nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

/jvz Antofagasta, veintinueve de octubre del dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Rolando Frez Tapia, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, administradora pública; quien deduce acción constitucional de protección en contra de La Municipalidad de San Pedro de Atacama, representada por su alcalde, Justo Zuleta Santander, ambos domiciliados en domicilio reservado, ambos de fecha 13 de agosto de 2025, vulnerando sus garantías constitucionales contemplados en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que la recurrente ingresó a la Municipalidad de San Pedro de Atacama el 7 de agosto de 2023, mediante Decreto Alcaldicio N°01028/2023, desempeñándose como profesional titular, grado 11° E.M.R., en el Departamento de Tránsito y Transporte Público. Posteriormente, por Decreto N°02201/2024, fue trasladada desde el 2 de enero de 2025 a la Dirección de Seguridad Pública del municipio.

El 12 de agosto de 2025, a las 14:50 horas, la recurrente presentó su renuncia voluntaria mediante correo electrónico dirigido a la Oficina de Partes municipal, acompañando una carta firmada electrónicamente a través del portal de la Inspección del Trabajo, y otra tradicional firmada de forma manuscrita. En ambas se indicó expresamente que la renuncia producía efectos inmediatos desde el mismo día 12 de agosto de 2025.

No obstante, el 13 de agosto de 2025, la Municipalidad dictó el Decreto Alcaldicio Exento N°2368/2025, instruyendo un sumario administrativo contra la funcionaria, por supuesta infracción derivada de un informe de Contraloría que indicaba asistencia a un casino durante licencia médica. En igual fecha, se emitió el Decreto N°2385/2025, disponiendo la retención de la renuncia por 30 días, aludiendo a la existencia del sumario.

Indica que la recurrente interpuso recurso de reposición, que fue rechazado por la recurrida mediante Decreto Alcaldicio N°2517/2025, de 29 de agosto de 2025, argumentando que la renuncia fue enviada fuera del horario hábil de oficina, esto es a las 14:50 horas, por lo que sólo se habría considerado recibida y tramitada oficialmente el día 13, coincidiendo con la dictación de los decretos impugnados.

Señala que conforme el artículo 145 de la Ley Nº18.883, establece que la renuncia sólo se retiene cuando el funcionario ya se encuentra sometido a sumario administrativo, lo que no ocurre en este caso, ya que el sumario fue dispuesto con posterioridad a la renuncia. Por ende, la actuación municipal vulnera la norma, al retener una renuncia anterior al inicio del procedimiento disciplinario. A su entender al usar el adverbio “sólo” en la norma implica una limitación estricta que impide retener renuncias en otros supuestos no previstos legalmente. Para fundamentar cita el Dictamen N°E377.053/2023, de Contraloría General de la República, según el cual la investigación disciplinaria debe iniciarse antes de que se haga efectiva la renuncia, y el Instructivo N°E89569N25, que ordena verificar previamente la existencia de causales de extinción de responsabilidad administrativa. Indica que, en este caso, ambos lineamientos fueron infringidos.

Por otro lado, alega que no existe norma legal o interna que establezca horarios hábiles o inhábiles para presentar renuncias electrónicas, por lo que la Municipalidad no puede imponer unilateralmente esa restricción. Cita el artículo 49 del Código Civil, que considera válidos los actos realizados hasta la medianoche del último día del plazo, y el artículo 25 de la Ley N°19.880, que regula sólo plazos en días, no en horas.

Para mejor entendimiento, la recurrente expone la cronología del conocimiento efectivo de su renuncia:

A las 14:50 hrs. la Oficina de Partes confirmó recepción.

A las 14:56 hrs. el correo fue reenviado a la Jefa de Gestión de Personal.

Por tanto, a su juicio, el municipio sí tomó conocimiento de la renuncia antes de dictar los decretos impugnados.

Refiere que el decreto que dispuso el sumario fue notificado recién el 20 de agosto de 2025, conforme al artículo 46 de la Ley N°19.880, por lo que sólo desde esa fecha produjo efectos. Por tanto, entre su renuncia, 12 de agosto y la notificación, 20 de agosto, transcurrieron ocho días, lo que confirma la irregularidad.

A mayor abundamiento, destaca que en la liquidación de remuneraciones de agosto de 2025 refleja el pago de sólo 11 días trabajados, lo que confirma que el municipio aceptó de hecho la renuncia desde el 12 de agosto.

Afirma que el actuar de la entidad edilicia vulnera el derecho a la Igualdad ante la ley, toda vez que, otorgó un trato desigual e injustificado a la recurrente al retener una renuncia presentada antes del sumario, infringiendo el principio de legalidad y de no discriminación arbitraria. Infringiendo el principio de legalidad, ya que el municipio actuó fuera del marco de sus competencias, sin fundamento normativo, al dictar actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico.

Asimismo, vulnera el derecho a la libertad de trabajo, puesto que, la retención de la renuncia y la tramitación del sumario impiden a la recurrente acceder a nuevos empleos en el sector público.

Concluye solicitando, se declare que los Decretos Alcaldicios N°2368/2025 y N°2385/2025, ambos de 13 de agosto de 2025, son ilegales o arbitrarios, y en consecuencia se ordene al municipio dictar el decreto que acepte la renuncia presentada el 12 de agosto de 2025, dejando sin efecto el sumario administrativo instruido, y la retención de la renuncia. Sin perjuicio de adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó Evelyn Martínez Parra, abogada, en representación de I. Municipalidad De San Pedro De Atacama, solicitando el rechazo del presente recurso.

Señala que la recurrente fue designada funcionaria titular mediante D.A. N°1028/2023, luego fue cambiada a la Dirección de Seguridad Pública (D.A. N°2201/2024).

Indica que en el presente año fue objeto de sumario instruido por Contraloría (D.A. N°1439/2025) por viajes al extranjero durante licencia médica, siendo sancionada con suspensión de 3 meses con goce del 50% de remuneración (D.A. N°2043/2025 y 952/2025).

Respecto a la renuncia, indica que este fue presentado el 12 de agosto de 2025 a las 14:50 horas por correo electrónico, fuera del horario hábil, tomando conocimiento de aquello el 13 de agosto, mismo día en que se dictaron los siguientes Decretos Alcaldicios:

D.A. N°2368/2025: que instruyó un nuevo sumario por presencia en casinos mientras estaba con licencia médica (CIC N°15/2025 de Contraloría).

D.A. N°2385/2025: que ordenó retener la renuncia en virtud de dicho procedimiento disciplinario.

Destaca que conforme al artículo 145 de la Ley N°18.883, la renuncia de un funcionario municipal “no producirá efecto sino desde la fecha que se indique en el decreto que la acepte”. En consecuencia, la renuncia presentada no produjo efecto alguno, ya que no existía decreto alcaldicio que la aprobara al momento de dictarse los actos impugnados. Por tanto, la relación funcionaria se mantenía plenamente vigente y la autoridad edilicia actuó dentro del marco legal.

Respecto a la retención de la renuncia, hace presente que el mismo artículo 145, en su inciso tercero, faculta al alcalde para retener la renuncia por un lapso no superior a 30 días cuando el funcionario se encuentra sometido a sumario administrativo.

Invoca el Dictamen E89569N25 de la Contraloría General de la República, que instruye a las autoridades a priorizar la investigación de responsabilidades administrativas sobre la tramitación inmediata de renuncias, cuando existan indicios de infracciones al principio de probidad. Por ello, la retención de la renuncia de la recurrente se habría adoptado válidamente, ante la existencia de antecedentes graves, configurando una medida necesaria para evitar la extinción de la responsabilidad administrativa.

La recurrida sostiene que su actuación se ajustó a los principios de legalidad, probidad y eficacia administrativa, contemplados en las leyes N°19.880 y N°18.575; y que la medida de retención fue indispensable para asegurar el desarrollo del procedimiento disciplinario sin interferencias, no obedeciendo a una animadversión ni persecución alguna contra la funcionaria.

Cita la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus artículos 56 y 63 letra d, que impone al alcalde el deber de supervigilar la administración y velar por la observancia del principio de probidad, adoptando medidas disciplinarias cuando corresponda.

Argumenta que el alcalde actuó en cumplimiento de un deber legal, dando curso a la instrucción emanada de la Contraloría y evitando que la renuncia impidiera determinar la responsabilidad funcionaria.

Refiere que, sobre la supuesta ilegalidad, el alcalde ya tenía conocimiento de los oficios de Contraloría antes de la presentación de la renuncia, pero los actos administrativos no son instantáneos y requieren tramitación formal. En consecuencia, no existe ilegalidad en haber instruido sumario y retenido la renuncia el día siguiente. Asimismo, indica que la recurrente no agotó las vías administrativas previas, pues no reclamó ante la Contraloría respecto de los actos que ahora impugna, lo que limita la procedencia del recurso constitucional.

Respecto a las garantías vulneradas, refuta la existencia de vulneración alguna, respecto a la igualdad ante la ley, afirma que la retención no fue arbitraria, sino fundada en antecedentes concretos y reiteración de conductas que comprometían la probidad. En cuanto a la legalidad, la medida se adoptó conforme al Estatuto Administrativo y a los dictámenes de Contraloría; por último, sostiene no vulnerar el debido proceso, ya que la funcionaria mantiene su derecho a defensa en el sumario administrativo en curso.

Hace presente que del argumento de que la liquidación de remuneraciones de agosto implicaría una aceptación tácita de la renuncia, aclara que los pagos reflejan solo la aplicación de la sanción de suspensión con goce del 50%, no la aceptación de su dimisión.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes. Que, en esa misma disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, la recurrente tilda de ilegales y arbitrarios los Decretos Alcaldicios N°2368/2025 y N°2385/2025, ambos de fecha 13 de agosto de 2025, dictados por la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, los cuales instruyeron un sumario administrativo en contra de la recurrente y dispusieron la retención de su renuncia voluntaria presentada el día 12 de agosto del mismo año.

SEXTO: Que, según lo informado por la recurrida, la presentación de la renuncia ocurrió a las 14:50 horas del día 12 de agosto de 2025, fuera del horario hábil de oficina, siendo formalmente recepcionada y tramitada el día siguiente, 13 de agosto, fecha en la que se emitieron los decretos impugnados. Asimismo, se ha acreditado que el alcalde dictó tales actos fundados en antecedentes previos remitidos por la Contraloría General de la República (CIC N°15/2025), que daban cuenta de posibles infracciones al principio de probidad administrativa.

SÉPTIMO: Que el artículo 145 del Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales establece que la renuncia de un funcionario “no producirá efecto sino desde la fecha que se indique en el decreto que la acepte”, de modo que, mientras no se emita dicho acto de aceptación, subsiste plenamente la relación funcionaria, habilitando al alcalde para adoptar medidas disciplinarias. Su inciso tercero, además, faculta expresamente a la autoridad para retener la renuncia hasta por treinta días cuando el funcionario se encuentre sometido a sumario administrativo, o existan antecedentes que justifiquen dicha medida conforme al principio de probidad del artículo 62 de la Ley N°18.575.

OCTAVO: Que, en el caso de autos, la Municipalidad fundó su decisión en antecedentes concretos derivados de informes de Contraloría, relativos a eventuales infracciones de la funcionaria durante el uso de licencia médica, existiendo así base razonable y legal para la adopción de la medida. En consecuencia, los actos impugnados no aparecen desprovistos de fundamento ni constituyen una actuación arbitraria o ilegal, sino que se enmarcan en las atribuciones que la normativa vigente otorga al alcalde en materia disciplinaria y de control interno.

Además, la renuncia de la funcionaria no había producido efecto alguno al momento de dictarse los decretos recurridos, toda vez que no existía decreto de aceptación. Por tanto, la relación funcionaria se mantenía vigente, habilitando a la autoridad edilicia para instruir sumario y aplicar la retención respectiva.

NOVENO: Que, asimismo, la recurrente no ha agotado las vías administrativas previas, toda vez que no reclamó ante la Contraloría General de la República respecto de los actos que estima ilegales o arbitrarios, instancia que constituye un medio idóneo y especializado de control de la legalidad administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 6° y 98 de la Constitución y en el artículo 1° de la Ley N°10.336. Tal omisión impide, además, que este tribunal conozca de un asunto que aún puede ser corregido en sede administrativa.

Por otra parte, la recurrente mantiene incólume su derecho a defensa dentro del procedimiento disciplinario en curso, pudiendo ejercer los medios de impugnación y descargos que el ordenamiento jurídico le franquea, conforme a los artículos 135 y siguientes de la Ley N°18.883 y al principio de debido proceso contenido en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política.

DÉCIMO: Que, en mérito de lo razonado, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte derechos constitucionales protegidos, desde que las actuaciones de la autoridad municipal se enmarcan en sus facultades legales, ajustadas a la normativa vigente y orientadas a garantizar los principios de legalidad y probidad administrativa. En consecuencia, el recurso de protección deducido no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto Rolando Frez Tapia, en representación de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1684-2025 (Protección)