Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta

Antofagasta, a seis de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Mauricio Javier Lavados Concha, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en representación de HITES S.A., sociedad comercial de derecho privado del giro de grandes tiendas, quien dedujo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, representada por la Jefa de dicha Inspección doña nombre reservado, y en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Tesorero General de la República, don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en haber girado 04 multas por un total de $23.677.200.-, provenientes de resolución administrativa de multa laboral impuesta por la Inspección Provincial del Trabajo de esta ciudad, la cual una vez notificada conforme al artículo 508 del Código del Trabajo vía correo electrónico con fecha 25 de marzo de 2024, fue reconsiderada administrativamente por la recurrente de autos con fecha 19 de abril del año en curso, a través del correo electrónico oficial de la jurisdicción a la que pertenece la Inspección Provincial recurrida, y así, no obstante haberse recibido efectivamente por autoridad fiscalizadora en cuestión el citado recurso administrativo, procedió a informar las multas en cuestión a la Tesorería Regional de la República para su cobro compulsivo, vulnerando las garantías constitucionales del derecho al debido proceso; el derecho de igualdad; derecho a la propiedad; y, el derecho de seguridad de las garantías, solicitando se ordene a las recurridas se abstengan de continuar con el procedimiento compulsivo de cobro de las multas laborales en cuestión; y, acto seguido, se le permita hacer uso del derecho a la defensa respecto de dichas multas, a fin de que sean resueltas por la Inspección del Trabajo recurrida, previo a remitir las mismas a la Tesorería General de la República para su giro.

Informaron las recurridas al tenor del recurso, instando por su rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Señala la recurrente que, en el ejercicio de su industria y de acuerdo con la legislación laboral, es constantemente fiscalizado por la autoridad competente, como lo es la recurrida en su función y mandato legal. En dicho contexto, y a criterio de la Inspección recurrida le cursó ciertas infracciones contenidas en la resolución administrativa de multa N°6117/24/4, de fecha 14 de febrero de 2024, notificada vía correo electrónico desde y hacía las casillas electrónicas que indica. Ello, con fecha 25 de marzo de 2024, produciéndose sus efectos a la parte recurrente a partir del tercer día hábil, esto es, el 28 de marzo de 2024.

Hace presente que, el plazo para presentar el recurso de reconsideración administrativo de los artículos 5111 y512 del Código del Trabajo, según lo dispuesto en el artículo 508 del mismo cuerpo legal, vencía el día 13 de mayo de 2024. Así, el 19 de abril del presente año, a las 14:13 horas, la recurrente presentó a través de correo electrónico desde la casilla correo reservado a la casilla: correo reservado, un recurso de reconsideración administrativa en contra de la citada resolución administrativa de multa laboral, impugnando todas las infracciones cursadas en su contra, acompañando los respectivos antecedentes.

Alega que, la autoridad fiscalizadora a la fecha de presentación de este recurso, no la ha notificada de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo, sobre la resolución administrativa final de multa pronunciándose sobre el recurso de reconsideración administrativa interpuesto por su parte, el que todavía se encuentra pendiente de resolución.

Sin perjuicio de lo anterior, dice haber tomado conocimiento mediante notificación practicada personalmente por parte del funcionario recaudador fiscal, del mandamiento de ejecución y embargo iniciado por la Tesorería Regional Metropolitana en el procedimiento judicial compulsivo de cobro establecido en el Código Tributario, cuyo objeto es, precisamente, el cobro de las 04 aludidas multas laborales, las que no obstante haber sido reconsideradas oportuna y debidamente en sede administrativa, se encuentran pendientes de resolución. Actuar ilegal y arbitrario que le irroga un evidente perjuicio al haberse omitido el debido proceso y el derecho de defensa al que tiene derecho la recurrente, pues la Inspección recurrida remitió sin más las multas ante la Tesorería General de la República para su giro y cobro ejecutivo, en una clara contravención a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N°19.880. Por su parte, el ente recaudador fiscal, sin tener título legítimo ni siquiera aparente, y con abierta infracción a lo establecido en los artículos 41 y 50 de la Ley N°19.880, en concomitancia con los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, en relación con las demás normas pertinentes que rigen la materia.

Además, de haberse aperturado el expediente respectivo ante la Tesorería Regional Metropolitana, debido al inicio del procedimiento ejecutivo a propósito de las multas cursadas, se publicaron las mismas en informes comerciales oficiales de morosidad y su registro en el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.

Enseguida, profundiza la forma de como se han visto transgredidas y/o conculcadas las garantías constitucionales que indica, producto del actuar de arbitrario e ilegal las recurridas al haber procedido en los términos antes expuestos, para finalizar solicitando a esta Corte la adopción inmediata de las providencias necesarias para permitir el pronto restablecimiento del derecho conculcado.

SEGUNDO: Informó doña nombre reservado, abogada de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, al tenor del recurso deducido en su contra, instando por su rechazo.

En lo pertinente, refiere que a raíz de un grave accidente laboral que afectó a una trabajadora menor de edad de la recurrente durante el mes de febrero del presente año, la Inspección Provincial del Trabajo inició un procedimiento de fiscalización conforme a instrucciones vigentes, en las dependencias de la actora, motivo por el cual, le cursó cuatro multas administrativas en su calidad de empleadora, consignadas en resolución de multa N°6117/24/4.

Es así, como la multa en cuestión fue enviada a la empleadora el día 25 de marzo de 2024 a la casilla electrónica registrada por la recurrente en la Dirección del Trabajo, por lo que, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, la notificación se entendió practicada al tercer día hábil siguiente, esto es, el 28 de marzo de 2024.

Hace presente que, para efectos de que el sistema informático de multas informe a la Tesorería General de la República necesariamente debe ingresarse al mismo la fecha en que se produce la notificación de las respectivas multas, lo que ocurrió el 28 de marzo de 2024. Una vez que se cumplen los plazos legales que dispone el administrado para reclamar, judicial o administrativamente, respecto de dichas multas, el sistema automáticamente procede a cargarlas al sistema de cobro de Tesorería General de la República, vale decir, el sistema informático funciona sobre la base de datos objeticos que se ingresan al mismo, los que no varían mientras la administración no tenga notificas de situaciones que los modifiquen.

En la especie, señala que la Inspección Provincial del Trabajo de esta ciudad notificó la resolución de multas administrativa y no recepcionó el recurso administrativo de reconsideración que el recurrente indica haber remitido el día 19 de abril del año en curso, a través de correo electrónico a la casilla que indica. Por lo que, dicho servicio tomó conocimiento de tal situación sólo con la interposición del presente recurso, razón por la cual, solicitó al encargado de la administración de la casilla electrónica correo reservado, realizar la búsqueda exhaustiva en orden a verificar la efectividad de lo sostenido por la recurrente, obteniendo como resultado, previo levantamiento efectuado a dicha casilla electrónica, que no existe registro del ingreso de información de solicitud de reconsideración administrativa de multa. Misma conclusión arribada luego de que el Departamento de Tecnología de la Información de la Dirección del Trabajo de nivel central realizara gestiones urgentes en cuanto al levantamiento informático de la cuenta de propiedad de la recurrida.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme al principio de buena fe con la que dice actuar el servicio recurrido, y producto de la interposición del presente recurso de protección, afirma que las multas N°6117/24/4-1,2,3 y 4, fueron descargadas de los registros de Tesorería General de la República e igualmente se solicitó su eliminación del boletín laboral, situación que se mantendrá hasta que esta Corte resuelva lo que estime pertinente en relación al mecanismo recursivo impuesto por la empleadora y recurrente de autos.

Enseguida, alega ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en su actuar, toda vez que, no habría recepcionado el recurso de reconsideración administrativa, conforme lo señalado precedentemente. Asimismo, alega que su actuar se ha adecuado estrictamente a la normativa legal, aplicando justificadamente las multas derivadas del procedimiento iniciado al efecto y, que además, no existe discusión en orden a que las sanciones contenidas en la resolución de multa administrativa fueron notificadas, respetando lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo. Luego, según su relato de los hechos, el recurso administrativo aludido por la recurrente no fue recepcionado, reiterando el hecho de haber procedido a la descarga de las multas desde el registro de la Tesorería General de la República, solicitando igualmente su eliminación del boletín comercial.

TERCERO: Informó doña nombre reservado, en su calidad de Directora Regional Tesorera (S), de la Tesorería Regional de Antofagasta, al tenor de recurso de auto, instando por su rechazo.

En lo pertinente, esgrime que, más allá de que la recurrente manifiesta la existencia de un recurso de reconsideración administrativa por las multas impuestas ante la Inspección Provincial del Trabajo, no le corresponde a la Tesorería General de la República discutir o verificar aquellas sino el efectuar la cobranza judicial. Y, una vez dichas sanciones dinerarias se cargan por el mismo órgano fiscalizador en la cuenta única tributaria de la empresa recurrente, a la Tesorería General de la República en cumplimiento a lo ordenado por el DL 1263, antedicho, tiene a su haber la cobranza judicial o administrativa, con sus respectivos recargos legales, de las multas del sector público. Dicha ejecución se llevará a cabo de acuerdo a los procedimientos administrativos y judiciales que establece el Código Tributario. De consiguiente, independiente que existan o no recursos administrativos que pudiere hacer valer el infraccionado ante el mismo servicio que lo sancionó, en lo absoluto impide, el inicio de la cobranza coercitiva con la finalidad de obtener la solución íntegra de las multas aplicadas.

Destaca que, el recurso de protección no tiene por objeto impugnar una resolución judicial dictada dentro de un determinado proceso. Su objetivo preciso es poner en movimiento la jurisdicción, a fin de conocer una acción u omisión ilegal o arbitraria que importe una amenaza, perturbación o privación a uno de los derechos que el constituyente establece. Que, en la especie, en caso alguno, se está afectando al deudor y recurrente constitucional referente a su legítimo ejercicio de los derechos y garantías, porque estamos en presencia de un deudor que se encuentra en mora, y que el Servicio de Tesorerías, cumplimiento con el imperativo establecido en el Título V del Libro III del Código Tributario; el artículo 35 del DL N°1263/1975, Orgánica de la Administración Financiera del Estado; y el propio DFL N°1/1994, que fija el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, debe proceder a resguardar el interés fiscal por el no pago oportuno e íntegro de un tributo adeudado ejerciendo las facultades y acciones correspondientes por ser responsable de la cobranza y recaudación de impuestos. Razones todas por las que el presente recurso no puede prosperar.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, según se desprende del libelo recursivo, el negocio jurídico sometido a conocimiento y resolución de esta Corte, y que la recurrente tacha de ilegal y arbitrario consiste, en primer lugar, en la no resolución por parte de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, del recurso de reconsideración administrativo interpuesto por Hites S.A., con fecha 19 de abril del año en curso, mediante correo electrónico dirigido a la casilla correo reservado, en contra de la resolución de multa N°6117/24/4; y, en segundo lugar, de manera consecuencial, el cobro ejecutivo de dicha multa por parte de la Tesorería General de la República a través del procedimiento judicial compulsivo de cobro establecido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

A su turno, la Inspección Provincial del Trabajo recurrida, previo levantamiento de su casilla electrónica institucional, sostiene no haber recepcionado el recurso de reconsideración administrativa en los términos que sostiene la recurrente, sin perjuicio de haber procedido a la descarga de dichas multas desde la Tesorería General de la República, así como también, solicitó su eliminación del boletín laboral.

A su vez, la Tesorería General de la República, indicó únicamente corresponderle la cobranza judicial o administrativa de las multas del sector público, negando cualquier acto ilegal o arbitrario de su parte.

SÉPTIMO: En dicho orden de cosas, ante el reconocimiento de una y otra parte, corroborado con los antecedentes acompañados en autos, permiten dar por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que, efectivamente la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta curso a la recurrente una multa contenida en la resolución administrativa N°6117/24/4, de fecha 14 de febrero de 2024.

2.- Que, dicha resolución de multa fue notificada a través de correo electrónico de la recurrente, registrado ante la Dirección del Trabajo, el día 25 de marzo de 2024, 3.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, la notificación referida en el punto anterior se entendió practicada al tercer día hábil siguiente, esto es, el 28 de marzo de 2024.

4.- Que, al no existir antecedentes ante la Inspección del Trabajo recurrida, en orden a haberse interpuesto reclamo judicial o administrativo en contra de las multas de autos, una vez ejecutoriadas fueron traspasadas a la Tesorería General de la República para su cobro.

5.- Que, producto de la interposición del presente arbitrio constitucional, la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta procedió a descargar las multas desde la Tesorería General de la República, eliminando su fecha de ejecutoriedad, así como también, solicitó a Equifax la eliminación de la multa desde el boletín laboral. Ello, según da cuenta correo electrónico de fecha 02 de julio de 2024, a las 17:19 horas, entre las casillas electrónicas correo reservado, correo reservado y correo reservado.

6.- Que, según lo indicado por la Inspección Provincial del Trabajo de esta ciudad, el estado referido en el número anterior se mantendrá hasta que esta Corte resuelva el presente recurso.

OCTAVO: Claro lo anterior, y si bien es cierto, el supuesto fáctico en que funda la presente acción ha desaparecido momentáneamente producto del actuar de la recurrida conforme se indicara en la motivación anterior, dicha situación resulta transitoria, y se encuentra condicionada a la resolución de la presente controversia controversia, razón por la cual, resta determinar necesariamente la efectividad de que la parte recurrente haya interpuesto con fecha 19 de abril del año en curso, el respectivo recurso de reconsideración administrativa en contra de la multa N°6117/24/4, conforme lo sostenido en su presentación.

Para acreditar lo anterior, acompañó junto a su escrito del recurso, entre otros, una impresión de correo electrónico cuyo asunto indica “Presenta Solicitud de Reconsideración Administrativa Contra Multa 6117/24/4 N°01-02-03 y 04/HITES S.A., RUT RUT reservado/ IPT ANTOFAGASTA / DRT ANTOFAGASTA”. Dicho correo electrónico fue enviado desde la casilla electrónica correo reservado a la casilla electrónica correo reservado, con copia a otras casillas electrónicas cuyo dominio indica pertenecer a otras áreas de Hites S.A., con fecha 19 de abril de 2024, a las 14:13 horas, de cuyo contenido según el tenor literal indica “Junto con saludar, por medio del presente acto, el suscrito; Mauricio Javier Lavados Concha, C.I. N°RUT reservado, actuando en nombre de Hites S.A., RUT RUT reservado, viene a presentar recurso de reconsideración administrativo en contra de las multa N°01; 02; 03 y 04, de la resolución N°6117/24/4, cursadas a raíz de fiscalización N°369 llevada a cabo el 13-‘2-2’24 por la fiscalizadora; doña nombre reservado, en las dependencias de mi representada ubicadas en Almte J.J. Latorre N°2661, comuna y ciudad de Antofagasta.”. Asimismo, se desprende que para efectos de fundamentar sus alegaciones, adjuntó a dicho correo electrónico un total de 20 documentos.

Igualmente, la recurrente acompañó el documento denominado “SOLICITUD DE RECURSO ADMINISTRATIVO”, dónde se consigna como fecha de solicitud el día 19 de abril de 2024; Razón Social/Nombre: HITES S.A.; Nombre representante Legal: Mauricio Lavados Concha, quien lo suscribe con firma electrónica avanzada de igual fecha. Documento que contiene los fundamentos de la reconsideración respecto de la multa en cuestión.

NOVENO: Que atendido los antecedentes referidos, y más allá de que sólo se acompañó una impresión del correo electrónico que se dice haber enviado (fácilmente pudo rendirse el correo electrónico propiamente tal o una auditoria informática), en este caso se tendrá por acreditado que efectivamente Hites S.A. dedujo en tiempo y forma recurso de reconsideración administrativa en contra de la multa N°6117/24/4 cursada por la Inspección Provincial del Trabajo de esta ciudad, en base a dicho documento, atendido que, como se aclaró en la audiencia el Servicio está en período de transición a la tramitación electrónica, toda vez que existiendo un sistema de formulario para ingresar el reclamo en la página web, sigue aceptando reclamos vía correo electrónico, y otorgando fe al documento acompañado en virtud del principio de buena fe, entendiendo en base al mismo se acreditó la existencia del correo enviado (más allá de que se acreditó no fue recibido en el Servicio).

Establecido lo anterior, es un hecho cierto que no se le dio tramitación al reclamo (por causas no imputables al Servicio en todo caso toda vez que como se dijo se probó que el correo no fue recibido), ni mucho menos se resolvió aquel, omisión que atenta contra las garantías constitucionales que la parte recurrente alega conculcadas, especialmente aquellas referidas al debido proceso y el derecho a propiedad, esta última, protegida por esta vía constitucional, por cuanto de no existir un pronunciamiento del recurso en cuestión, la obliga al pago de una alta suma dineraria, sin ponderar previamente los antecedentes que eventualmente permitirían reconsiderarla. Razones que conducen necesariamente a acoger el presente recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo de la presente sentencia.

Contrario a lo que sucede con la Tesorería General de la República, cuyo actuar y tal como lo sostiene en su informe, se circunscribe únicamente al cobro judicial o administrativo de las multas cursadas por el sector público, a través del procedimiento establecido por el legislador al efecto y que se encuentra contenido en el Código Tributario, más no le empece la obligación de verificar si los recursos interpuestos en contra de las multas cursadas por los organismos públicos han sido resueltos o no. Razón por la cual el recurso interpuesto en su contra no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Mauricio Lavados Concha, abogado, en representación de HITES S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, sólo en cuanto, se le ordena admitir a tramitación el recurso de reconsideración administrativa impetrado por la recurrente en contra de la resolución administrativa de multa N°6117/24/4, en base a los antecedentes acompañados a esta acción constitucional, debiendo además, abstenerse de remitir nuevamente las multas impuestas a la Tesorería General de la República para su cobro, hasta que las mismas se encuentren firmes y ejecutoriadas.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1616-2024 (PROT)