nombre reservado con TRIBUNAL DE FAMILIA DE CALAMA

Antofagasta, a veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Juzgado de Familia de Calama y en contra del Jardín Infantil Capín Panhir, por estimar vulneradas las garantías de los numerales 2°, 3°, 4°, 5° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, mediante la dictación de la resolución de 29 de agosto de 2025, en causa Rit P-1513-2025 del Juzgado de Familia de Calama, notificada el 11 de septiembre del mismo año, que ordenó su salida inmediata del hogar común (sic), así como por la decisión adoptada por el referido jardín infantil de impedirle el ingreso al establecimiento.

Informa el Juzgado de Familia de Calama, al tenor de la acción cautelar deducida en su contra.

Esta Corte prescinde del informe solicitado a Jardín Infantil Capín Panhir.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su acción señalando que el 11 de septiembre de 2025 el Juzgado de Familia de Calama dictó una resolución en la causa rit P-1513-2025, que ordenó su salida inmediata del hogar común (sic) ubicado en pueblo de Talabre s/n, comuna de San Pedro de Atacama, con facultades de allanamiento, descerrajamiento y auxilio de la fuerza pública.

Sostiene que dicha medida le fue impuesta sin haber sido oído, sin tener la calidad de parte en el proceso de origen y sin posibilidad de ejercer los medios ordinarios de impugnación, encontrándose en consecuencia procesalmente indefenso.

Agrega que la medida se funda en antecedentes derivados de una denuncia por presunto abuso sexual, actualmente en investigación ante el Ministerio Público, sin que exista formalización penal ni resolución judicial que acredite los hechos imputados, y sin que el recurrente registre antecedentes penales, conforme consta en el certificado especial expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Indica que el inmueble del que se le ordena salir constituye no sólo su residencia habitual, sino también su única fuente de ingresos, por mantener allí un pequeño negocio del que subsiste, careciendo de alternativa habitacional o de medios económicos para establecerse en otro lugar.

Expone, asimismo, que, a raíz de la situación descrita, el Jardín Infantil Capín Panhir adoptó la decisión unilateral de prohibirle el ingreso al recinto y, por consiguiente, el retiro de su nieta, sin existir orden judicial que así lo dispusiera y considerando que la presunta víctima no es alumna regular del establecimiento, lo que estima humillante y discriminatorio.

Sostiene que las actuaciones impugnadas constituyen actos arbitrarios e ilegales que conculcan su derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la honra y vida privada, a la inviolabilidad del hogar y a la propiedad, contemplados en los numerales 2°, 3°, 4°, 5° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y vulneran el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal y en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Cita, en apoyo de su tesis, jurisprudencia emanada de tribunales superiores de justicia, así como doctrina constitucional, e invoca los artículos 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso, se declare que las resoluciones y actuaciones cuestionadas constituyen actos arbitrarios e ilegales, se deje sin efecto la medida cautelar de abandono del hogar, restableciéndose el imperio del derecho y permitiéndosele continuar habitando su domicilio, y se ordene al Jardín Infantil Capín Panhir abstenerse de impedirle el retiro de su nieta del establecimiento.

SEGUNDO: Que evacúa informe Héctor Espinoza Reyes, juez suplente del Juzgado de Familia de Calama, dando cuenta de los antecedentes del proceso de origen.

Refiere que en causa rit P-1513-2025 se abrió medida de protección a raíz de requerimiento y antecedentes remitidos el 24 de julio de 2025 por la Fiscalía Local de San Pedro de Atacama, derivados de denuncia efectuada el 12 de mayo del mismo año por un docente de la escuela básica del poblado de Talabre, que da cuenta de la develación de alumnas asociada a hechos de abuso sexual cometidos por quien fue identificado en los antecedentes de la Fiscalía como nombre reservado, hoy recurrente.

Atendida la naturaleza de los antecedentes, se abrió causa de medida de protección a favor de la NNA de iniciales I.M.C.A., citándose a audiencia preparatoria a la madre de la NNA, designándose curador ad litem a la abogada del programa la niñez y la adolescencia se defienden, oficiándose al Servicio de Protección Especializada y Adolescencia para derivación a diagnóstico clínico especializado, oficiándose a la Escuela Básica de Talabre y decretándose, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley N° 19.968, la prohibición de acercamiento en términos absolutos del denunciado respecto de la NNA, su domicilio, lugar de estudios y de trabajo y cualquier otro lugar público donde ésta se encontrare, en un radio de doscientos metros a la redonda, hasta la fecha de la audiencia preparatoria programada y sin perjuicio de lo que en ella se resuelva.

Agrega que el 29 de julio de 2025, el recurrente interpuso recurso de apelación contra la referida medida cautelar de prohibición de acercamiento, el cual fue declarado no ha lugar de oficio por el tribunal, atendido que el recurrente se sindica como presunto agresor de la NNA sujeta a protección, no correspondiendo su incorporación al sistema Sitfa, y teniendo en consideración la naturaleza proteccional y cautelar del procedimiento, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada y que no fue recurrida de hecho.

Continúa señalando que, a folio 15, el 18 de agosto de 2025 el proyecto de diagnóstico clínico especializado Onesti solicitó medida cautelar de abandono del hogar respecto del recurrente, en consideración a los niveles de riesgo asociados al desacato de las medidas cautelares previamente decretadas, por residir el presunto agresor en vivienda contigua a la del grupo familiar de la víctima, lo que infundía temor e inseguridad continua en la NNA, y por haber acudido a actos de la Escuela Básica de Talabre, no obstante encontrarse vigente la prohibición de acercamiento absoluta que incluía su domicilio personal y educacional, motivo por el cual el organismo técnico solicitó, además, remitir los antecedentes al Ministerio Público a fin de que se investigara el eventual delito de desacato.

Expone que el tribunal, a folio 19, el 29 de agosto de 2025 resolvió ordenar la salida inmediata del recurrente del hogar común ubicado en Pueblo de Talabre s/n, frente a la posta, comuna de San Pedro de Atacama, autorizándose el retiro de enseres personales en compañía de Carabineros de Chile y otorgándose facultades de allanamiento y descerrajamiento sólo en el caso estrictamente necesario.

Indica el juez informante que la procedencia de la medida fue resuelta teniendo en consideración lo informado por el DCE Onesti a folio 15, así como la naturaleza de las vulneraciones denunciadas y sus efectos, conforme a las conclusiones del DCE que obran a folio 17, especialmente en cuanto al impacto biopsicosocial y emocional, y que a ello se sumó la circunstancia de no haber dado el recurrente cumplimiento a la orden de alejamiento previamente dispuesta, según se informara por Carabineros de Chile a folio 9, de 26 de julio de 2025, todo lo cual hizo necesario decretar las medidas destinadas a evitar nuevas vulneraciones, teniendo especialmente en cuenta el principio del interés superior del niño.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que pueden verse afectados por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, la acción se dirige, por un lado, en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Familia de Calama, el 29 de agosto de 2025, en causa Rit P-1513-2025, que ordenó la salida inmediata del recurrente del hogar común ubicado en Pueblo de Talabre s/n, comuna de San Pedro de Atacama, con facultades de allanamiento y descerrajamiento sin que se le permitiese defenderse sobre el punto; y, por otro, en contra de la decisión adoptada por el Jardín Infantil Capín Panhir consistente en prohibir al recurrente el ingreso al establecimiento y, por consiguiente, el retiro de su nieta.

SEXTO: Que, en cuanto a la primera dimensión del recurso, dirigido en contra de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional en el ejercicio regular de su competencia, debe consignarse, desde luego, que esta acción constitucional no constituye una instancia idónea para revisar lo resuelto por los tribunales de justicia en el marco de los procedimientos legalmente establecidos, no pudiendo transformarse el recurso de protección en una vía paralela de impugnación que sustituya o suplante los recursos procesales propios contemplados por el ordenamiento, pues admitir lo contrario importaría una alteración sustantiva de la distribución constitucional de competencias y del régimen recursivo diseñado por el legislador, quedando reservada la excepción a tal regla únicamente a supuestos extremos de manifiesta falta de jurisdicción o de extralimitación grosera de las facultades del tribunal a quo, ninguno de los cuales concurre en la especie.

SÉPTIMO: Que, en efecto, el Juzgado de Familia de Calama, al decretar la medida cuestionada, actuó dentro de la órbita de competencia que le atribuyen los artículos 8, N° 7, 22 y 71 de la Ley N° 19.968.

La primera de tales disposiciones radica en los tribunales de familia el conocimiento de todos los asuntos en que aparezcan vulnerados los derechos de niños, niñas o adolescentes; la segunda, confiere al juez una amplia potestad cautelar, ejercitable de oficio o a petición de parte, habilitándolo incluso para disponer medidas innovativas cuando lo aconseje el interés superior del niño, niña o adolescente, o lo exija la inminencia del daño que se trata de evitar, así como para llevarlas a efecto antes de notificarse al afectado cuando concurran razones graves; y la tercera, en su letra b), contempla específicamente como medida cautelar especial la prohibición de residir el agresor en el hogar común, exigiendo el inciso final del mismo precepto que la resolución que disponga la medida se funde en antecedentes que sean calificados como suficientes para ameritar su adopción, de los que se dejará expresa constancia en la misma, y en su letra g), prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o concurra habitualmente.

OCTAVO: Que, del mérito del informe evacuado por el tribunal recurrido, cuyas afirmaciones no han sido controvertidas y aparecen respaldadas por la propia documentación acompañada por el actor, fluye con claridad que la medida de salida del hogar no constituyó una decisión adoptada de manera intempestiva ni desprovista de fundamentación, sino el resultado de una progresión escalonada del régimen cautelar dispuesto en favor de la NNA. En efecto, con anterioridad se había decretado prohibición de acercamiento en términos absolutos, cuyo incumplimiento, sumado a la presencia del recurrente en actos de la escuela básica de Talabre y de la cercanía espacial de su domicilio respecto del grupo familiar de la víctima, considerando la persistencia del riesgo y la insuficiencia de las medidas previamente adoptadas, ameritó que el tribunal accediera a la solicitud del organismo técnico especializado, dictando la resolución impugnada con expresa referencia a los informes que la sustentan, especialmente en cuanto al impacto biopsicosocial y emocional verificado en la NNA, y con explícita invocación del principio del interés superior del niño consagrado en el artículo 16 de la Ley N° 19.968.

La medida, así motivada, que se encuentra motivada, no puede ser revisada en esta vía cautelar en la cual no participa la víctima ni su representante, y sin tener acceso a las antecedentes probatorios en forma directa.

NOVENO: Que, sin perjuicio de aquello, la alegación de indefensión que articula el recurrente, sustentada en su exclusión del procedimiento y en la imposibilidad de ejercer los medios ordinarios de impugnación, resulta ser cierto de los propios antecedentes del proceso.

Si bien el procedimiento proteccional regulado en el título IV, párrafo primero de la Ley N° 19.968, posee una naturaleza tutelar y se desarrolla en favor del niño, niña o adolescente cuyos derechos aparecen vulnerados, sin que en general el sujeto sindicado como agresor adquiera en él la calidad procesal de parte litigante, lo cierto es que en circunstancias se adopten medidas cautelares respecto de un tercero que no conviva con el niño que signifiquen derechamente afectación de sus derechos fundamentales relevantes tales como salir de su hogar (en el cual no habita el niño afectado), lo mínimo para respetar la bilateralidad de la audiencia, principio necesario del proceso, es respetar su derecho de defensa, ya sea en forma previa, ya sea cuando sea urgente, por vía posterior, lo que necesariamente significa permitir en forma excepcional la comparecencia, y, eventualmente en materia de cautelares, permitiendo la apelación (por ser la cautekares esencialmente apelables).

Dicho lo anterior, es claro que el Tribunal infringió derechos al excluir del juicio al afectado por la medida, quien no vive con la niña y quien no puede seguir viviendo en su casa y trabajando su negocio, no pudiéndose sostener que aquello está ejecutoriado desde que nada se permitió discutir al recurrente.

DÉCIMO: Que, en lo concerniente al segundo capítulo del recurso, dirigido en contra del Jardín Infantil Capín Panhir, tampoco la pretensión puede prosperar.

La medida cautelar dictada el 24 de julio de 2025 por el Juzgado de Familia de Calama estableció prohibición de acercamiento en términos absolutos del recurrente, extensiva al domicilio, lugar de estudios y de trabajo de la NNA, así como a cualquier lugar público donde ésta se encontrare, en un radio de doscientos metros a la redonda, prohibición que se encuentra vigente y que, dado el ámbito territorial rural en que se enmarca el caso, razonablemente puede ser comprendida por el establecimiento como abarcadora de su recinto. La decisión institucional cuestionada -aunque no acreditada- no aparece, en tales circunstancias, como arbitraria o ilegal, sino como una actuación preventiva consistente con el deber de cuidado que recae sobre el jardín infantil respecto de los párvulos a su cargo, sin que el recurrente haya acompañado antecedente alguno que permita acreditar los términos precisos y las circunstancias en que la referida prohibición habría sido comunicada.

A lo anterior se suma que los derechos que se invocan como conculcados aparecen referidos al retiro de una menor respecto de la cual no se ha acreditado la titularidad del cuidado personal por parte del recurrente, cuestión cuya ventilación, en todo caso, escapa del ámbito propio de esta acción constitucional de urgencia.

UNDÉCIMO: Que, en suma, no concurriendo en los actos impugnados los presupuestos de arbitrariedad ni de ilegalidad exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso intentado no podrá prosperar y deberá ser rechazado del Jardín Infantil Capín Panhir, y por contrario, afectándose el derecho a la igualdad al no respetarse la bilateralidad de la audiencia por el Tribunal, se acogerá el recurso a su respecto, adoptando las medidas tendientes a resguardar dichos derechos Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Juzgado de Familia de Calama, sólo en cuanto se dispone que el tribunal recurrido deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la intervención del actor en el procedimiento proteccional en caso de mantenerse medidas que afectan sus derechos fundamentales, debiendo ingresarse en la causa como parte y citar a audiencia para ser oído y resolver si se mantiene la medida, permitiendo eventualmente recurrir en caso de mantenerse como cautelar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1685-2025 (Protección).