nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA
- Fecha
- 1 de septiembre de 2026
- Sala
- Segunda
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N° 1629-2026, sentencia de 1 de septiembre de 2026
Resumen
Se rechaza la protección contra la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, por actuar solo como ente retenedor de los descuentos, sin incurrir en ilegalidad o arbitrariedad.
Texto íntegro
Antofagasta, a uno de septiembre de dos mil veintiséis.
VISTOS:
nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien dedujo acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, por las acciones ilegales que amenazan el legítimo ejercicio del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley, derechos consagrados en la Constitución Política de la República, tutelados en el artículo 19 N°1, N°2 y N°24. Solicitó se ordene a la recurrida adopte las siguientes medidas necesarias y urgentes para reestablecer el imperio del derecho, esto es se reajusten los montos de los descuentos correspondientes a CCAF LOS ANDES PRESTAMO ($1.103.263) y préstamos a COOPEUCH ($512.050) a los límites máximos permitidos por el ordenamiento jurídico laboral, se proceda a la reliquidación de los montos retenidos en exceso, para la restitución del saldo correspondiente; o se adopten aquellas medidas que estime procedentes.
Informó la recurrida, como asimismo la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y la Cooperativa de Ahorro y Crédito, COOPEUCH, como obra del proceso.
Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurrente indicó que consta en su liquidación de haberes de junio de 2026, como total el equivalente a $2.173.585, mientras que el total de descuentos ascendió a $2.075.580, dejándolo con un saldo líquido a pagar de apenas $98.005, es decir, sufrió descuentos equivalentes al 95,4% de su remuneración.
Agregó que nunca ha sido su intención dejar de cumplir con las deudas contraídas, pero aquello debe compatibilizarse con la posibilidad de solventar los gastos básicos de subsistencia personales y familiares. Precisó que esta situación económica desmedrada, tuvo origen en varias complicaciones de salud que le afectaron, tales como colelitiasis, hemorroides, infección estomacal por helicobaxter píloris, por lo que se vio obligado a solicitar préstamos en la caja de Compensación Los Andes para poder costear los gastos médicos y exámenes realizados. A lo anterior, se sumó la condición de su hijo menor, quien, por razones médico-psiquiátricas, no pudo continuar estudios, incorporándose a la carrera de técnico nivel superior en electricidad, lo que originó la solicitud de un préstamo a Coopeuch; debiendo renegociar para pagar la última etapa de estudios.
Sostuvo que producto de lo vivido, atraviesa una depresión, al no poder procurar recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de su grupo familiar, como comida, arriendo, gastos por servicios básicos, etc.
Estimó que el artículo 58 del Código del Trabajo establece que las deducciones a las remuneraciones, cualquiera sea su fundamento u origen, en ningún caso podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador e igualmente existe el tope del 25% de la remuneración líquida para las cuotas de créditos sociales de las Cajas de Compensación, según la Ley N°18.833.; siendo deber del empleador aplicar estos topes directamente en la liquidación mensual, para salvaguardar el carácter alimentario del sueldo, so pena de afectar gravemente su subsistencia y la de su grupo familiar.
Con lo anterior, arguyó que el actuar de la recurrida se torna ilegal al infringir dicha disposición normativa y resulta igualmente arbitrario, pues los descuentos efectuados no resultan proporcionados, justos ni equilibrados con su condición patrimonial. Es más, en este caso se han vulnerado garantías constitucionales amparadas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, tales como el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, toda vez que la falta de recursos económicos para solventar los gastos básicos de alimentación y abrigo, pueden derivar en consecuencias nefastas aún más perjudiciales debido a su condición de salud. De igual modo, la igualdad ante la ley, ya que el obrar del empleador establece diferencias arbitrarias al no respetar el tope de descuentos que, si efectúa en otros casos, y finalmente el derecho de propiedad, ya que sin mediar un acto expropiatorio se le privó de parte de sus ingresos.
Con todo, solicitó se ordene a la recurrida adopte las siguientes medidas necesarias y urgentes para reestablecer el imperio del derecho, esto es se reajusten los montos de los descuentos correspondientes a CCAF LOS ANDES PRESTAMO ($1.103.263) y préstamos a COOPEUCH ($512.050) a los límites máximos permitidos por el ordenamiento jurídico laboral, se proceda a la reliquidación de los montos retenidos en exceso, para la restitución del saldo correspondiente; o se adopten aquellas medidas que estime procedentes.
SEGUNDO: Que informaron nombre reservado y Aldo Díaz Canales, abogados, en representación de Cooperativa de Ahorro y Crédito, COOPEUCH, quienes indicaron que el actor, como es de toda lógica, es socio de COOPEUCH desde hace varios años.
Así pues, el 21 de abril de 2026, procedió a solicitar un crédito de consumo por $18.857.146. En dicha solicitud firmó dos cláusulas fundamentales para el cobro de dicho crédito: la autorización para imputar la deuda a cuotas de participación del socio y el descuento por planilla. Además, el mismo día procedió a firmar el crédito de consumo que se le otorgó, en el cual se vuelve a reafirmar el monto prestado.
Agregaron que el crédito fue garantizado por medio del pagaré N°202670679918 – firmado el 8 de mayo–, que detalla las condiciones pactadas para el pago del crédito recién otorgado; además precisaron que se otorgó tan alto monto por una sola razón, esto es que el recurrente informó una renta bruta de $2.275.831, tal como aparece en su solicitud de productos de crédito, el que fue informado a través de sus liquidaciones de sueldo, y aseguró que toda la información proporcionada es verídica.
Sostuvieron que el actor olvidó indicar algo fundamental, esto es que el crédito otorgado fue una simple reliquidación de créditos anteriores. Esto, se confirma por medio de la nomenclatura usada por dos anexos– ambos firmados el 21 de abril de 2026– en el cual se establece claramente que es una “reliquidación”. Dichas reliquidaciones guardan relación con varios créditos de consumo solicitados, a saber: N°202670557880 por $313.716; N°202371607441 por $14.422.165; N°202471627920 por $917.242 y; N°202670276039 por $771.249. Así pues, la última operación-21 de abril de 2026–es una reliquidación de todos los créditos pendientes de pago, cuestión fundamental, ya que lleva con descuentos por planilla desde al menos 2023.
Con lo anterior, hicieron presente que no solo decidió renegociar –y finalmente reliquidar– su crédito moroso, sino que, a menos de 4 meses de solicitar el crédito, decidió interponer un recurso de protección para paralizar el descuento por planilla contractualmente pactado para todas y cada una de las operaciones; el que por lo demás indicaron se encuentran dentro del límite legal establecido.
Por su parte, mencionaron que la acción de protección no constituye la vía idónea para la resolución de la presente controversia suscitada por el descuento ordenado realizar por una Cooperativa de Ahorro y Crédito y uno de sus socios, pues la Ley General de Cooperativas establece en su Capítulo V una serie de normas relativas a la resolución de conflictos, en las que se regula a quiénes se aplican, cuál es el procedimiento y qué tribunales conocerán de dichos conflictos.
Por otro lado, alegaron la extemporaneidad de la presente acción. El primer descuento por planilla fue realizado el 2023, y ha sido realizado de manera ininterrumpida durante todo este tiempo. Esto, como se expresó, debido a que el recurrente solicitó su primer crédito el 2023. Con ello, según lo previsto en el N°1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, la acción debe interponerse dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. En este caso, el descuento fue realizado por primera vez el 2023, por lo tanto, está totalmente vencido el plazo de 30 días para su interposición.
En subsidio de lo anterior, indicaron que el recurrente carece de derechos indubitados, pues pretende por esta vía judicial que se paralice una modalidad de pago pactada contractualmente y amparada por el marco legal aplicable, dejando sin efecto la cláusula acordada; sin embargo, el único derecho indubitado consiste en que no se le efectúen descuentos superiores al 25%, límite que no se supera en la especie.
En subsidio de todo lo anterior, sostuvieron que cumple todos y cada uno de los límites legales, a diferencia de Caja Los Andes, los cuales, sin necesidad de cálculo, claramente descuentan mucho más de lo que corresponde y, por tanto, son los únicos culpables de que se superen los límites legales. Así, precisaron que, si bien superan el umbral del 15% de su remuneración, no exceden el tope del 25%.
Enseguida, previas citas legales del artículo 58 del Código del Trabajo, artículo 54 bis del DFL N°5 de 2004, concluyeron que para la renta del actor el límite del 25%, es de $543.396,25, valor superior al monto descontado que es de $512.263, mientras que destacaron que el cálculo de los porcentajes debe ser hecho sobre la remuneración bruta y no líquida.
En ese orden de ideas, señalaron que Caja Los Andes no ha tenido el mismo estándar de diligencia. Esto, debido a que no respeta, por ningún lado, los límites que les impone el legislador. Descontó al recurrente la exorbitante suma de $1.103.263, la cual supera ampliamente el 25% de la remuneración líquida que, luego de los descuentos legales, es de $1.740.748. El 25% de aquella remuneración es de $435.187.
En subsidio de todo lo anterior, hicieron presente que las cajas de compensación de asignación familiar no tienen preferencia alguna por sobre las cooperativas; y priorización de los créditos por antigüedad. El descuento destinado al pago de cuotas de créditos previsionales debe regirse por el orden de antigüedad de las obligaciones respectivas, de manera que, cuando concurren descuentos instruidos tanto por una Caja de Compensación como por una Cooperativa de Ahorro y Crédito y el margen máximo legal del 25% de la pensión líquida resulta insuficiente para cubrir íntegramente todas las cuotas, corresponde priorizar el descuento asociado a la obligación más antigua, asumiendo el acreedor posterior el riesgo de la insuficiencia del margen disponible, sin que exista base legal para establecer una preferencia distinta. Esta regla permite la competencia real y efectiva entre los distintos oferentes de crédito, en beneficio directo de los pensionados, al asegurar que las condiciones bajo las cuales se otorgan los créditos se mantengan estables y previsibles para todos los actores del sistema, evitando privilegios sobrevinientes o distorsiones artificiales en el mercado del crédito; por lo que es menester tener a la vista que COOPEUCH fue la primera de las recurridas en otorgar crédito.
Con todo, previas citas jurisprudenciales, instaron por el íntegro rechazo de la acción de protección, con expresa condenación en costas.
TERCERO: Que, Isabel Calisto Hernández, abogada, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, informó la presente acción, y en primer término negó y controvirtió todos los hechos contenidos en ésta, por lo que solicitó su íntegro rechazo.
Luego, hizo presente que con el actor existe únicamente una relación laboral de carácter estatutaria regida por la Ley N°19.070 que rige el Estatuto Docente, por lo que alegó falta de legitimación pasiva, por cuanto la CMDS se limita en términos generales a recibir nóminas de descuentos de remuneraciones desde entidades externas en forma mensual, donde solo se indica el descuento por planilla de montos y número de cuotas ya suscritas, pero ningún otro antecedente del crédito pactado. Así entonces, el recurrente mantiene créditos actuales con la Caja de Compensación Los Andes y con la Cooperativa Coopeuch, respecto de lo que precisó lo siguiente. La existencia de un crédito anterior con la Caja de Compensación Los Héroes donde existió una compra de cartera por la Caja de Compensación Los Andes denominado crédito Inter caja unido a montos adicionales solicitados en una cantidad de envergadura. Asimismo, una reliquidación de créditos con Coopeuch del 21 de abril de 2026, incrementando tanto el monto como el número de cuotas ya que se trató de unificar créditos que había tomado desde el 2023 en adelante, y se desprende de las cartolas nominativas que envían estas entidades a CMDS para descuentos.
Ahora bien, en este escenario financiero y del cobro mediante descuento por planilla, no puede indicar el actor que sea un hecho sorpresivo o reciente dada la data de los créditos, su cantidad y montos asociados.
A su turno, hizo presente sobre la situación mensual del recurrente y sus descuentos, lo siguiente: para junio de 2026 según la nómina mensual de retenciones previsionales enviada a CMDS su descuento correspondió al total de $1.103.263, debido a que existen dos créditos con Caja Los Héroes de cuotas de $164.756 y $215.823, cada una respectivamente para luego completar dicho monto total con 30 (treinta) créditos descontados en cuotas que van desde 9 a 60 cuotas. Ese mismo mes, Coopeuch notificó mediante nómina en planilla un crédito pactado en 83 cuotas debido a que reliquida créditos anteriores de $512.050. El recurrente entonces en el mismo periodo realiza todas esas operaciones crediticias sabiendo y debiendo conocer sus ingresos mensuales. En cuanto a la nómina mensual de retenciones previsionales enviada a CMDS por la Caja de Compensación Los Andes y Coopeuch de julio de 2026, aparecen los mismos tipos de descuentos, pero CMDS descontó los totales de los créditos sin el monto del crédito Inter caja con Los Héroes de cuotas de $164.756 y $215.823, cada una respectivamente con el efecto de salvar el % de descuento que reclama. No obstante, para agosto de 2026, ya se le notificó de la nómina mensual de retenciones previsionales enviada a CMDS por la Caja de Compensación Los Andes donde aparece solo el monto del crédito Inter caja con Los Héroes de cuotas de $215.823. Supone que se tratan de gestiones realizadas por el propio recurrente con los terceros mediante los cuales ha suscrito los créditos de consumo, pues no tiene injerencia alguna en los montos a descontar.
Por otro lado, señaló que las omisiones del recurrente sobre la cantidad, montos, número de cuotas, reliquidaciones y compras de crédito entre cajas de compensación, realizadas en forma voluntaria y unilateral, no pueden obviarse para resolver el asunto de fondo de autos. Este nivel de actuaciones concretas, expresas y voluntarias, para luego indicar que se le han vulnerado sus derechos incluso a menos de 4 meses de su última actuación crediticia (abril 2026), no hace más que configurar abuso del derecho. Ningún derecho es totalmente libre o absoluto; debe usarse con buena fe.
A su turno, negó tajantemente la vulneración de garantías fundamentales. No existe ni tampoco se ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario, ni aún omisivo, pues todos los actos de análisis han sido realizados. A su vez, tampoco se ha producido arbitrariedad, operando la falta de oportunidad del recurso interpuesto. Más allá de que existe un considerable nivel de endeudamiento voluntario en el sistema financiero por parte del actor, la deja en indefensión para responder sobre los mismos, porque CMDS no ha hecho más que descontar en su planilla a aquello que él mismo ha autorizado con terceros.
Finalmente, enfatizó en que el recurrente aparece contradictorio al indicar aseveraciones sobre su supuesto acto arbitrario e ilegal, para luego acto seguido, requerir que directamente adopte medidas siendo que no se encuentra en una situación tal que le permita con facultades concretas cambiar ni el monto ni los números de cuotas de los créditos asociados. Aún más, la única forma en que procediere, son en forma directa con la Caja Los Andes y Coopeuch para resolver el quantum de los montos a descontar.
CUARTO: Que, informó la abogada Inés Riquelme, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien indicó que la relación crediticia del actor comprende múltiples operaciones de crédito social, todas vigentes y en estado de pago al día, según el detalle que agregó, a saber: 1. Operación N°212DIG200162440: otorgada el 29 de enero de 2026, por un capital inicial de $948.976, pagadera en 60 cuotas mensuales de $34.536 cada una, con primer vencimiento el 31 de marzo de 2026. Se registran 4 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 2. Operación N°212DIG200155550: otorgada el 25 de enero de 2026, por un capital inicial de $518.826, pagadera en 36 cuotas mensuales de $23.514 cada una, con primer vencimiento el 31 de marzo de 2026. Se registran 4 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 3. Operación N°212DIG200150144: otorgada el 22 de enero de 2026, por un capital inicial de $624.325, pagadera en 36 cuotas mensuales de $28.297 cada una, con primer vencimiento el 31 de marzo de 2026. Se registran 4 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 4. Operación N°212DIG200079676: otorgada el 19 de diciembre de 2025, por un capital inicial de $209.902, pagadera en 24 cuotas mensuales de $12.322 cada una, con primer vencimiento el 28 de febrero de 2026. Se registran 5 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 5. Operación N°212DIG200216944: otorgada el 19 de febrero de 2026, por un capital inicial de $109.057, pagadera en 9 cuotas mensuales de $13.999 cada una, con primer vencimiento el 30 de abril de 2026. Se registran 3 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 6. Operación N°212DIG200140485: otorgada el 18 de enero de 2026, por un capital inicial de $521.707, pagadera en 48 cuotas mensuales de $19.979 cada una, con primer vencimiento el 31 de marzo de 2026. Se registran 4 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 7. Operación N°212DIG200213411: otorgada el 17 de febrero de 2026, por un capital inicial de $235.629, pagadera en 9 cuotas mensuales de $30.246 cada una, con primer vencimiento el 30 de abril de 2026. Se registran 3 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 8. Operación N°003CON104466660: otorgada el 16 de junio de 2025, por un capital inicial de $234.429, pagadera en 48 cuotas mensuales de $9.224 cada una, con primer vencimiento el 31 de agosto de 2025. Se registran 11 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 9. Operación N°212DIG200264120: otorgada el 15 de marzo de 2026, por un capital inicial de $191.853, pagadera en 12 cuotas mensuales de $19.261 cada una, con primer vencimiento el 31 de mayo de 2026. Se registran 2 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 10. Operación N°212DIG200131786: otorgada el 15 de enero de 2026, por un capital inicial de $314.496, pagadera en 24 cuotas mensuales de $18.462 cada una, con primer vencimiento el 15 de enero de 2026. Se registran 4 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 11. Operación N°212DIG200330191: otorgada el 14 de abril de 2026, por un capital inicial de $364.116, pagadera en 60 cuotas mensuales de $12.516 cada una, con primer vencimiento el 30 de junio de 2026. Se registran 1 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 12. Operación N°212DIG200128627: otorgada el 14 de enero de 2026, por un capital inicial de $314.743, pagadera en 24 cuotas mensuales de $18.477 cada una, con primer vencimiento el 31 de marzo de 2026. Se registran 4 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 13. Operación N°003CON104516689: otorgada el 13 de noviembre de 2025, por un capital inicial de $1.573.387, pagadera en 50 cuotas mensuales de $58.676 cada una, con primer vencimiento el 31 de enero de 2026. Se registran 6 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 14. Operación N°212DIG200064017: otorgada el 12 de diciembre de 2025, por un capital inicial de $211.055, pagadera en 60 cuotas mensuales de $7.255 cada una, con primer vencimiento el 28 de febrero de 2026. Se registran 5 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 15. Operación N°003CON203804773: otorgada el 11 de enero de 2023, por un capital inicial de $1.901.274, pagadera en 60 cuotas mensuales de $56.506 cada una, con primer vencimiento el 31 de marzo de 2023. Se registran 30 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 16. Operación N°212DIG200059781: otorgada el 10 de diciembre de 2025, por un capital inicial de $316.472, pagadera en 60 cuotas mensuales de $10.878 cada una, con primer vencimiento el 28 de febrero de 2026. Se registran 5 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 17. Operación N°007CON204262763: otorgada el 10 de mayo de 2024, por un capital inicial de $253.115, pagadera en 48 cuotas mensuales de $7.993 cada una, con primer vencimiento el 31 de julio de 2024. Se registran 24 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 18. Operación N°003CON104398983: otorgada el 10 de febrero de 2025, por un capital inicial de $865.940, pagadera en 48 cuotas mensuales de $32.652 cada una, con primer vencimiento el 30 de abril de 2025. Se registran 15 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 19. Operación N°208COS100237239: otorgada el 8 de noviembre de 2023, por un capital inicial de $3.538.956, pagadera en 30 cuotas mensuales de $130.793 cada una, con primer vencimiento el 31 de enero de 2024. Se registran 30 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 20. Operación N°212DIG200052015: otorgada el 7 de diciembre de 2025, por un capital inicial de $106.300, pagadera en 9 cuotas mensuales de $13.645 cada una, con primer vencimiento el 28 de febrero de 2026. Se registran 5 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 21. Operación N°003CON103852821: otorgada el 7 de marzo de 2023, por un capital inicial de $421.138, pagadera en 60 cuotas mensuales de $13.665 cada una, con primer vencimiento el 31 de mayo de 2023. Se registran 38 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2023. Estado: al día. 22. Operación N°212DIG200186895: otorgada el 6 de febrero de 2026, por un capital inicial de $158.965, pagadera en 12 cuotas mensuales de $15.959 cada una, con primer vencimiento el 30 de abril de 2026. Se registran 3 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 23. Operación N°003CON104300524: otorgada el 5 de agosto de 2024, por un capital inicial de $283.923, pagadera en 48 cuotas mensuales de $9.431 cada una, con primer vencimiento el 31 de octubre de 2024. Se registran 21 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 24. Operación N°212DIG200045263: otorgada el 4 de diciembre de 2025, por un capital inicial de $529.116, pagadera en 60 cuotas mensuales de $18.186 cada una, con primer vencimiento el 28 de febrero de 2026. Se registran 5 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 25. Operación N°003CON104027478: otorgada el 4 de septiembre de 2023, por un capital inicial de $533.629, pagadera en 36 cuotas mensuales de $24.515 cada una, con primer vencimiento el 30 de noviembre de 2023. Se registran 32 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 26. Operación N°003CON103968900: otorgada el 4 de julio de 2023, por un capital inicial de $533.528, pagadera en 48 cuotas mensuales de $20.927 cada una, con primer vencimiento el 30 de septiembre de 2023. Se registran 34 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 27. Operación N°212DIG200180489: otorgada el 4 de febrero de 2026, por un capital inicial de $369.880, pagadera en 36 cuotas mensuales de $16.764 cada una, con primer vencimiento el 30 de abril de 2026. Se registran 3 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 28. Operación N°212DIG200176463: otorgada el 3 de febrero de 2026, por un capital inicial de $422.876, pagadera en 36 cuotas mensuales de $19.166 cada una, con primer vencimiento el 30 de abril de 2026. Se registran 3 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 29. Operación N°003CON104137556: otorgada el 2 de octubre de 2024, por un capital inicial de $339.059, pagadera en 48 cuotas mensuales de $11.153 cada una, con primer vencimiento el 31 de marzo de 2024. Se registran 28 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día. 30. Operación N°212DIG200172636: otorgada el 2 de febrero de 2026, por un capital inicial de $106.629, pagadera en 9 cuotas mensuales de $13.687 cada una, con primer vencimiento el 30 de abril de 2026. Se registran 3 cuota(s) pagada(s), con último pago el 10 de julio de 2026. Estado: al día.
Agregó que la suma de las cuotas mensuales de las treinta operaciones individualizadas asciende a $722.684. Dicho monto se corresponde con el descuento por concepto de “CCAF Los Andes préstamo” registrado en la liquidación de remuneraciones del recurrente correspondiente a julio de 2026. Adicionalmente, y conforme a los antecedentes que obran en el expediente, en la liquidación de junio de 2026 el empleador consignó un descuento total a su favor por la suma de $1.103.263, el que se descompone en las cuotas de las operaciones propias de Caja Los Andes ya individualizadas ($722.684), más cuotas asociadas a créditos originados en la Caja de Compensación Los Héroes, cobrados a través del mecanismo Intercajas, por $164.756 y $215.823, respectivamente. Respecto de estas últimas, actuó en el marco del sistema de descuentos entre Cajas de Compensación regulado por la Superintendencia de Seguridad Social, sin que ello configure un cobro caprichoso, sorpresivo o al margen del régimen de crédito social. En consecuencia, en la especie nos encontramos frente a créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles, con pagos regulares y al día, cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuna.
Enseguida expuso argumentaciones jurídicas, y en tal sentido invocó el citado artículo 22, según el cual las deudas por crédito social deben ser descontadas por el empleador, retenidas y remesadas a la caja, bajo reglas similares a las cotizaciones previsionales. Por ello, afirma que no se trata de un cobro discrecional, sino de un mecanismo legal y obligatorio de pago.
Por su parte, en relación con los topes del artículo 58 del Código del Trabajo, sostuvo que el recurrente pretende aplicar al crédito social las reglas de los descuentos voluntarios del artículo 58, pese a que los descuentos de las cajas tienen origen legal y un régimen especial. Además, si bien reconoció que el Compendio SUSESO contempla límites para las cuotas de crédito social, precisó que estos operan principalmente al momento de evaluar y otorgar nuevos créditos dentro del sistema C.C.A.F.
En cuanto a la pluralidad de créditos y otros descuentos, hizo presente que el recurrente contrató sucesivamente diversos créditos entre 2023 y 2026 y que cada uno constituye una obligación autónoma. Asimismo, el descuento de COOPEUCH pertenece a un régimen jurídico distinto y no puede imputarse a Caja Los Andes para efectos del límite aplicable al sistema de cajas.
Por su parte, indicó que esta acción constitucional es improcedente a fin de resolver la controversia de autos, pues si bien el actor no desconoce la contratación de los créditos, pretende obtener una reliquidación, reajuste y restitución de los montos que considera excesivos. Esto requiere determinar la capacidad de pago, revisar operaciones e imputar pagos entre distintos acreedores, materias que exceden el objeto de la acción de protección y deben discutirse en las vías administrativas o jurisdiccionales correspondientes.
Precisó que efectuó el cobro de la deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, es exigible, pues no existe una declaración judicial en dicho sentido, mientras que la vía idónea para alegarla no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.
Finalmente, previas citas legales, jurisprudenciales y aseverar que no ha incurrido en el actuar arbitrario e ilegal que invoca el recurrente, instó por el rechazo de la presente acción.
QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
SEXTO: Que, a su vez, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.
En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.
El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.
SÉPTIMO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
OCTAVO: Que, en primer lugar, corresponde pronunciarse acerca de la extemporaneidad de la presente acción alegada por el abogado de Coopeuch, quien aseveró que los descuentos por planilla han sido realizados desde el 2023, debido a que el recurrente solicitó su primer crédito dicho año, por lo que estimó que el plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto estaría totalmente vencido.
Pues bien, si bien la entidad señalada alude créditos obtenidos por el actor en 2023, y que a la fecha habría realizado una renegociación de estos, lo cierto es que de la propia documentación por ésta acompañada si bien aparece expresamente del documento denominado “liquidación de crédito coopeuch”, que se procedió a reliquidar un crédito por el total $16.424.372, no es posible advertir la fecha original y primer descuento del aludido crédito inicial, sino más bien la contratación de un crédito de consumo el 21 de abril del presente año, por la suma equivalente a $19.857.146, cuyo primer vencimiento correspondía al 15 de julio de 2026, por lo que no habiéndose acreditado descuentos anteriores en los términos alegados, no cabe sino desestimar la extemporaneidad en la presentación de esta acción constitucional.
NOVENO: Que despejado lo anterior, y en mérito de los planteamientos formulados en la presente acción cautelar y de los antecedentes allegados por el recurrente, éste pretende en esta instancia judicial que se reajusten por parte de la recurrida los montos de los descuentos correspondientes a CCAF LOS ANDES PRESTAMO ($1.103.263) y préstamos a COOPEUCH ($512.050) a los límites máximos permitidos por el ordenamiento jurídico laboral, se proceda a la reliquidación de los montos retenidos en exceso, para la restitución del saldo correspondiente.
DÉCIMO: Que, en concordancia con los antecedentes acompañados al proceso, de lo aseverado por las partes, y la información proporcionada por Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes, es posible establecer como hechos ciertos que el recurrente accedió a un crédito de consumo otorgado por Coopeuch el 21 de abril de 2026, por el monto de $19.857.146, cuyo primer vencimiento correspondía al 15 de julio de 2026, y el que se comprometió a pagar en 83 cuotas de $512.050.
Asimismo, consta que el actor igualmente contrató variados y sucesivos créditos sociales con la Caja de Compensación Los Andes según documentación que ésta aportó, y que revisada corresponden a los movimientos indicados por al evacuar el informe y según se indicó en el considerando cuarto, los que en total ascienden al monto de $722.684.
DÉCIMO PRIMERO: Que, por su parte, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.
En consecuencia, en principio el descuento de las remuneraciones cuestionado se ha realizado al amparo de la ley y conforme a los contratos suscritos entre el recurrente y Coopeuch, y con la Caja de Los Andes, siendo el cuestionamiento si el actuar de la recurrida CMDS, una vez demandado excede el marco de dicha autorización.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, por su parte, conforme se dispone en el artículo 58 del Código del Trabajo y las normas aplicables a las cooperativas, especialmente artículo 54 del DFL N°5 de 2003, es factible procederse al descuento por planilla de los montos que consienta el o la trabajador/a.
En este caso, de los documentos allegados por Coopeuch se advierte de forma expresa que cuando adquirió el crédito de consumo, fue bajo modalidad “crédito-planilla”. Es más, en los documentos se detalla expresamente: “…AUTORIZO A MI EMPLEADOR PARA QUE REALICE DESCUENTOS MENSUALES, O CON LA FRECUENCIA QUE COOPEUCH DETERMINE DE MI REMUNERACIÓN. ESTO CONFORME AL ART. 58 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, ART. 91 DEL ESTATUTO ADMINISTRATIVO, O CUALQUIER OTRA NORMA QUE ME SEA APLICABLE EN RELACIÓN CON ESTE TIPO DE DESCUENTO, POR EL MONTO QUE COOPEUCH INFORME. EL MONTO DESCONTADO DEBERÁ SER REMITIDO POR MI EMPLEADOR A COOPEUCH”.
Tal documento se encuentra individualizado bajo los datos del recurrente, por lo que es dable concluir que se encuentra en conocimiento de la modalidad del crédito contratado, esto es bajo descuento por planilla, conforme lo prevé la ley.
Por su parte, en relación con el total de 29 créditos sociales suscritos con la Caja de Compensación Los Andes, entre los años 2023 hasta el último adquirido en abril del presente año, figura de forma expresa en todos los documentos que los justifican, lo siguiente: “…SÉPTIMA: MANDATOS. El afiliado y sus codeudores, en su caso, conceden mandato especial, irrevocable y gratuito a La Caja para requerir de sus actuales empleadores y a los que tengan en el futuro, en el evento que por cualquier causa se terminare la relación laboral, descuenten de los montos o sumas que correspondan pagar al trabajador, por cualquier causa o motivo, las sumas adeudadas por concepto de crédito social, autorizando expresamente al empleador para efectuar esta operación. Se deja especial constancia que los mandatos otorgados precedentemente interesan -además La Caja, de manera que su revocación deberá efectuarse conforme a la Ley y podrá constituir una causal de término anticipado del contrato.”
Estos documentos se encuentran individualizados bajo los datos del recurrente, por lo que es dable concluir que se encuentra en conocimiento de la modalidad del crédito contratado, esto es bajo descuento por planilla, conforme lo prevé la ley.
DÉCIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo hasta acá razonado, la circunstancia de haber consentido el recurrente en la contratación de los créditos y autorizado su pago mediante descuento por planilla no importa habilitación para que la entidad acreedora efectúe o instruya descuentos sin sujeción a los límites imperativos establecidos por el ordenamiento jurídico, desde que la autonomía de la voluntad debe ejercerse dentro del marco regulatorio propio del régimen de crédito social.
En efecto, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social en el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, específicamente según dispone el numeral 3.1.10.2, intitulado “Monto máximo de la cuota mensual de descuento por concepto de crédito social”, “la cuota mensual del o de los créditos otorgados por una C.C.A.F. no podrá exceder del 25% de la remuneración, renta o pensión líquida mensual del trabajador o pensionado, respectivamente, definidas en el punto 3.1.9 del Título I del Libro III del Compendio de la Ley N°18.833, si dicha remuneración, renta o pensión líquida, es igual o mayor al ingreso mínimo mensual para mayores de 18 años y hasta los 65 años de edad.
Si la remuneración, renta o pensión líquida, es superior al ingreso mínimo para fines no remuneracionales e inferior al ingreso mínimo mensual para mayores de 18 años y hasta los 65 años, la cuota mensual de descuento en ningún caso podrá exceder del 20% de ella.
Si la remuneración, renta o pensión líquida es igual o inferior al ingreso mínimo para fines no remuneracionales, la cuota mensual de descuento en ningún caso podrá exceder del 15% de ella”.
DÉCIMO CUARTO: Que, en la especie, la propia Caja de Compensación Los Andes ha reconocido que las cuotas correspondientes a las operaciones de crédito social mantenidas por el recurrente ascienden mensualmente a $722.684, cantidad que en junio de 2026 alcanzó a $1.103.263 al incorporarse, mediante el sistema intercajas, dos cuotas adicionales por $164.756 y $215.823, cantidades que exceden manifiestamente el límite ordinario del 25% de la remuneración líquida del actor, sin que se haya dado cuenta de la concurrencia de alguna hipótesis excepcional legal o reglamentaria que autorice válidamente un porcentaje superior, ni menos que se hayan cumplido las exigencias establecidas para ello.
En consecuencia, la circunstancia que cada uno de los créditos haya sido válidamente contratado, que las obligaciones se encuentren vigentes y que el recurrente haya autorizado su descuento por planilla no torna lícito un descuento que, considerado en su conjunto, exceda el máximo que las normas de orden público han previsto para proteger la remuneración disponible del afiliado.
DÉCIMO QUINTO: Que, distinta es la conclusión respecto de Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch, pues consta que el recurrente autorizó expresamente el descuento por planilla correspondiente a la operación celebrada el 21 de abril de 2026, y que la cuota mensual pactada asciende a $512.050. Dicha suma no excede el 25% de la remuneración total del actor, equivalente aproximadamente a $543.396, encontrándose, por tanto, dentro del límite especial previsto por la Ley General de Cooperativas para esta clase de descuentos. Con ello, no se advierte respecto de dicha entidad un acto ilegal o arbitrario, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder al recurrente en relación con la determinación, vigencia o ejecución de las obligaciones contractuales.
DÉCIMO SEXTO: Que, finalmente toca resolver acerca de la falta de legitimidad pasiva alegada por la recurrida Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, por cuanto ésta indicó que, como empleadora del recurrente, únicamente se limitó a descontar las sumas informadas por las entidades a través de las cuales su trabajador optó a créditos financieros.
En tal sentido, no cabe sino acoger esta solicitud, por cuanto obra de los antecedentes allegados y la normativa legal aplicable en la especie contenidas en la Ley N°18.833, ha quedado suficientemente establecido que la recurrida CMDS, sólo ha actuado como ente retenedor de los descuentos indicados, sin que se advierta haya incurrido en un actuar ilegal o arbitrario.
Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta.
Regístrese y comuníquese.
Rol 1629-2026 (Protección)