nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Antofagasta, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

La comparecencia de Jorge Manuel Lena Salgado, abogado, en representación de nombre reservado, chileno, empleado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana, representada por nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en realizar descuentos en su remuneración en virtud de créditos, cuyo cobro se habría intentado mediante la vía judicial, solicitando que se ordene que las recurridas cesen de inmediato los descuentos remuneracionales y todo descuento futuro, ya sea por sí o a través de terceros; el reintegro total y efectivo de los montos indebidamente retenidos y los que eventualmente se practiquen durante la secuela del proceso; o en subsidio, lo que se estime pertinente para el restablecimiento del derecho; con costas.

Informaron las recurridas, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se funda en la existencia de un actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, consistente en la realización de descuentos de su remuneración a través de planillas de créditos, cuyo cobro se habría iniciado previamente, en virtud de un procedimiento ejecutivo.

Durante el año 2013 solicitó un crédito a la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, cuyo crédito se pactó en 24 cuotas mensuales, constituyéndose en mora del pago de las cuotas a partir del 28 de febrero de 2015, habiéndose hecho exigible 19 cuotas.

En ese entendido, la recurrida Caja de Compensación los Andes ejerció acciones tendientes a cobrar el crédito lo que consta en causa ROL C-3783-2016 del 1° Juzgado de Letras en lo Civil de Calama, interpuesta por la recurrida con fecha 26 de diciembre de 2016, causa en la cual el recurrente ha presentado excepción de prescripción, sin embargo la recurrida decidió forzar de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, privando al recurrente su derecho de propiedad sobre parte de su remuneración laboral.

No obstante que Caja los Andes ya había decantado en el cobro del crédito por la vía judicial, a través de un cobro inter caja, a partir del mes de junio y hasta octubre del año 2021, la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, comenzó a efectuar descuentos a través de las remuneraciones del recurrente por un monto total de $747.161.- En las liquidaciones de sueldo correspondiente a los meses de enero a junio del año 2022 se evidencia un descuento bajo la nomenclatura “descuentos legales” por un monto total de $767.460. Es por este medio, que se entera de estos descuentos por una obligación contraída el año 2013, y que más de 8 años después pretende ser cobrada extrajudicialmente por la recurrida a través de descuentos ilegales.

En consecuencia, la conducta desplegada por las Cajas de Compensación recurridas, en virtud de la cual, practicaron descuentos ilegales en la remuneraciones del actor por un monto total de $1.514.621, es caprichosa e injustificada, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política, por lo que solicita se ordene que las recurridas cesen los descuentos remuneracionales y todo descuento futuro, ya sea por sí o a través de terceros; el reintegro total y efectivo de los montos indebidamente retenidos y los que eventualmente se practiquen durante la secuela del proceso, con costas.

SEGUNDO: Que informó el abogado Matías Amigo García, en representación de la recurrida, Caja de Compensación Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, con fecha 13 de agosto de 2014, otorgó al Señor nombre reservado la operación de crédito código 040208690-4, por un capital de $1.017.751.- a una tasa de 2.28%, pagadero en un plazo de 24 meses, con una cuota de $56.152.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de septiembre de 2014. La mora se produce en las cuotas del mes de junio de 2015 a agosto de 2016 (10 a 24), con una deuda vigente de $1.453.476.-, cuyo monto se compone de deuda nominal, más los intereses penales, exceptuando las costas judiciales.

En el mismo sentido, otorgó con fecha 21 de marzo de 2014, al recurrente la operación de crédito código RUT reservado, por un capital de $3.544.043, una tasa de 2.56%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota de $154.050.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de abril de 2014. La mora se produce en las cuotas del mes de mayo de 2015 a marzo de 2017 (12 a 36), con una deuda vigente de $6.089.240.-, cuyo monto se compone de la deuda nominal, más los intereses penales, exceptuando las costas judiciales.

En consecuencia, señala que en la especie se está frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no han sido declaradas prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Por lo tanto, la recurrente no tiene un derecho indubitado y se trata de un asunto que debe ser discutido y declarado en sede judicial, en un juicio de lato conocimiento.

Por lo indicado, estima que no existiría vulneración a la garantía alegada, al no existir un acto arbitrario e ilegal.

No obstante lo anterior, refiere haberse dispuesto el cese definitivo de los cobros del crédito, excluyéndose de toda nómina al recurrente de autos, y asimismo que dispondrá la restitución de los cobros efectuados a partir de la reanudación del cobro del crédito producida en el mes de enero del 2022, disponiendo la devolución de toda suma retenida en el intertanto.

TERCERO: Que informó del recurso Yasna Vukic Z., abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana, solicitando el completo rechazo de la acción constitucional.

Da cuenta de que en los registros de la Caja de compensación que representa, no existe constancia de haberse entregado algún crédito al actor, o que exista morosidad con algún crédito relacionado con aquella institución, sino que, la Caja de compensación que representa, actuando como mandataria de la Caja de compensación los Andes, informó al empleador del recurrente la existencia de una deuda con esa institución, solicitando el respectivo descuento, en virtud del proyecto intercajas de Cajas de compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G.

En ese sentido, los descuentos realizados al actor, y que han sido enviadas a su institución, solo corresponden al periodo que abarca desde el 12 de julio del 2021 hasta 11 de noviembre del año recién pasado, no existiendo descuento alguno correspondiente al año 2022.

En ese sentido explica que los descuentos que se efectúan por medio del Sistema InterCajas, no sólo son validados por la jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario N°67989 de 13 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Seguridad Social, sino además por la Dirección del Trabajo conforme Dictamen N°4527/093 del año 2011, e incluso por la Excelentísima Corte Suprema que en los considerandos 3°,4° y 5°, de sentencia dictada el 21 de abril 2016 Rol N°15032-2016, sino que además, encuentran su sustento en lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 18.833, y la facultad contenida en el artículo 58 del Código del Trabajo, razón por la cual, su actuar se ha sujetado a la normativa vigente en la materia, no pudiendo aducirse a su respecto, actuación ilegal alguna.

En consecuencia, al no existir vulneración a la garantía Constitucional invocada, ni actuación ilegal o arbitraria, al haber obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia, teniendo además en consideración la calidad jurídica en que ha obrado es de mandataria de Los Andes C.C.AF., la que constituye su acreedor, solicita, rechazar el recurso de protección interpuesto en contra de la C.C.A.F. La Araucana.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que en la especie, la recurrente dirige su acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, consistente en efectuar descuentos improcedentes en su remuneración provenientes de créditos sociales cuya acción de cobro se encontraría prescrita.

SEPTIMO: Que es un hecho no controvertido que la recurrida efectuó descuentos de la remuneración del actor, con posterioridad a haber ejercido la acción ejecutiva, la que se habría impetrado 26 de diciembre del 2016 y actualmente estaría archivada desde el mes de octubre del 2019. Ello, a raíz de una obligación existente entre las partes, en virtud de un crédito otorgado por la Caja de compensación los Andes al actor en el año 2014, y cuyo cobro se estaría realizando por la vía administrativa a través de la Caja de Compensación la Araucana, actuando como mandataria de ésta.

OCTAVO: Que, se desprende de los antecedentes que en la especie se cobra una obligación de dinero por dos préstamos otorgados por la Caja de Compensación los Andes, por la suma de $1.017.751 y $3.544.043, ambos del año 2014. No obstante, se dejó de pagar a partir de la cuota con vencimiento en febrero del 2015 y noviembre del 2014, respectivamente, sin que se incorporara por la recurrida ningún antecedente sobre el cobro compulsivo del crédito o la existencia de una acción declarativa o inclusive pagos parciales con posterioridad a la acción ejecutiva en la que se hizo exigible la totalidad del crédito.

NOVENO: Que de esta forma, es menester señalar que conforme la legislación actual, a las Cajas de Compensación se les faculta, como forma de obtener el pago de los créditos sociales que otorgan, la procedencia de la retención de parte de la remuneración del trabajador, por lo que no se observa la ilegalidad alegada por el actor, en este punto.

DÉCIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, en este caso no resulta procedente hacer el cobro de las cuotas del crédito mediante descuentos a través de la remuneración del trabajador, ya que habiéndose exigido de forma completa la deuda en la fecha señalada precedentemente, mediante una acción ejecutiva, no fue continuada por desidia de la recurrida. Ello, ya que habiendo transcurrido más de cinco años desde la notificación de la acción, tampoco se efectuaron gestiones posteriores tendientes al cumplimiento compulsivo de la obligación, por vía judicial o administrativa.

Por lo tanto, efectuar un cobro mediante una herramienta administrativa –aunque esta se encuentre establecida legalmente– habiendo transcurrido varios años desde que la persona deudora se constituyó en mora, resulta arbitrario y antojadizo, considerando la falta de oportunidad del cobro.

De este mismo modo, el acto desplegado por la recurrida Caja de Compensación los Andes, y quien efectúo los cobros en calidad de mandataria, esto es, la Caja de Compensación la Araucana, puede ser calificado como arbitrario, puesto que priva al actor de su derecho de propiedad sobre parte de su remuneración, mediante un cobro administrativo de una deuda cuyo cobro compulsivo ya se habría intentado mediante la vía judicial, con anterioridad a los descuentos que sustentan el presente recurso, por lo que se acogerá la acción constitucional incoada.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido por Jorge Lena Salgado en representación de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes, y la Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana, y en consecuencia se ordena a las recurridas abstenerse en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del recurrente, y la restitución del dinero descontado, debidamente reajustados, dentro de décimo día de ejecutoriada esta sentencia.

Regístrese y comuníquese Rol 15.961-2022 (PROT).