nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Antofagasta, a veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado y don nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, quienes interpusieron recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pidiendo que se ordene al recurrido que se pronuncie sobre las solicitudes de carta de nacionalización de los actores dentro de un plazo de sesenta días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022 o el que se estime conforme al mérito de autos y en general se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

Atendido los hechos en que se basa el recurso se solicitó, asimismo, informe al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el que fue evacuado al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

Informó el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, pidiendo el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se indica en el recurso que doña nombre reservado y su conviviente don nombre reservado, ambos de nacionalidad venezolana, ingresaron al país como turista y después cambiaron su condición migratoria a residentes por visa otorgada, para establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile y luego les fue otorgada la residencia definitiva. Añade que los recurrentes con fecha 12 de septiembre de 2023 y 8 de septiembre de 2022 ingresaron su solicitud de nacionalización, como consta en comprobantes que acompañan, pero a la fecha no han recibido ninguna respuesta por parte del Servicio recurrido, ni se ha liberado la orden de giro para el pago de los derechos del beneficio migratorio solicitado, lo que los mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Seguidamente se alude a la admisibilidad del recurso de protección y tras ello a la omisión recurrida y el derecho constitucional vulnerado. Indicando que las garantías y derechos constitucionales afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a las solicitudes de nacionalización, pues desde la petición de fecha 12 de septiembre de 2023 y 8 de septiembre de 2022 hasta la fecha ha transcurrido, un plazo de un año, cuatro meses y doce días, respecto de doña nombre reservado y un año, cuatro meses y dieciséis días, respecto de don nombre reservado, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre las solicitudes formulada, citando jurisprudencia.

Destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, al consagrar, entre otros, los principios de celeridad y economía procedimental.

Por otra parte, sostuvo la improcedencia del silencio administrativo y del caso fortuito o fuerza mayor, pues, el recurso de protección precisamente se establece en la Carta Fundamental como una garantía constitucional ante la violación, amenaza o perturbación por acciones u omisiones ilegales y arbitrarias a los derechos protegidos por el artículo 20 en relación con el artículo 19 de nuestra constitución, por lo que no puede el recurrido predisponer el agotamiento de la vía administrativa frente la vía judicial, añadiendo que tampoco es procedente la causal de excepción prevista en el artículo 27 de la Ley 19.880, atendido a debe existir una imprevisión, situación que en la especie no se configura, citando jurisprudencia al efecto.

Seguidamente se enfatizó que en los Estados democráticos en donde impera el Derecho no puede haber espacio para la arbitrariedad en el ejercicio del Poder Público, añadiendo que la doctrina sostiene que la exigencia de un procedimiento administrativo reglado para la producción de un acto administrativo terminal tiene una consagración constitucional, añadiendo que el procedimiento reglado tiende a asegurar que antes de la dictación de un acto administrativo final, la Administración cumpla con una serie de trámites y plazos impuestos por la propia Constitución y las leyes, destacando los principios de la ley 19.880, e indicando que los mismos se están desconociendo durante la tramitación de la petición administrativa del recurrente.

Por otro lado, se aludió a la aplicación del artículo 27 de la Ley 19.880 y tras ello se solicitó se ordene al recurrido que se pronuncie sobre las solicitudes de los recurrentes dentro de un plazo de sesenta días, o el que se estime conforme al mérito de autos y en general se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó la abogada María José Sotomayor Bueno, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pidiendo el rechazo de la acción, con costas.

Señala que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior de ese Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, conforme lo dispuesto en los artículos 84 de la ley N°21.325; 1° y 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N°4, de la ley N°16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados. Añade que el artículo 157 N°8, de la ley N°21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte de ese Ministerio, lo que implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, para revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago -aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N°21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior de ese Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Expresa que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente está actualmente en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo cual, es una etapa previa a la entrega de los antecedentes a esa Cartera de Estado para su posterior resolución.

Afirma que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar, ya que las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo cual, en ocasiones, significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan, análisis plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera; y asimismo, las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14, de la Constitución Política de la República, lo que implica que son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos, añadiendo que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado -en promedio- 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización.

Indica que cabe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años; además, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, conforme la jurisprudencia que cita.

Señala que incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, corresponde recordar que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es la recurrente quien no solo debe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida, por lo que es manifiestamente improcedente que la parte recurrente considere que el solo hecho de que su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización no se encuentre resuelta es, por sí mismo, una circunstancia que implica una vulneración de derechos fundamentales y por lo demás, el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización significa que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente en nuestro país, lo que se traduce en que puede ejercer sus derechos sin limitación alguna, siendo improcedente afirmar que una eventual demora en la tramitación de su solicitud sea lesiva de derechos, razonamiento que ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema en numerosas sentencias.

Hace presente que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud, no procediendo instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento de carta de nacionalización mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, razonamiento que, asimismo, ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema, en las sentencias que indica.

Termina solicitando el rechazo de la acción de protección de autos, con costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que informó el abogado don Guillermo Quezada Bruzzone, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción y de la condena en costas, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar los derechos invocados por la recurrente.

Refiere que los recurrentes cuentan con un permiso de residencia definitiva en territorio nacional, añadiendo que el 12 de septiembre de 2023, doña nombre reservado solicitó carta de nacionalización ante esa autoridad, por la plataforma web de trámites de este Servicio, mientras que el 8 de septiembre de 2022, don nombre reservado presentó su solicitud.

firma que las solicitudes de nacionalización de los recurrentes se encuentran en trámite, siendo regular su situación migratoria.

Explica que la parte recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantienen situación migratoria regular en el país, razón por la que, las situaciones de pendencia de sus solicitudes de carta de nacionalización no conllevan perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Hace presente que la carta nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, añadiendo que la concesión de la carta de nacionalización chilena a ciudadanos extranjeros se encuentra regulada por normas de rango Constitucional, legal y reglamentario, destacando el contenido del artículo 10 de la Constitución Política.

Luego enfatizó que uno de los trámites esenciales del procedimiento de concesión de la carta de nacionalización es la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones, el cual debe contener la información indicada en el artículo 5 del Decreto 5142 y para elaborar el informe la Policía de Investigaciones debe citar al solicitante de carta de nacionalización a una entrevista presencial en sus dependencias y, recabada la información el organismo policial deberá remitir el informe a esa autoridad en un plazo de 15 días, en virtud del artículo 6 de dicho Decreto.

Tras ello se refirió al tiempo de tramitación al tenor del artículo 27 de la Ley 19.880 que indica que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, la pandemia de carácter mundial que distorsionó los tiempos normales de tramitación, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esa autoridad, lo que significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de naturaleza migratoria, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Luego de citar jurisprudencia, termina solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso interpuesto, por no existir de parte del Servicio Nacional de Migraciones acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, pidiendo, asimismo, el rechazo de la condena en costas.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre las solicitudes de Carta de Nacionalización de los recurrentes, presentadas con fecha 12 de septiembre de 2023 y 8 de septiembre de 2022.

SÉPTIMO: Que el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960 dispone: “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministro del Interior”. A turno, el artículo 2° del D.S. precitado establece los requisitos para que a los extranjeros se les pueda otorgar carta de nacionalización, mientras que su artículo 4° precisa la forma en que dicha solicitud debe ser presentada.

Por su parte los artículos 5° y 6° del D.S. N°5.142 establecen la obligación de la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones y el plazo en que dicho informe debe ser evacuado y remitido a la Dirección General de Investigaciones, para que ésta remita los antecedentes al Ministerio del Interior.

OCTAVO: Que si bien la autoridad migratoria recurrida, debe analizar los antecedentes para luego remitir el informe respectivo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no debe perderse de vista que, en la especie, ha transcurrido un plazo excesivo desde la presentación de las solicitudes de carta de nacionalización.

NOVENO: Que a la luz de lo dispuesto en la Ley N°19.880 resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, según el cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; principio que por lo demás debe relacionarse con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 del mismo cuerpo legal, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

DÉCIMO: Que la circunstancia ya referida evidencia el incumplimiento de los principios citados en el motivo que antecedente, conculcando la garantía constitucional esgrimida en el recurso, razón por la que éste será acogido en los términos que se indicarán en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena que dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, la repartición pública recurrida, deberá remitir al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el informe correspondiente, con el objeto que dicha autoridad se pronuncie sobre las peticiones de carta de nacionalización de los actores.

Regístrese y comuníquese.

Rol 159-2025 (PROT.)