Protección contra Caja De Compensación La Araucana
- Fecha
- 13 de agosto de 2024
- Sala
- Primera
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 1659-2024, sentencia de 13 de agosto de 2024
Resumen
Se acoge la protección contra Caja de Compensación La Araucana y se le ordena abstenerse de descontar de la remuneración del recurrente y restituir lo descontado, por no acreditar la notificación previa exigida antes de informar la retención al empleador.
Texto íntegro
Antofagasta, a trece de agosto de dos mil veinticuatro.
VISTOS:
La comparecencia de Iván Franco Domínguez, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de Caja De Compensación La Araucana, representada legalmente don nombre reservado, debido al acto ilegal y arbitrario que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República, consistente en descontar parte de la remuneración del actor sin causa justificada, solicitando el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas; y, se ordene a la recurrida abstenerse de realizar descuentos de sus remuneraciones; todo ello con expresa condena en costas.
Informó la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio constitucional.
Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que funda el recurrente su acción, señalando que en el año 2008 solicitó a la recurrida un crédito social a 48 cuotas, cuyo pago iniciaría a contar del 31 de mayo del 2008, venciendo la última cuota el 30 de junio del 2013.
Señala que, en esa fecha se encontraba trabajando formalmente como docente en la ciudad de Calama, a partir de mayo de 2008, se descontaba de su remuneración las cuotas para pagar el crédito solicitado. Al quedar sin su fuente laboral, sólo le fueron descontadas hasta la cuota N°4, cayendo en mora desde la cuota con vencimiento de fecha 30 de septiembre del 2009.
Sostiene que después de más de 15 años, sin haber la recurrida accionado judicialmente en su contra durante todo ese tiempo, comenzó desde febrero del 2024 a descontar de su remuneración cuotas del crédito en su nuevo empleo a través de Caja Los Andes vía intercaja, por la suma de $115.229, correspondiente a las cuotas del crédito social ya señalado.
En dicho contexto, el recurrente concurrió a la Superintendencia de Seguridad Social para interponer un reclamo, pero nunca le dieron una respuesta, señalándole que debía concurrir a las oficinas de la recurrida y, al acudir a la Caja La Araucana tampoco le dieron solución y continuaron realizando los descuentos en sus remuneraciones de forma mensual.
Hace presente que, los pagos no son realizados voluntariamente, sino derechamente descontados de su remuneración, aun cuando han pasado más de 15 años del vencimiento de la última cuota del crédito, y no habiendo accionado la recurrida judicialmente en su contra, sino que abusivamente le cobra mediante retención. Es más, expone que han intentado gestionar el termino de los cobros directamente con la recurrida, los que se han negado, y por otro lado su empleador no puede terminar con los descuentos, ya que recibió por parte de la recurrida el formulario que le obliga a realizar el descuento de estas cuotas de sus emolumentos mensuales por el monto que ellos determinan.
Concluye señalando que la recurrida actuó de forma arbitraria e ilegal realizó descuentos desde el mes de febrero del 2024, provocando una privación y perturbación en su derecho de propiedad respecto de la remuneración que le corresponde percibir, de lo que no fue informado; que si bien el artículo 22 de la Ley 18.833, autoriza a las Cajas de Compensación realizar estos descuento, estos deben ser oportunos, por lo que tal beneficio en la especie resulta improcedente, considerando el extenso lapso de tiempo transcurrido, sin que a la fecha se hubiere llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito, abusando de las facultades que le otorga la ley.
En cuanto al derecho, se remite al artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y Ley N°18.883, cuyas normas cita, así como también jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema de Justicia.
SEGUNDO: Que informó Yasna Vukic Z, Abogada, en representación de la recurrida Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, solicitando rechazar la presente acción, por falta de oportunidad.
Al efecto, indica que en enero de 2008 le otorgó el crédito social por el monto de $3.092.367, con una tasa de interés del 2.29%, pactado en 48 cuotas, cada una por la suma de $115.229, del cual ha pagado 9 cuotas, y mantiene 39 morosas, y cuyas acciones de cobro no han sido declaradas prescritas ni se ha extinguido por alguno de los modos contemplados en el artículo 1.567 del Código Civil, por ende, el descuento aplicado de acuerdo con el artículo 22 de la Ley N°18.833 es válido y legítimo.
Por otro lado, señala que con fecha 29 de febrero del año en curso, dio respuesta al reclamo presentado por el recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, indicando que “la prescripción de la deuda (como modo de extinción de ésta), que no se puede oponer al descuento de créditos sociales mientras no exista sentencia firme y ejecutoriada que declare la prescripción de las acciones de cobro, tanto de la acción ejecutiva emanada del pagaré como de la acción ordinaria emanada del mutuo. Por tanto, las Cajas de Compensación pueden persistir en el cobro de lo adeudado por prestaciones de crédito social, mientras no exista tal declaración. Lo anterior, conforme lo dispone el artículo 2493 del Código Civil: El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio. En consecuencia, esta Superintendencia no tiene observaciones respecto a lo informado por la Caja de Compensación en la Carta adjunta”.
Sostiene que realizó la cobranza extrajudicial la que resultó infructuosa, y que el recurrente a sabiendas de que adeudaba una obligación no realizó ningún acto tendiente a regularizar su acreencia.
En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social, los descuentos aplicados son válidos y legítimos de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 18.833, por cuanto las acciones emanadas del mutuo y del pagaré que lo garantiza no han sido declaradas prescritas y la obligación tampoco se ha extinguido por alguno de los medios consagrados en el artículo 1567 del Código Civil.
Finalmente señala que actualmente ha recibido tres remesas correspondientes a los meses de marzo, junio y julio 2024, correspondientes a los descuentos practicados en febrero, mayo y junio 2024, cada uno por la suma de $115.229.
Sustenta que de acuerdo con la Ley N°18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las Cajas de Compensación se encuentran facultadas para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas.
Indica que no ha actuado de manera arbitraria e injustificada al informar del descuento, sin que la obligación se haya extinguido o se haya declarado judicialmente la prescripción de las acciones que emanan de esta, no siendo procesalmente el recurso de protección la vía idónea para indicar que esta ha operado.
Concluye que es un hecho inconcuso que el crédito aún puede cobrarse, dado que la obligación de pago se mantiene vigente, por lo que en ningún caso se ha revivido y/o forzado unilateralmente un descuento a través del beneficio contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833.
No obstante, y sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, ha dispuesto el cese de los descuentos del crédito otorgado y la devolución de la suma total de $345.687 correspondiente al descuento practicado en febrero, mayo y junio de 2024, cada uno por la suma de $115.229, y que no existe a la fecha ninguna otra remesa que haya sido realizada.
TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.
CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.
En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.
El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.
QUINTO: Que en la especie, el recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de Caja de Compensación La Araucana, consistente en efectuar descuentos improcedentes en sus remuneraciones provenientes de un crédito social del año 2008, y que después de más de 15 años, sin haber la recurrida accionado judicialmente en su contra, comenzó desde febrero del 2024 a descontar las cuotas del referido crédito de la remuneración de su nuevo empleo a través de Caja Los Andes vía intercaja, por la suma de $115.229.- SEXTO: Que según se desprende de las alegaciones del actor, así como de la reseña de pagos del crédito realizado por la propia recurrida en su informe, en el caso de marras nos encontramos ante la irregularidad que hace que la acción realizada sea arbitraria, desde que, conforme a la normativa aplicable, si bien la recurrida en principio puede disponer el descuento impugnado actuando en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que autoriza a las Cajas de Compensación a realizar tales descuentos para efectuar el cobro de los créditos otorgados a sus afiliados, frente a una situación como la de autos, en que el trabajador dejó de pagar regularmente un crédito y encontrándose en un nuevo empleo, resulta aplicable lo que la Superintendencia de Seguridad Social ha denominado reinicio de descuentos, regulándose dicha hipótesis en el artículo 1.17.3. de la circular N°3.567, de fecha 4 de enero de 2021.
Cabe considerar que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, regidas por la Ley N°18.833, sus reglamentos, sus respectivos estatutos, y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, y que, considerando su fin social, están sometidas a la supervigilancia y a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, quienes en tal calidad pueden regular su funcionamiento a través de circulares, que son obligatorias para la caja.
En ese contexto, atendido el artículo antes referido, para reiniciar los descuentos la Caja resulta obligada, previo a informar a la entidad empleadora la respectiva cuota del crédito social, a enviar un aviso al trabajador o pensionado informándole que tiene una deuda de crédito social impaga por los meses que se individualizarán y que los descuentos de las cuotas de crédito social se reanudarán de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones o pensiones, aviso que deberá contener la misma información que se entregó al deudor a través del certificado de liquidación a que hace referencia el número 1.16 de dicha Circular, actualizado a la fecha del envío, es decir, con indicación del monto de crédito otorgado, número de cuotas, valor de cada una, total de cuotas pagadas y adeudadas, intereses respectivos y demás gastos que correspondan, aviso que otorgará al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que éste concurra a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses.
Dispone la Circular que sin haber transcurrido este plazo y aun cuando el afiliado no concurra o no haya reprogramado o renegociado su crédito dentro de este término, la entidad de previsión social no podrá informar al empleador o entidad pagadora de pensión el descuento de la cuota de crédito social que corresponda.
SÉPTIMO: Que es del caso que, la recurrida no ha alegado ni menos acreditado haber efectuado la notificación previa, limitándose a sostener en autos la legalidad de su actuar fundado en la facultad contenida en el artículo 22 de la Ley N°18.833 sin acompañar ningún otro antecedente, por lo que, conforme a la normativa que lo obliga, no podía comunicar al actual empleador del recurrente que se debía efectuar la retención, por lo que lo obrado por la caja de compensación resulta ser infundado, al no cumplir las gestiones previas que se han establecido al efecto, lo que deriva en que lo actuado por la recurrida es arbitrario, por no tener facultades dicho organismo para obrar como lo hizo, afectando con ello lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privar injustificadamente al recurrente de parte de su patrimonio, como lo es su remuneración.
OCTAVO: Que, conforme lo analizado precedentemente, solo cabe acoger el presente recurso, toda vez que, si bien la recurrida ha manifestado haber dispuesto el cese de los descuentos y la restitución de las sumas ya descontadas, a la fecha de su informe ello no había sucedido, limitándose a realizar una presentación que rola a folio 12 en la que pretende devolver los fondos que habría descontado arbitrariamente, lo que reafirma la necesidad de acoger la acción deducida.
Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Iván Franco Domínguez, en favor de nombre reservado, en contra de Caja De Compensación La Araucana, ordenando a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de efectuar descuentos en las remuneraciones del recurrente en razón del cobro del crédito folio 023-000219894, adeudado y, a la vez, proceder a la restitución de todo dinero descontado de sus remuneraciones por este concepto desde el mes de febrero del presente año, dentro de quinto día hábil desde la notificación del presente fallo.
Regístrese y comuníquese.
Rol 1659–2024 (PROT)
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