nombre reservado con FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL

Antofagasta, a veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece el abogado Antonio Rojas Araya, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, quien dedujo acción constitucional de protección en contra del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), representado por su director ejecutivo nombre reservado, el recurso busca dejar sin efecto la Resolución Exenta RA N° 422/429/2026 (del 2 de julio de 2026), la cual puso término anticipado a la contrata del recurrente como Director Regional del FOSIS en Antofagasta.

Solicita que se deje sin efecto la Resolución RA N° 422/429/2026, se ordene la reincorporación inmediata de nombre reservado a sus funciones con el pago de todas las remuneraciones devengadas, y se condene en costas al Fondo de Solidaridad e Inversión Social.

Informó la recurrida en los términos que obra del proceso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que señaló el actor que el 26 de mayo de 2026 se designó al recurrente como profesional a contrata (Grado 4° E.U.S.) ejerciendo funciones directivas de director regional en Antofagasta, con vigencia programada hasta el 31 de diciembre de 2026.

Expresó que, previo al despido, el director ejecutivo (S) envió una carta a su representado, pidiéndole la renuncia voluntaria (art. 148 del Estatuto Administrativo) en 48 horas bajo apercibimiento de término de contrata, argumentando que su puesto era de "exclusiva confianza".

Manifestó que, el día 2 de julio de 2026 se dictó la resolución impugnada. Mediante la cual en sus considerandos se le reprochan faltas, tales como, difusión de prensa no coordinada, llamadas a periodistas antes de asumir y no registrar visitas conforme a la Ley de Lobby, motivo por el cual se adujo una "pérdida de confianza". Sin embargo, en su parte resolutiva, la causa formal de despido fue impuesta "por no ser necesarios sus servicios".

Hizo presente que, los cargos de exclusiva confianza solo existen por ley (DFL N° 29 / Estatuto Administrativo) y que la propia resolución reconoce que la plaza de director regional "no está establecida por norma legal ni reglamentaria", por lo que no se le puede atribuir libre remoción por mera analogía.

Agregó que hay una contradicción entre reprochar "pérdida de confianza" por hechos personales (considerandos) y resolver "por no ser necesarios sus servicios" (resolutivo). Señaló que la causa objetiva es aparente. Además, la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema (Rol N° 1.521-2025) establece que la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" no autoriza el cese anticipado antes de su plazo natural.

Mencionó una sanción encubierta sin sumario, al imputársele conductas indebidas para justificar su cese sin haber realizado una investigación sumaria o sumario administrativo, se le aplicó una sanción expulsiva de facto, vulnerando el debido proceso y convirtiendo a la autoridad en una comisión especial.

Añadió jurisprudencia, que señala que, aun tratándose de empleos a contrata, los actos que los extinguen anticipadamente deben bastarse a sí mismos, citó los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880 exigen que las decisiones que afecten derechos expresen los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan.

Arguyó que, la jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema ha precisado que la cláusula que expresa «mientras sean necesarios sus servicios» habilita el término anticipado sólo «de manera fundada, expresando los motivos por los cuales ya no son requeridos», motivos que han de ser objetivos, de orden organizacional, presupuestario o técnico.

Así mismo expresó que, recientemente, la Tercera Sala en la sentencia Rol N° 1.521-2025 resolvió que dicha cláusula permite prorrogar la contrata, pero no autoriza ponerle término anticipado antes de su expiración natural —cualquiera sea la antigüedad del funcionario—, de modo que el cese anticipado así dispuesto infringe derechamente el artículo 10 de la Ley N° 18.834 y contraría los actos propios de la Administración, doctrina reiterada en pronunciamientos posteriores.

Continuó sosteniendo que, el acto recurrido no satisface ese estándar, ya que, no expresa el motivo organizacional, presupuestario, ni técnico, que permita entender por qué los servicios del recurrente habrían dejado de ser requeridos antes del 31 de diciembre de 2026.

Alegó que, si la recurrida insistiere en su informe en una supuesta pérdida de confianza, confirmará que el móvil real del acto fue disciplinario y no organizacional —como ya lo confesó en la carta de solicitud de renuncia del artículo 148—; y si, por el contrario, intentare reconstruir ex post necesidades del servicio no consignadas en la resolución, confesará que la causal resolutiva carecía de motivación suficiente al momento de dictarse. En ambos escenarios, el informe no desvirtuará la ilegalidad denunciada, sino que la pondrá de manifiesto.

Fundamentó que, si la autoridad estimaba que el recurrente había incurrido en infracciones a sus deberes y filtraciones de prensa, desobediencia de instrucciones, contravención de normas de seguridad o de la Ley N° 20.730—, el ordenamiento le imponía un cauce único e ineludible consistente en la investigación sumaria o el sumario administrativo regulados en los artículos 126 y siguientes del Estatuto Administrativo, con emplazamiento, derecho a defensa, rendición de prueba y régimen recursivo y al castigar tales conductas mediante el término anticipado de la contrata, la recurrida impuso una sanción expulsiva de facto, eludiendo el procedimiento legalmente establecido.

Finalmente, concluyó que el acto administrativo impugnado adolece de manifiestos vicios de legalidad y arbitrariedad que se traducen en una vulneración directa, concreta y actual de las garantías fundamentales aseguradas al recurrente en el artículo 19 de la Carta Fundamental. En primer lugar, la autoridad vulneró la igualdad ante la ley (N° 2) al imponer al afectado un estatuto inexistente en la normativa legal, sometiéndolo a un régimen de libre remoción —bajo la premisa errónea de una "exclusiva confianza"— que no se aplica a los demás funcionarios a contrata de la Administración del Estado, despojándolo así arbitrariamente de las protecciones del régimen estatutario común. Asimismo, se conculcó el debido proceso y la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales (N° 3, incisos 5° y 6°), toda vez que la autoridad recurrida le atribuyó conductas infraccionales de facto y las dio por acreditadas sin instruir previamente un procedimiento disciplinario legal, privándolo por completo del derecho a ser oído y formular descargos. Esta imputación de hechos irregulares —incluyendo presuntas contravenciones a la Ley de Lobby— fue vertida sin sustento probatorio en un acto administrativo público, menoscabando de manera irreparable el respeto a su honra y prestigio profesional (N° 4). De igual modo, la medida expulsiva vulneró su derecho de propiedad (N° 24) sobre la titularidad del empleo a contrata y sobre las remuneraciones asignadas que se encontraban plenamente incorporadas a su patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2026. Por último, el actuar del órgano recurrido trasciende la esfera individual del afectado y compromete el interés público, pues al “descabezar” intempestivamente la Dirección Regional del FOSIS en Antofagasta, se quebranta el principio de continuidad del servicio público y se interrumpe la ejecución de programas sociales prioritarios como Yo Emprendo y Habitabilidad, afectando de forma directa a las familias en situación de mayor vulnerabilidad de la región.

Con todo, solicitó se deje sin efecto la Resolución RA N° 422/429/2026, se ordene la reincorporación inmediata de don nombre reservado a sus funciones con el pago de todas las remuneraciones devengadas, y se condene en costas al FOSIS.

SEGUNDO: Que, Diego Sobarzo Ibáñez, abogado, en representación del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), evacuó informe al tenor del recurso e instó por su rechazo, con costas.

En primer término, alegó que mediante Resolución N° FC-P-00116, de 19 de mayo de 2026, la Dirección Ejecutiva del FOSIS solicitó una contratación directa fundada en la urgencia de asegurar la continuidad operacional. En virtud de ello, por Resolución Exenta RA N° 422/344/2026, de 26 de mayo de 2026, se contrató al recurrente como profesional a contrata, asimilado a grado 4° de la Escala Única de Sueldos, desde el 18 de mayo de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, y "mientras sean necesarios sus servicios". Asimismo, se estableció que cumpliría funciones directivas y que debía rendir caución por 24 sueldos base.

Por su parte, sostuvo que no se le nombró en un cargo de director regional por cuanto dicho cargo no existe en la planta del Servicio. No obstante, mediante la Resolución Exenta N° 075, de 19 de enero de 2021, y sus modificaciones, el director ejecutivo le delegó facultades directivas y de representación. A ello se sumó la asignación por funciones críticas.

Mencionó que, la autoridad perdió la confianza en el recurrente por los hechos consignados en el considerando 9° de la Resolución Exenta RA N° 422/429/2026, referidos al desalineamiento con las instrucciones de la Dirección Ejecutiva, como, difusión de comunicaciones en medios de prensa impulsadas por el recurrente antes de la formalización de su nombramiento y sin coordinación con el Nivel Central. Gestión telefónica con el periodista del FOSIS en la región para elaborar y difundir una nota de prensa sobre su próximo nombramiento, sin encontrarse investido y contra instrucciones expresas. Permiso de ingreso y permanencia de terceros en las dependencias de la oficina regional sin el debido registro en las bitácoras de atención ciudadana o en el registro de la Ley N° 20.730, vulnerando la normativa de seguridad.

Expresó que, dichos hechos no configuraron infracciones disciplinarias ni dieron origen a un procedimiento sancionatorio. Agrega que previamente se dirigió una comunicación al recurrente solicitando su renuncia voluntaria dentro de 48 horas, la que no fue presentada. Con fecha 2 de julio de 2026, mediante la Resolución Exenta RA N° 422/429/2026, se puso término anticipado a su contrata a contar de la total tramitación del acto, por no ser necesarios sus servicios. Precisa que la duración total del vínculo fue de un mes y quince días.

Luego, desarrolló las siguientes presiones relativas a los antecedentes expuestos por el recurrente, a saber: Idoneidad de la vía, sostiene que la acción de protección es cautelar y no declarativa, destinada a tutelar derechos indubitados y no a resolver controversias estatutarias complejas o declarar derechos discutidos. Afirma que el libelo exige pronunciarse sobre temas de derecho y de prueba (como la existencia de los hechos y la desviación de poder) que requieren un procedimiento de lato conocimiento. Señala que existen otras vías idóneas y disponibles, tales como los recursos de reposición y jerárquico, la invalidación administrativa (art. 53 Ley N° 19.880), el reclamo ante la Contraloría General de la República (art. 160 Estatuto Administrativo) y la acción de tutela laboral. Asimismo, expone que el derecho alegado a permanecer en el empleo no es indubitado. Sostiene que la función de director regional es de la exclusiva confianza del director ejecutivo, fundamentado en el artículo 12 de la Ley N° 18.989 y el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues la función se ejerce por delegación de facultades del jefe superior.

Aludió al Estatuto Administrativo, Invocó el artículo 7° letra c) del DFL N° 29, de 2004, que califica como cargos de exclusiva confianza a los directores regionales o equivalentes, mencionó los dictámenes N°s 6.400 (2018), 28.660 (2018), 28.664 (2018) y E156769 (2021) de la Contraloría General de la República. Asimismo, cita sentencias firmes de los Juzgados de Letras del Trabajo de Iquique (RIT T-148-2022), Puerto Montt (RIT T-87-2022), La Serena (RIT T-164-2022), Punta Arenas, Arica (RIT O-213-2022) y Valdivia (RIT T-18-2025), además de fallos de la Corte Suprema (Rol N° 85.959-2021 y Rol N° 24.047-2025).

Argumentó que, no aplica el principio de confianza legítima al no haber renovaciones sucesivas por un período superior a cinco años, ser un ingreso por contratación directa y tratarse de funciones directivas de confianza. Por lo tanto, el acto administrativo está debidamente motivado a lo largo de diez considerandos. Explico que no hay incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva, pues la pérdida de confianza determina que los servicios del funcionario ya no sean necesarios. Negó la existencia de desviación de poder y de un procedimiento sancionatorio encubierto, expresando que no era procedente instruir un sumario al no aplicarse una medida disciplinaria.

Expuso que, la decisión es razonable, motivada, ajustada a la doctrina administrativa y precedida por una oferta de salida voluntaria. Agregó que no cabe un juicio de proporcionalidad por no ser una sanción y que no corresponde al tribunal sustituir el juicio de mérito de la autoridad.

Por otra parte, señaló que la decisión de la autoridad impugnada en estos autos se encuentra suficientemente fundada, negando la vulneración de garantías constitucionales respecto de la Igualdad ante la ley (art. 19 N° 2), afirmó que el recurrente no estaba en una situación idéntica a la del resto del personal a contrata por ejercer funciones directivas, y que se le dio el mismo trato que a los demás directores regionales del FOSIS. En relación al Debido proceso y comisiones especiales (art. 19 N° 3), argumentó que no se ejercieron potestades jurisdiccionales ni sancionatorias, y que el recurrente mantuvo a salvo sus vías recursivas. Respeto a la honra (art. 19 N° 4), expresó que el acto no contiene imputaciones deshonrosas ni tuvo difusión pública, siendo el daño alegado de carácter hipotético, al derecho de propiedad (art. 19 N° 24), fundamentó que no existe propiedad sobre un empleo público de carácter transitorio, finalmente respecto al derechos de terceros, señaló que las alegaciones respecto a los habitantes de la Región son improcedentes por no tratarse de una acción popular, y asegura que la continuidad del servicio regional está resguardada.

Finalmente solicitó, el rechazo por no ser la acción de protección la vía idónea. En subsidio, el rechazo por no ser la Resolución Exenta RA N° 422/429/2026 un acto ilegal ni arbitrario. En subsidio, el rechazo por no existir vulneración de las garantías del artículo 19 N°s 2, 3, 4 y 24 de la Constitución respecto del recurrente ni de terceros. Que no se haga lugar a dejar sin efecto el acto recurrido, ni a la reincorporación del recurrente, ni al pago de remuneraciones. Que se condene en costas al recurrente o, en subsidio, que se exima de ellas a su representada.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, a su vez, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que las atribuciones que detentan los órganos de la Administración del Estado son conferidas por la ley en función directa de la finalidad u objeto del servicio público de que se trate. El ejercicio legítimo de estas atribuciones exige, además del respeto a los derechos de las personas, una necesaria razonabilidad en la decisión de la autoridad.

En el presente caso, aun cuando se trate de actuaciones de órganos que no ejercen jurisdicción, son exigibles los requisitos que garantizan un racional y justo procedimiento, lo que se concreta en el respeto a principios fundamentales destinados a proteger al individuo frente al poder estatal. El acatamiento al justo y racional procedimiento no depende de la mera voluntad de la autoridad administrativa, sino que constituye un mandato y por tanto un deber constitucional que debe cumplir cualquier órgano del Estado, en el ejercicio de sus potestades, sean regladas o discrecionales.

SEXTO: Que tales atribuciones conforman una herramienta de la autoridad administrativa que se caracteriza por otorgar un margen acotado de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede invocarse para encubrir una arbitrariedad que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6 de la Constitución Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto constitucional.

SÉPTIMO: Que, en la especie, corresponde a esta corte determinar la existencia del acto ilegal y arbitrario que invoca el recurrente, consistente esencialmente en la dictación por parte de la recurrida de la Resolución Exenta RA N° 422/429/2026 (del 2 de julio de 2026), la cual puso término anticipado a la contrata del recurrente como director regional del FOSIS en Antofagasta.

OCTAVO: Que del análisis de los antecedentes expuestos y de los documentos acompañados en el informe, resulta como hecho no disputado que el recurrente don nombre reservado fue contratado directamente por la Dirección Ejecutiva del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) a contar del 18 de mayo de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026, en calidad de profesional a contrata, asimilado a grado 4° de la Escala Única de Sueldos de la planta de profesionales, con una jornada de 44 horas semanales y "mientras sean necesarios sus servicios", según consta en la Resolución Exenta RA N° 422/344/2026, de 26 de mayo de 2026, fundada previamente en la urgencia constatada mediante Resolución N° FC-P-00116, de 19 de mayo de 2026. Consta asimismo que en dicho acto se dispuso que el funcionario cumpliría funciones directivas, correspondiéndole rendir caución por 24 sueldos base y habiéndosele encomendado las tareas de director regional de Antofagasta por delegación de facultades del director ejecutivo mediante la Resolución Exenta N° 075 de 19 de enero de 2021 y sus modificaciones, junto con el otorgamiento de la asignación por funciones críticas del artículo 73 de la Ley N° 19.882.

A su turno, consta que con fecha 2 de julio de 2026 la autoridad dictó la Resolución Exenta RA N° 422/429/2026, registrada con esa misma fecha, mediante la cual dispuso el término anticipado de la designación a contrata del recurrente a contar de la total tramitación de dicho acto administrativo, invocando la fórmula "por no ser necesarios sus servicios" en su parte resolutiva. En dicho acto la autoridad consignó en sus considerandos la estructura de las Direcciones Regionales del Servicio, las funciones delegadas, el marco normativo y jurisprudencial aplicable y, en su considerando 9°, los hechos constitutivos de la pérdida de confianza, referidos a la difusión de comunicaciones en medios de prensa antes de la formalización de su nombramiento y sin coordinación con el Nivel Central, la gestión telefónica previa con el periodista regional del Servicio para elaborar una nota de prensa, y la permanencia e ingreso de terceros a las dependencias regionales sin el debido registro. Se hace constar, finalmente, que la duración total del vínculo funcionaria alcanzó un mes y quince días, habiendo sido precedido el acto de término por una comunicación del director ejecutivo (S) que solicitaba la renuncia voluntaria al cargo en el plazo de 48 horas, la cual no fue presentada por el recurrente.

NOVENO: Que, la cuestión sometida a la decisión de esta corte según se desprende de los argumentos centrales vertidos por el actor, esto es que la desvinculación a través de la Resolución Exenta RA N° 422/429/2026 constituye una sanción disciplinaria encubierta y un uso desviado de la causal "no ser necesarios sus servicios" respecto de su vínculo a contrata iniciado el 18 de mayo de 2026 y cuya expiración estaba prevista para el 31 de diciembre de 2026, comprendiendo un periodo total de desempeño de un mes y quince días, se reduce a determinar si en el caso en concreto al funcionario a contrata con menos de dos meses de trabajo en la institución y sin renovaciones precedentes le resulta exigible una motivación reforzada o procedimiento sumario previo para el cese anticipado de sus funciones directivas encomendadas, y, si en consecuencia, el término del contrato requiere justificación bajo estándares de sanción o si se ajusta a las facultades del servicio, cuestión de fondo, debatible, que excede del ámbito de aplicación de esta acción constitucional, pues, como lo han indicado reiteradamente los tribunales superiores de Justicia, toda vez que el recurso de protección no es una vía para pedir que se determine el sentido y alcance de una preceptiva determinada, tampoco una instancia de declaración de derechos, ni menos aún para discutir hechos determinados, como los reproches de conducta o la pérdida de confianza expuestos por el recurrido, por lo que no cabe sino rechazar el recurso.

A mayor abundamiento, no se advierte vulneración de alguna de las garantías constitucionales invocadas.

En cuanto a la igualdad ante la ley del artículo 19, N°2 de la Constitución Política de la República, debería haberse acreditado que la recurrida obró de manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha ocurrido.

En lo referente al debido proceso y comisiones especiales, no se logró verificar el ejercicio de potestades jurisdiccionales ni sancionatorias, “sui generis”, que impidieran al recurrente ejercer vías recursivas.

En lo tocante a la honra, no se lograron verificar, imputaciones deshonrosas, ni la difusión pública de la investigación, no viéndose vulnerado el daño alegado por el recurrente.

En cuanto al derecho de propiedad, N°24, éste se refiere al derecho real de dominio a que alude el artículo 582 del Código Civil, sin que las calificaciones cuya existencia se controvierte, ni la expectativa de permanencia respecto de un empleo de carácter público, constituyan bienes incorporados al patrimonio del recurrente susceptibles de ser amparados por esta vía.

Finalmente, respecto al derechos de terceros que se habrían visto afectados, resultan improcedentes por no tratarse de una acción popular, sino, de un recurso de protección respecto del Sr. nombre reservado, como recurrente.

En todo caso, en el caso concreto, el acto resulta ser suficientemente fundado, desde que refiere diversas razones para aplicar la medida, entre ellas la adoptada por Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Antonio Rojas Araya, en representación de don nombre reservado, en contra de Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Regístrese y comuníquese.

Rol 1581-2026 (Protección)