nombre reservado con CKAPAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA

Antofagasta, a doce de agosto del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Mauricio Rivas Barraza, abogado, en representación de la Comunidad Indígena nombre reservado, representada legalmente por su Presidente nombre reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Dirección De Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio De Obras Públicas, Región de Antofagasta; en contra de la Comisión Nacional Del Riego, dependiente del Ministerio De Agricultura; en contra de la Asociación De Regantes Y Agricultores De San Pedro De Atacama, representada legalmente por su presidente nombre reservado; y, en contra de la empresa ejecutora Ckapar Ingeniería Y Construcciones Limitada, representada legalmente por nombre reservado, por estimar ilegal y arbitraria la decisión de ejecutar el denominado “Proyecto de Entubamiento Canal Matriz San Pedro KM 3200 - KM 3734,22”, código 24-2025-02-001, emplazado en territorio que la recurrente señala corresponder al área de ocupación ancestral del Ayllu de Quitor, sin haberse realizado previamente un proceso de consulta indígena ni proporcionado a la comunidad la totalidad de los antecedentes técnicos relativos a las obras, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 N° 2, 8, y 24 de la Constitución Política de la República.

Informan las recurridas instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su acción señalando que, el “Proyecto de Entubamiento Canal Matriz San Pedro KM 3200 - KM 3734,22”, contempla el entubamiento de una sección del Canal Matriz San Pedro y que su ejecución material fue encomendada a la empresa recurrida Ckapar Ingeniería y Construcciones Limitada.

Refiere que el 10 de enero de 2026 la Asamblea de la Comunidad recibió a nombre reservado, en representación de ARASPA, oportunidad en que se habría entregado información que califica de incompleta y deficiente respecto de los alcances del proyecto, razón por la cual la asamblea solicitó la totalidad de la documentación técnica para su revisión, sin que, a la fecha de interposición del recurso, dicho requerimiento hubiese sido respondido. Añade que en esa oportunidad se plantearon inquietudes respecto del manejo y desagüe de las aguas lluvias provenientes del sector Chulacao y de una quebrada que atraviesa predios de comuneros y desemboca en el canal matriz, atendido que tales canales, además de destinarse al regadío, serían utilizados tradicionalmente para el desagüe de aguas lluvias, sin que se hubiere proporcionado una respuesta técnica sobre esta materia.

Señala, asimismo, que el representante de ARASPA habría reconocido la posibilidad de que las obras afectaran las redes de agua potable de la Cooperativa de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama, CAPRA, circunstancia que tampoco habría sido aclarada.

Indica que, ante el inicio de las faenas previsto para el 22 de junio de 2026, la comunidad presentó ese mismo día ante la Dirección de Obras Hidráulicas una carta de reclamo y solicitud de paralización de las obras, ingresada mediante el Sistema Integral de Gestión de Solicitudes del Ministerio de Obras Públicas bajo el código AM001W0224390, siendo informada el 23 de junio siguiente que la presentación había sido derivada por competencia a la Comisión Nacional del Riego, organismo que, según sostiene, no había emitido respuesta a la fecha de presentación de esta acción.

Agrega que el mismo 22 de junio remitió un correo electrónico a ARASPA manifestando formalmente su oposición al inicio de las obras y requiriendo la realización de una consulta indígena previa y que, pese a ello, el 27 de junio de 2026 el presidente de dicha asociación habría comunicado presencialmente a representantes de la comunidad que los trabajos se ejecutarían de todas formas.

Sostiene que tales actuaciones y omisiones configuran una conducta ilegal y arbitraria, por cuanto se habría prescindido totalmente de un proceso de consulta indígena previa, libre e informada en los términos del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo, pese a tratarse, a su juicio, de una medida administrativa susceptible de afectar directamente a la Comunidad Indígena nombre reservado; se habría omitido entregar información técnica completa y oportuna solicitada por la comunidad; y la ejecución del proyecto produciría afectaciones territoriales, culturales, ambientales y de seguridad para los habitantes del Ayllu.

Explica que la Comunidad Indígena nombre reservado forma parte del pueblo Lickanantay y afirma que sus integrantes y antepasados han ocupado ancestralmente dicho territorio, cuya ocupación habría sido reconocida por organismos estatales, entre ellos CONADI y el Ministerio de Bienes Nacionales, particularmente a través del estudio DATURA de 1998, encontrándose además el territorio del Ayllu de Quitor comprendido dentro del Área de Desarrollo Indígena Atacama La Grande.

Hace presente que el Canal Matriz San Pedro no constituiría únicamente infraestructura destinada al regadío, sino que sería soporte material de diversas prácticas culturales e identitarias de la comunidad, entre ellas la denominada “limpia de canales”, efectuada comunitariamente para su mantenimiento; el lavado ritual de las ropas de miembros fallecidos de la comunidad; y la utilización de sus aguas en la preparación de alimentos y bebidas de carácter ceremonial, como la patasca y la aloja, prácticas que, según afirma, se verían impedidas o afectadas por el reemplazo del canal abierto por una conducción entubada.

Añade que el proyecto generaría consecuencias ambientales derivadas de la eliminación del curso superficial de agua, afectando los bebederos utilizados por animales domésticos y ganado, así como la flora y fauna que dependería de las filtraciones y del microecosistema asociado al canal abierto, junto con existir, a su entender, riesgos de inundación o daños aluvionales ante la falta de una solución técnica conocida para la evacuación de aguas lluvias y un eventual riesgo para el suministro de agua potable administrado por CAPRA.

En cuanto al derecho, funda la acción principalmente en los artículos 6 y 7 del Convenio N°169 de la OIT, sosteniendo que la ejecución del proyecto constituye una medida administrativa susceptible de afectar directamente a la comunidad y que, por consiguiente, debía ser sometida previamente a consulta mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas. Afirma que la reunión de 10 de enero de 2026 no satisface dicho estándar, por cuanto habría sido realizada por un representante de ARASPA y no por la autoridad pública competente, habiéndose proporcionado información incompleta, sin responder posteriormente los requerimientos de antecedentes técnicos formulados por la comunidad.

Estima que lo anterior vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, relativa a la igualdad ante la ley, por haberse desconocido el régimen especial de protección reconocido a los pueblos indígenas; en el artículo 19 N°8, relativo al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, atendidos los efectos que atribuye al entubamiento sobre el hábitat, los recursos hídricos, la flora, fauna y prácticas culturales de la comunidad; y en el artículo 19 N°24, respecto del derecho de propiedad en sus diversas especies, al sostener que la comunidad posee derechos colectivos de uso, administración y conservación sobre su territorio ancestral y sobre el recurso hídrico asociado al Canal Matriz San Pedro, invocando al efecto las disposiciones de la Ley N°19.253 y del Convenio N°169 de la OIT.

Concluye solicitando se declare ilegal y arbitrario el acto impugnado y se ordene la paralización inmediata e íntegra de las obras y faenas correspondientes al proyecto dentro del área de influencia del Ayllu de Quitor; que los recurridos se abstengan de iniciar, continuar o retomar faenas mientras no se cumplan las exigencias que reclama; que la Dirección de Obras Hidráulicas dé inicio a un proceso formal de consulta indígena previa, libre e informada antes de retomar o relicitar las obras; que se entregue a la comunidad la totalidad de la documentación técnica del proyecto, incluidos los estudios ambientales, diseños de ingeniería y antecedentes relativos a seguridad hídrica; y que se adopten las demás medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informó Luis Negroni Robles, abogado, por la parte recurrida Comisión Nacional de Riego, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción, señalando que la propia Comunidad reconoce haber tomado conocimiento del proyecto en una reunión celebrada el 10 de enero de 2026, oportunidad en que un representante de la Asociación de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama expuso sus alcances y la asamblea solicitó la documentación técnica pertinente, en tanto el recurso sólo fue deducido el 6 de julio de 2026, una vez transcurrido ampliamente el plazo de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Alega, además, la improcedencia de esta vía cautelar por ausencia de derechos preexistentes e indubitados, sosteniendo que los antecedentes aportados no permiten establecer ni singularizar el territorio que abarcaría el Ayllu de Quitor ni determinar la existencia de derechos de la Comunidad sobre los terrenos que afirma afectados, conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley N°19.253, de modo que la controversia relativa al dominio, posesión, administración, explotación, uso o goce de tierras indígenas requiere un procedimiento declarativo de lato conocimiento, particularmente aquel previsto en el artículo 56 del citado cuerpo legal, y no puede ser resuelta mediante una acción cautelar de urgencia.

Por las mismas razones controvierte la legitimación activa de la recurrente, al estimar que no se encuentra acreditado el derecho que ésta invoca respecto del territorio presuntamente afectado.

En cuanto al fondo, explica que la Comisión Nacional de Riego administra la Ley N°18.450 sobre Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, instrumento mediante el cual, a través de concursos públicos, se bonifica parcialmente la inversión realizada por particulares en obras de riego, correspondiéndole determinar las bases, efectuar los llamados, recibir y revisar antecedentes, admitir y seleccionar proyectos, adjudicar las bonificaciones e inspeccionar y recepcionar las obras bonificadas.

Precisa que la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama postuló el proyecto código N°24-2025-02-001, denominado “Entubamiento de Canal Matriz San Pedro km 3,200 - 3,734”, al concurso N°24-2025, cuyas bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N°7155, de 9 de septiembre de 2025, y modificadas por Resolución Exenta N°9408, de 27 de noviembre del mismo año, modificación que únicamente alteró el monto de los recursos disponibles.

Agrega que, efectuada la revisión de admisibilidad y la evaluación técnica y jurídica del proyecto, se verificó el cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley N°18.450, su Reglamento y las bases concursales, por lo que mediante Resolución Exenta N°2050, de 28 de mayo de 2026, éste fue incluido entre los proyectos adjudicados, emitiéndose el 1 de junio de 2026 el Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje N°45846.

Destaca que dicha adjudicación no transforma el proyecto en una obra pública, pues se trata de infraestructura de titularidad privada, promovida, diseñada y ejecutada por particulares, limitándose la intervención de la Comisión a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos y, una vez construida y recepcionada la obra y acreditada la inversión, proceder al pago de la bonificación, circunstancia que a la fecha del informe no había ocurrido. En consecuencia, sostiene que la Comisión carece de atribuciones para ordenar, ejecutar, dirigir o paralizar materialmente las faenas, correspondiendo su ejecución exclusivamente a la beneficiaria privada.

Respecto de la presentación que la Comunidad afirma haber efectuado el 22 de junio de 2026 ante el Ministerio de Obras Públicas, bajo código SIAC N°AM001W0224390, supuestamente derivada a la Comisión al día siguiente, señala que, revisados sus sistemas de gestión documental y oficina de partes, no existe constancia de ingreso o recepción de tal solicitud, por lo que no puede imputársele silencio u omisión respecto de un requerimiento que nunca ingresó formalmente al servicio.

En relación con la consulta indígena reclamada, afirma que su realización no resultaba jurídicamente exigible respecto de la adjudicación de la bonificación, toda vez que, conforme al artículo 7 del Decreto N°66 del Ministerio de Desarrollo Social, dicho deber se refiere a medidas administrativas cuya naturaleza no reglada permita a la Administración ejercer un margen de discrecionalidad destinado a alcanzar acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, mientras que la selección y adjudicación de proyectos conforme a la Ley N°18.450 constituye un procedimiento estrictamente reglado, basado en criterios, fórmulas objetivas y un orden de prelación determinado por el puntaje obtenido, sin que la Comisión disponga de facultades para negociar, modificar o alterar discrecionalmente sus resultados.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, descarta una vulneración de la igualdad ante la ley, indicando que la Comunidad tenía conocimiento del proyecto, lo que además constaría en el documento denominado “Socialización nombre reservado”, de 15 de enero de 2026, y que la controversia planteada exige previamente determinar derechos territoriales que no se encuentran acreditados. Respecto del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sostiene que no se explica concretamente de qué manera la actuación de la Comisión habría producido su afectación y que tampoco se ha acreditado el territorio indígena sobre el cual recaerían los eventuales impactos; añade que el control ambiental y la exigencia de permisos sectoriales no constituyen materias sometidas a una evaluación discrecional de la CNR y que, atendidas las características, dimensiones y emplazamiento del proyecto, la normativa vigente no exige su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ni la obtención de un permiso sectorial específico, razón por la cual no existía obligación de requerir tales antecedentes en la etapa de admisibilidad.

Finalmente, respecto del derecho de propiedad, reitera que la Comunidad no ha acreditado un derecho preexistente e indubitado sobre los terrenos involucrados, pues los antecedentes acompañados no permiten determinar el territorio que abarcaría el Ayllu de Quitor ni establecer los presupuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley N°19.253, cuestión que, a su juicio, debe discutirse mediante el procedimiento especial establecido en el artículo 56 de esa ley.

Sostiene que su actuación se ha ajustado estrictamente al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y en el artículo 2 de la Ley N°18.575, pues se limitó a examinar el proyecto y verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas y jurídicas contempladas en la Ley N°18.450 y su Reglamento, dentro de un procedimiento administrativo reglado.

Añade que el recurso tampoco identifica con precisión un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a la Comisión, toda vez que, si se considera como tal el inicio material de las faenas, éste constituye un hecho ejecutado exclusivamente por particulares y no un acto administrativo de dicho organismo, que no ordena el comienzo de las obras ni ejerce su dirección material, limitándose el beneficiario a comunicar su inicio conforme al artículo 21 del Reglamento de la Ley N°18.450.

TERCERO: Que informa nombre reservado, Director Nacional (S) de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, solicitando el rechazo del presente recurso de protección.

Expone que, con fecha 22 de junio de 2026, ingresó al Sistema Integral de Atención Ciudadana del Ministerio de Obras Públicas una presentación efectuada por nombre reservado, presidente de la Comunidad Indígena nombre reservado, relativa al “Proyecto de Entubamiento Canal Matriz San Pedro KM 3200 - KM 3734,22”, la que, luego de revisados sus antecedentes por la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Antofagasta, fue derivada el 23 de junio siguiente a la Comisión Nacional de Riego, por estimar que correspondía a una iniciativa de inversión y seguridad de riego vinculada a fondos concursables administrados por dicho organismo, circunstancia que fue comunicada al interesado en esa misma fecha.

Afirma que esa derivación constituye la única intervención que ha tenido la Dirección de Obras Hidráulicas en los hechos materia del recurso, pues no consta que sea titular, mandante, unidad técnica, organismo ejecutor o entidad financiadora del proyecto, ni que haya adoptado decisiones relativas a su diseño, financiamiento, ejecución, desarrollo técnico, consulta indígena o eventual paralización, de manera que tampoco habría dictado acto administrativo alguno susceptible de ser impugnado mediante esta acción cautelar.

Precisa que la Dirección no resolvió ejecutar el proyecto, no adjudicó obras relacionadas con éste y tampoco rechazó la presentación de la comunidad, limitándose a remitirla al organismo que aparecía competente para conocerla.

En cuanto al marco normativo, explica que las atribuciones de la Dirección de Obras Hidráulicas se encuentran reguladas principalmente por el Decreto con Fuerza de Ley N°850 del Ministerio de Obras Públicas, cuyo artículo 17 le asigna funciones vinculadas al estudio, proyección, construcción, reparación y explotación de obras de riego ejecutadas con fondos fiscales, además de otras materias de infraestructura hídrica, y por la Ley N°19.525 respecto de la red primaria de evacuación y drenaje de aguas lluvias, materias que, sostiene, no corresponden al proyecto de autos.

Agrega que las obras de riego ejecutadas con financiamiento estatal se someten al régimen del Decreto con Fuerza de Ley N°1.123, que contempla un procedimiento específico que comprende, entre otras actuaciones, la elaboración de anteproyectos, convocatoria a interesados, recepción de observaciones, aceptación de los beneficiarios, elaboración de proyectos definitivos y organización de los respectivos usuarios, sin que exista antecedente que permita establecer que la iniciativa cuestionada haya sido desarrollada conforme a dicho régimen.

Sostiene que los antecedentes disponibles permiten identificarla como una iniciativa vinculada a los instrumentos de fomento a la inversión privada en obras de riego regulados por la Ley N°18.450 y administrados por la Comisión Nacional de Riego, normativa que establece un sistema de bonificación estatal destinado al financiamiento de estudios, construcción, rehabilitación y mejoramiento de obras privadas de riego o drenaje y que configura un régimen jurídico diverso de aquel aplicable a las obras públicas ejecutadas directamente por la Dirección de Obras Hidráulicas.

Añade que el propio recurso reconoce que la única actuación efectivamente realizada por dicho Servicio fue recibir la presentación ingresada bajo el código SIAC AM001W0224390 y derivarla a la Comisión Nacional de Riego el 23 de junio de 2026, sin individualizar resolución, contrato, licitación, ejecución de obras o decisión técnica emanada de la Dirección respecto de la iniciativa cuestionada.

Hace presente, además, que, revisados los registros institucionales del Ministerio de Obras Públicas, Ckapar Ingeniería y Construcciones Limitada, RUT N°RUT reservado, no registra inscripción vigente en el Registro de Contratistas y Consultores del Ministerio, según consta en el Ordinario N°37, de 30 de julio de 2026, antecedente que estima concordante con la falta de intervención del Servicio en la ejecución del proyecto.

Concluye que la recurrente habría atribuido erróneamente competencia a la Dirección de Obras Hidráulicas por la sola circunstancia de tratarse de una obra relacionada con un canal de riego, pese a que el ordenamiento jurídico contempla distintos regímenes institucionales para la ejecución, financiamiento y administración de esta clase de iniciativas, y que, al no existir actuación material o jurídica de su parte respecto del diseño, financiamiento, adjudicación, ejecución o administración del proyecto, no concurre acción u omisión ilegal o arbitraria susceptible de afectar las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual solicita el rechazo íntegro del recurso de protección deducido en su contra, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que informa Diego Ogass Cáceres, abogado, en representación de la Asociación Atacameña De Regantes Y Agricultores De San Pedro De Atacama, solicitando el rechazo íntegro del presente recurso con expresa condena en costas.

Expone que la Asociación, ARASPA, es una asociación indígena constituida conforme a la Ley N°19.253, con personalidad jurídica vigente desde el 24 de mayo de 1995 e inscrita en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas de CONADI, constituyendo, según afirma, la expresión organizativa contemporánea del sistema ancestral de gestión comunitaria de las aguas del río San Pedro por parte del pueblo Lickanantay.

Señala que su existencia material antecede a su formalización jurídica, remontándose a la antigua Junta Central de Regadío de San Pedro de Atacama y al sistema tradicional de distribución de las aguas por ayllus y grupos de regantes, cuya estructura se habría mantenido en el tiempo.

Agrega que la elección de la forma asociativa indígena respondió a la decisión de los propios regantes de preservar el carácter comunitario de las aguas frente al régimen de derechos individuales establecido por el Código de Aguas, manteniéndose la administración y distribución del recurso conforme a sus prácticas tradicionales.

Indica que ARASPA se encuentra integrada formalmente por 449 socios indígenas atacameños y que, considerando a los demás propietarios agrícolas que participan en la distribución de las aguas, el universo alcanza aproximadamente a 1.180 integrantes, organizados hidráulicamente en Grupos de Regantes. Precisa que, conforme al artículo 24 de sus Estatutos, los canales Capia, Silo y Morro Blanco, correspondientes al Ayllu de Quitor, se encuentran sometidos a la jurisdicción del Grupo Uno, de manera que los regantes de dicho ayllu forman parte del sistema administrado por la recurrida, sin que la Comunidad recurrente pueda ser considerada, a su juicio, un tercero ajeno a éste. Añade que la Asociación administra los turnos de riego, la conservación y limpieza de los canales y la resolución interna de controversias, existiendo un régimen estatutario conforme al cual las diferencias se conocen inicialmente en cada Grupo de Regantes y pueden posteriormente ser conocidas por el Directorio de la Asociación, que actúa como árbitro arbitrador.

En cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas, sostiene que es titular, conjuntamente con la nombre reservado de Río Grande, de un derecho de aprovechamiento consuntivo, permanente y continuo sobre 870 litros por segundo de aguas superficiales y corrientes del río San Pedro, inscrito a fojas 46 número 45 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de la Provincia de El Loa correspondiente al año 1999, inscripción que se encontraría vigente.

Explica que dicho título tuvo su origen en la sentencia de 1 de junio de 1999 pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras de Calama, en causa Rol N° 4.057-96, mediante la cual se regularizó un aprovechamiento ancestral de las aguas, cuya utilización continua, pública, pacífica e ininterrumpida habría sido acreditada mediante informes de la Dirección General de Aguas, CONADI y del Instituto de Investigaciones Arqueológicas R.P. Gustavo Le Paige de la Universidad Católica del Norte, antecedentes que daban cuenta de ocupaciones indígenas vinculadas al sistema hídrico desde aproximadamente 4.000 años antes de Cristo.

Sostiene que la inscripción no constituyó un derecho nuevo, sino que reconoció formalmente un aprovechamiento ancestral preexistente, manteniendo su carácter comunitario e indiviso. En contraste, afirma que la Comunidad recurrente no invoca ni acompaña título de aprovechamiento alguno sobre las aguas del río San Pedro, pues el acceso de los comuneros de Quitor al recurso deriva precisamente de su condición de regantes integrantes del Grupo Uno del sistema administrado por ARASPA.

Respecto del Canal Matriz San Pedro, señala que se trata de un cauce artificial y de dominio privado conforme al artículo 36 del Código de Aguas, y sostiene que pertenece a ARASPA atendida su calidad de titular de los derechos de aprovechamiento que por él se conducen, la presunción prevista en el artículo 202 del mismo cuerpo legal, la posesión y administración ancestral de la infraestructura y las facultades que sus Estatutos le confieren para construir, explotar, conservar y mejorar las obras necesarias para el aprovechamiento común de las aguas.

Añade que la recurrente tampoco invoca título de dominio sobre dicha infraestructura y que, además, el tramo específicamente intervenido no conduce las aguas destinadas al Grupo Uno, pues los regantes del Ayllu de Quitor reciben un caudal de 78 litros por segundo a través de sus propios canales matrices Capia, Silo y Morro Blanco.

En cuanto al uso del canal matriz para la evacuación de aguas lluvia provenientes del sector Chulacao y de los predios de comuneros de Quitor, sostiene que, aun cuando dicho uso existiera tradicionalmente, no generaría un derecho oponible a la Asociación, toda vez que los artículos 54 y 55 del Código de Aguas califican el aprovechamiento de derrames y drenajes por terceros como actos de mera tolerancia que no confieren posesión ni sirven de fundamento a la prescripción, exigiéndose un título para constituir derechos, gravámenes o servidumbres sobre ellos.

En relación con la obra impugnada, explica que corresponde al proyecto denominado “Entubamiento Canal Matriz San Pedro, KM 3+200 al KM 3+734,22”, consistente en el mejoramiento de aproximadamente 502,56 metros lineales de infraestructura preexistente, mediante la sustitución del revestimiento deteriorado de mampostería y hormigón por tuberías de polietileno de alta densidad instaladas sobre el mismo eje del canal.

Sostiene que no se modifica el trazado, no se construye un nuevo cauce, no se ocupa superficie adicional ni se altera el emplazamiento de la infraestructura, existiendo incluso un tramo previamente entubado que permanece sin intervención.

Afirma que el proyecto tampoco modifica el régimen hídrico, puesto que el caudal al inicio y término del tramo se mantiene en 824,83 litros por segundo, se reponen las obras de entrega a los usuarios conservando las cotas originales y el beneficio hídrico derivado de la reducción de pérdidas por filtración equivale a 2,94 hectáreas. Precisa que las pérdidas actuales fueron estimadas en 6,40 litros por segundo, equivalentes al 0,78% del caudal de operación, y que las 1.311,17 hectáreas mencionadas en los antecedentes técnicos corresponden a la superficie máxima regable del sistema completo y no a superficie intervenida o incorporada por el proyecto. Añade que el diámetro de las tuberías fue sobredimensionado y se contemplaron cámaras de inspección precisamente para permitir la limpieza interna de la conducción, por lo que, a su entender, la obra tampoco impediría la continuidad de las prácticas de mantención del sistema.

Señala que ARASPA es la titular y mandante del proyecto, correspondiendo su ejecución material a un contratista privado y su supervisión a un supervisor privado designado por la propia Asociación.

Indica que la iniciativa fue postulada al Concurso Público N° 24-2025 de la Ley N° 18.450, denominado “Segundo concurso de riego para el norte grande”, dentro de la línea destinada a comunidades y asociaciones indígenas, siendo adjudicada mediante Resolución Exenta N° 02050, de 28 de mayo de 2026, de la Comisión Nacional de Riego, con el primer orden de prioridad y el puntaje máximo de 800 puntos, obteniendo una bonificación de 7.283,71 unidades de fomento, para un proyecto cuyo costo total asciende a $302.739.044, equivalentes a 7.667,06 unidades de fomento.

Destaca que la Comisión Nacional de Riego actúa únicamente como administradora del instrumento de fomento y otorgante de la bonificación, mientras que la Dirección de Obras Hidráulicas no tendría participación alguna como mandante, ejecutora, financista o supervisora del proyecto. Añade que en el listado de usuarios presentado con la postulación figuran individualizados 92 regantes del Ayllu de Quitor y que la obra forma parte de un programa de mejoramiento de distintos canales del valle, habiéndose presentado al mismo concurso otros cuatro proyectos correspondientes a diversos ayllus.

En cuanto a la consulta indígena, sostiene que el deber previsto en el artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT y regulado por el Decreto Supremo N° 66 de 2013 recae sobre los órganos de la Administración del Estado cuando proyectan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, y no sobre las propias organizaciones indígenas.

En consecuencia, afirma que ARASPA carece de legitimación pasiva respecto de la omisión que se le atribuye, pues no constituye un órgano estatal ni posee potestades para iniciar o desarrollar un procedimiento administrativo de consulta. Agrega que la Asociación constituye una institución representativa del pueblo Lickanantay en materia hídrica y que el proyecto corresponde a una decisión adoptada por los propios regantes sobre infraestructura y aguas que administra la organización, constituyendo, según sostiene, una manifestación del derecho de los pueblos indígenas a decidir sus prioridades de desarrollo reconocido por el artículo 7 del Convenio N° 169.

Afirma asimismo que la participación de los regantes del Ayllu de Quitor se encuentra institucionalmente garantizada mediante su pertenencia al Grupo Uno, por lo que lo pretendido por la recurrente no sería obtener una participación de la cual carezca, sino el reconocimiento de una facultad decisoria exclusiva sobre el tramo del canal emplazado en su territorio. Añade que el 10 de enero de 2026 ARASPA, acompañada de la empresa consultora, habría concurrido a una Asamblea de la nombre reservado para exponer el programa de entubamiento, sus alcances, beneficios y plazos, controvirtiendo que en dicha oportunidad su presidente hubiese reconocido una eventual afectación a las redes de agua potable rural.

Alega, en primer término, falta de legitimación pasiva, por cuanto el deber de consulta corresponde a órganos estatales y las prestaciones solicitadas por la recurrente no podrían ser cumplidas por ARASPA. En segundo lugar, sostiene la inexistencia de un derecho preexistente e indubitado de la recurrente respecto de las aguas, del canal matriz o del uso de éste para evacuación de aguas lluvia, materias que, por el contrario, serían controvertidas y requerirían declaración y prueba. En tercer término, niega la existencia de acto u omisión arbitraria o ilegal, señalando que la Asociación actuó sobre infraestructura que afirma de su dominio, para mejorar la conducción de aguas respecto de las cuales posee título inscrito, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias que le corresponden y mediante un proyecto adjudicado regularmente en un concurso público.

Hace presente, asimismo, que existieron vías específicas que la recurrente no utilizó, tanto en sede administrativa, pues el resultado preliminar del concurso fue publicado el 16 de abril de 2026 y existió un procedimiento de reclamación en el que se dedujeron siete impugnaciones, como dentro del propio sistema de riego, cuyos Estatutos contemplan mecanismos internos de resolución de controversias. Añade que quien comparece por la recurrente integraría la directiva del Grupo Uno, por lo que dicha instancia le habría sido directamente accesible.

Plantea, además, la extemporaneidad de la acción, señalando que, aunque la recurrente computa el plazo desde el inicio material de las faenas ocurrido el 22 de junio de 2026, el acto que se cuestiona sería propiamente la aprobación y financiamiento del proyecto sin consulta previa, cuyo resultado preliminar fue publicado el 16 de abril de 2026 y cuya adjudicación definitiva se produjo mediante resolución de 28 de mayo del mismo año, de manera que, contado desde tales actuaciones públicas, el término de treinta días para recurrir se encontraría vencido.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, niega vulneración del derecho de propiedad, señalando que el derecho inscrito sobre las aguas corresponde a ARASPA conjuntamente con la nombre reservado de Río Grande; descarta afectación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, atendido que el proyecto mantiene el caudal y la distribución de las aguas, no incorpora nuevas superficies de riego y se limita al mejoramiento de infraestructura existente; y rechaza infracción a la igualdad ante la ley, pues afirma que los regantes de Quitor poseen los mismos derechos y obligaciones que los restantes integrantes del sistema y que las mejoras proyectadas no se encuentran dirigidas exclusivamente a dicho ayllu.

Afirma que varias de las cuestiones planteadas por la recurrente exceden la naturaleza cautelar del recurso de protección, pues determinar la existencia y extensión de usos consuetudinarios sobre la infraestructura, el alcance territorial de la ocupación ancestral, la magnitud de una eventual afectación y las consecuencias de la obra respecto de prácticas culturales exigiría un procedimiento de lato conocimiento y rendición de prueba, incluso pericial y aquella relativa a la costumbre indígena prevista en el artículo 54 de la Ley N° 19.253.

Concluye, reiterando el rechazo íntegro del recurso respecto de ARASPA, con costas, declarando que no ha incurrido en acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas.

QUINTO: Que informa nombre reservado y nombre reservado, ambos actuando en representación de Ckapar Ingeniería Y Construcciones Limitada, solicitando el integro rechazo del recurso de protección con costas.

Expone que el 10 de enero de 2026 ARASPA y la empresa consultora expusieron ante la asamblea de la nombre reservado el proyecto de entubamiento, sus alcances, beneficios y plazos, circunstancia documentada mediante el antecedente denominado “Socialización nombre reservado”, de 15 de enero del mismo año, agrega que el recurrente reconoce que en dicha oportunidad la comunidad tomó conocimiento del proyecto, solicitó documentación y formuló observaciones relativas, entre otras materias, a la evacuación de aguas lluvia y a una eventual afectación de redes CAPRA.

Precisa que no sostiene que dicha socialización pueda equipararse o sustituir una consulta indígena formal, sino que la invoca para demostrar que el proyecto, la omisión de consulta que ahora se reprocha y las consecuencias alegadas eran conocidas por la recurrente con anterioridad a la interposición de la acción.

Añade que el Certificado Electrónico de Bonificación al Riego y Drenaje N° 45.846, emitido el 1 de junio de 2026, identifica como beneficiaria del proyecto a ARASPA, habiendo sido éste aprobado mediante Resolución CNR N° 2050, de 28 de mayo de 2026, por un costo total de 7.667,06 UF y una bonificación de 7.283,71 UF, equivalente al 95%, certificado que posteriormente, el 11 de junio, fue endosado a CKAPAR, circunstancia que, conforme al artículo 27 del Decreto Supremo N° 95 de 2015, únicamente habría transferido a ésta la titularidad del crédito contenido en dicho instrumento y no la calidad de órgano público, beneficiaria o titular del canal, ni competencia alguna para decidir acerca de la procedencia de una consulta indígena o modificar unilateralmente el proyecto.

Señala, además, que el aviso de inicio de obras de 9 de junio de 2026 fue emitido por ARASPA y dirigido al Director Regional de Obras Hidráulicas, informándose que los trabajos comenzarían el 22 de junio y serían ejecutados por CKAPAR, sin que dicho antecedente constituya una adjudicación, contrato u orden impartida por la Dirección de Obras Hidráulicas a la empresa.

En cuanto a las características de la obra, indica que el Anexo 8.7, revisión B, contiene los estudios, diseño y diagnóstico del canal, identificando un tramo de 502,56 metros entre los kilómetros 3+200 y 3+734,22, que presenta revestimientos deteriorados, vegetación, filtraciones y desmoronamiento de bordes, proponiéndose la instalación de tubería HDPE corrugada de 1.200 milímetros, seis cámaras de inspección, dos cruces vehiculares y obras de entrada y salida, manteniéndose determinadas estructuras existentes.

Afirma que la solución proyectada busca mejorar la conducción, disminuir filtraciones, basura y sedimentos, facilitar la inspección y mantención y optimizar el aprovechamiento de las aguas de riego, tratándose de una intervención sobre infraestructura preexistente y no de la apertura de un nuevo curso de agua o de la ocupación de territorio anteriormente no intervenido, pues se moderniza un tramo acotado de un canal antiguo respetando su trazado.

Agrega que el Canal Matriz San Pedro constituye una obra destinada al riego y no a la evacuación de aguas lluvia, por lo que controvierte que puedan imputarse a la ejecución material de CKAPAR los riesgos de inundación o daños aluvionales invocados. Reconoce que los antecedentes técnicos acompañados no contienen estudios específicos sobre escorrentías, redes CAPRA, prácticas culturales o evaluación ambiental, pero sostiene que ello no demuestra una ilegalidad atribuible a la empresa y que, por el contrario, evidencia que tales materias requieren informes especializados y actividad probatoria incompatible con la naturaleza cautelar de la protección.

Expone asimismo que fue ARASPA quien, mediante asamblea de 16 de marzo de 2025, acordó postular el proyecto a los concursos de la Ley N° 18.450, autorizó el uso de las aguas del Álveo Río San Pedro y facultó a su presidente para tramitarlo ante la Comisión Nacional de Riego, agregando que sus estatutos contemplan entre sus fines construir, explotar, conservar y mejorar las obras necesarias para el aprovechamiento común de las aguas y que los canales del Ayllu de Quitor corresponden al Grupo Uno de Regantes, de modo que la definición del proyecto habría sido ajena a CKAPAR, cuya intervención se limita a su ejecución material y a su condición de endosataria del crédito.

En cuanto a la oportunidad de la acción, alega su extemporaneidad, atendido que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección establece un plazo fatal de treinta días corridos desde la ejecución del acto, ocurrencia de la omisión o conocimiento cierto de éstos, sosteniendo que la ilegalidad denunciada consiste sustancialmente en la ejecución de un proyecto de entubamiento sin consulta indígena previa y con determinados efectos culturales, hidráulicos y ambientales, circunstancias que la comunidad conocía desde el 10 de enero de 2026, en tanto el recurso fue presentado el 6 de julio siguiente, esto es, 177 días después. Aduce que el inicio material de las obras anunciado para junio constituye únicamente la exteriorización de un proyecto previamente conocido y no renueva el plazo respecto de la omisión de consulta ni de las características del diseño; y que, aun si se considerara como acto posterior la Resolución CNR N° 2050, ésta fue dictada el 28 de mayo, treinta y nueve días antes de la presentación del recurso, sin haber sido individualizada específicamente como acto recurrido.

En subsidio, sostiene que la presente acción de protección no constituye la vía idónea para resolver las controversias formuladas, pues para ello sería necesario determinar, entre otros aspectos, la titularidad del canal y del tramo intervenido, los derechos de aprovechamiento de aguas de los intervinientes, la eventual superposición con tierras de propiedad o uso comunitario, el alcance de las prácticas culturales invocadas, el comportamiento de las escorrentías, las eventuales interferencias con redes CAPRA y los impactos ambientales derivados del reemplazo del canal abierto, materias respecto de las cuales no se acompañaron títulos, planos de superposición, informes hidrológicos, estudios antropológicos o peritajes ambientales y que requerirían procedimientos de lato conocimiento y prueba especializada.

Insiste en que la recurrente habría identificado erróneamente el acto impugnado y a sus responsables, toda vez que la CNR aprobó el proyecto para efectos de la bonificación, ARASPA es su beneficiaria y emitió el aviso de inicio, mientras CKAPAR únicamente fue individualizada como ejecutora y posteriormente como endosataria del certificado, sin constar requerimientos de información dirigidos a ella, negativas, incumplimientos de órdenes de paralización, alteraciones del diseño, ingresos no autorizados reconocidos o infracciones al libro de obras.

Respecto de la consulta indígena, manifiesta que no desconoce la vigencia del Convenio N° 169 de la OIT ni el deber de los órganos estatales de efectuarla cuando concurran sus presupuestos, pero sostiene que, conforme a dicho instrumento y al Decreto Supremo N° 66 de 2013, corresponde al órgano de la Administración responsable de una medida susceptible de afectar directamente a pueblos indígenas evaluar su procedencia y conducir el procedimiento, careciendo CKAPAR de competencia para adoptar tal decisión, iniciar la consulta o sustituir al órgano estatal.

En relación con las garantías denunciadas, descarta vulneración de la igualdad ante la ley, por cuanto CKAPAR no habría excluido a la comunidad de procedimiento alguno ni determinado quién debía ser consultado; del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por no existir antecedentes técnicos que acrediten una contaminación o amenaza concreta causada por la empresa y encontrarse el proyecto sustentado en un diagnóstico y diseño técnico; y del derecho de propiedad, debido a que no se acompañaron títulos, inscripciones, derechos de aprovechamiento de aguas o planos que permitan establecer como derecho indubitado la propiedad comunitaria sobre el tramo, canal o aguas involucradas.

Sostiene la improcedencia de las medidas solicitadas respecto de CKAPAR, por cuanto ésta no puede ser compelida a iniciar una consulta indígena, dictar una resolución de pertinencia, entregar un expediente administrativo que no administra o recabar consentimiento comunitario, correspondiendo tales actuaciones, de ser procedentes, al órgano estatal competente y, en lo pertinente, a la beneficiaria del proyecto.

Concluye solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas, principalmente por extemporáneo; subsidiariamente, por no constituir la protección la vía idónea para resolver las controversias técnicas, territoriales, dominicales, hidráulicas, ambientales y culturales planteadas; y, en todo evento, por no existir una acción u omisión autónoma ilegal o arbitraria atribuible a su representada que afecte las garantías constitucionales invocadas.

SEXTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SÉPTIMO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

OCTAVO: Que, atendidas las alegaciones formuladas por los recurridos, corresponde determinar, en primer término, si la ejecución del proyecto cuestionado y las actuaciones administrativas que permitieron acceder al beneficio contemplado en la Ley N°18.450 constituyen un acto u omisión ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido mediante esta acción cautelar y, particularmente, si de los antecedentes aparece establecida una medida administrativa susceptible de afectar directamente a la Comunidad Indígena nombre reservado, en términos que hicieren exigible el procedimiento de consulta previsto en el artículo 6 del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo.

NOVENO: Que, en primer término, la Comisión Nacional de Riego, ARASPA y CKAPAR alegan la extemporaneidad del recurso, atendido que la Comunidad recurrente reconoce haber conocido el proyecto desde la reunión celebrada el 10 de enero de 2026, mientras que su adjudicación definitiva se produjo mediante Resolución Exenta N°2050, de 28 de mayo del mismo año, interponiéndose esta acción sólo el 6 de julio siguiente.

Si bien la recurrente conocía con anterioridad la existencia y características generales de la iniciativa, la acción se dirige también contra su ejecución material sin haberse efectuado previamente la consulta indígena que estima procedente, cuyo inicio fue anunciado para el 22 de junio de 2026, fecha en que la Comunidad solicitó la paralización de las obras y manifestó formalmente su oposición. En consecuencia, atendida la naturaleza de la amenaza denunciada, el recurso deducido el 6 de julio siguiente fue interpuesto dentro de plazo.

DÉCIMO: Que tampoco prosperará la falta de legitimación activa alegada por la Comisión Nacional de Riego. En efecto, la pretensión principal de la Comunidad no consiste en obtener una declaración de dominio sobre el Canal Matriz San Pedro, las aguas o los terrenos involucrados, sino en denunciar la omisión de la consulta indígena y la consiguiente afectación de garantías constitucionales. Por ello, la falta de acreditación de un derecho dominical indubitado sobre dichos bienes no impide el ejercicio de esta acción, sin que lo anterior importe reconocer al recurrente derecho de propiedad, aprovechamiento u otro derecho real sobre ellos.

En cuanto a la legitimación pasiva, debe distinguirse la situación de los recurridos. La Dirección de Obras Hidráulicas únicamente recibió la presentación de 22 de junio de 2026 y la derivó al día siguiente a la Comisión Nacional de Riego, sin intervenir en el diseño, adjudicación, financiamiento o ejecución del proyecto; CKAPAR reviste la calidad de ejecutora privada y endosataria del certificado de bonificación; y ARASPA, aunque beneficiaria y mandante de la obra, es una asociación indígena de derecho privado, careciendo ambas de potestades para disponer y conducir la consulta regulada por el Convenio N°169. Distinta es la situación de la Comisión Nacional de Riego, cuya actuación administrativa en la evaluación, selección y bonificación del proyecto debe ser examinada para determinar si incurrió en la ilegalidad denunciada.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la alegación de no constituir esta acción la vía idónea, cabe precisar que la eventual omisión de una consulta indígena puede ser cautelada mediante recurso de protección cuando concurran sus presupuestos. Sin embargo, por su naturaleza urgente y cautelar, esta vía no está destinada a constituir derechos ni a resolver definitivamente controversias que requieren un procedimiento declarativo y prueba de mayor extensión.

Por consiguiente, las cuestiones discutidas acerca de la delimitación del territorio ancestral; dominio del canal; titularidad y alcance de derechos de aprovechamiento de aguas; existencia de usos consuetudinarios; función del canal para evacuar aguas lluvia; eventual afectación de redes de CAPRA; y magnitud de los efectos hidráulicos y ambientales del entubamiento sólo pueden ser ponderadas en cuanto aparezcan suficientemente establecidas, sin que corresponda efectuar declaraciones definitivas sobre ellas en esta sede.

DUODÉCIMO: Que el artículo 6 N°1 letra a) del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo impone a los gobiernos el deber de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

A su turno, el artículo 7 del Decreto Supremo N°66, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, contempla, tratándose de medidas administrativas, actos capaces de producir un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, particularmente respecto de sus tradiciones, costumbres, prácticas culturales o espirituales o su relación con las tierras indígenas.

De ello se sigue que no toda actuación administrativa relacionada con una comunidad o territorio indígena determina, por esa sola circunstancia, el deber de consulta, siendo necesario establecer la susceptibilidad de una afectación directa.

DÉCIMO TERCERO: Que el proyecto cuestionado corresponde a una iniciativa privada promovida por ARASPA para mejorar aproximadamente 502,56 metros de infraestructura preexistente del Canal Matriz San Pedro, manteniendo su trazado y, según sus antecedentes técnicos, el régimen de distribución y las cotas de entrega de las aguas. Fue postulado al sistema de bonificación de la Ley N°18.450 y adjudicado por la Comisión Nacional de Riego mediante Resolución Exenta N°2050, de 28 de mayo de 2026.

La intervención de dicho organismo consiste en administrar el instrumento estatal de fomento, evaluar los proyectos conforme a la ley, reglamento y bases y adjudicar la correspondiente bonificación, sin adquirir por ello la obra carácter público ni asumir la Comisión la condición de mandante o ejecutora material. Asimismo, la recurrida sostiene que la adjudicación corresponde a un procedimiento reglado, circunstancia relevante a la luz del artículo 7 del Decreto Supremo N°66, sin que aparezca acreditado que en su otorgamiento haya ejercido una potestad discrecional susceptible de negociación en los términos previstos por dicha disposición.

DÉCIMO CUARTO: Que la Comunidad recurrente funda la afectación directa en la relación cultural que mantiene con el Canal Matriz San Pedro y sus aguas, invocando prácticas tradicionales y ceremoniales, entre ellas la limpia de canales, el lavado ritual y determinados usos del agua, además de consecuencias sobre la evacuación de aguas lluvia, flora, fauna y redes de agua potable.

La caracterización multidisciplinaria acompañada aporta antecedentes que dan cuenta de la significación cultural del agua y del sistema de canales para la Comunidad, así como de vegetación y fauna asociadas al canal y de una función de este frente a determinados eventos de escorrentía.

Sin embargo, tales antecedentes, aun ponderados en su integridad, no permiten establecer suficientemente que el entubamiento del tramo específico objeto del proyecto produzca necesariamente una afectación directa y significativa de la Comunidad en los términos exigidos por el Convenio N°169.

En efecto, se encuentran controvertidos el alcance territorial de los usos invocados, la relación concreta de dicho tramo con las prácticas culturales señaladas, su función en la evacuación de aguas lluvia, los efectos efectivos sobre flora y fauna y una eventual interferencia con las redes de CAPRA, cuestiones cuya determinación requiere antecedentes técnicos y probatorios que exceden el ámbito de esta acción cautelar.

DÉCIMO QUINTO: Que tampoco altera lo anterior la reunión celebrada el 10 de enero de 2026. Dicha instancia constituyó una actividad de información o socialización y no puede ser considerada equivalente a la consulta prevista en el Convenio N°169. Con todo, esa circunstancia sólo determinaría una ilegalidad si previamente se encontrare establecido el presupuesto que hacía obligatoria dicha consulta, esto es, la existencia de una medida administrativa susceptible de afectar directamente a la Comunidad, lo que, conforme se viene razonando, no aparece suficientemente acreditado en estos autos.

Tampoco resulta decisivo que ARASPA sea una asociación indígena ni que sostenga que 92 regantes del Ayllu de Quitor aparecen incorporados en la postulación, pues la participación en dicha organización no sustituye una consulta formal cuando ésta resulte legalmente exigible. No obstante, tales antecedentes, unidos a que ARASPA afirma administrar ancestralmente el sistema de riego y ser titular, conjuntamente con la nombre reservado de Río Grande, de derechos de aprovechamiento por 870 litros por segundo, permiten advertir la existencia de controversias respecto del uso y administración de las aguas que no pueden ser resueltas definitivamente en esta sede.

Igual consideración corresponde respecto de la alegación sobre el uso tradicional del canal para recibir aguas lluvia y la defensa fundada en los artículos 54 y 55 del Código de Aguas, pues determinar si aquel uso constituye una práctica consuetudinaria jurídicamente protegida, un derecho oponible o un acto de mera tolerancia requiere una declaración que excede la naturaleza cautelar de esta acción.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, apreciados conjuntamente los antecedentes, no aparece suficientemente establecido que la actuación administrativa de la Comisión Nacional de Riego, consistente en evaluar y adjudicar una bonificación contemplada en la Ley N°18.450 respecto de un proyecto privado de mejoramiento de infraestructura de riego preexistente, constituya, en las circunstancias concretas de autos, una medida susceptible de afectar directamente a la Comunidad recurrente en los términos exigidos por el artículo 6 del Convenio N°169.

Lo anterior no importa desconocer la relevancia cultural que el agua y el sistema tradicional de canales poseen para la nombre reservado, sino únicamente constatar que los antecedentes disponibles no permiten establecer, dentro de los márgenes propios de esta acción, una relación suficientemente determinada entre la actuación administrativa impugnada, el tramo específicamente intervenido y la afectación directa invocada, de manera que no puede calificarse de ilegal o arbitraria la omisión de consulta reprochada.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales invocadas, no se configura vulneración de la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, desde que no se ha establecido que la recurrente haya sido privada de un procedimiento de consulta cuya obligatoriedad aparezca acreditada en este caso concreto.

Tampoco puede tenerse por vulnerado el artículo 19 N°8, pues, aun existiendo antecedentes relativos a vegetación, fauna y funciones hidráulicas asociadas al canal abierto, no se encuentra suficientemente determinada una amenaza ambiental concreta derivada del entubamiento, encontrándose controvertidos su magnitud y relación causal.

Finalmente, tampoco se acredita vulneración del artículo 19 N°24, toda vez que la Comunidad no ha demostrado en esta sede un derecho indubitado de dominio sobre el Canal Matriz, el tramo intervenido o las aguas conducidas por éste, existiendo, por el contrario, antecedentes de derechos inscritos invocados por ARASPA conjuntamente con la nombre reservado de Río Grande, sin que corresponda resolver mediante esta acción las controversias dominicales, territoriales o consuetudinarias existentes.

DÉCIMO OCTAVO: Que, por último, la existencia de mecanismos internos de resolución de controversias en los estatutos de ARASPA y de vías de reclamación dentro del procedimiento concursal no determina la improcedencia de esta acción constitucional, dada su naturaleza autónoma, sin perjuicio de que tales mecanismos y las demás vías administrativas o jurisdiccionales pertinentes puedan ser utilizados para discutir aquellas materias que, según lo razonado, exceden el ámbito de la protección.

En mérito de lo expuesto, no aparece acreditado un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a los recurridos que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, por lo que el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por Mauricio Rivas Barraza, abogado, en representación de la Comunidad Indígena nombre reservado, en contra de la Dirección De Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio De Obras Públicas, Región de Antofagasta; La Comisión Nacional Del Riego, dependiente del Ministerio De Agricultura; Asociación De Regantes Y Agricultores De San Pedro De Atacama, y, de la empresa ejecutora Ckapar Ingeniería Y Construcciones Limitada.

Regístrese y comuníquese.

ROL Nº 1594-2026 (Protección)