nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Antofagasta, a ocho de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien dedujo acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios consistentes en mantener descuentos por planilla sobre su remuneración mensual, fundados en un crédito social cuyo cobro fue previamente judicializado mediante procedimiento ejecutivo seguido ante el Primer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, causa Rol C-1766- 2021, y que, no obstante encontrarse concluido y archivado, continúa siendo cobrado extrajudicialmente configurando un ejercicio de autotutela proscrito por el ordenamiento jurídico, lo que vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicitó se ordene a la entidad recurrida cese inmediatamente los descuentos por planilla efectuados sobre su remuneración respecto del crédito materia de estos autos, se abstenga, en lo sucesivo, de efectuar nuevos descuentos por dicho concepto mientras no exista un fundamento legal que los autorice, restituya las sumas descontadas indebidamente, con los reajustes e intereses que correspondan.

Informó la recurrida como obra del proceso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente indicó que el 26 de julio de 2021 la recurrida interpuso demanda ejecutiva de cobro en su contra, lo que dio origen a la causa Rol C-1766-2021, seguida ante el Primer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, procedimiento ejecutivo de obligación de dar, fundado en un crédito social otorgado por dicha institución. En el referido procedimiento judicial, el 13 de agosto de 2021, el tribunal ordenó despachar mandamiento de ejecución y embargo, posteriormente notificada la demanda los días 19 y 20 de agosto de 2021. Luego, el 3 de septiembre de 2021, el tribunal certificó que no fueron opuestas excepciones dentro del término legal. Posteriormente, el proceso continuó su tramitación hasta concluir definitivamente, constando en el sistema de consulta unificada del Poder Judicial que la causa se encuentra en estado “concluido”, con expediente archivado digitalmente, en virtud de resolución de 8 de julio de 2025, encontrándose, por ende, terminada la gestión judicial iniciada por la propia recurrida para obtener el cobro compulsivo de la obligación.

Agregó que sin perjuicio de haber optado expresamente por perseguir el cumplimiento de la obligación mediante la vía jurisdiccional, la recurrida ha continuado efectuando descuentos mensuales sobre sus remuneraciones, invocando para ello el mecanismo de descuento por planilla contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833. En efecto, de la liquidación de remuneraciones correspondiente a junio de 2026, consta que se efectuó un descuento ascendente a la suma de $183.681, bajo el concepto “descuento crédito personal CCAF Los Andes”, lo que disminuyó la remuneración líquida a la suma de $653.345, afectando directamente su patrimonio y los ingresos destinados a solventar sus necesidades personales y familiares.

Sostuvo que la conducta de la recurrida resulta manifiestamente ilegal y arbitraria, toda vez que, tras someter el cobro del crédito al conocimiento de los tribunales de justicia mediante la interposición de la acción ejecutiva antes referida, carece de fundamento jurídico para reactivar unilateralmente el mecanismo excepcional de descuento por planilla como una vía paralela o sustitutiva de cobro. En estas circunstancias, ha revivido un beneficio excepcional que el artículo 22 de la Ley N°18.833 concede únicamente para el cobro oportuno de los créditos sociales, utilizándolo indebidamente después de haber judicializado la obligación. Con ello, ha sustituido de hecho la decisión de los tribunales por un mecanismo de cobro unilateral, ejerciendo una verdadera forma de autotutela, proscrita por nuestro ordenamiento jurídico, eludiendo las garantías propias del debido proceso y privándolo de la posibilidad de discutir judicialmente la procedencia y exigibilidad de los descuentos.

Con todo, previas citas legales y jurisprudenciales, solicitó se ordene a la entidad recurrida cese inmediatamente los descuentos por planilla efectuados sobre su remuneración respecto del crédito materia de estos autos, se abstenga, en lo sucesivo, de efectuar nuevos descuentos por dicho concepto mientras no exista un fundamento legal que los autorice, restituya las sumas descontadas indebidamente, con los reajustes e intereses que correspondan, con condena en costas.

SEGUNDO: Que informó Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien instó por su total rechazo por no existir acto ilegal o arbitrario cometido, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Indicó que el 11 de mayo de 2018 le otorgó al recurrente un crédito social identificado con el código 003CON100916420, por la suma de $1.878.831, pagadero en 24 meses, con una cuota de $110.908 y cuyo primer vencimiento tuvo lugar el 31 de julio de 2018. Las primeras cinco cuotas fueron pagadas regularmente. Las cuotas restantes fueron reprogramadas el 4 de octubre de 2019, por la suma de $2.037.783, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $71.295 y cuyo primer vencimiento fue el 31 de diciembre de 2019. De esta reprogramación, las primeras cinco cuotas fueron pagadas en los plazos establecidos. Las cuotas correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2020, números 6, 7 y 8, fueron diferidas, atendida la suspensión del contrato de trabajo conforme a la autorización contemplada en la Ley N°21.227. Las cuotas de agosto, septiembre y octubre de 2020, números 9 a 11, fueron pagadas mediante descuentos efectuados en las remuneraciones de los respectivos meses. La cuota correspondiente al mes de noviembre de 2020, número 12, fue pagada el 11 de julio de 2022. Las cuotas restantes fueron objeto de una nueva reprogramación con fecha 25 de julio de 2022, por la suma de $1.489.683, en un plazo de 39 meses, con una cuota de $63.632 y cuyo primer vencimiento fue el 30 de septiembre de 2022. Esta última reprogramación constituye el antecedente vigente de la obligación actualmente informada para descuento. Su primer pago se registró con desfase el 10 de julio de 2026, generándose mora respecto de las cuotas restantes. En consecuencia, existe un saldo pendiente derivado de una reprogramación posterior efectuada dentro de los últimos cinco años, cuya situación de pago y exigibilidad se encuentra respaldada por los registros institucionales y documentos que se acompañan.

Hizo presente que, con ocasión del diferimiento de las cuotas de mayo, junio y julio de 2020, se generaron además los siguientes créditos, a saber:

CUENTA MONTO ESTADO 003DEF10283472 $72.325 Pagado el 10 de julio de 202 003DEF102834746 $74.725 Pendiente 003DEF102834726 $79.101 Pendiente Así pues, indicó que la existencia de pagos parciales, diferimientos y reprogramaciones no extingue por sí sola el saldo pendiente ni impide que la obligación sea solucionada conforme al mecanismo legal y contractual pactado. En todo caso, los pagos registrados deben imputarse al saldo correspondiente y no pueden ser percibidos dos veces.

Enseguida expuso argumentaciones jurídicas y sostuvo que el descuento de remuneraciones se encuentra expresamente autorizado y regulado por el artículo 22 de la Ley N°18.833, que obliga al empleador a descontar, retener y remesar a la Caja las sumas adeudadas por crédito social. Por tanto, no sería una actuación arbitraria, sino la aplicación de un mecanismo legal de pago, en tanto la deuda proviene de una reprogramación celebrada el 25 de julio de 2022.

A su turno, afirmó que la obligación continúa vigente, pues la reprogramación tuvo su primer vencimiento el 30 de septiembre de 2022 y registra un pago efectuado el 10 de julio de 2026. La eventual prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no pudiendo determinarse en un recurso de protección, debido a que ello requiere un análisis de fondo y prueba.

Por su parte, expresó que el descuento no constituiría una privación ilegítima de remuneraciones ni afectaría el derecho de propiedad, porque tiene fundamento legal, contractual y reglamentario y se imputa al pago de una deuda pendiente. Tampoco existiría discriminación o arbitrariedad, pues el sistema se aplica conforme a reglas generales.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, a su vez, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en mérito de los planteamientos formulados en la presente acción cautelar y de los antecedentes allegados por ambas partes, se desprende que el actor pretende en esta instancia judicial que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes deje sin efecto el descuento realizado en sus remuneraciones, a través de la modalidad “por planilla”, a raíz del crédito que le otorgó el 11 de mayo de 2018, por la suma de $1.878.831.

SÉPTIMO: Que, para efectos de resolver el asunto sometido a conocimiento de este tribunal, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

En consecuencia, en principio el descuento de las remuneraciones cuestionado se ha realizado al amparo de la ley y conforme a los contratos suscritos por las partes, siendo el cuestionamiento si el actuar de la recurrida una vez demandado excede el marco de dicha autorización.

OCTAVO: Que, consta de los documentos allegados por el actor, que la recurrida Caja de Compensación Los Andes, respecto al pagaré N°003CON100916420, optó por judicializar el cobro de la obligación, en procedimiento seguido ante el 1° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, ingresado el 26 de julio de 2021, despachándose en autos ejecutivos, el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor según obra de resolución de 13 de agosto de 2021, cuyo título ejecutivo es justamente el mencionado pagaré, suscrito por el actor, y que coincide con el pagaré informado por la recurrida, proceso judicial en que se advierte como última gestión la traba del embargo con resultado negativo por oposición del ejecutado-recurrente en estos autos-según consta del estampe de la receptora judicial de 19 de agosto de 2021.

NOVENO: Que la recurrida Cajas Los Andes sostiene que los descuentos efectuados encuentran fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que autoriza a las Cajas de Compensación para instruir el descuento por planilla de las cuotas correspondientes a créditos sociales.

Sin embargo, dicha facultad legal no puede entenderse como absoluta ni ilimitada, sino que debe ejercerse dentro del marco del principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, excluyendo toda forma de autotutela y respetando el debido ejercicio de las acciones judiciales que el propio ordenamiento contempla.

En efecto, una vez que la acreedora optó por acelerar el crédito e interponer la correspondiente demanda ejecutiva para obtener el cobro íntegro de la obligación, sometió la satisfacción de su pretensión al conocimiento del órgano jurisdiccional competente, resultando incompatible con dicho actuar que, paralelamente, procediera a obtener pagos mediante descuentos directos sobre las remuneraciones del deudor respecto de la misma obligación, sin mediar resolución judicial que así lo autorizara.

DÉCIMO: Que, conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto descrito, ya que es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación del crédito antes mencionado, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica, el cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando, en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por consiguiente, resulta arbitraria la medida de efectuar una cobranza por vía judicial, y posteriormente, proceder a los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a la Caja de Compensación.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, sólo en cuanto, la recurrida se abstendrá de practicar el cobro del crédito social derivado del pagaré N°003CON100916420, vía descuento de remuneraciones, debiendo reembolsar el o los montos indebidamente descontados de sus liquidaciones, luego de interpuesta la demanda ejecutiva por la recurrida en la causa ya singularizada.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1640-2026 (Protección)