nombre reservado con nombre reservado

Antofagasta, a seis de marzo del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece nombre reservado, pertenecientes a la nombre reservado, en su condición de madrina de la Corporación de derecho privado sin fines de lucro “Cuerpo de Bomberos de nombre reservado”, y Beneficiaria del Servicio de Utilidad Pública que presta dicha Corporación en el territorio jurisdiccional de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, región de Antofagasta; nombre reservado, secretaria ejecutiva de la junta de vecinos El Carmen de la comuna de nombre reservado, en tal calidad y en el nombre propio y en el nombre de quienes se han señalado como beneficiarios, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, y; Christian Manuel Parra Toro, abogado, perteneciente a la etnia Lafkenche, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, Antofagasta, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Victos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; quien deduce recurso de protección en contra de nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado Aros y la Junta Nacional de Bomberos de Chile, por la decisión adoptada por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile consistente en el reemplazo total del Directorio General del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado y la designación de una administración provisoria, actuar que califican de ilegales y arbitrarios y que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 15 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informó al tenor del recurso la recurrida instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que fundan el recurso señalando en primer lugar que, la Corporación “Cuerpo de Bomberos de nombre reservado” es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, con personalidad jurídica vigente, constituida conforme al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que forma parte del Sistema Nacional de Bomberos regulado por la Ley N° 20.564, denominada Ley Marco de Bomberos de Chile. Señalan que dicha institución desarrolla su labor en un Área de Desarrollo Indígena Atacama La Grande, territorio reconocido por el Estado como espacio destinado a mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo cultural, social y económico de las comunidades indígenas, especialmente del pueblo Likanantay, con especial vinculación territorial, ancestral y cultural respecto del entorno en que se emplaza.

Indican que el Cuerpo de Bomberos de nombre reservado cumple funciones públicas relevantes, tales como la atención de emergencias, incendios y rescates, integrándose al Sistema Nacional de Bomberos, cuya estructura contempla Asamblea Nacional, Directorio Nacional, Consejo Ejecutivo y Consejos Regionales, y que la Junta Nacional de Bomberos de Chile actúa como ente coordinador y representante legal del sistema a nivel nacional, ejerciendo facultades de supervisión y administración de recursos públicos.

Sostienen que los recurridos habrían incurrido en actuaciones que alteran el normal funcionamiento y la autonomía de la corporación local, interfiriendo en su organización interna, adoptando decisiones que califican de arbitrarias y desproporcionadas, y afectando la integración armónica de sus miembros, lo que, a su entender, transgrede el derecho de asociación, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad respecto de los bienes y recursos de la corporación y el derecho a la vida e integridad física en cuanto tales actuaciones comprometerían el adecuado servicio de emergencia que se presta a la comunidad.

En términos concretos, los actos impugnados consisten en, primero, la decisión de la Junta Nacional de Bomberos de Chile de ordenar la intervención del “Cuerpo de Bomberos de nombre reservado” cuando aún se encontraba pendiente de conocimiento en la Corte Suprema el asunto vinculado al recurso Rol de la Corte de Apelaciones de Antofagasta N° 1930-25, intervención que se califica como ilegítima por estimarse que, conforme al espíritu de la Ley N° 20.564, la Junta Nacional no ostenta facultades de mando o dirección sobre los cuerpos de bomberos, sino únicamente funciones coordinadoras y de enlace, tratándose de entidades independientes entre sí y no subordinadas a aquella, y que dicha intervención derivó en un resultado particularmente gravoso, que los integrantes del directorio de una tercera corporación, el “Cuerpo de Bomberos de Calama”, pasaran a hacerse cargo de los destinos del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado, atribuyéndose la representación legal de esta última, lo que se describe derechamente como una usurpación de persona jurídica y una apropiación del corporativo sin participación ni aprobación de sus socios. En este marco, indican que el día 5 de enero de 2026, en una reunión citada por nombre reservado, a quien se identifica como recurrido, autodenominado superintendente y representante legal del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado, y simultáneamente presidente regional de Antofagasta de la Junta Nacional y representante del Cuerpo de Bomberos de Calama, se informó a la Asamblea General de socios del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado que él y los demás recurridos conformaban “legalmente” el directorio general de dicha corporación, exhibiendo para ello un certificado de directorio de personas jurídicas sin fines de lucro, de fecha 4 de enero de 2026, documento con el que se pretendió respaldar la titularidad directiva y representativa de la corporación intervenida; sin embargo, sostiene que ello es incompatible con la realidad corporativa, pues los socios y miembros de la corporación no han celebrado elección alguna, no han adoptado acuerdos de asamblea que habiliten ese reemplazo, y la instalación de ese supuesto directorio se habría realizado con total desconocimiento de la base asociativa, sin información previa, sin consentimiento y sin aprobación de la Asamblea General, configurando así una apropiación fraudulenta del control institucional y de la personalidad jurídica del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado.

A partir de esos hechos, afirma que la ilegalidad radica, por una parte, en que la Junta Nacional habría actuado fuera de competencia, ordenando una intervención que no le estaría permitida por el marco legal aplicable, y, por otra, en que los recurridos habrían consumado actos materiales y formales orientados a suplantar a los órganos legítimos del Cuerpo de Bomberos local y atribuirse la representación legal y la dirección institucional mediante documentación que se exhibe como soporte de una directiva impuesta, sin que exista la elección regular o el mandato orgánico emanado de los socios.

Agrega que este actuar sería arbitrario por carecer de justificación proporcional y razonable, por adoptarse en un contexto en que aún estaba pendiente un pronunciamiento de la Corte Suprema, y por producir un efecto de hecho en una organización asentada en un Área de Desarrollo Indígena, con mayoría de integrantes pertenecientes al pueblo Likanantay, afectando no solo su autonomía institucional sino también la identidad colectiva e individual de sus miembros, sosteniendo que la usurpación de la persona jurídica por personas que no serían socios ni miembros, que no tendrían calidad indígena y que no comprenderían la cosmovisión Likanantay, lo que vulnera gravemente la identidad, dignidad, autonomía y autoidentificación indígena, invocando, para ello, estándares internacionales de protección y, en especial, el Convenio 169 de la OIT, en cuanto exige respeto a la integridad de los pueblos indígenas y obliga a garantizar que gocen de derechos sin discriminación, alegando, además, que se consolida una situación de privilegio y exclusión en la adopción de decisiones que afectan directamente al colectivo indígena. Este mismo actuar lo vincula con las consecuencias operativas y comunitarias que los recurrentes estiman de máxima gravedad, afirmando que la intervención y apropiación ilegal de la persona jurídica habría deteriorado la capacidad de respuesta de Bomberos en nombre reservado, generando impactos territoriales y operativos, retrasos relevantes en tiempos de respuesta, especialmente en sectores rurales, turísticos y de difícil acceso, reducción efectiva de dotaciones por medidas adoptadas contra miembros, y afectación del sistema comunal de emergencia y su coordinación con Carabineros, SERNAPRED, servicios de salud y equipos municipales, todo lo cual, según plantea, compromete la vida, integridad física y seguridad colectiva de habitantes y visitantes, tratándose de una comuna de alta afluencia turística, configurando así que el acto u omisión impugnado no solo sería ilegal por falta de atribuciones y por suplantación de órganos, sino también arbitrario por su forma de ejecución, su impacto y la ausencia de legitimidad democrática interna dentro de la corporación intervenida.

Alega la adopción de medidas disciplinarias o administrativas respecto de integrantes del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado, que habrían sido adoptadas desde instancias nacionales o regionales sin respetar el ámbito de competencia estatutaria del cuerpo local.

Además de ejercer facultades de fiscalización o control de recursos públicos de una forma que los actores estiman excesiva o desproporcionada, configurando, a su juicio, una actuación que desborda las atribuciones que la Ley N° 20.564 confiere a la Junta Nacional.

Agregan que la intervención cuestionada desconocería además el carácter especial del territorio en que se emplaza la institución, el deber del Estado de promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, así como compromisos internacionales asumidos por Chile, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente en lo relativo al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, libertad de asociación y protección judicial.

Luego, hacen referencia a la constitución y funcionamiento de la corporación, su inserción dentro del sistema nacional, el marco normativo aplicable en materia de rendición y fiscalización de fondos públicos, incluyendo normas de la Ley N° 20.564, disposiciones sobre rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, reglas sobre donaciones y subvenciones, y normativa sobre regulación y fiscalización de seguros, para sostener que el actuar de los recurridos excedería las facultades que la ley les confiere, configurando una afectación ilegítima a la autonomía y funcionamiento de la entidad local.

En virtud de lo anterior, solicitan que se acoja la presente acción constitucional, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos fundamentales invocados, dejando sin efecto los actos que estiman ilegales y arbitrarios, y disponiendo las providencias que el tribunal estime conducentes para garantizar el funcionamiento regular y autónomo del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado, en armonía con el marco constitucional y legal vigente.

SEGUNDO: Que informan los recurridos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección.

En primer término, estiman necesario explicar la estructura orgánica del Sistema Nacional de Bomberos de Chile, con el objeto de entregar al tribunal un contexto adecuado para el análisis del conflicto planteado. Señalan que los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen corporaciones de derecho privado que forman parte del denominado Sistema Nacional de Bomberos, reconocido en la Ley N° 20.564. Estas entidades poseen personalidad jurídica y patrimonio propio, y desarrollan una función de utilidad pública vinculada a la atención de emergencias, razón por la cual su organización y funcionamiento se rigen por dicha ley, por sus estatutos y reglamentos internos y, supletoriamente, por las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil. En el país existen actualmente más de trescientos Cuerpos de Bomberos, integrados por voluntarios distribuidos en distintas compañías, cuya dirección recae en un Directorio General presidido por un Superintendente y compuesto por diversos oficiales elegidos democráticamente entre sus miembros, conforme a lo dispuesto en los respectivos estatutos institucionales.

Explican además que los Cuerpos de Bomberos, como personas jurídicas independientes, se encuentran asociados en la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, corporación de derecho privado reconocida mediante decreto del Ministerio de Justicia, cuya finalidad principal es coordinar la acción de los distintos cuerpos del país, servir de canal de comunicación con las autoridades públicas y velar por el adecuado funcionamiento institucional. Dicha Junta Nacional cuenta con diversas atribuciones, entre ellas ejercer labores de control y fiscalización respecto de sus miembros y adoptar medidas disciplinarias cuando se verifiquen incumplimientos graves de obligaciones legales o estatutarias que puedan afectar la seguridad de la población o la eficiencia del servicio bomberil. Asimismo, la organización institucional contempla Consejos Regionales y un Directorio Nacional, integrados por representantes elegidos por los propios cuerpos de bomberos, lo que refleja el carácter democrático, participativo y voluntario que históricamente ha caracterizado a esta institución.

Sobre esa base orgánica, sostienen que existe una confusión fundamental en la acción deducida, puesto que los hechos denunciados no corresponderían a actos arbitrarios o ilegales de los recurridos, sino que constituirían meros actos de ejecución de una resolución firme adoptada por el Tribunal de Apelación de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, dictada el 11 de noviembre de 2025 y ejecutoriada el 18 de noviembre del mismo año. En consecuencia, indican que las medidas adoptadas respecto del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado derivan directamente de dicha sentencia disciplinaria, la cual dispuso la intervención administrativa de la institución tras constatarse diversas irregularidades graves. Conforme a la doctrina del denominado “acto derivado”, propia del derecho constitucional chileno, no procedería el recurso de protección contra actos que constituyen la consecuencia necesaria de una decisión previa firme que no fue oportunamente impugnada. En tal sentido, argumentan que cualquier cuestionamiento a la ejecución de dicha sentencia resulta extemporáneo, dado que el plazo para impugnar la resolución disciplinaria ya había transcurrido al momento de interponerse el recurso.

En relación con el fondo del conflicto, sostienen que la intervención del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado se adoptó tras detectarse graves irregularidades administrativas y financieras en la gestión de sus autoridades anteriores. Entre ellas mencionan la existencia de deudas previsionales, irregularidades contables, adulteración de documentos, pagos a empresas vinculadas con integrantes del directorio, inexistencia de libros contables y uso indebido de subvenciones municipales destinadas a la mantención de carros bomba, lo que habría afectado gravemente la operatividad del servicio de emergencias en la comuna. Asimismo, señalan que se habrían constatado conductas contrarias a la disciplina institucional, tales como nepotismo, reincorporación de voluntarios previamente expulsados y falsificación de firmas o actas institucionales. Tales hechos habrían motivado la intervención disciplinaria de la Junta Nacional, incluso con la eventual presentación de acciones penales para investigar posibles delitos como malversación de fondos, falsificación de instrumentos y fraude al fisco.

Agregan que el procedimiento disciplinario que culminó con la intervención del cuerpo de bomberos se desarrolló respetando plenamente las garantías del debido proceso, otorgando a los involucrados la oportunidad de presentar descargos y recurrir de las resoluciones dictadas. De hecho, las sanciones impuestas fueron objeto de apelación ante el Tribunal Superior de Disciplina, el cual confirmó la medida, quedando firme la resolución que dispuso la suspensión del directorio del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado por un período de dos años y la designación de una administración provisoria encargada de conducir administrativa y operativamente la institución durante dicho lapso. Esta administración transitoria, según indica, quedó bajo la supervisión del Consejo Regional de Bomberos de Antofagasta, recomendándose que el Cuerpo de Bomberos de Calama asumiera temporalmente dichas funciones para garantizar la continuidad del servicio de emergencias en la zona.

Asimismo, alegan la existencia de litispendencia y abuso del derecho procesal, señalando que el recurso interpuesto reproduce argumentos que ya habrían sido conocidos por la Corte en causas anteriores vinculadas al mismo conflicto institucional. En su concepto, existiría identidad de partes y de objeto respecto de procesos previos, por lo que el recurso constituiría un intento de reiterar controversias ya planteadas judicialmente, utilizando de manera improcedente la acción de protección como mecanismo para eludir los efectos de decisiones anteriores.

Por otra parte, sostienen que los recurridos carecen de legitimación pasiva respecto de uno de los hechos denunciados por los actores, referido a la inscripción de personería en el Registro Civil. Explican que dicha inscripción constituye un acto administrativo realizado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, por lo que, en caso de estimarse ilegal, la acción debió dirigirse contra dicho organismo estatal y no contra las personas naturales que simplemente fueron designadas para ejercer funciones administrativas transitorias en cumplimiento de la resolución disciplinaria.

Finalmente, el informe aborda los argumentos de los recurrentes relativos a los derechos de los pueblos indígenas y al Convenio N°169 de la OIT. Los recurridos sostienen que tales normas no resultan aplicables al caso, por cuanto el Cuerpo de Bomberos de nombre reservado constituye una corporación de derecho privado destinada a prestar un servicio de utilidad pública, regida por la Ley N°20.564 y el Código Civil, y no una institución propia de un pueblo indígena. En consecuencia, estiman que la intervención disciplinaria no constituye una medida susceptible de afectar directamente derechos colectivos indígenas que requiera consulta previa. Añaden que aceptar la tesis de los recurrentes implicaría establecer privilegios incompatibles con el principio de igualdad ante la ley, pues permitiría sostener que determinados voluntarios quedarían exentos del régimen disciplinario de la institución en razón de su origen étnico, lo que además pondría en riesgo la coordinación nacional del sistema de emergencias.

Concluyen señalando que el recurso de protección carece de fundamento jurídico, pues los actos cuestionados corresponden a la ejecución de una resolución disciplinaria firme adoptada conforme a los estatutos de la institución y tras un procedimiento regular. Por lo mismo, solicitan que se rechace íntegramente el recurso de protección, declarando además su extemporaneidad y condenando en costas a los recurrentes por estimar que han actuado sin fundamento suficiente.

TERCERO: Que informa Josefa Amanda Meneses Trujillo, abogada, en representación de la Junta Nacional De Cuerpos De Bomberos De Chile, nombre reservado, Presidente Nacional, y nombre reservado, Presidente regional de Antofagasta, solicitando su íntegro rechazo con costas.

En primer término, desarrolla la orgánica del Sistema Nacional de Bomberos de Chile, señalando que tanto los Cuerpos de Bomberos como la Junta Nacional son corporaciones de derecho privado, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, reconocidas en el artículo 1° de la Ley N° 20.564, y calificadas como servicios de utilidad pública por la naturaleza de sus funciones. Explica que en el país existen 314 Cuerpos de Bomberos, integrados por más de 57.000 voluntarios, organizados jerárquicamente bajo estatutos propios, con directorios generales encabezados por un Superintendente, y sometidos a normas estatutarias obligatorias conforme al Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

Indica que la Junta Nacional, reconocida por Decreto N° 815 de 1985, cumple funciones de coordinación, fiscalización y control, pudiendo sancionar el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones legales, estatutarias o administrativas de los Cuerpos de Bomberos, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de sus Estatutos. Asimismo, detalla que los Cuerpos y la Junta están sujetos a múltiples controles externos, Ministerio de Justicia, Subsecretaría del Interior y Contraloría General de la República, así como a controles internos, rendiciones de cuentas y auditorías externas obligatorias, especialmente respecto del uso de recursos públicos.

En cuanto a los antecedentes específicos del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado, señala que, a solicitud del Consejo Regional de Antofagasta, se practicó una auditoría correspondiente a los años 2021 a 2024, constatándose graves irregularidades administrativas y financieras, entre ellas inexistencia de respaldos en rendiciones municipales, contratación reiterada de voluntarios, emisión irregular de facturas por parte del Tesorero General, ausencia de documentación fidedigna, contratación prohibida de voluntarios en contravención a circulares institucionales y pago excesivo de horas extraordinarias sin control adecuado. Consigna expresamente que dichas irregularidades involucrarían aproximadamente $80.000.000 provenientes de subvenciones municipales.

A raíz de estos hallazgos, expone que el Tribunal de Disciplina de la Junta Nacional calificó la situación como una crisis institucional grave y generalizada, que afectaba la seguridad de la población, la eficiencia del servicio y la imagen institucional, resolviendo con fecha 3 de octubre de 2025 el reemplazo total del Directorio General del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado por un plazo de dos años, designando una Administración Provisoria e instruyendo auditoría integral. Dicha decisión fue notificada, apelada por miembros del Directorio y posteriormente confirmada en todas sus partes por el Tribunal de Apelación el 11 de noviembre de 2025, quedando firme y ejecutoriada.

Enfatiza que este proceso disciplinario fue objeto de revisión en la causa Rol 2106-2025 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, la cual validó la competencia de los órganos disciplinarios, descartó la existencia de comisión especial, reconoció sustento estatutario expreso para la medida de reemplazo total de autoridades y consideró acreditada la existencia de una crisis estructural grave. Asimismo, citan fallos concordantes de otras Cortes de Apelaciones, particularmente Chillán y Concepción, que han reconocido la legalidad y competencia del Tribunal de Disciplina de la Junta Nacional.

Respecto de los recurrentes, sostiene que de las 15 personas individualizadas solo dos suscribieron efectivamente ante notario el recurso, y únicamente una acredita calidad indígena. Además, señala que ninguno de los firmantes es actualmente bombero voluntario del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado, y que uno de los individualizados actúa simultáneamente como recurrente y abogado patrocinante, encontrándose registrado como bombero en otra comuna.

En cuanto a los actos recurridos, se sistematizan las imputaciones formuladas por los actores, consistentes en supuesta usurpación de personalidad jurídica, designación fraudulenta de directorio, intervención sin facultades legales, disposición irregular de bienes y vulneración de autonomía indígena. Frente a ello, sostiene que la medida adoptada no constituye apropiación de la personalidad jurídica, sino una sanción estatutaria expresamente contemplada en el artículo 53 letra b) de los Estatutos, consistente en el reemplazo temporal de autoridades ante incumplimientos graves.

En relación con el debido proceso, argumenta que existió doble instancia interna, que la sentencia final del Tribunal de Apelación constituyó acto terminal autónomo y que la propia Superintendenta manifestó su voluntad de acatar la resolución disciplinaria. Descarta la existencia de comisión especial prohibida por el artículo 19 N° 3 de la Constitución.

En cuanto a la alegada vulneración de autonomía indígena, sostiene que no se encuentra acreditado que el Cuerpo de Bomberos constituya una organización diferenciada mayoritariamente indígena, que los recurrentes no acreditan representación colectiva válida y que, en todo caso, los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT no eximen del cumplimiento de estándares de probidad, rendición de cuentas y legalidad aplicables a toda entidad que administra recursos públicos y presta un servicio de utilidad pública. Agrega que la jurisprudencia constitucional ha señalado que la calidad de pueblo indígena no confiere potestades públicas sustitutivas de órganos legalmente constituidos.

Finalmente, respecto de la carta del alcalde de nombre reservado, indica que constituye una apreciación personal sin respaldo probatorio verificable, suscrita con anterioridad a la asunción efectiva de la nueva administración, y que no permite atribuir a la intervención un eventual deterioro operativo.

En conclusión, sostiene que los hechos que motivaron la intervención no son controvertidos en cuanto a la existencia de una crisis administrativa y financiera grave; que la controversia se limita a la competencia de la Junta Nacional, la cual ya ha sido reconocida judicialmente; que el procedimiento disciplinario se ajustó a derecho; y que la medida adoptada resulta razonable y proporcional frente al colapso institucional acreditado.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que los recurrentes impugnan, en síntesis, la decisión adoptada por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile consistente en el reemplazo total del Directorio General del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado y la designación de una administración provisoria, medida que califican como intervención ilegítima, usurpación de personalidad jurídica y apropiación del control corporativo, estimando vulneradas las garantías del artículo 19 N° 1, 2, 15, y 24 de la Constitución, así como estándares derivados del Convenio 169 de la OIT y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

SÉPTIMO: Que, los recurridos alegan la extemporaneidad del recurso de protección, sosteniendo que los actos denunciados constituirían la ejecución de una resolución disciplinaria firme dictada por el Tribunal de Apelación de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile con fecha 11 de noviembre de 2025, la que habría quedado ejecutoriada el 18 de noviembre del mismo año, por lo que el plazo de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección se encontraría vencido al momento de interponerse la presente acción.

Sin embargo, de los antecedentes expuestos en el libelo y de los documentos acompañados se advierte que los recurrentes dirigen su impugnación no únicamente contra la resolución disciplinaria que dispuso el reemplazo del directorio, sino principalmente contra los actos posteriores de ejecución de dicha decisión, particularmente la instalación de una administración provisoria y la presentación ante la Asamblea General de un supuesto nuevo directorio con fecha 5 de enero de 2026, circunstancias que, según afirman, habrían materializado la intervención cuestionada.

En tales condiciones, y considerando que el plazo para deducir el recurso de protección debe computarse desde que el afectado ha tenido conocimiento cierto del acto que estima ilegal o arbitrario o desde que este produce efectos actuales en la esfera de sus derechos, aparece que la acción fue interpuesta dentro del término previsto en el referido Auto Acordado, motivo por el cual la alegación de extemporaneidad será desestimada, sin perjuicio de lo que se resolverá respecto del fondo de la controversia.

OCTAVO: Que, como cuestión previa, los recurridos han alegado la improcedencia del arbitrio por estimar que los actos denunciados constituyen meras actuaciones de ejecución de una resolución disciplinaria firme adoptada por el Tribunal de Apelación de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile con fecha 11 de noviembre de 2025, la cual dispuso la intervención administrativa del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado, suspendiendo a su directorio por un período de dos años y designando una administración provisoria. Sostienen que dicha resolución no fue oportunamente impugnada y que, en consecuencia, los actos posteriores no serían sino la ejecución necesaria de aquella decisión, configurándose lo que la jurisprudencia ha denominado “acto derivado”.

NOVENO: Que de los antecedentes allegados al proceso aparece que la medida cuestionada tiene su origen en un procedimiento disciplinario interno desarrollado conforme a los estatutos de la institución, en el cual se investigaron diversas irregularidades administrativas y financieras detectadas en la gestión del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado, procedimiento que culminó con la dictación de la resolución antes mencionada, confirmada posteriormente por el Tribunal de Apelación de la Junta Nacional y que, según lo informado, adquirió carácter firme y ejecutoriado. Asimismo, consta que las actuaciones posteriores, consistentes en la designación de una administración provisoria y la adopción de medidas administrativas orientadas a asegurar el funcionamiento institucional, se realizaron en cumplimiento de dicha decisión disciplinaria.

DÉCIMO: Que, en tal contexto, la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema ha señalado que el recurso de protección no constituye una instancia destinada a revisar la legalidad o mérito de resoluciones firmes dictadas en procedimientos regulares, ni procede respecto de actos que constituyen una consecuencia necesaria de decisiones anteriores que no fueron oportunamente impugnadas, pues ello importaría desnaturalizar el carácter cautelar de esta acción constitucional. De este modo, cuando el acto recurrido corresponde a la ejecución de una resolución previa que se encuentra firme, la acción cautelar deviene improcedente al carecer de autonomía jurídica el acto que se pretende impugnar.

DÉCIMO PRIMERO: Que, por otra parte, los recurrentes sostienen que la Junta Nacional de Bomberos habría actuado fuera del ámbito de sus competencias al ordenar la intervención del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado, afirmando que dicha entidad solo poseería funciones de coordinación y enlace. Sin embargo, del análisis de la Ley N°20.564, de los estatutos de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y de los antecedentes acompañados al proceso, se desprende que dicha institución cuenta con facultades de coordinación, supervisión y control respecto de los cuerpos asociados, especialmente cuando se verifican incumplimientos graves de obligaciones legales o estatutarias que puedan comprometer el adecuado funcionamiento del servicio bomberil o la correcta administración de recursos públicos. En tal sentido, la adopción de medidas disciplinarias destinadas a restablecer el funcionamiento institucional de un cuerpo de bomberos aparece como una facultad prevista dentro del marco normativo que regula el Sistema Nacional de Bomberos.

La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores ha sostenido reiteradamente que las asociaciones y corporaciones se rigen por sus estatutos, los cuales constituyen ley para sus miembros, y que los órganos disciplinarios creados conforme a ellos no constituyen comisiones especiales prohibidas por el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, en la medida que actúen dentro de sus atribuciones.

En el caso de autos, consta que la medida de reemplazo total de autoridades se encuentra expresamente prevista en el estatuto aplicable y fue adoptada por el órgano disciplinario competente, con revisión en segunda instancia interna, sin que se advierta un actuar fuera del marco normativo que rige a la institución.

DUODÉCIMO: Que tampoco se configura la alegada “usurpación de personalidad jurídica”, toda vez que la medida cuestionada no importa la creación de una nueva persona jurídica ni la apropiación de la existente, sino el reemplazo temporal de sus autoridades directivas, manteniéndose incólume la personalidad jurídica del Cuerpo de Bomberos de nombre reservado. La discrepancia de los recurrentes se dirige, en realidad, contra el mérito y fundamento de la decisión disciplinaria adoptada, cuestión que excede el ámbito cautelar del recurso de protección.

DÉCIMO TERCERO: Que, asimismo, los recurrentes invocan la vulneración de derechos vinculados a la identidad cultural indígena y al Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo, argumentando que la intervención de la institución afectaría la autonomía de una comunidad integrada mayoritariamente por personas pertenecientes al pueblo Likanantay. No obstante, de los antecedentes del proceso no aparece acreditado que el Cuerpo de Bomberos de nombre reservado constituya una organización indígena en los términos contemplados en el citado convenio, ni que la medida disciplinaria adoptada tenga por objeto regular o afectar directamente el ejercicio de derechos colectivos de un pueblo indígena, tratándose más bien de la aplicación de normas estatutarias propias de una corporación de derecho privado destinada a prestar un servicio de utilidad pública.

DÉCIMO CUARTO: Que en cuanto a la alegación relativa a la existencia de un proceso pendiente ante la Corte Suprema al momento de disponerse la medida, no se ha acreditado que existiera orden de no innovar vigente que impidiera la ejecución de la resolución disciplinaria ni que esta hubiese sido suspendida por resolución judicial, de modo que no puede sostenerse que la recurrida haya actuado en contravención a una orden jurisdiccional.

DÉCIMO QUINTO: Que respecto de la vulneración del derecho de asociación consagrado en el artículo 19 N° 15 de la Constitución, la jurisprudencia ha establecido que dicha garantía protege la libertad de asociarse y de organizarse conforme a estatutos propios, pero no excluye la aplicación de mecanismos disciplinarios internos previstos en esos mismos estatutos cuando se verifican incumplimientos graves. En consecuencia, no se advierte que la medida adoptada suprima o impida el ejercicio del derecho de asociación, sino que constituye una consecuencia estatutaria derivada de un procedimiento interno.

DÉCIMO SEXTO: Que en relación con la garantía del artículo 19 N° 24, los recurrentes no han individualizado un acto específico de privación o afectación directa del dominio sobre bienes determinados, limitándose a sostener una afectación genérica a la administración de recursos, cuestión que no configura por sí sola una perturbación actual del derecho de propiedad en los términos exigidos por la acción constitucional.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en cuanto a la alegada afectación a la igualdad ante la ley y a la identidad indígena, cabe señalar que no se ha acreditado que el Cuerpo de Bomberos de nombre reservado constituya formalmente una organización indígena en los términos previstos en la Ley N° 19.253 ni que la medida disciplinaria haya tenido como fundamento un criterio étnico o discriminatorio. El Convenio 169 de la OIT impone al Estado el deber de respeto y protección de los pueblos indígenas, pero no los exime del cumplimiento de las normas generales que rigen a las personas jurídicas que administran recursos públicos y prestan servicios de utilidad pública.

En consecuencia, no se advierte una actuación basada en discriminación arbitraria ni una afectación específica a derechos colectivos indígenas en los términos invocados.

DÉCIMO OCTAVO: Que en cuanto a la alegada afectación a la vida e integridad física derivada de un eventual deterioro en la prestación del servicio, los antecedentes acompañados no permiten establecer un nexo causal directo entre la medida disciplinaria adoptada y una amenaza actual y concreta a tales garantías, tratándose más bien de apreciaciones hipotéticas o eventuales cuya determinación exige una discusión probatoria que excede el carácter sumario de esta acción.

DÉCIMO NOVENO: Que, finalmente, la acción de protección no constituye una instancia de revisión integral de procedimientos disciplinarios internos ni un medio idóneo para resolver controversias complejas relativas a la interpretación de estatutos corporativos o a la eventual responsabilidad administrativa en el manejo de recursos públicos, materias que cuentan con vías ordinarias de impugnación y control.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso deducido por nombre reservado, nombre reservado, y Christian Manuel Parra Toro, abogado, en representación de los integrantes y beneficiarios de la Corporación de Derecho Privado sin Fines de Lucro “Cuerpo de Bomberos de nombre reservado”, en contra de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, y otros.

Se regulan en un (1) ingreso mínimo mensual incrementado, las costas personales causadas en esta instancia.

Regístrese y comuníquese.

Rol 160–2026 (Protección)