Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL S

Antofagasta, a treinta de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de PABLO DANIEL PEÑALOZA PARRA, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción de Protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL S.A, representada por nombre reservado, Gerente General, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario ejecutado con fecha 29 de mayo de 2024, el cual rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, a fin de que se acoja la misma, adoptándose las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Informó la recurrida, instando por el rechazo de la acción.

Asimismo, remitió informe la Superintendencia de Pensiones, al tenor de lo solicitado.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda la acción en los siguientes hechos:

Refiere que doña nombre reservado con fecha 22 de mayo de 2024, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Luego, a través de correo electrónico, con fecha 29 de mayo de 2024, es informada del rechazo de su solicitud, indicando lo siguiente:

“Se rechaza la solicitud de devolución de fondos Folio Nº 217 respecto a SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA RYUT 61.606-200-K debido a lo siguiente:

1) No tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la ley Nº 18.156 el personal contratado por organismos públicos mediante un decreto de nombramiento sometidos a estatutos especialista y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el código del trabajo.

2) No fue posible validar la apostilla debido a que la pagina web de validaciones señaladas en el documento esta inoperativa…”.

Agrega que la recurrida desconoce la relación de servicio de la recurrente, exigiendo contrato de trabajo cuando la recurrente cuenta efectivamente con el decreto de nombramiento con el que se acredita una relación laboral, quien a pesar de ser organismo público, sigue tomando lugar como “Empleador”, actuando así la institución que se recurre de manera ilegal y arbitraria dando una mala interpretación de la ley que regula materia, precisando que la recurrente debido al área en el que presta sus servicios, no se rige por el código del trabajo.

Cita lo establecido por la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N° 7 de la misma norma:

“Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y;

Que el contrato de trabajo respectivo del trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Destaca que la recurrente solicita el retiro de sus fondos previsionales, debido a que se va definitivamente de Chile como se evidencia en boleto aéreo emitido por Latam Airlines, el cual acompaña, dando íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, lo cual se ve obstaculizado por el actuar de la recurrida, quien realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia.

Respecto a la validación de la apostilla de la documentación consignada, refiere que se evidencia la actuación ilegal y arbitraria del mismo ya que efectivamente al acceder a los documentos presentados y validar los mismos mediante el código QR que se adjunta a cada archivo, es posible observar la acreditación de la documentación en cuestión, no teniendo así un fundamento valido lo alegado por el recurrido.

Finalmente, señala que la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, no reconociendo el vínculo laboral de la recurrente.

Hace presente Jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, causa Rol Nº 28881-2022, que señala:

“…Que no debe constreñirse lo dispuesto en la Ley N° 18.156 únicamente a los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral, pues si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente, en circunstancias que dispone como única limitación la estipulada en el inciso final del artículo 1 de la Ley N° 18.156, sobre riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad profesionales previstos en la Ley N° 16.744. Adicionalmente, se ha sostenido que una interpretación como la planteada por la recurrida, supondría una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo a su finalidad y a la intención del legislador.”

Asimismo, cita fallo de esta Corte, ROL 247.104-2023, de fecha 27 de julio del 2023, el cual acogería la tesis que plantea, en un caso similar al de marras.

Se pronuncia en cuanto a la admisibilidad del recurso, el cual estaría dentro de plazo, y añade argumentos de derecho en relación al actuar que considera arbitrario e ilegal de parte de la recurrida, citando la Ley N° 18.153 ya referida, y lo pertinente en cuanto a las garantías constitucionales que considera agraviadas, esto es las consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva, que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que se estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informó CAMILA VALESKA JORQUERA PÉREZ, abogada, en representación de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A., solicitando el rechazo del recurso por las siguientes consideraciones:

En primer lugar, da cuenta de la acción planteada por la recurrente y sus fundamentos, para luego señalar que de a acuerdo a sus registros, doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, ha solicitado, ante su representada, devolución de cotizaciones previsionales, solicitud que se individualiza de la siguiente manera: Solicitud folio 217 de fecha 23/05/2024, respecto del empleador SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA., RUT RUT reservado.

Agrega que a dicha solicitud la afiliada acompañó copia de los siguientes documentos:

· Contrato de Trabajo de fecha 02 de noviembre de 2020 suscrito entre la afiliada recurrente y el SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, RUT RUT reservado.

· Anexo de contrato de fecha 02 de noviembre de 2020 suscrito entre la afiliada recurrente y el SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, RUT RUT reservado.

· Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales N° 004884.

· Título Profesional · Apostilla Nro. 00665376S, con código de validación N° 1644444742018 · Cédula de Identidad.

Sostiene que en virtud de los antecedentes acompañados por la afiliada recurrente, y considerados al momento de la revisión, en Carta de Rechazo de fecha 29/05/2024 dirigida a la afiliada, y notificada mediante correo electrónico, AFP Planvital S.A. informó el rechazo de la solicitud, en los términos que se indican en el libelo.

Da cuenta del procedimiento establecido en la Ley N° 18.156, para solicitar devolución de cotizaciones previsionales por parte de trabajadores extranjeros, los requisitos allí establecidos, y el rol de la Superintendencia de Pensiones como autoridad técnica de supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones, citando la siguiente normativa aplicable:

El artículo 2° del D.F.L. N°101, de 1980, que dispone que “La Superintendencia será la autoridad técnica de supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones, en adelante las Administradoras, y sus funciones comprenderán los órdenes financiero, actuarial, jurídico y administrativo”.

El artículo 3° del mismo cuerpo normativo señala que “Corresponderá a la Superintendencia las siguientes funciones: i) Interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras”.

A su vez, el artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, regula que “Corresponderá a esta Superintendencia, además de las atribuciones y obligaciones que esta ley establece, las siguientes funciones generales: 3. Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, las sociedades filiales a que se refiere el inciso duodécimo del artículo 23 y las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales, y dictar normas generales para su aplicación”.

Asimismo, el artículo 47 de la Ley N°20.255, dispone que: “La Superintendencia de Pensiones tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones: 1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, en el decreto con fuerza de ley N° 101, del mismo año, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en otras normas legales y reglamentarias vigentes. 7. Interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas. 8. Velar por que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República”.

Agrega que la Superintendencia de Pensiones, a través de su Compendio de Normas establece un procedimiento claro sobre esta materia, el cual dispone que los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la Ley N°18.156 deberán suscribir en la correspondiente Administradora de Fondos de Pensiones, un formulario denominado “Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156”, añadiendo que “para la suscripción de dicho formulario, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación que acredite que cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio. Y agrega que, la documentación que presente el afiliado será analizada por la Fiscalía de la Administradora, la que deberá aprobar o rechazar, según corresponda”.

En este punto refiere que los requisitos que deberá cumplir el solicitante para acceder a tal devolución, son los siguientes:

a) Que detenten la calidad de "técnicos", a lo menos, respecto a ello, indica que la recurrente no ha logrado acreditar su cumplimiento, pues se acompañó copia del Título Profesional de Médico Cirujano, que habría sido otorgado por la “Universidad de Los Andes” de la República Bolivariana de Venezuela, no siendo validar la apostilla adjunta Nro. 00665376S, con código de validación N° 1644444742018, lo que fue indicado en la Carta de Rechazo, señalando que la página web de validaciones no se encontraba operativa al momento de la revisión. Sin perjuicio de lo anterior, a la fecha del presente Informe se hizo una nueva revisión de los antecedentes, intentando validar nuevamente la apostilla en la página web oficial para dicho efecto, ¡la que al ingresar el código de validación señala “Alerta...! NO HAY NINGUN REGISTRO EN LA BASE DE DATOS”, como da cuenta la imagen que adjunta, no pudiendo, por tanto, dar por cumplido dicho requisito.

b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, condición que se considera cumplida en el caso de la recurrente.

c) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

En este aspecto destaca que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en el libro II, Título XI, número 6, se refiere a los casos en que no se aplican las disposiciones la ley en cuestión: “No tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N° 18.156 el personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo”.

Agregando que de la documentación acompañada por la actora en su solicitud, específicamente Contrato de trabajo, el mismo hace mención expresa en el punto SEGUNDO y TERCERO que se regirá por las normas de la ley 19.664 y al concepto de “carrera funcionaria”, de lo que se desprende que su vínculo laboral sería de aquellos referidos en el número 6 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones citado previamente, respecto de los que no procede la devolución de fondos en contexto de la Ley 18.156.

Al respecto, sostiene que su representada no puede desestimar esta situación, muy por el contrario, tiene el deber de someterse a la regulación y, por lo tanto, no acceder a la solicitud de devolución de cotizaciones previsionales de la recurrente, en virtud de que se encontraría en el supuesto contemplado expresamente en la normativa, para los cuales no procede la aplicación de la ley 18.156 respecto a la devolución de fondos.

Asimismo, señala que en OFICIO ORDINARIO N° 11737 de la Superintendencia de Pensiones, de fecha 01 de julio 2024, en lo pertinente señala respecto la aplicación de la Ley N°18.156 a funcionarios públicos que: “tratándose de un servicio de salud, organismo público, pudo tener la calidad de funcionaria pública, sea de planta o a contrata, afectos a estatutos especiales, ya que, de ser así, no opera la Ley 18.156, toda vez que solo rige para trabajadores del sector privado”.

De lo anterior, concluye que en este caso la afiliada recurrente no logró acreditar todos los requisitos que exige la Ley 18.156 para acceder a la solicitud de devolución de fondos previsionales. En consecuencia, su representada, dando cabal cumplimiento a la ley, y la normativa aplicable a esta materia, procedió a rechazar dicha solicitud, lo que fue comunicado a la recurrente en su oportunidad.

Añade que el rechazo de la solicitud ha sido consecuencia de un procedimiento aplicado de manera general a todos aquellos afiliados extranjeros que solicitan devolución de sus fondos en el contexto de la ley 18.156, por consiguiente, es resultado de un procedimiento razonado y justificado en la normativa vigente que regula la materia, no existiendo actuar arbitrario o ilegal de su representada.

Finalmente, indica que esta no sería la vía idónea para reclamar de lo resuelto por su representada, lo cual debe sujetarse a un procedimiento declarativo en el cual ambas partes tengan derecho a rendir las pruebas necesarias, debiendo el tribunal competente analizarlas y ponderarlas en el juicio jurisdiccional correspondiente.

Por todo lo anterior solicita el rechazo de la acción, con expresa condena en costas. A su vez, solicita, como medida para mejor resolver, se oficie a la Superintendencia de Pensiones, a fin de que evacúe informe, indicando si la recurrente cumple con los requisitos para acceder a su solicitud de devolución de fondos previsionales en conformidad a la ley N°18.156, y demás normas pertinentes en la materia.

TERCERO: Que se solicitó informe a la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, el cual fue evacuado en tiempo y forma, al tenor de lo solicitado, señalando lo siguiente:

Primero, da cuenta someramente de la acción deducida, luego reitera normativa aplicable, que ya había sido enunciada por la recurrida AFP Plan Vital, precisando artículos pertinentes de la Ley N° 18.156, como también lo preceptuado en el el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia.

Al respecto recalca que, el requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, es de carácter esencial y sólo se entiende cumplido cuando, en cada contrato individual de trabajo celebrado por el técnico extranjero con los distintos empleadores que le han enterado cotizaciones previsionales en una AFP, contiene, además de las estipulaciones obligatorias a que se refiere el artículo 10 del Código del Trabajo, una que exprese inequívocamente la voluntad del trabajador de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

Asimismo, indica que la sistemática jurisprudencia de dicho Servicio ha sostenido que la Ley N°18.156, es de excepción, por tanto, su interpretación debe ser efectuada de modo restrictivo, y en el caso del personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales, y no a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo, la citada Ley 18.156 no recibe respecto de dicho personal ninguna aplicación, puesto que se ha concluido que los contratos de trabajo a que se refiere la ley no pueden ser asimilados a un decreto o resolución de nombramiento, por lo tanto tratándose de profesionales que prestan servicios en organismos públicos, y que han sido contratados en el cargo mediante un decreto o resolución de nombramiento, no le son aplicables las disposiciones de la Ley N°18.156.

En cuanto a la situación puntal de la recurrente indica: Que si bien no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la señora nombre reservado, que permitan concluir que ésta cumple con las exigencias de la Ley N°18.156, es necesario que presente ante la Administradora toda la documentación que acredite que cumple con cada uno de los requisitos exigidos por la norma legal citada. En efecto, la recurrente no adjunta el contrato de trabajo, solo acompaña el anexo de contrato de trabajo, suscrito recién el 13 de marzo último, en el cual no consta que la recurrente haya expresado su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional de su país de origen como exige la normativa en cuestión.

Agrega que lo más relevante es que la señara nombre reservado prestó servicios para SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA; y no precisa a cuál régimen laboral estuvo afecta, pues tratándose de un servicio de salud, organismo público, pudo tener la calidad de funcionaria pública, sea de planta o a contrata, afectos a estatutos especiales, ya que, de ser así, no opera la Ley 18.156, toda vez que solo rige para trabajadores del sector privado. Además, la contratación de personas bajo las normas del Código del Trabajo en la Administración Pública es excepcionalísima, debiendo ser establecida por ley. Por ello es imprescindible la presentación del contrato de trabajo que según señala la actora, habría celebrado con su empleador.

Sostiene que, en esas condiciones, incumple los requisitos legales que regulan la devolución de fondos de pensiones a los técnicos extranjeros, por cuanto es imprescindible que los recurrentes presenten ante la Administradora todos los antecedentes que evidencien el cumplimiento de los requisitos legales que hacen procedente la devolución de los Fondos Previsionales a los técnicos extranjeros, principalmente, copia del contrato de trabajo.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que la recurrente dedujo esta acción cautelar en contra de AFP PLAN VITAL, por considerar arbitraria e ilegal la Resolución que rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, dictada fecha 29 de mayo de 2024, fundado en que ésta no cumpliría con los requisitos establecidos en la Ley que regula la materia, esto es la Ley N° 18.156, por cuanto de acuerdo a su contrato de trabajo, éste se regiría por la normas de la ley 19.664, como tampoco habría logrado acreditar su cualificación profesional, al no ser validada la apostilla del certificado acompañado.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, corresponde centrar el análisis respecto de la actuación de la recurrida en base al marco normativo aplicable, al efecto se deberá tener presente lo señalado en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, el cual señala:

“ARTICULO 1° Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

En este caso, de la revisión de los antecedentes acompañados por la recurrente, los mismos que habrían sido acompañados a la solicitud presentada ante la recurrida, conforme a lo señalado en su informe, es posible establecer que la recurrente se encontraba sujeta a contrato de trabajo, suscrito con fecha 02 de noviembre de 2020, entre la trabajadora extranjera recurrente y el SERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA, específicamente Hospital de Calama, RUT. RUT reservado, representada legalmente por su jefe de recursos humanos, respecto del cual se suscribió un anexo de contrato de trabajo en la misma fecha, en el que se consigna: PRIMERO: A través del presente anexo el trabajador declara y garantiza que es Profesional Universitario en su país de origen, conforme en lo establecido en el artículo 1° de la Ley 18.156 y en la circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones. A su vez se encuentra afiliado al régimen previsional de su país de origen, el que le otorga prestaciones, a lo menos, en los casos de enfermedad, invalidez, sobrevivencia, vejez y muerte.

Por lo que el trabajador expresa su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional de su país de origen, amparándose al artículo 7° de la Ley 18.156.”

Dicho anexo de contrato de trabajo se entiende formar parte integrante del mismo.

OCTAVO: Que en este escenario, no cabe sino concluir, que al momento en que la recurrente fue contratada por el Organismo Público, se manifestó la voluntad de la misma de acogerse a lo dispuesto por la Ley 18.156, lo cual fue avalado por el empleador.

Asimismo, en el contrato de trabajo no se señala -como indica la resolución recurrida- que la trabajadora se encuentre sujeta a “estatuto especialista”, sino que en el mismo sólo se hace mención a que la jornada Ordinaria de trabajo se sujetará a lo establecido en el artículo 01° de la Ley 19.664. Por lo cual, es posible concluir que sólo para dicho efecto se aplicaría normativa especial, más no para regir íntegramente la relación laboral.

NOVENO: Que en cuanto al cumplimiento del requisito relativo a la cualificación profesional de la actora, se tendrá en consideración que en el mismo contrato de trabajo se consigna que la trabajadora desempeñará la labor de médico, entendiéndose que el empleador tuvo a la vista y verificó el título profesional de la misma, atendida la naturaleza y relevancia de la labor a realizar, la cual repercute en la vida y salud de todos los pacientes que puedan requerir su atención profesional. Por lo anterior, se entiende cumplido este requisito.

DÉCIMO: Que habiendo sido acompañados por la actora, otros documentos relativos a su relación con el Servicio de Salud de Antofagasta, entre ellos Resolución Exenta RA N° 426/683/2021 “Designa a contrata”, de fecha 13 de marzo de 2021; el cual indica que la contratación es a contar del 03 de noviembre de 2020 (fecha de suscripción del contrato a que ya se ha hecho referencia; Resolución Exenta RA N° 426/428/2023 “Designa a contrata”, Resolución Exenta N° 5683/29-12-2023, materia “Prorroga de contrato Ley 19.664”, todos los cuales dan cuenta de la continuidad de funciones de la actora para con el Servicio de Salud de Antofagasta, ellos en nada obstan a entender que el origen de la misma es aquel contrato suscrito por las partes con fecha 03 de noviembre de 2020, relación que ha sido refrendada por las Resoluciones indicadas, y que dicen relación con actos jurídicos que dan sustento legal a la misma en base a la organización administrativa del Servicio empleador, pero que en ningún caso podrían afectar ahora a la trabajadora, quien al inicio de la relación laboral entendió que podía acogerse a la ya, tantas veces mencionada, Ley 18.153, más aún, si en ninguna de estas resoluciones exentas, se estableció lo contrario o se dejó sin efecto lo acordado en el contrato de trabajo en este punto.

UNDÉCIMO: Que habiendo dilucidado lo anterior, en relación al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo primero de la Ley 18.153, por parte de la recurrente, no cabe sino concluir que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario e ilegal, afectando las garantías constitucionales de la recurrida, realizando una interpretación de la normativa aplicable en desmedro de la actora.

A mayor abundamiento, se tendrá presente lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, en el sentido que, aun cuando se considerara que la recurrente no se encontraba sujeta a un contrato de trabajo, sino a otro tipo de relación con el Servicio de Salud de Antofagasta, en calidad de funcionaria pública, igualmente se podría aplicar la Ley 18.153, como ha quedado establecido en su fallo ROL 28.881-2022, entre otros que en el mismo se citan. Por lo cual se acogerá el recurso interpuesto, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

DUODÉCIMO: Que lo informado por la Superintendencia de Pensiones, en nada obsta a lo ya señalado, habiéndose limitado la misma a reiterar la normativa aplicable, afirmando desconocer si la recurrente cumplía o no con los requisitos para acoger la solicitud planteada, pues no tuvieron a la vista el contrato de trabajo de la actora.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido por PABLO DANIEL PEÑALOZA PARRA, abogado, a favor de doña nombre reservado,, en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLAN VITAL S.A., ordenándose a la recurrida hacer devolución de los fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a la Ley N° 18.156.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1603-2024 (PROT)

16