Protección contra Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, a diecisiete de mayo de dos mil once.

VISTOS:

La presentación de fojas 48 y siguientes de Hugo Juan Huaca Huaca, abogado, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos comerciantes y domiciliados para estos efectos en domicilio reservado de esta ciudad, recurriendo de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, representada por su Alcaldesa nombre reservado Martínez, quien en el año 2011 entregó en concesión el bien nacional de uso público emplazado en Pasaje Feria Peatonal de esa Comuna, con el objeto de que se desarrollara la venta de artesanía y comercio en general, cuyos puestos de ventas fueron arrendados posteriormente por sus concesionarios a terceras personas y que en el mes de septiembre de 2010, los dueños de los locales les comunicaron que debían desocuparlos en virtud de una orden municipal porque los puestos debían ser ocupados por sus dueños, pese a existir contratos de arrendamiento vigentes, por lo que piden se adopten de inmediato las providencias necesarias que permitan el pronto restablecimiento de los derechos conculcados, ordenando se renueve el correspondiente permiso municipal a los comerciantes y sean ubicados en forma definitiva en los puestos que les asigne el municipio en la Feria Artesanal o en su defecto donde determine la Municipalidad de San Pedro de Atacama, sin causar menoscabo, dejando sin efecto la imposición de multas y citaciones que se han cursado, a consecuencia de la decisión adoptada por la recurrida, con costas.

El informe correspondiente se evacuó a fs. 89 y siguientes, solicitando resolver la contienda o controversia suscitada, teniendo presente que las acciones seguidas por el ente municipal de dejar sin efecto los permisos municipales no obedece en ningún caso a un acto arbitrario e ilegal de la autoridad edilicia, sino por el contrario se ampara en lo dispuesto en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Junto con el recurso, se acompañaron los siguientes documentos:

Fotocopias de sentencias recaídas en causa Rol 747-2010 de fecha 8 de marzo de 2011 y Rol 61-2011, de fecha 4 de marzo de 2011 ambas de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Hugo Juan Huaca Huaca ha interpuesto recurso de protección en representación de las personas ya señaladas con el objeto que se ordene la inmediata renovación de sus permisos municipales, procediéndose a la reubicación en la Feria Artesanal de San Pedro de Atacama o en su defecto en el lugar que disponga el Municipio sin causar menoscabo a los recurrentes, como asimismo, se tomen todas las medidas pertinentes para lograr el restablecimiento de los derechos conculcados, entre los cuales se incluye el de dejar sin efecto las multas y citaciones que están sido cursadas a los recurrentes, a consecuencia de la decisión adoptada por la señora Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama.

Funda su reclamo en los antecedentes que se remontan al año 2001 cuando se entrega en concesión el bien nacional de uso público emplazado en el Pasaje de la Feria Peatonal, con el objeto de desarrollar ventas de artesanía y comercio en general. Los puestos que allí se instalaron paulatinamente comenzaron a ser arrendados por los cesionarios a terceros, parte de los cuales recurren en este acto, haciendo presente que de buena fe e ignorantes de esta situación por años desarrollaron normalmente sus labores hasta septiembre del año 2010 porque los “dueños” (sic) les comunicaron a los recurrentes que debían desocupar cada uno de los puntos de venta porque la máxima autoridad edilicia había dado inicio a un ultimátum exigiendo en sus puestos de venta única y exclusivamente “dueños”; debido a ello se recurrió de protección en donde la Municipalidad no se involucró diciendo que se trataba de un asunto entre privados. No obstante aquello, cuando se encontraba en tramitación este recurso la Alcaldesa doña nombre reservado se reunió con el grupo de feriantes comprometiéndose a solucionar el problema de los recurrentes, para lo cual debieron abandonar pacíficamente los puestos con el fin de ser reubicados temporalmente en otro lugar de la comuna, evitando así caducar abruptamente la posibilidad de seguir desarrollando su actividad comercial, lo anterior se vio reflejado en el hecho de que los recurrentes continuaron sus labores habituales en dependencias de la Feria Artesanal de San Pedro de Atacama; situación que incluso fue expuesta por la propia Secretaria Municipal Sandra Aranda quien indicó que al 31 de diciembre el Municipio se haría cargo de la Feria y se harían contratos individuales con cada persona. En segundo término desde el 1° al 31 de marzo de 2011 se reubicarían temporal y provisoriamente los feriantes en los terrenos que contaba el Municipio ubicados a una cuadra de la Plaza Central, lugar donde se ejerció durante tres meses denominándose Nueva Feria Artesanal. Dicho sector no cuenta con servicios higiénicos, luz y agua, pero como constituye el sustento de muchas familias atacameñas no fue impedimento alguno. Los recurrentes en el ejercicio del derecho de petición solicitaron a la autoridad una pronta respuesta debido a que el plazo de tres meses establecido estaba por cumplirse. Incluso en el último Consejo Municipal llevado a cabo el 24 de marzo del 2011 el Municipio reconoció que sondeaba dos posibles lugares para reubicarlos definitivamente, no obstante, a juicio de los recurrentes a partir de la sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta el 8 de marzo cambió drásticamente de actitud, sin que exista razón alguna que justifique el acto ilegal y arbitrario que motiva el recurso ya que la Alcaldesa por intermedio del chofer de la Municipalidad le informa a un grupo de feriantes que debían retirarse del sector el día 31 de marzo del 2011 y que no podría solucionarle su problema. Ante el requerimiento y recordatorio se dio por finalizada una reunión que se efectuó carente de toda formalidad y sin entrega de notificación alguna.

Se estima que la advertencia se concretó a pesar de encontrarse al día con el pago del I.V.A. y amparados por la respectiva patente municipal y fue así que los primeros días de abril concurrieron al Departamento de Administración y FinAnsas con el objeto de renovar su permiso, lo que fue denegado por instrucciones de la Alcaldesa lo que se puede escuchar en el disco compacto acompañado.

Esta decisión, según los recurrentes a traído como consecuencia la aplicación de multas y citaciones al Servicio de Impuestos Internos e incluso advertencias de los Inspectores Municipales de que si no abandonan el lugar serán sacados con el auxilio de la fuerza pública por lo que se estima que el Municipio recurrido actuó en forma ilegal y arbitraria al caducar el derecho a ejercer la actividad comercial que realizan, sin ningún amparo legal, como lo sería el correspondiente Decreto Alcaldicio, que indicara a lo menos las razones o motivos que tuvo en consideración la autoridad edilicia para poner término al permiso con que contaban los recurrentes. Asimismo, la medida ilegal y arbitraria de la autoridad, se estima que carece de toda fundamentación incumpliéndose el artículo 11 de la Ley 19.880 que exige a los actos administrativos expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentan cuando afectan los derechos de los particulares por lo que se concluye que la autoridad edilicia no se ajustó al criterio de imparcialidad que se impone a la administración para actuar con objetividad y probidad.

En lo referente al derecho se estima que se ha afectado el derecho a la igualdad ante la Ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República porque se ha negado sin fundamento alguno la renovación del permiso municipal, aún cuando el propio Consejo Municipal desarrollado seis días antes de la decisión adoptada, continuaba con la búsqueda del lugar donde serían instalados. También se hace presente que concurre una situación no incorporada en el anterior recurso en el sentido que la cláusula octava del contrato a concesión, además de la prohibición de arrendar y sub arrendar los puestos, se establecía como causal suficiente para poner término de inmediato a la concesión, sin que el Secretario Municipal haya ejercido ciertas atribuciones, por lo tanto aducen que no existe un trato igualitario de parte del municipio al momento de afrontar esta situación, pues a la Asociación de Indígenas y Feriantes se les entregó plazo y se los mantuvo en sus puestos de ventas a pesar de las infracciones. En segundo lugar, se postula que le afecta y vulnera lo establecido en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, pues la medida legal y arbitraria trajo como consecuencia que el permiso municipal caducó, no obstante la actividad comercial desarrollada desde hace muchos años con plena sujeción a las ordenAnsas, pagando los tributos y permisos correspondientes, bajo el amparo de contratos de arrendamientos plenamente vigentes, lo que ha contribuido al desarrollo turístico de la zona. En tercer lugar también se estima afectada la garantía del N° 16 del artículo 19 de la disposición citada, o sea, la libertad de trabajo y su protección porque la autoridad discrimina al no fundamentar su decisión ilegal y arbitraria de privarlos de su fuente de trabajo, más si lo prohíbe en base a un acto administrativo inexistente y que en estos momentos está surtiendo efectos perniciosos afectando a la salud, la integridad física y psíquica de los recurrentes, al vivir con la angustia de no saber la suerte de sus fuentes de trabajo. Por último, también se consideran afectados en su derecho a desarrollar su actividad económica, lo establecido en los artículos 21 y 24 de la Constitución Política de la República, desde que sobre las cosas incorporales hay una especie de propiedad que se ha visto afectada por la actuación de la municipalidad.

SEGUNDO: Que en el informe respectivo la Sra. Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, ha solicitado el rechazo del recurso y después de hacer una reseña de los hechos sustancialmente similares a lo relatado por los recurrentes, se hace presente que mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 2666-2010 de fecha 29 de septiembre del año 2010, se puso término al contrato de concesión que fuera celebrado por la Asociación Indígena de Artesanos y Feriantes de San Pedro de Atacama por incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula octava de dicho contrato, acordando el Consejo Municipal que la entrega de los bienes debía efectuarse a más tardar el 30 de diciembre del año 2010. Además hace presente la resolución del recurso de protección Rol N° 61-2011 que le ordena abstenerse de otorgar permisos en terrenos cuya titularidad aparezca de dominio de terceros, por lo que concluye que en los hechos que pretenden servir de fundamento fáctico del recurso no se ha incurrido en una acción u omisión arbitraria o ilegal, puesto que se ha sujetado estrictamente a las normas legales aplicables, como lo es el artículo 36 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y por ende tampoco se ha violentado o conculcado de manera alguna los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, ni las garantías constitucionales contenidas en los numerales 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que pide el rechazo del recurso, haciendo presente que las acciones realizadas por el ente municipal se ampara en la Ley 18.695 y en la resolución del recurso de protección Rol 61-2011.

TERCERO: Que no existe controversia en cuanto a los hechos o circunstancias fácticas que a juicio de los recurrentes constituyen la acción arbitraria o ilegal, esto es, la decisión de la autoridad edilicia de no renovar los permisos temporales y provisorios para la actividad de venta artesanal que se había otorgado hasta los meses de marzo y abril del año 2010, en los terrenos ubicados en el sector denominado Vialidad Gustavo Le Paige, esquina Ignacio Carrera Pinto, distante a una cuadra de la plaza central. La discusión radica puntualmente en que para los recurrentes esta decisión ha sido arbitraria e ilegal porque se comprometió a solucionar problemas que se originaron a propósito de un arrendamiento anterior a concesionarios respecto de los locales situados en la Feria Artesanal frente a la plaza. Compromiso respecto del cual ellos cumplieron porque abandonaron pacíficamente los puestos y aceptaron la reubicación temporal en otro lugar de la Comuna.

CUARTO: Que si bien el artículo 41 de la Ley 19.880 obliga a la autoridad edilicia a entregar argumentos, lo cierto es que, dicha disposición se refiere a la resolución que pone fin al procedimiento administrativo iniciado por algún particular y no a las decisiones discrecionales de la entidad edilicia en uso de sus facultades. En este caso, es el artículo 36 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2006 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades el que establece que los bienes nacionales o municipales de uso público, incluido su subsuelo, que administre la Municipalidad, podrán ser objeto de concesiones y permisos. Estos últimos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización; incluso en la disposición se agrega que las concesiones dan derecho al uso preferente del bien concedido en las condiciones que fija la Municipalidad, la que podrá dar término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público.

QUINTO: Que conforme a la disposición citada la decisión edilicia se ajusta a la ley en la medida que no está obligada a mantener o prorrogar un permiso provisorio y temporal, menos aún puede hacerlo el órgano jurisdiccional que no cuenta con los antecedentes que permitan evaluar las razones de interés público, como tampoco constatar los terrenos municipales o nacionales de uso público susceptibles de tal derecho; razones más que suficientes para desestimar el recurso, más aún si en la resolución del recurso de protección N° 61-2011 el Tribunal mediante sentencia ejecutoriada, conminó a la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama abstenerse “de otorgar permisos en terrenos cuya titularidad aparezca presumible de dominio de terceros”.

SEXTO: Que tratándose de situaciones conflictivas que provienen desde hace más de diez años, al aceptarse o tolerarse arriendos respecto de propiedades concesionadas por la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama y de ciudadanos dedicados al comercio artesanal que se vieron perjudicados, sin que conste la mala fe en ejercicio del arrendamiento, se estima que ha habido motivo plausible para recurrir, por lo que no se les condenará en costas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas del recurso, la acción deducida por Hugo Juan Huaca Huaca, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, representada por su Alcaldesa nombre reservado Martínez.

Regístrese, comuníquese y archívese. Devuélvanse a la Secretaría de esta Corte los expedientes traídos a la vista.

Rol 163-2011.

Redacción del Ministro Titular Sr. Oscar Clavería Guzmán.

Pronunciado por la Segunda Sala, integrada por el Ministro Sr. Oscar Clavería Guzmán, la Fiscal Judicial Sra. Myriam Urbina Perán y Abogado Integrante Sra. Macarena Silva Boggiano. Autoriza la Secretaria Titular Sra. Claudia Campusano Reinike.

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