, por el periodo de dos años, vigente hasta el 2 de agosto de 2025 y el 29 de julio de 2025 el recurrente solicitó ante esa autoridad el beneficio de la residencia definitiva, por solicitud bajo ID N°73880316.

Refiere que por notificación electrónica Folio N°84125822, de fecha 20 de agosto de 2025, se le informa que no es posible admitir a trámite su petición puesto que:

“No cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°1 y N°2 del Reglamento de la ley de Migraciones y Extranjería. De acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal.”

Explica que el recurrente solo ingresó a la fecha de la postulación, declaración jurada de expensas y contrato de trabajo, pero no así liquidaciones de sueldo, y cartola histórica de cotizaciones previsionales obligatorias, como si lo hizo en la presente acción de protección.

Expresa que no obstante lo informado, el Servicio de oficio ha remitido la solicitud al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal, bajo ID N°74047191 y nada impide que una vez cumplidos los requisitos legales establecidos en la Ley N°21.325 y sus reglamentos, el extranjero pueda, en el futuro, solicitar el beneficio migratorio de residencia definitiva.

Señala que el artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325 establece que la autoridad competente para “resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior” es, en definitiva, el Servicio Nacional de Migraciones, norma redactada en términos casi idénticos en el artículo 42 del Decreto Supremo N°296 de 12 de febrero de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Reglamento de la Ley Nº21.325, que reproduce, añadiendo que lo resuelto en cuanto a declarar inadmisible por improcedente la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, fue dictada por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones.

Seguidamente se refirió al beneficio de residencia definitiva citando el artículo 78 de la Ley N°21.325 en relación el artículo 37 de la misma ley, reiterando que el recurrente no cumple con lo dispuesto en el artículo 65 N°1 y N°2 del D.S. N°296, requisito legal para la obtención del beneficio solicitado.

Explica que habiendo obrado la autoridad siempre según las disposiciones normativas aplicables para dictar los actos administrativos correspondientes, resulta evidente que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por nuestra Carta Fundamental, más aun considerando que todas las actuaciones precedentemente señaladas fueron llevadas a cabo por esa autoridad según las normas especiales de la Ley N°21.325 y el Decreto Supremo N°296, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880.

Termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en haber declarado inadmisible la solicitud de residencia definitiva del recurrente, mediante Resolución Folio N°84125822 de fecha 20 de agosto de 2025 indicándose en ella que el solicitante no cumple con lo dispuesto en el artículo 65 N°1 y N°2 del Reglamento de la Ley de Migraciones y Extranjería.

SEXTO: Que el artículo 65 en sus numerales 1 y 2 del D.S. N°296 dispone:

“Artículo 65.- Sin perjuicio de los requisitos que establezca el decreto supremo que fije las subcategorías migratorias de residencia temporal, los residentes temporales titulares, para postular a la residencia definitiva, deberán haber residido en el país en tal calidad al menos por veinticuatro meses.

Para postular a la residencia definitiva se necesitará un periodo de residencia mayor al referido en el inciso precedente, en mérito de los antecedentes personales del interesado, en los siguientes casos:

1.- Insuficiencia de medios de vida que permitan la subsistencia del interesado y la de su grupo familiar, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entendida como la situación de aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros.

El Servicio deberá procurar la realización de las acciones de coordinación necesarias para contar de manera oportuna con la información actualizada referida a esta materia, la cual será divulgada mediante los canales de comunicación del Servicio.

Si al momento de la solicitud, los ingresos del interesado no superan el estándar mínimo antes señalado, para postular se deberá acreditar una residencia en el país de al menos treinta y seis meses.

2.- Estabilidad laboral del requirente, en su periodo de residencia, entendida como la realización de cualquier actividad económica lícita, de forma autónoma o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, la mitad de los meses de residencia temporal en el país.

El interesado deberá demostrar, a través de los antecedentes que determine el Servicio mediante resolución, la existencia de tales ingresos durante al menos el periodo antes referido. Con todo, entre los documentos a exigir deberá siempre considerarse, al menos:

a) En el caso de trabajadores dependientes: liquidaciones de remuneraciones y cartola histórica de cotizaciones previsionales obligatorias, esta última emitida por la correspondiente Administradora de Fondos de Pensiones, y contrato de trabajo vigente.

b) En el caso de trabajadores independientes, rentistas, jubilados, entre otros, cuando corresponda:

- Carpeta tributaria del contribuyente, emitida por el Servicio de Impuestos Internos.

- Cartola de cotizaciones emitida por la pertinente Administradora de Fondos de Pensiones, cuando se trate de un trabajador independiente que cotiza en dicho sistema previsional.

- Comprobantes del pago de pensiones enteradas por causa de jubilación, discapacidad, u otras.

En aquellos casos en que el solicitante demuestre documentadamente que ha contado con estabilidad laboral durante más de doce meses en un periodo de residencia temporal de veinticuatro meses, continuos o discontinuos, este último será el plazo que se exigirá para la postulación a la residencia definitiva. En el evento de existir intervalos que en total sumen más de doce meses en que no se hayan percibido ingresos, continuos o discontinuos, sólo podrá postularse una vez cumplidos treinta y seis meses de residencia.

En caso de conflicto en la aplicación de los dos numerales anteriores se estará a lo exigido en el numeral Nº2”.

SÉPTIMO: Que de conformidad con el artículo 157 N°5 de la Ley 21.325, el Servicio Nacional de Migraciones, por mandato legal tiene la facultad de resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia, además de determinar la vigencia de los mismos, pero tales prerrogativas no pueden ejercitarse de forma caprichosa o injustificada, por lo que, tal como demandan las leyes y la Carta Fundamental, los actos de las autoridades deben ser motivados y dar cuenta de las circunstancias y antecedentes ponderados para arribar a una determinada decisión, bajo el riesgo de que su omisión permita establecer que el acto no es lo suficientemente fundado según parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

OCTAVO: Que el artículo 3 de la Ley 21.325 dispone:

“Artículo 3.- Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria, incluidos los afectos a la ley Nº20.430.

Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él, elegir su residencia en el mismo y a salir del país, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 126 bis de la Constitución Política de la República.

Corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria.

Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el territorio y su derecho a salir del mismo sólo podrán limitarse de conformidad con lo consagrado en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Asimismo, el Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile, y también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas, hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y cooperación internacional.

El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación.”

Por su parte, el artículo 4 de dicha ley indica:

“Artículo 4.- Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que los tengan a su cuidado.

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria no estarán sujetos a las sanciones previstas en esta ley”.

A su turno, el artículo 7 del mismo cuerpo legal señala: “Artículo 7.- Migración segura, ordenada y regular. El Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. De igual forma, promoverá la migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, y velará por la persecución de quienes cometan estos delitos, en conformidad con la legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia y que se encuentren vigentes. Además, buscará que las víctimas de trata puedan regularizar la situación migratoria en la que se encuentren en el país.”

Finalmente, el artículo 31 de la Ley 19.880 señala: “Artículo 31. Antecedentes adicionales. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en el artículo precedente y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento”.

NOVENO: Que conforme se advierte de las normas precitadas, fluye la obligación de la autoridad migratoria de proteger y respetar el derecho a un procedimiento racional y justo, en relación con las solicitudes de residencia de los extranjeros.

En la especie, del examen de la Resolución folio 84125822 que no acogió a trámite la solicitud de residencia definitiva del actor, se advierte que ésta solo hace referencia al incumplimiento de los numerales 1 y 2 del artículo 65 del D.S. N°296, sin especificar qué documentos fueron requeridos y los plazos en que éstos debían allegarse, lo que implica una falta de fundamentación, y por ende torna la medida en arbitraria, sin que sea óbice de aquello, la circunstancia que la recurrida remitiera oficio al Depto. de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal del actor.

Asimismo, grafica la arbitrariedad de la medida adoptada por la autoridad migratoria, la circunstancia que no requirió la subsanación o complementación de los antecedentes del solicitante, al tenor del artículo 31 de la ley Nº19.880, adoptando inmediatamente la decisión de inadmisibilidad del pretendido permiso migratorio, lo que implica una actuación carente de razonabilidad y proporcionalidad, razones todas por las que se acogerá el recurso interpuesto, en la forma que se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Peñaloza Parra en favor del NNA nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en cuanto se deja sin efecto la Resolución Folio N°84125822 de fecha 20 de agosto de 2025, que no acogió a trámite la solicitud de residencia definitiva del actor, debiendo la autoridad migratoria proseguir con la tramitación del pretendido beneficio migratorio, concediendo para ello el término que dicha autoridad migratoria determine y notificando debidamente al solicitante con el objeto que este allegue los documentos requeridos por la recurrida.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1701-2025 (Protección)

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