nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, a veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Jorge Correa Fuentes, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar los nombre reservado, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en descontar parte de su remuneración, sin causa legal justificada, infringiendo con ello las garantías constitucionales señaladas en el artículo 19 N°3 y N°24 de la Carta Fundamental, solicitando a esta Corte de Apelaciones adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución; abstenerse de realizar u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por “Wellfield Services Limitada” o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro el recurrente, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos futuros; con expresa condenación en costas.

Informó doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción deducida por falta de oportunidad.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La recurrente funda su acción señalando que, con fecha 25 de octubre de 2017, el actor firmó pagaré por el monto total de $4.010.029, siendo beneficiaria de este la recurrida, sin embargo, ante una notoria insolvencia y encontrándose sin empleo, dejó de cumplir con su obligación de pago con fecha 31 de diciembre de 2017.

Añade que la recurrida, con fecha 3 de junio de 2021, interpuso demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, causas Rol C-105-2021, demanda que a la fecha se encuentra con oposición a la ejecución, alegándose por la parte actora excepción de prescripción. En ese sentido, estima que la recurrida nunca debió ni debe seguir descontando extrajudicialmente de manera arbitraria e ilegal su crédito, toda vez que ha exigido su cobro en sede judicial, no siendo procedente por consiguiente accionar o perseguir el cobro y cumplimiento de lo adeudado en ambas sedes.

Con motivo de lo anterior, señala que se ha vulnerado los derechos del recurrente, pues se efectuaron descuentos de sus remuneraciones sin aviso ni notificación previa, habiendo ya ejercido acción oportuna tendiente a efectuar el cobro, privándola de su derecho de defensa y propiedad sobre parte de su retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña. Agrega que, dichos descuentos ilegales, se han materializado desde el mes de mayo del año 2024 hasta la fecha, de manera que la cifra total descontada al día de interposición de este recurso alcanza la suma de $169.730.

En consecuencia, afirma que se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 y 24 de la Constitución Política de la República. Primeramente, de manera arbitraria e ilegal la recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con los otros deudores civiles, pues para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que la recurrida ha obviado presuntamente amparadas en una norma de la ley de cajas de compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha, se hallaría prescrita.

Por su parte, respecto del derecho de propiedad, señala que el actuar de la recurrida no solo va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral, sino que, además, priva al recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa resultado de su trabajo honesto.

De acuerdo con lo señalado, afirma que existe un ejercicio abusivo por parte de la recurrida de la facultad establecida en la ley de cajas de compensación, adoleciendo de falta de razonabilidad y verosimilitud, por lo que la decisión adoptada no puede sino ser declarada como arbitraria y, por lo tanto, no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de cajas de compensación.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte de Apelaciones adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución; abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “Wellfield Services Limitada”, RUT N°RUT reservado, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro el recurrente, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos futuros; con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Informó doña Inés Riquelme Arao, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción deducida por falta de oportunidad.

Sostiene que, con fecha 25 de octubre de 2017, otorgó al recurrente, un crédito por la suma de $4.010.029, signado bajo el código 149CON100448014 a una tasa de 2.05%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $114.341, cuyo primer vencimiento fue el 31 de diciembre de 2017. Las cuotas del mes de diciembre de 2017 a febrero de 2020 (1 a 27), se pagaron regularmente durante el periodo 10 de enero de 2018 al 10 de marzo de 2020. La cuota del mes de marzo y abril de 2020 (28 y 29), se pagaron con fecha 10 de septiembre de 2020 y 23 diciembre de 2020. Las cuotas del mes de mayo de 2020 a abril de 2022 (30 a 53), se pagaron regularmente durante el periodo 05 de enero 2021 al 10 de enero de 2023. Luego, el titular a través de descuento en la remuneración del mes de abril y mayo de 2023, pagó la cuota del mes de mayo y junio de 2022 (54 y 55), más un interés penal de $28.469 y $24.531, respectivamente. Posteriormente a través de descuento en la remuneración del mes de junio de 2023, pagó la suma de $28.893, monto que fue contabilizado como abono en la cuota del mes de julio de 2022. En esta misma línea, el titular a través de descuento en la remuneración del mes de abril de 2024 pagó la suma de $169.657, monto que se contabilizó como pagada la diferencia de la cuota del mes de julio de 2022, más un interés penal de $40.519, más un abono en la cuota del mes de agosto de 2022 por $35.210. Finalmente, el titular a través de descuento en la remuneración del mes de mayo de 2024 pagó la suma de $133.615, monto que se contabilizó como pagada la diferencia de la cuota del mes de agosto de 2022 (57), más un interés penal de $38.124, más un abono en la cuota del mes de septiembre de 2022. La diferencia de la cuota del mes de septiembre de 2022, las cuotas del mes de octubre y noviembre de 2022 (58 a 60), se encuentran en mora.

Luego, afirma que con fecha 08 de mayo de 2019, otorgó al recurrente el crédito código 046CON101634295, por la suma de $547.310 a una tasa de 2.85%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de $23.073, cuyo primer vencimiento fue el 31 de julio de 2019. Las cuotas del mes de julio de 2019 a febrero de 2020 (1 a 8), se pagaron regularmente durante el periodo 10 de agosto de 2019 al 10 de marzo de 2020. Las cuotas del mes de marzo y abril de 2020 (9 y 10), se pagaron con fecha 10 de septiembre de 2020 y 23 de diciembre de 2020. Las cuotas del mes de mayo de 2020 a abril de 2022 (11 a 34), se pagaron durante el periodo 10 de febrero de 2021 al 10 de enero de 2023. La cuota del mes de mayo, junio y julio de 2022 (35 a 37), más los intereses penales se pagaron con fecha 10 de mayo de 2023, 10 de junio de 2023, y 10 de julio de 2023, respectivamente. Finalmente, la cuota del mes de agosto y septiembre de 2022 (38 y 39), más los intereses penales correspondientes, se pagaron con fecha 10 de mayo de 2024 y 10 de junio de 2024. Las cuotas restantes se encentran en mora.

Expone que no existe actuación ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, toda vez que, los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, además de que se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita judicialmente, por lo que la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por el actor existe y es plenamente exigible.

Hace presente que, el mecanismo del “descuento por planilla” se trata de un mecanismo especial de pago, inherente al régimen de crédito social otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor al descontarse el pago directamente de la remuneración del trabajador; además, se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria; y, con todo, la obligatoriedad del descuento por planilla recae sobre el empleador, entendiéndose que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del artículo 22 inciso 2º de la Ley Nº18.833 y del Punto 3.1.17.1.1 párrafos 3º y 4º del Compendio.

No obstante, señala que, sin reconocer extinción de la deuda, Caja Los nombre reservado ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, por lo que solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que en la especie, el recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los nombre reservado, consistente en efectuar descuentos improcedentes en sus remuneraciones provenientes de un crédito social cuyo cobro se habría intentado en sede civil, en procedimiento iniciado por la propia recurrida, en causa Rol C-105-2021 del 2° Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, el cual se encuentra vigente habiéndose opuesto en el mismo la excepción de prescripción, precisando además en su libelo que los referidos descuentos ilegales, se han practicado unilateralmente por la recurrida desde el mes de mayo del año 2024 hasta la fecha.

SEXTO: Que, atendida las alegaciones de las partes, no resulta controvertido la efectividad de que con fecha 25 de octubre de 2017, se otorgó al recurrente un crédito código 149CON100448014, por la suma de $4.010.029 y el hecho de haberse realizado un descuento en la remuneración del recurrente en el mes de mayo de 2024. Sin embargo, las partes no se encuentran contestes en cuanto a la época en que principió el incumplimiento del deudor respecto del pago del referido crédito, el cual según afirma la recurrida, se habría pactado en 60 cuotas a partir de del mes de diciembre de 2017. De esta forma, afirma el actor que dejó de pagar el crédito a partir del 31 de diciembre del mismo 2017, mientras que la recurrida informa que las cuotas Nº1 a 27, correspondientes a los meses de diciembre de 2017 hasta febrero de 2020, se pagaron regularmente durante el periodo del 10 de enero de 2018 al 10 de marzo de 2020, agregando luego que las cuotas Nº28 a 57 se pagaron igualmente vía descuentos de remuneraciones en diferentes épocas según detalla, encontrándose actualmente en mora solo las restantes cuotas correspondientes a las Nº58 a 60.

Luego, mediante el e-book de la causa Rol 105-2021 del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, acompañado en autos por el actor, así como de la revisión de la misma a través de la Oficina Judicial Virtual, se acreditó que la recurrida, con fecha 03 de junio de 2021, demandó ejecutivamente el cobro del pagaré mediante el cual se documentó el crédito referido, haciendo efectiva la cláusula de aceleración contenida en el mismo, demandando la suma de $3.116.717 más intereses y costas, por las cuotas a dicha época impagas y en mora desde el día 30 de abril de 2020, despechándose el correspondiente mandamiento de ejecución y embargo. Consta igualmente en dicha causa, que luego de las notificaciones con resultado negativo, la ejecutante dejó de realizar gestiones en el proceso en el mes de noviembre de 2021, reanudándose la misma mediante el desarchivo solicitado por la ejecutada sólo en el mes de junio del presente año, dándose por notificada expresamente y oponiendo excepciones.

SÉPTIMO: Que, considerando lo reseñado en el considerando precedente, no es posible compartir que la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida consistiría en efectuar u ordenar descuentos de las remuneraciones del actor, habiendo previamente iniciado el cobro en sede judicial, desde que, como se pudo advertir, la demanda ejecutiva intentada solo se tuvo por notificada en el mes de julio del presente año, a solicitud de la propia ejecutada de autos en su escrito mediante el cual opuso excepciones, por lo que, al tiempo de efectuarse los descuentos unilaterales que se estiman ilegales por el actor en los presentes autos -desde mayo a la fecha-, no existía relación procesal jurídica válida relativa al cobro ejecutivo del crédito, al no haberse aún trabado la litis.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo analizado en el considerando precedente, según se desprende de las alegaciones del actor, así como de la reseña de pagos del crédito realizado por la propia recurrida en su informe, en el caso de marras nos encontramos ante otra irregularidad que hace que la acción realizada sea igualmente arbitraria, desde que, conforme a la normativa aplicable, si bien la recurrida en principio puede disponer el descuento impugnado actuando en conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que autoriza a las Cajas de Compensación a realizar tales descuentos para efectuar el cobro de los créditos otorgados a sus afiliados, frente a una situación como la de autos, en que el trabajador dejó de pagar regularmente un crédito y encontrándose en un nuevo empleo, resulta aplicable lo que la Superintendencia de Seguridad Social ha denominado reinicio de descuentos, regulándose dicha hipótesis en el artículo 1.17.3. de la circular N°3.567, de fecha 4 de enero de 2021.

Cabe considerar que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, regidas por la Ley N°18.833, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, y que, considerando su fin social, están sometidas a la supervigilancia y a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, quienes en tal calidad pueden regular su funcionamiento a través de circulares, que son obligatorias para la caja.

En ese contexto, atendido el artículo antes referido, para reiniciar los descuentos la Caja resulta obligada, previo a informar a la entidad empleadora la respectiva cuota del crédito social, a enviar un aviso al trabajador o pensionado informándole que tiene una deuda de crédito social impaga por los meses que se individualizarán y que los descuentos de las cuotas de crédito social se reanudarán de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones o pensiones, aviso que deberá contener la misma información que se entregó al deudor a través del certificado de liquidación a que hace referencia el número 1.16 de dicha Circular, actualizado a la fecha del envío, es decir, con indicación del monto de crédito otorgado, número de cuotas, valor de cada una, total de cuotas pagadas y adeudadas, intereses respectivos y demás gastos que correspondan, aviso que otorgará al deudor un plazo de al menos 15 días corridos para que éste concurra a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses.

Dispone la Circular que sin haber transcurrido este plazo y aun cuando el afiliado no concurra o no haya reprogramado o renegociado su crédito dentro de este término, la entidad de previsión social no podrá informar al empleador o entidad pagadora de pensión el descuento de la cuota de crédito social que corresponda.

NOVENO: Es del caso que, la recurrida no ha alegado ni menos acreditado haber efectuado la notificación previa, limitándose a sostener en autos la legalidad de su actuar fundado en la facultad contenida en el artículo 22 de la Ley N°18.833 sin acompañar ningún otro antecedente, por lo que, conforme a la normativa que lo obliga, no podía comunicar al actual empleador del recurrente que se debía efectuar la retención, por lo que lo obrado por la caja de compensación resulta ser infundado, al no cumplir las gestiones previas que se han establecido al efecto, lo que deriva en que lo actuado por la recurrida es arbitrario, por no tener facultades dicho organismo para obrar como lo hizo, afectando con ello lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privar injustificadamente al recurrente de parte de su patrimonio, como lo es su remuneración.

DÉCIMO: En cuanto al crédito código 046CON101634295, el que según informa la recurrida habría sido otorgado al recurrente con fecha 08 de mayo de 2019 por la suma de $547.310, nada se señaló ni reclamó al respecto por la recurrente, ni tampoco se acompañó por la recurrida algún antecedente para tener por acreditada su existencia, montos y forma de pago, por lo que no cabe pronunciarse a su respecto al no fundarse la ilegalidad y arbitrariedad pretendida en el cobro de este.

UNDÉCIMO: Que, conforme lo analizado precedentemente, solo cabe acoger el presente recurso, toda vez que, si bien la recurrida ha manifestado haber dispuesto el cese de los descuentos y la restitución de las sumas ya descontadas, no ha acompañado a su informe antecedentes que den fe de lo señalado, haciendo necesaria por esta vía, la adopción de medidas que cautelen los derechos vulnerados, al haber practicado descuentos unilateralmente como sostiene el recurrente, desde el mes de mayo del año 2024 hasta la fecha.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Jorge Correa Fuentes, en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar los nombre reservado, ordenando a la recurrida abstenerse en lo sucesivo de efectuar descuentos en las remuneraciones del recurrente en razón del cobro del crédito código 149CON100448014 adeudado y, a la vez, proceder a la restitución de todo dinero descontado de sus remuneraciones por este concepto desde el mes de mayo del presente año, dentro de quinto día hábil desde la notificación del presente fallo.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1630–2024 (PROTECCIÓN)