Protección contra Municipalidad de San Pedro de Atacama

Antofagasta, a veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

nombre reservado, Ingeniero en Construcción, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, representada legalmente por su alcalde Justo Alexis Zuleta Santander, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la dictación del Decreto Alcaldicio Registro N°728 de fecha 15 de mayo de 2024 que declara la vacancia del cargo del escalafón profesional, grado 10° E.M.R. de la Secretaría Comunal de Planificación, acto ilegal y arbitrario que vulnera sus derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio recurrido, ordenando la reincorporación a las mismas funciones y cargo que desempeñaba en la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de San pedro de Atacama, junto con el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados entre la fecha de separación y reingreso, con costas.

Informa la recurrida instando por el rechazo de la acción deducida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso en que con fecha 16 de mayo de 2024, es notificado del Decreto Alcaldicio Registro N°728 de fecha 15 de mayo de 2024, que declara la vacancia del cargo del escalafón profesional, grado 10° E.M.R. de la Secretaría Comunal de Planificación, y que pone término a contar del 1° de junio de 2024, al nombramiento de planta grado 10° E.M.R., escalafón profesional esgrimiendo como causal “Salud incompatible con el desempeño del cargo”.

Alega que el Decreto Alcaldicio N°728/2024 incurre en un acto ilegal y arbitrario toda vez que para fundamentar la declaración de salud incompatible, solo se estuvo al hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, considerando ese único hecho como suficiente para determinar la falta de idoneidad personal, no obstante ello no habilita al Jefe Superior del Servicio para determinar per-se que tiene salud incompatible con el cargo, lo que se desprende claramente de lo dispuesto en la Ley 21.050.- que modificó el artículo 151 de la Ley 18.834 agregando un tercer inciso que introdujo la obligatoriedad de solicitar un informe previo de la COMPIN, cuya intención legislativa fue la de que un organismo técnico revisara y estudiara los antecedentes médicos del funcionario con el objeto de determinar si la salud de este es o no recuperable, resultando dicho pronunciamiento emanado del órgano técnico (COMPIN) vinculante para el Servicio, por lo tanto de existir un pronunciamiento que declara la salud como RECUPERABLE, como sucede en la especie con la Resolución de Evaluación N°17181220 de fecha 15 de febrero de 2024 emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, no es posible aplicar la causal del artículo 151 de la Ley 18.834, evidenciando la ilegalidad del acto al haber declarado la vacancia del cargo dando con ello término a la relación estatutaria, pese a la existencia del informe de la COMPIN que declaro su salud como recuperable.

Argumenta que el acto administrativo que declara la vacancia fue dictado por el Jefe respectivo del Servicio, el Alcalde de la Municipalidad de San pedro de Atacama, excediendo las facultades otorgadas, puesto que el organismo técnico para determinar la recuperabilidad de su salud se pronunció en sentido totalmente diverso, lo que da cuenta de que no fue considerada la Resolución de Evaluación N°17181220 de fecha 15 de febrero de 2024 emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, configurándose en consecuencia como un acto arbitrario e ilegal, desde que se fundó en desconocimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 148 de la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, sin considerar los antecedentes de hecho de sus licencias médicas, sus calificaciones ni su trayectoria laboral y entrega al servicio.

Solicita se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio Registro N° 728 de fecha 15 de mayo de 2024, ordenando a la recurrida la reincorporación a las mismas funciones y cargo que desempeñaba en la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de San pedro de Atacama, junto con el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados entre la fecha de separación y reingreso, con costas.

SEGUNDO: Que Evelyn Andrea Martínez Parra, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, informa solicitando el rechazo del recurso.

Expone que nombre reservado, ingreso a prestar servicios al Municipio con fecha 13 de julio de 2020, en calidad de suplente, profesional, asimilado al grado 10° de la planta municipal, destinado a cumplir funciones en la Secretaría de Planificación Comunal. Con fecha 18 de enero de 2021, es nombrado en calidad de contrata asimilado al grado 10° profesional destinado a cumplir funciones en la Secretaría de Planificación Comunal, hasta el 28 de febrero de 2021. Luego, con fecha 05 de marzo de 2021, es nombrado en calidad de titular en el cargo profesional grado 10°E.M.R., destinado a cumplir funciones en la Secretaría de Planificación Comunal, según da cuenta decreto alcaldicio de registro N°305/2021, de fecha 17 de marzo de 2021.

Indica que efectivamente con fecha 15 de mayo de 2024, se dicta el decreto alcaldicio de registro N°728/2024, mediante el cual se declara la vacancia del cargo escalafón profesional grado 10° E.M.R. de la Secretaria comunal de planificación a contar del 01 de junio de 2024, asimismo, pone término al nombramiento de nombre reservado, por salud incompatible con desempeño del cargo, desde el 01 de junio de 2024. Resolución notificada mediante carta certificada y correo electrónico con fecha 16 de mayo de 2024, desde que, no fue posible la notificación personal al no ser habido en su domicilio.

Sostiene que nombre reservado, en los últimos 2 años, hizo uso de licencia médica por un total de 263 días, por enfermedad común, e hizo uso de licencia médica por enfermedad profesional en el mismo período por un total de 73 días. Por lo que había cumplido a la fecha de dictación del decreto alcaldicio de registro N°728/2024 de 15 de mayo de 2024, un total de 336 días de licencia médica.

Refiere que al mes de diciembre de 2023, el profesional cumplió 184 días de licencia médica por enfermedad común. En razón de esto, se enviaron los antecedentes a la COMPIN, que emitió la resolución N°17181220, de fecha 15 de febrero de 2024, que concluyó que el funcionario presenta un estado de salud recuperable.

Así, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley N°18.883, la entidad edilicia, en uso de sus facultades, previo informe del departamento de gestión de personal y de la resolución de la COMPIN N°17181220, de fecha 15 de febrero de 2024, que concluyo que el funcionario presenta un estado de salud recuperable, procedió a la dictación del Decreto Alcaldicio de registro N°728/2024, de fecha 15 de mayo de 2024, siendo notificado válidamente por medio de carta certificada y mediante correo electrónico con fecha 16 de mayo de 2024.

Concluye, citando jurisprudencia, que no existe acto ilegal o arbitrario, desde que el alcalde tiene la facultad de considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, el hecho de hacer uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

TERCERO: Que nombre reservado, Presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Antofagasta, evacua informe respecto de la dictación del Decreto Alcaldicio Registro N°728, de fecha 15 de mayo de 2024 y que declara la vacancia del cargo del escalafón profesional grado 10° E.M.R de la Secretaría Comunal de Planificación.

Expone que COMPIN Antofagasta efectuó el procedimiento de Evaluación de Salud Irrecuperable de Funcionario Público solicitado con fecha 11.01.2024, por la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, respecto de don nombre reservado, Rut: RUT reservado, emitiendo el Dictamen correspondiente con fecha 15.02.2024, y que resolvió que el referido presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los efectos estatutarios que procedan.

Sostiene que con fecha 19 de enero de 2024, se da curso al trámite de Evaluación de Salud Irrecuperable de Funcionario Público respecto de nombre reservado, Rut: RUT reservado, a Solicitud de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama mediante Oficio N°00058/2024 de fecha 10.01.2024, el que fue ingresado junto a los antecedentes requeridos para tal procedimiento mediante el sitio web habilitado por COMPIN. Trámite finalizado por la Comisión Médica que resuelve que el funcionario nombre reservado, Rut: RUT reservado, presenta un estado de salud recuperable, emitiendo Resolución por tramite N°ID-31371047 de fecha 15 de febrero de 2024.

En esta materia, el Dictamen 17.351 de Contraloría General de la República establece claramente que la resolución emitida por COMPIN, debe referirse única y exclusivamente sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad del el/la funcionario/a público/a y no sobre la compatibilidad o incompatibilidad del funcionario con su cargo. Esta última determinación es facultad exclusiva del Jefe Superior del Servicio, quien utiliza como antecedente lo dictaminado por Compin, siendo en definitiva la autoridad de un servicio quien tiene la facultad exclusiva para calificar la procedencia de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible con su desempeño, una vez producidas las circunstancias de hecho requeridas por la normativa.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que a fin de resolver la controversia, debe determinarse si ha existido un actuar arbitrario o ilegal de parte de la recurrida, en cuanto a los motivos que llevaron a declarar la vacancia del cargo que desempeñaba el recurrente, mediante la dictación del Decreto Alcaldicio Registro Nº728 de fecha 15 de mayo de 2024, de la Municipalidad de San Pedro de Atacama y que declara la vacancia del cargo del escalafón profesional, grado 10º E.M.R. de la Secretaría Comunal de Planificación, por salud incompatible con el servicio.

SÉPTIMO: Que, atendido al mérito de las alegaciones y antecedentes acompañados en autos por las partes, es dable tener por establecido lo siguiente:

1) Con fecha 05 de marzo de 2021, el actor es nombrado en calidad de titular en el cargo profesional grado 10ºE.M.R., destinado a cumplir funciones en la Secretaría de Planificación Comunal, según decreto alcaldicio de registro Nº305/2021, de fecha 17 de marzo de 2021.

2) En cuanto a las licencias médicas, nombre reservado, hizo uso de licencia médica por un total de 336 días, por enfermedad común, y en el mismo período un total de 73 días médica por enfermedad profesional.

3) Conforme a Resolución de evaluación salud irrecuperable funcionario público, de fecha 15 de febrero de 2024, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, resolvió que nombre reservado, presenta un estado de salud “Recuperable”;

4) Con fecha 15 de mayo de 2024, mediante Decreto Alcaldicio Registro N°00728/2024 se declara “la vacancia del cargo del escalafón profesional, grado 10º E.M.R, de la Secretaria Comunal de Planificación de la Ilustre municipalidad de San Pedro de Atacama, respecto del funcionario don nombre reservado, C.I.NºRUT reservado, conforme a lo dispuesto al art. 147, letra a) de la Ley Nº18.883, a contar del 01 de junio de 2024”, y pone “TÉRMINO, a contar 01 de junio 2024, al nombramiento respecto del funcionario don nombre reservado, C.I.NºRUT reservado, personal de la planta, escalafón profesional, grado 10º E.M.R., dependiente de la Secretaria Comunal de Planificación, por: SALUD INCOMPATIBLE CON DESEMPEÑO DEL CARGO.”

OCTAVO: Que en esta materia la normativa aplicable en la especie corresponde al artículo 144 de la Ley N°18.883 del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, que señala: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaración de vacancia”. Asimismo, el artículo 147 del referido cuerpo legal, refiere cuándo procede esta causal de término, indicando que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (…)”.

A su vez, sobre el fundamento invocado por la resolución que por este acto se impugna, el artículo 148 del mismo cuerpo normativo, establece que: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

NOVENO: Que, a efectos de resolver se debe tener en consideración el criterio sostenido de la Excelentísima Corte Suprema en esta materia, reflejado entre otras, en las sentencias dictadas en causas Roles Nos 122.198-2020, 22.199-2020, 76.761-2020, 104.498-2020, 28.666-2021 y 167.324-2023, en particular esta última expresa; “Quinto: Que, conforme se expresa en las causas citadas en el basamento que antecede, el mensaje presidencial que inició la tramitación del proyecto que se convertiría en la Ley Nº 21.050, expresa que uno de sus propósitos es “contribuir al fortalecimiento de la función pública, mejorando las condiciones de empleo y comprometiéndose con un Estado al servicio de los ciudadanos y del interés general del país” .

Antes de la Ley N° 21.050, uno de los reproches a la legislación vigente a esa fecha radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del Servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. En efecto, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo”(STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012).

Del mismo modo, expresó que “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC 3006- 16-INA, de 29 de septiembre de 2016).

Por este motivo, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N° 18.834 y el artículo 148 de la Ley N° 18.883, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la Compin respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales.

En conformidad a lo señalado, en el texto final quedó consignado que el pronunciamiento incluirá “la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Sexto: Que, de lo expuesto, fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que al emanar del órgano técnico competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público; y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151, del Estatuto Administrativo.

Séptimo: Que, en efecto, y al tenor de lo sostenido por esta Corte Suprema en las causas antes citadas, la anterior es la única interpretación que, por un lado, materializa la intención del legislador y, por otro, permite dar sentido a la dictación de la Ley Nº 21.050, puesto que -de otra forma- aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

Octavo: Que, por otro lado, ha de tenerse presente que las disposiciones relativas a la salud incompatible como causal de declaración de vacancia del cargo, difieren de los criterios adoptados en otros cuerpos normativos en relación con la autorización de las licencias médicas de los trabajadores y la eventual declaración de invalidez. Así, por ejemplo, el artículo 30 del Decreto Supremo N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud, dispone que “completadas cincuenta y dos semanas continuadas de licencia o reposo, corresponderá a la Compin autorizar una ampliación de hasta seis meses más, previo su pronunciamiento acerca de la recuperabilidad del trabajador”.

Agrega el precepto que “cumplidas setenta y ocho semanas de licencia, la Compin podrá autorizar nuevas licencias médicas, en el caso de enfermedades que tengan un curso prolongado y requieran una recuperación de más largo plazo”. Es decir, mientras el Estatuto Administrativo habilita a un jefe de servicio, no necesariamente experto en la ciencia médica, para declarar la salud incompatible con el cargo por el uso de licencias médicas, en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, otras normas del ordenamiento posibilitan que existan licencias continuas hasta por un año, al cabo del cual, previo pronunciamiento sobre la recuperabilidad por un órgano experto, pueden extenderse por un tiempo mayor.

Noveno: Que, por otra parte, el ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del Servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, pues no todas las situaciones son idénticas, por lo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, lo que no por ello se encuentra exenta, claro está, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento. Es en este contexto, más allá que efectivamente la supuesta incompatibilidad con las labores, debe fundarse en antecedentes técnicos que determinan que necesariamente la Compin debió evaluar además tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al Jefe de Servicio para declarar la vacancia del cargo.

Décimo: Que, como se refirió antes, la Compin declaró que la salud de la actora es recuperable, acto administrativo que se encuentra firme. Con ello, fluye la ilegalidad de la actuación del recurrido, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 151 de la Ley Nº 18.834, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.”

DÉCIMO: Que en este mismo sentido, y en el caso de marras, de los antecedentes acompañados fluye que mediante Resolución de Evaluación de fecha 15 de febrero de 2024, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, resolvió que nombre reservado, presenta un estado de salud “Recuperable”, por lo que declarando que la salud del actor es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 148, del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

En consecuencia, tal como ha venido sosteniendo la jurisprudencia el Decreto Alcaldicio Registro N°00728/2024 de fecha 15 de mayo de 2024, adolece de ilegalidad, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 148 de la Ley Nº18.883, vulnerando los derechos contemplados artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Fundamental, por lo que solo cabe acoger el recurso dejando sin efecto el Decreto Alcaldicio recurrido, disponiendo la reincorporación y el pago de las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, en cuanto, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio Registro N°00728/2024 de fecha 15 de mayo de 2024, que declara vacante el cargo, disponiéndose que la recurrida debe reincorporar al actor a sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1593-2024 (PROT)

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