nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

Dpp/ Antofagasta, quince de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de José Miguel Fuentealba Donoso, abogado, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, en la comuna y región de Antofagasta, quien interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública De Chile pidiendo pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente dentro de un un plazo razonable, conforme con los principios que le impone su reglamentación.

El recurrido Servicio Nacional de Migraciones, evacuó el informe instando por el rechazo del recurso. Atendida la materia se solicitó informe al Ministerio del Interior, el que fue evacuado, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON nombre reservado Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: comparece don José Miguel Fuentealba Donoso, procurador, C.I. NºRUT reservado en representación de doña nombre reservado, C.I. N°RUT reservado, de nacionalidad venezolana, ambos con domicilio en domicilio reservado, en la comuna y región de Antofagasta, viene en interponer acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, CI NºRUT reservado, sociólogo, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria en relación al pronunciamiento y visualización correspondiente de la Solicitud de Nacionalización de fecha 15 de marzo del año 2024, numero de tramite N°69765220.

Dice que, la omisión señalada afecta el derecho constitucional de igualdad ante la ley, conforme lo prescrito en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la República de Chile, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880 que establece las “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”. El artículo 20 de la Constitución Política de la República fija la acción constitucional e incluye dentro de su esfera de protección los derechos consagrados en los numerales ya citados del artículo 19 de la referida Carta, siendo en consecuencia procedente la acción para el caso de narras. Por su parte, en cuanto al plazo, el auto acordado respectivo de la Corte Suprema ordena que dicha acción constitucional debe ser interpuesta dentro del plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Por tanto, la acción constitucional es interpuesta dentro del plazo por cuanto existe frente a una omisión ilegal y arbitraria del recurrido al no resolver sobre la solicitud de los recurrentes en los plazos legales establecidos y demorar hasta la fecha actual dicha resolución, lo que genera agravio al no poder, la recurrente, acceder a la residencia temporal, viéndose afectado su desarrollo personal, económico y profesional, así como su proceso de arraigo en el país.

Agrega que, la acción de protección se basa en los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expone:

Sostiene que, la recurrente ha cumplido con todas la exigencias legales y reglamentarias para obtener su residencia definitiva, en razón al cumplimiento de todo el procedimiento administrativo previo respectivo a la obtención de la nacionalización e hizo ingreso de su solicitud con fecha 15 de marzo del año 2024. La recurrente no tiene antecedentes penales ni en Chile ni en el extranjero y tiene más de 17 meses desde la solicitud y aun no se tiene respuesta equivalente 542 días.

Añade que, desde la fecha de ingreso de este trámite han transcurrido más de 17 meses de espera y silencio y no se tiene ninguna respuesta, tampoco se ha pedido subsanar documentos. En la actualidad la recurrente ve afectado su desarrollo personal, económico y profesional, así como su proceso de arraigo en el país. Asimismo, al consultar el trámite en las distintas plataformas que existen en el Servicio Nacional de Migraciones, este trámite no avanza ni mucho menos muestra más información. Adjunta comprobante de envío de solicitud de nacionalización.

Recuerda que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es así como, la acción constitucional de protección, según lo señalado en el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, debe ser interpuesto dentro de un plazo de 30 días corridos desde la comisión del acto o de la ocurrencia de la omisión arbitraria e ilegal que ocasiones la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales. Destaca que, se encuentra dentro del plazo legal para presentar como en efecto se hace la acción de protección que se interpone. Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Afirma que, las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de nacionalización realizada, esto es, desde la solicitud realizada con fecha 15 de marzo de 2024, hasta la presente fecha ha transcurrido más de 17 meses sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por la recurrente. Y que, la acción de protección de garantías constitucionales procede ante una actuación arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental.

Hace presente que, la Constitución Política de la Republica en el capítulo III asegura y garantiza a todas las personas los derechos que en la misma norma expresamente indican y, que en el caso de autos se han visto de manera ilegal, injusta y arbitrariamente vulnerados de la siguiente manera:

Entiende que, no se pueden establecer privilegios ni diferencias entre las personas frente a la ley, y que no se deben dar tratos preferentes en este caso excluyentes, pues todos tenemos los mismos derechos y deberes. Esa garantía constitucional, sirve como balanza para la justicia reconociendo por igual los derechos a todas las personas de manera equitativa, siendo que, si dicha balanza se inclina hacia un grupo de personas u otro, no hay igualdad y, por ende, no hay justicia.

Reclama que, en este caso se han vulnerado gravemente los derechos de doña nombre reservado, ya que se le ha discriminado gravemente dándole un trato desigual con respecto a las solicitudes de otros extranjeros incluso de la misma nacionalidad, dejándolo fuera de la vida civil, pública y laboral, por cuanto al no poder obtener respuesta respecto a su solicitud de nacionalización, ya que por consecuencia de esto, carece de documento identificador vigente para identificarse legalmente ya sea frente a cualquier autoridad (control de identidad) u órganos públicos (servicios de salud).

Añade que, la igualdad no sólo se vincula con los derechos fundamentales, sino que su aplicación se expande por todo el ordenamiento jurídico en su estructura objetiva completa, expresando un canon general de coherencia. En efecto, la naturaleza jurídica del principio de igualdad ante la ley lo tipifica como una regla de interpretación aplicable de manera general y sin excepciones, a todo el ordenamiento jurídico, a la par que sirve de sostén o soporte al derecho público subjetivo consistente en no ser objeto de tratos discriminatorios. Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción.

Enfatiza que, cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad. Y que, dicha norma añade que, las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9°, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Apunta que, los resultados del informe N.º 178/2022 de fecha 12 de mayo de 2023, correspondiente a la auditoría realizada y planificada por parte de la II Contraloría General de la República, dado el impacto social 8 que genera el proceso de entrega de residencias, el cual repercute en el acceso a derechos fundamentales de los extranjeros que se encuentran esperando resolución de su trámite, en la cual se indica explícitamente: “Para aquellas solicitudes de residencias temporales y definitivas realizadas entre los años 2019 y mayo de 2022, se identificaron demoras entre 180 y hasta 990 días corridos en las distintas etapas del proceso, tanto en aquellas tramitadas en el sistema "SIMPLE" como en el "B-3000"1°, por motivos tales como, atrasos en las etapas de admisibilidad, de análisis, de ingreso, calificadora y resolutiva, todas efectuadas por el SERMIG.

Hace presente que, se acreditó la existencia de 37.284 y 158.883 solicitudes de residencias temporales y definitivas, respectivamente, tramitadas mediante la plataforma. "SIMPLE", las que, al mes de agosto de 2022, aún no habían sido gestionadas por el SERMIG, con el objeto de iniciar su proceso de revisión. Lo anterior no se ajusta al principio de celeridad contenido en el artículo 7° de la ley N°19.880, ni se condice con los principios de eficiencia y control consagrados en el artículo 3°, inciso segundo y 5° de la citada ley N°18.575. Por lo anterior, el servicio deberá continuar ejecutando las medidas adoptadas, a fin de poder ir atendiendo las solicitudes pendientes de revisión, de lo cual tendrá que informar el estado de avance, no solo a nivel de totales, sino que, detallando la situación por cada casó y la disminución de aquellos pendientes de revisión, al término de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final”.

C. No procedencia del silencio administrativo y caso fortuito o fuerza mayor.

Con relación al “silencio administrativo positivo” indicándose que, “las administradas gozan de una mejor acción contenida en el artículo 64, en relación con el artículo 24, de la ley 19.880 —Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos”; indica que, 9 que el recurso de protección precisamente se establece en la Carta Fundamental como una garantía constitucional ante la violación, amenaza o perturbación por acciones u omisiones ilegales y arbitrarias a los derechos protegidos por el artículo 20 en relación con el artículo 19 de nuestra constitución. De lo anterior, no puede el recurrido predisponer el agotamiento de la vía administrativa por frente la vía judicial, ya que ni constituyente ni el legislador señalan que sea necesario agotar la vía administrativa o que se debe recurrir por otra vía administrativa para restablecer el imperio de un derecho de rango constitucional, por lo que no cabe hacer tal distinción, siendo el Recurso de protección la garantía escogida por las recurrentes para el restablecer el imperio del derecho frente a la omisión ilegal y arbitraria que vulnera el derecho de igualdad ante la ley, máxima cuando la omisión es generada por la misma administración en detrimento de los recurrentes y por la cautela y los derechos que tutela la acción constitucional incoada.

Alega que, es totalmente inadmisible que el recurrido siga justificando la demora excesiva en que existen vías distintas a la acción cautelar y que obligarían al agotamiento de la vía administrativa. Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema.

Resalta que, en los Estados democráticos en donde impera el Derecho no puede haber espacio para la arbitrariedad en el ejercicio del Poder Público; ahora bien, la arbitrariedad, tal y como el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos lo indica, es la “voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho”; y precisamente para evitarla, nuestro Constituyente y legislador ha tomado las previsiones de instituir la acción cautelar llamada recurso de protección en los casos que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales se produzca la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías señalados en el artículo 20 de la Constitución Política, por cuanto ello significa el quebrantamiento del Derecho. Cita artículo 7°, inciso primero, de la Constitución Política de la República.

Concluye que, el procedimiento reglado tiende a asegurar que antes de la dictación de un acto administrativo final, la Administración cumpla con una serie de trámites y plazos impuestos por la propia Constitución y las leyes. En razón de lo antes expuesto abunda que, nos encontramos con una serie de principios consagrados por la Ley N°19.880 en el artículo 4° que se están desconociendo durante la tramitación de la petición administrativa del recurrente, ya que el legislador fue enfático al establecer la obligación de cumplimiento de los plazos por parte de la administración.

Razona que, un procedimiento reglado, todo ello con la finalidad de evitar la arbitrariedad o discrecionalidad en el ejercicio del poder público, por los órganos y servicios de la administración del Estado; entendiendo que no cabe distinguir el intérprete de la norma, en donde el legislador no lo hizo, y el hecho de que el servicio recurrido pretenda hacer ver que la resolución de estas peticiones administrativas en el tiempo se ajusta a una potestad discrecional y no a un plazo fatal no se ajusta al espíritu de la norma plasmada en ley que antecede. Y que, en este orden de ideas, La potestad discrecional se manifiesta generalmente cuando las normas de Derecho Público se encuentran redactadas de un modo facultativo, pero aquí vemos un imperativo “no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

Sostiene que, la recurrida no adoptado medidas reales y eficaces que tiendan a atender las peticiones planteadas por los administrados, dentro de un procedimiento administrativo reglado, con plazos claros establecidos en la ley que obligan a las autoridades y personal de la Administración Pública en la tramitación de los asuntos, plazos que se pretenden dejar abiertos sin importar que ello vulnere derechos fundamentales como en el caso de autos, puesto que no resulta razonable las esperas exageradas de parte del servicio recurrido.

Añade que, la recurrida debe tramitar las peticiones administrativas planteadas dentro del plazo previamente establecido por nuestro constituyente y legislador, y solo excusarse en la salvedad señalada por la misma norma, siempre y cuando se verifique y motive para el caso particular tal implicancia, ya que no basta una excusa generalizada en la cantidad de solicitudes planteadas, que solo permite evidenciar el poco interés de la recurrida en adoptar medidas eficaces y reales que permitan dar respuesta a los administrados conforme a los principios y plazos ley sobre bases de los procedimientos administrativos, entendiendo que el fin último del estado son las personas de acuerdo al principio de servicialidad, por lo que estas esperas ilegales y arbitrarias, pugnan finalmente con los derechos fundamentales de los administrados, y permitir tal situación, derivaría en un retroceso para un Estado de Derecho y para el ejercicio de los derechos fundamentales de los administrados. Cita informe N°178/2022 de la Contraloría General de la República.

Menciona que, la normativa sectorial no establece los plazos dentro de los cuales la autoridad administrativa debe pronunciarse, ya sea en relación con la permanencia de extranjeros en Chile o al otorgamiento de visa, en cualquiera de sus modalidades. Ahora bien, la naturaleza de estos procedimientos administrativos, requieren de la autoridad un pronunciamiento oportuno, de ahí la necesidad de establecer un tiempo de sustanciación de este. La nueva ley de Migraciones, no se pronunció sobre el particular, pero si estableció ciertos principios que conviene recordar. Destaca la noción de procedimiento migratorio informado, en virtud del cual es deber del Estado, proporcionar información sobre el mismo, en forma íntegra, oportuna y eficaz, para lo cual, es indispensable que el procedimiento comparta iguales caracteres. Además, el artículo 7 de la Ley establece que el estado debe promover que los extranjeros cuenten con sus autorizaciones y permisos de residencia necesarios para su estadía en el país, lo que sólo tiene lugar, con las respectivas autorizaciones que pueda conferir la autoridad. Cita artículo 1 inciso 3 y 24 de la ley 19.880.

Recuerda que, el mensaje de la ley de Bases, respecto al establecimiento de un plazo del proceso administrativo: “Por mucho que estén reguladas las etapas que lo componen, un procedimiento sin plazos no funciona. En efecto, mediante los plazos se logra fijar un límite temporal a las distintas etapas o a los diferentes trámites por los que pasa un acto administrativo antes de surgir al mundo del derecho” … “El proyecto no busca alterar los procedimientos administrativos que constan con una regulación legal propia. Ellos seguirán sometidos a sus normas de procedimiento. Apunta, en consecuencia, a poner plazos a los procedimientos que no lo tienen”. Y que, el proyecto de esta ley buscaba solucionar justamente los problemas derivados de considerar que a la Administración no le afectan los plazos y que su incumplimiento únicamente genera responsabilidades administrativas. Entre otros aspectos, se ha de concluir que existe una imposibilidad material para continuar el procedimiento y que la causa sobreviniente es el cumplimiento del plazo, razonable contexto en el que todo el actuar posterior de la Administración deviene en ineficaz por ilegalidad.

Solicita, en definitiva, tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del recurrido, por la omisión ilegal y arbitraria emisión de la orden de giro y dictación del acto terminal que aprueba o rechace solicitud de nacionalización, acogerlo a tramitación ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo razonable, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022 o el que se estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, compareció doña Paulina Rivas Núñez, abogada, en representación, del Ministerio del Interior, ambos domiciliados, para estos efectos, en Palacio de La Moneda, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Señala, en primer lugar, que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior del Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley. Lo anterior, según lo dispuesto en los artículos 84 de la ley N°21.325; 1° y 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y apartado IV, N°4, de la ley N°16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse que “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados.

Añade, que, por su parte, el artículo 157, N°8, de la ley N°21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte de este Ministerio. Ello, en la práctica, implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, a fin de revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago -aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N°21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior del Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Informa, en relación con el caso de autos, que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente se encuentra, actualmente, en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo cual, es una etapa previa a la entrega de los antecedentes a esta Cartera de Estado para su posterior resolución, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Considera que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar, según los argumentos que se expondrán a continuación.

En primer lugar, señala que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan. Hace presente que el referido análisis se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera.

En segundo lugar, recuerda que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19, N°14, de la Constitución Política de la República, lo que significa que este tipo de solicitudes son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos.

Precisa, a modo ejemplar, que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado -en promedio- 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización. Sin embargo, dicha cifra debe contextualizarse en el total de solicitudes relacionadas con nacionalizaciones que, anualmente, se han ingresado en los últimos años: el 2021, se contabilizaron más de 10.000; el 2022, más de 30.000; y el 2023, más de 40.000.

Arguye que, de ahí, corresponde desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

En relación con una supuesta ilegalidad relacionada con la no dictación del acto administrativo terminal en comento dentro de un determinado plazo, señala que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, tal como ambos organismos han razonado, en su sentencia ROL N°115.064-2022 -la cual ha sido respaldada reiteradamente por dicha Excma. Corte, a modo ejemplar, en roles N°252.117-2023, 190.711-2023, 182.755-2023, 147.371-2023 y 149.658-2023, entre otros- y en sus dictámenes N°45.312, de 2013; N°7.626, de 2014; y N°170.194, de 2021, entre otros, respectivamente. Por lo tanto, al no verificarse una omisión ilegal ni arbitraria en el caso concreto, la acción de protección de autos no puede prosperar.

Añade que, es manifiestamente improcedente que la parte recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, la parte recurrente debe explicar por qué, en este caso, la no dictación del acto administrativo terminal es ilegal o arbitraria, además de señalar expresamente cuál o cuáles derechos o garantías tuteladas se encontrarían privadas, perturbadas o amenazadas por esa circunstancia y la relación de causalidad entre la supuesta omisión antijurídica y el agravio a dichos derechos o garantías, tal como razona la Excma. Corte Suprema en el considerando primero de su sentencia ROL 10.494-2023.

A su juicio, ello es relevante, toda vez que, por esta vía jurisdiccional, de naturaleza cautelar y de emergencia, no es pertinente declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, como aquellas relacionadas con la resolución de solicitudes migratorias presentadas a la autoridad, por cuanto aquello desnaturaliza la finalidad de la acción de protección. Por ello, si la arbitrariedad o ilegalidad no son manifiestas, o si, en caso de serlo, no implican una privación, perturbación o amenaza ostensible de algún derecho o garantía de aquellas tutelables por esta vía, la acción de protección no puede prosperar.

Indica que la acción de autos no satisface ninguno de los requisitos expuestos precedentemente: la parte recurrente no ha aportado antecedentes suficientes que permitan apreciar que este Ministerio ha incurrido en actos u omisiones manifiestamente arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen ostensiblemente sus derechos o garantías tutelables por esta vía, por lo que la discusión del asunto de autos excede con creces las materias que deben ser conocidas en esta sede, razón por la cual la acción de protección que nos ocupa no puede prosperar.

Solicita tener presente que, el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud. Ello, atenta directamente contra la propia naturaleza de la acción de protección, al no ser el medio idóneo para obtener la aceleración en la tramitación de este tipo de procedimientos - razonamiento que, asimismo, ha sido respaldado por la Excma. Corte Suprema, a modo ejemplar, en sentencias ROLES N°32.598-2022 y 38.220-2023, entre otras-.

Reitera, que no procede instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento de carta de nacionalización mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior, razonamiento que, asimismo, ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema, en sentencias ROLES N°32.598-2022 y 52.030-2023, entre otras.

Pide tener por evacuado el informe requerido al Ministerio del Interior, resolviendo el rechazo de la acción de protección de autos, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que informó la abogada doña Pamela Ahumada Zamorano, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que doña nombre reservado, nacional de Venezuela, ingresó por primera vez al país con fecha 10 de abril de 2019, en calidad de turista. Luego de cumplir con los requisitos legales en cuanto al plazo de residencia legal en Chile para optar a la permanencia definitiva en el país, mediante la Resolución Exenta N°23513710 de fecha 26 de diciembre de 2023, el Servicio Nacional de Migraciones le otorgó a la recurrente un permiso de residencia definitiva, el que se encuentra actualmente vigente.

Con fecha 15 de marzo de 2024, la recurrente solicitó a través del Portal de Trámites Digitales del Servicio, carta de nacionalización, mediante la solicitud ID N°69765220. A la fecha del informe, la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra en trámite, en etapa remisión para informe de PDI, como puede apreciarse en la fotocaptura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros que inserta en la presentación.

Reitera que el recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, beneficio asimilado al actual beneficio residencia definitiva por el artículo sexto transitorio de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, por lo que actualmente mantiene situación migratoria regular en el país. La residencia definitiva se encuentra regulada en el artículo 78 de dicho cuerpo normativo. Así, la situación de pendencia de la solicitud del recurrente no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de sus derechos o el desenvolvimiento natural del extranjero en el territorio nacional.

Explica, que la carta nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, regulada por normas de rango Constitucional, legal y reglamentario. Cita el artículo 10 de la Constitución Política de la República de Chile que, en su inciso final, encomienda a la ley la reglamentación de los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, su otorgamiento, negativa, cancelación y la formación de un registro de todos estos actos. La norma legal vigente que trata el otorgamiento de la nacionalidad chilena es el artículo 84 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, el cual hace una remisión expresa al Decreto Supremo N°5.142 de 1960, del Ministerio de Interior, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.

Expone acerca de la autoridad y sus atribuciones legales para conceder la carta de nacionalización, las causales y requisitos legales para otorgar la carta de nacionalización, y la forma y los requisitos que la petición de nacionalización debe cumplir al ser presentada.

Indica que, uno de los trámites esenciales del procedimiento asociado a la concesión de la carta de nacionalización es la elaboración de un informe por parte de Policía de Investigaciones, el cual debe contener la información indicada en el artículo 5 del Decreto N°5142.

Hace presente y recalca que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones respecto de las solicitudes de carta de nacionalización solamente se limita a la tramitación de dicha 7 solicitud y no se extiende a la resolución de la misma, en virtud del artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Así, la participación del Servicio Nacional de Migraciones en este tipo de procedimientos termina con la remisión, mediante oficio ordinario, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior. Todo lo anterior, para que la autoridad competente, el Presidente de la República, resuelva su concesión o rechazo y se emita el acto administrativo final, firmado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

En el caso de autos, explica, la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra en etapa de remisión para informe de Policía de Investigaciones de Chile. Por lo anterior, la remisión del oficio con la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente se encuentra pendiente.

Arguye que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad.

Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de naturaleza migratoria, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Entiende que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, se impone como un plazo “no fatal”, esto es, un plazo referencial y prudencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, además a su respecto no se ha establecido la sanción de caducidad.

Pide tener por evacuado el informe requerido, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de Carta de Nacionalización de la recurrente, presentada con fecha 15 de marzo de 2024.

SÉPTIMO: Que el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960 dispone: “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministro del Interior”. A turno, el artículo 2° del D.S. precitado establece los requisitos para que a los extranjeros se les pueda otorgar carta de nacionalización, mientras que su artículo 4° precisa la forma en que dicha solicitud debe ser presentada. Por su parte los artículos 5° y 6° del D.S. N°5.142 establecen la obligación de la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones y el plazo en que dicho informe debe ser evacuado y remitido a la Dirección General de Investigaciones, para que ésta remita los antecedentes al Ministerio del Interior.

OCTAVO: Que, no debe perderse de vista que, en la especie, ha transcurrido un plazo excesivo desde la presentación de la solicitud de carta de nacionalización, sin que la misma haya sido resuelta.

NOVENO: Que a la luz de lo dispuesto en la Ley N°19.880 resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, según el cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; principio que por lo demás debe relacionarse con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 del mismo cuerpo legal, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

DÉCIMO: Que la circunstancia ya referida evidencia el incumplimiento de los principios citados en el motivo que antecedente, conculcando la garantía constitucional esgrimida en el recurso, razón por la que éste será acogido en los términos que se indicarán en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por José Miguel Fuentealba Donoso, abogado, en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena que dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, dicha autoridad migratoria deberá remitir los antecedentes al Ministerio del Interior para que se pronuncie sobre la petición de carta de nacionalización de la recurrente.

Regístrese y comuníquese.

ROL 1660-2025(Protección)