nombre reservado con UNIVERSIDAD DEL ALBA

Antofagasta, diecinueve de noviembre del dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Atilio Rivera Zamora, abogado, en representación de nombre reservado, educadora de párvulos; nombre reservado, asistente social; y nombre reservado, ingeniera comercial, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de Universidad del Alba, representada por su rector, Rafael Rosell Aiquel, abogado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, por actos que califica de ilegales y arbitrarios, consistentes en la imposición unilateral de prácticas profesionales obligatorias dentro del programa Psicología- Advance, que originalmente no contemplaba dicha exigencia, vulnerando sus garantías constitucionales contemplados en el artículo 19 Nº2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informa la recurrida instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso señalando que las recurrentes se matricularon en distintas fechas del año 2023 en la carrera Psicología Advance, contratando un programa de 8 trimestres de duración, 100% online, con clases sincrónicas dos veces por semana y actividades asincrónicas.

Durante el proceso de matrícula, la funcionaria nombre reservado, encargada de difusión y matrículas, informó expresamente que la carrera no incluía prácticas profesionales, sino únicamente una intervención presencial acotada, como talleres o actividades aplicadas, sin carácter de práctica formal.

Con posterioridad, el 17 de enero de 2025, la directora de carrera nombre reservado comunicó por correo electrónico una modificación de malla curricular, aplicable a nuevos estudiantes desde marzo de 2025, y opcional para quienes ya cursaban el programa. Las recurrentes manifestaron expresamente su rechazo a adherirse al cambio de malla, mediante correos electrónicos y reclamos ante el SERNAC, manteniéndose así en el plan original contratado.

Sin embargo, el 17 de julio de 2025, la coordinadora de práctica profesional, nombre reservado, citó a los estudiantes a una reunión en la que informó la obligatoriedad de realizar dos prácticas profesionales, de 110 y 140 horas trimestrales respectivamente, a desarrollarse entre octubre de 2025 y junio de 2026. Además, indicó que cada estudiante debía autogestionar su práctica, limitándose a las áreas organizacional y comunitaria.

Indican que objetaron de inmediato la medida, señalando que su malla original no contemplaba tal requisito y que no habían prestado consentimiento para una modificación de esa naturaleza. La Universidad, sin embargo, mantuvo la exigencia, argumentando que las prácticas estaban implícitas en las asignaturas “Intervención en equipos de trabajo” y “Gestión de proyectos psicosociales”.

Sostienen que la Universidad alteró unilateralmente un contrato de prestación de servicios educacionales, infringiendo las cláusulas tercera números 1, 2 y 3 del contrato suscrito, que distinguen entre modificaciones curriculares menores, posibles sin consentimiento, y modificaciones mayores, que requieren expreso acuerdo del estudiante. En el caso de las prácticas profesionales, alegan, que constituyen una modificación curricular mayor, al alterar el diseño y requisitos de titulación del programa original.

Además, señalan que la Universidad carece de convenios vigentes que permitan realizar las prácticas en modalidad online, afectando aún más la viabilidad del cambio. Argumentan también que la institución ya había efectuado otras alteraciones arbitrarias en asignaturas previas, modificando el enfoque de materias como “Resolución de conflictos” y “Gestión del cambio”, lo que demuestra un patrón de conductas abusivas.

Enfatizan que la imposición de la práctica profesional vulnera el derecho de propiedad, al afectar el patrimonio de las recurrentes, pues deben dejar de trabajar o solicitar permisos sin goce de sueldo para cumplir la exigencia, generando un perjuicio económico no contemplado. Infringe la igualdad ante la ley, dado que otras carreras coetáneas de la misma universidad, como Administración Pública, no fueron sometidas a la misma modificación.

Afirman que el actuar de la Universidad contraviene el principio de autonomía y consentimiento contractual, al desconocer lo pactado en el contrato de prestación de servicios educacionales, infringiendo el artículo 1545 del Código Civil y la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior.

Posteriormente invocan normativa constitucional y la Ley N°21.091, particularmente su artículo 2°, que consagra los principios rectores de la educación superior, entre ellos la equidad y la transparencia; Artículo 3° de la Ley N°20.370 (Ley General de Educación), que establece el respeto a los derechos de los estudiantes, y, asimismo, se cita jurisprudencia.

Concluyen solicitando se declare arbitrario e ilegal el acto de la Universidad del Alba consistente en imponer prácticas profesionales no contempladas en el contrato original, ordenando a la recurrida mantener las condiciones contractuales del año 2023, en la malla curricular original de Psicología Advance, que no incluye prácticas profesionales, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó Sergio Ángel Correa Rebolledo, abogado, en representación de Universidad del Alba, quien solicita el rechazo íntegro del recurso con costas, argumentando que no existe acto ilegal ni arbitrario, pues las recurrentes mantienen íntegramente su plan de estudios 2023, sin modificación contractual ni imposición de una nueva malla.

Explica que cada estudiante suscribió en 2024 un Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y un Mandato Especial, regulados por la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, cuyo artículo 1° reconoce la autonomía académica, administrativa y económica de las universidades. Dichos contratos establecen expresamente que los programas se rigen por los reglamentos y planes vigentes, pudiendo realizarse ajustes académicos dentro del marco institucional.

El Plan de Estudios 2023, aprobado por Decreto de Rectoría N°32/2023, ya incluía asignaturas obligatorias denominadas “Intervención en Equipos de Trabajo” y “Gestión de Proyectos Psicosociales”, ambas con 216 horas pedagógicas y carácter práctico, equivalentes a las actividades supervisadas que las estudiantes denominan “prácticas profesionales”. Además, el perfil de egreso aprobado exige la capacidad de diseñar e implementar planes de intervención en contextos reales, por lo que las actividades prácticas forman parte estructural del programa original.

Detalla que el proceso de rediseño curricular 2025, aprobado por los Decretos de Rectoría N°64/2024 y N°21/2025, se aplicó únicamente a nuevas cohortes desde marzo de 2025, manteniéndose vigente el plan 2023 para las generaciones anteriores. Añade que el proceso fue participativo, transparente y voluntario, con comunicaciones institucionales que ofrecían adherir o continuar bajo la malla antigua, sin costos ni extensión de duración.

Enfatiza que no impuso un cambio de malla ni exigencias nuevas a las recurrentes. Por el contrario, sostuvo una comunicación constante con cada una, explicando que las actividades prácticas podían realizarse en sus propios lugares de trabajo, bajo supervisión académica y sin afectar sus obligaciones laborales, demostrando flexibilidad y acompañamiento institucional.

Sostiene que no se configura acto ilegal, puesto que actuó conforme a su autonomía académica y dentro de las atribuciones legales reconocidas por la Ley N°21.091. Tampoco existiría arbitrariedad, ya que las decisiones académicas fueron fundadas en criterios técnicos y pedagógicos objetivos, adoptadas de forma general y comunicadas adecuadamente.

Respecto de las garantías invocadas, argumenta que no se vulnera la igualdad ante la ley, porque las reglas del plan 2023 se aplican por igual a todos los alumnos, y las diferencias con el plan 2025 responden a distintas generaciones académicas. Tampoco se afecta el derecho de propiedad, pues las alumnas siguen recibiendo los servicios contratados según el plan vigente, sin privación ni perturbación de bienes patrimoniales.

Añade que la exigencia de práctica profesional es idónea, necesaria y proporcional para asegurar la calidad de la formación del psicólogo, conforme a los estándares de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y del Consejo Nacional de Educación (CNED), que exigen instancias de aplicación supervisada en todas las carreras de Psicología. Excluirlas, afirma, afectaría la validez del título y contravendría los deberes legales de la institución.

Destaca que el conflicto es de naturaleza contractual y académica, propio de un procedimiento de lato conocimiento y no de esta acción cautelar, por tanto, solicita declarar la improcedencia del recurso, por existir vías ordinarias idóneas, como acciones civiles o reclamaciones administrativas para discutir el alcance de los contratos educacionales. Afirma que no existe acto nuevo ni afectación actual de derechos, las alumnas continúan cursando su plan sin perjuicio alguno y que la acción pretende cuestionar una exigencia curricular esencial e histórica del programa.

Concluye solicitando rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas, manteniendo el imperio del derecho y el respeto a la autonomía universitaria.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes. Que, en esa misma disposición, se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, las recurrentes fundan su acción en la supuesta imposición unilateral, por parte de la Universidad del Alba, de prácticas profesionales obligatorias en la carrera de Psicología modalidad Advance, las que, según sostienen, no estaban contempladas en el plan de estudios original al momento de su matrícula, estimando que dicha exigencia constituye una modificación contractual mayor, adoptada sin su consentimiento, vulnerando sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad.

SEXTO: Que, del análisis de los antecedentes aportados, se advierte que las recurrentes se encuentran cursando la carrera bajo el plan de estudios aprobado por Decreto de Rectoría N° 32/2023, el cual contempla asignaturas denominadas “Intervención en Equipos de Trabajo” y “Gestión de Proyectos Psicosociales”, ambas de carácter práctico y con actividades de aplicación supervisada. De los documentos acompañados por la Universidad, no se desprende la existencia de una nueva malla curricular impuesta a las actoras ni de una modificación obligatoria de los requisitos de titulación respecto del plan vigente.

SÉPTIMO: Que, en efecto, la recurrida acreditó que el rediseño curricular informado en enero de 2025 se aplicó exclusivamente a las cohortes de ingreso posterior, manteniendo la plena vigencia del plan 2023 para las estudiantes ya matriculadas. Asimismo, consta que la institución comunicó de manera general y transparente la existencia del nuevo plan, ofreciendo la posibilidad voluntaria de adherir a él, sin que se advierta una imposición forzada o un cambio efectivo en las condiciones académicas de las recurrentes.

En consecuencia, no se configura un acto ilegal, toda vez que la Universidad actuó en el marco de la autonomía académica que le reconoce el artículo 1° de la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, la cual le faculta para diseñar, revisar y actualizar sus programas de estudio, siempre que tales modificaciones respeten los contratos suscritos y la normativa interna vigente. Tampoco se aprecia arbitrariedad, puesto que las decisiones institucionales se sustentan en razones pedagógicas y técnicas, fundadas en los estándares de acreditación establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación, organismos que exigen instancias prácticas en la formación de psicólogos.

Respecto a la afectación de la igualdad ante la ley, no se observa que las recurrentes hayan sido objeto de un trato desigual respecto de otros estudiantes sujetos al mismo plan 2023, ni que se les haya impuesto una carga o requisito no previsto para sus pares. En relación con el derecho de propiedad, tampoco se verifica privación o perturbación alguna, pues las actoras continúan recibiendo los servicios educacionales contratados, sin que se acredite perjuicio patrimonial concreto derivado de la actuación de la recurrida.

En definitiva, no se constata la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la Universidad del Alba que afecte los derechos constitucionales invocados.

OCTAVO: Que, por otra parte, en lo concerniente al fondo del conflicto planteado, este tribunal estima que las cuestiones debatidas por las partes exceden el ámbito de conocimiento propio de esta acción constitucional. En efecto, lo que se controvierte es la interpretación y alcance de las cláusulas de un contrato de prestación de servicios educacionales, particularmente en lo referido a si las actividades prácticas incluidas en el plan de estudios 2023 constituyen o no una “práctica profesional” en el sentido contractual invocado por las recurrentes. Tal análisis requiere necesariamente la ponderación de antecedentes técnicos, reglamentarios y contractuales de naturaleza compleja, así como la rendición y contradicción de prueba, elementos ajenos al procedimiento de protección, que carece de etapa probatoria y se rige por criterios de mera verosimilitud.

Por lo anterior, la acción constitucional no constituye una vía idónea para dilucidar controversias relativas al contenido, cumplimiento o modificación de contratos de educación superior, materias que deben ventilarse en sede ordinaria, conforme a las reglas del procedimiento civil, o mediante los mecanismos administrativos previstos en la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior. En tal contexto, el recurso de protección no puede transformarse en una instancia sustitutiva de los procedimientos de lato conocimiento, ni en un medio para revisar decisiones académicas adoptadas en ejercicio de la autonomía universitaria, reconocida expresamente por la normativa legal.

De esta manera, la pretensión de las actoras, orientada a obtener una declaración judicial sobre la vigencia y alcance de un plan curricular y a impedir la aplicación de determinadas actividades prácticas, importa una controversia de carácter contractual y académico que no presenta la inmediatez ni la evidencia necesarias para ser amparada por esta vía excepcional. En consecuencia, el recurso resulta improcedente para resolver cuestiones de esta naturaleza, sin perjuicio de los derechos que las recurrentes puedan hacer valer ante las instancias competentes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto Atilio Rivera Zamora, abogado, en representación de nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en contra de Universidad del Alba.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1673-2025 (Protección)

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