nombre reservado con SERVICIO NACIONAL MIGRACIONES

Antofagasta, a dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, de nacionalidad peruana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta código de trámite N° 74742300, de 11 de febrero de 2026, que declaró que su solicitud de residencia definitiva no fue acogida a trámite. Considera que dicha actuación es ilegal y arbitraria, atendido que se sustenta en un antecedente fáctico que no es efectivo, cual es la existencia de una solicitud de residencia temporal en trámite, vulnerando, con ello, el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19, N°2 de la Constitución Política de la República, así como el derecho al debido proceso establecido en el artículo 19, N°3 del mismo cuerpo constitucional, por lo que solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada y se declare que debe acogerse su solicitud de residencia definitiva.

Informa el Servicio Nacional de Migraciones, al tenor del recurso de protección interpuesto.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su pretensión señalando que el 17 de mayo de 2026 ingresó su solicitud de residencia definitiva, habiendo dado cumplimiento a la totalidad de las exigencias legales y reglamentarias previstas para acceder a dicha calidad migratoria.

Expone que es dueña y contribuyente formal de un minimercado comercial sin venta de alcohol, con inicio de actividades de 10 de marzo de 2025, cuyo funcionamiento acredita mediante carpeta tributaria emitida el 17 de mayo de 2026, en la que constan las declaraciones y pagos simultáneos del formulario 29 desde abril de 2025; que el 24 de abril de 2026 celebró acuerdo de unión civil con nombre reservado, de nacionalidad chilena, con lo que cumple el requisito de reunificación familiar; que su comportamiento en el país es ejemplar y su estadía no constituye una carga para el Estado, por contar con una fuente de ingreso formal y estable; y que no registra antecedentes penales en Chile ni en su país de origen.

Relata que, no obstante, el 5 de junio de 2026 se le comunicó que su solicitud de residencia definitiva no fue acogida a trámite, por constar en los registros del Servicio un permiso de residencia temporal en trámite aún no resuelto por la autoridad migratoria competente, debiendo esperar la respuesta a dicho requerimiento. Precisa, en su presentación de folio 5, que esa solicitud de residencia temporal no fue impetrada por ella, sino generada por la propia autoridad recurrida al derivar su anterior solicitud de residencia definitiva.

Sostiene que la conducta denunciada es arbitraria porque carece de toda razonabilidad, al sustentarse la resolución recurrida en un antecedente fáctico que no es efectivo, sin conferirle la posibilidad de demostrar en el procedimiento administrativo el cabal cumplimiento de los requisitos para la calidad de residente definitivo, manteniéndola en total incertidumbre respecto de su situación migratoria e impedida de presentar nuevas solicitudes.

Añade que la decisión carece de motivación y de fundamento fáctico, contraviniendo los artículos 11, inciso segundo, y 41 de la Ley N° 19.880, así como los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y el artículo 2 de la Ley N° 18.575.

Afirma que lo obrado vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19, N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que no existe motivo legítimo que justifique la diferencia de trato de que ha sido objeto, lo que por sí mismo le produce un evidente perjuicio; y que asimismo se vulnera el derecho al debido proceso establecido en el artículo 19, N°3 del mismo cuerpo constitucional, previniendo que esta última garantía no se encuentra comprendida entre aquellas cauteladas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta código de trámite N° 75952538, de 5 de junio de 2026, y se declare que debe acogerse su solicitud de residencia definitiva.

SEGUNDO: Que evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Expone que el 10 de noviembre de 2022, mediante Resolución Exenta N° 57787259, se aplicó a la recurrente una sanción pecuniaria por infracción al artículo 107 de la Ley N° 21.325; que el 17 de noviembre de 2022 presentó solicitud de permiso de residencia temporal, la que fue otorgada el 7 de julio de 2023 mediante Resolución Exenta N° 23257964, por el período de dos años; y que el 19 de mayo de 2025 presentó solicitud de residencia definitiva, ingresada con el ID N° 73281216.

Indica que, mediante Resolución Exenta N° 2600100110489, de 24 de febrero de 2026, dicha solicitud fue declarada inadmisible por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 65, N°4 del Decreto N° 296, al contar con una infracción migratoria menos grave, derivándose los antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar y dar curso a la tramitación de una solicitud de residencia temporal, la que fue reingresada con el ID N° 75377709.

Agrega que, respecto de esta última solicitud, el 4 de junio de 2026 se notificó a la recurrente, mediante comunicación electrónica folio N° 100964953, que ella era incompleta o insuficiente, otorgándosele un plazo de sesenta días para acompañar contrato de prestación de servicios firmado ante notario, informe anual de boletas de honorarios emitido por el Servicio de Impuestos Internos y carpeta tributaria del empleador o documentación que acreditara liquidez para su contratación, antecedentes que hasta la fecha no han sido acompañados, por lo que la solicitud se encuentra en estado pendiente.

Señala que el 17 de mayo de 2026, la recurrente presentó una nueva solicitud de residencia definitiva, ingresada con el ID N° 75952538, y que el 5 de junio de 2026, mediante comunicación electrónica folio N° 101033982, se le informó que ella no fue acogida a trámite por constar en sus registros un permiso de residencia temporal en trámite aún no resuelto por la autoridad migratoria competente.

En cuanto al derecho, invoca el artículo 65, N°4 del Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería, conforme al cual los residentes temporales titulares deben haber residido en el país en tal calidad al menos por veinticuatro meses para postular a la residencia definitiva, exigiéndose un período de a lo menos treinta meses cuando se registre una infracción menos grave aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, en circunstancias que la recurrente ha permanecido en el territorio nacional en calidad de residente solamente por veinticuatro meses.

Añade que, encontrándose en tramitación la solicitud de residencia temporal ID N° 75377709, mientras no finalice dicho trámite no puede presentarse una nueva.

Finalmente, solicita que se rechace el recurso en todas sus partes, por no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace derechos fundamentales garantizados por el artículo 19 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo de la condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por un hecho o acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, y sin perjuicio de la evidente desprolijidad en la que se incurre en el libelo, al singularizar dos actos administrativos como recurridos, lo cierto es que la acción se dirige en contra de la comunicación electrónica folio N° 101033982, de 5 de junio de 2026, por la que el Servicio Nacional de Migraciones informó a la recurrente que su solicitud de residencia definitiva ID N° 75952538 no fue acogida a trámite, agregando que deberá esperar la respuesta al permiso de residencia temporal pendiente y que los antecedentes presentados en dicha solicitud serán adjuntados a la original para su mejor resolver.

SEXTO: Que del solo tenor de la comunicación impugnada aparece que ella no contiene una decisión denegatoria del permiso impetrado, no resuelve el fondo de la pretensión de la actora ni pone término al procedimiento administrativo, sino que difiere el examen de los antecedentes hasta que se resuelva la solicitud precedente, disponiendo expresamente su agregación a ella, de tal manera que se trata de una actuación de mero trámite, carente de aptitud para privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de un derecho indubitado, presupuesto esencial de la acción intentada.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, el supuesto de hecho sobre el que se construye íntegramente la alegación de arbitrariedad, esto es, que no sería efectiva la existencia de una solicitud de residencia temporal en trámite, aparece desvirtuado con la documental acompañada por ambas partes, en particular con el certificado de residencia temporal en trámite N° 75377709, de 4 de junio de 2026, extendido a nombre de la recurrente, y con la captura del Registro Nacional de Extranjeros en que consta que dicha solicitud se encuentra en estado pendiente, en etapa de solicitud de documentos adicionales, vinculada a la solicitud titular N° 73281216.

Cabe agregar que el referido certificado habilita a su titular para ser contratada y desempeñar actividades remuneradas mientras la solicitud principal permanezca pendiente de resolución, y le permite salir y entrar al territorio nacional, conforme con el artículo 38, inciso segundo, de la Ley N° 21.325, prorrogándose de forma automática en tanto aquélla no se resuelva, de manera que tampoco resulta efectivo que la recurrente se encuentre impedida de desenvolverse establemente en el país.

OCTAVO: Que la pendencia de la referida solicitud tampoco resulta imputable a la autoridad recurrida, desde que consta que, mediante comunicación electrónica folio N° 100964953, de 4 de junio de 2026, se requirió a la recurrente acompañar los antecedentes necesarios para su continuación, otorgándosele al efecto un plazo de sesenta días corridos, con la advertencia expresa de que, de no hacerlo, se la tendría por desistida de su petición conforme al artículo 31 de la Ley N° 19.880, sin que aquélla los haya acompañado ni alegado impedimento alguno para ello.

NOVENO: Que, por lo demás, el acto terminal que incide en la pretensión de la actora no es el impugnado, sino la Resolución Exenta N° 2600100110489, de 24 de febrero de 2026, que declaró inadmisible por improcedente su primera solicitud de residencia definitiva y derivó los antecedentes al Departamento de Residencias Temporales, la que no fue objeto de la presente acción -al menos, en su parte petitoria- y respecto de la cual, además, ésta resultaría extemporánea a la luz del numeral 1 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

DÉCIMO: Que, en lo tocante a la garantía del artículo 19, N°2 de la Constitución Política de la República, única de las invocadas que se encuentra amparada por esta vía, la recurrente no ha ofrecido término de comparación alguno, esto es, no ha identificado personas que, encontrándose en una situación equivalente a la suya, hayan recibido de la autoridad recurrida un trato diverso, apareciendo, por el contrario, que lo obrado responde a la aplicación de reglas de general aplicación a las circunstancias particulares de la actora. Y en cuanto a la garantía del artículo 19, N°3 del mismo cuerpo constitucional, ella no se encuentra comprendida en el catálogo del artículo 20 de la Carta Fundamental.

UNDÉCIMO: Que, a lo anterior cabe añadir que lo pedido en definitiva por la actora, en cuanto a que se declare que debe acogerse su solicitud de residencia definitiva, excede el objeto de esta acción cautelar, pues importaría que esta Corte sustituyera al Servicio Nacional de Migraciones en el ejercicio de una potestad que la ley le confiere privativamente, pronunciándose sobre el mérito de una solicitud cuya tramitación administrativa ni siquiera se ha iniciado.

DUODÉCIMO: Que, conforme con lo razonado, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos amparados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el presente recurso deberá desestimarse.

Lo anterior, sin perjuicio de las gestiones que la recurrente pueda promover ante la autoridad administrativa para dar curso progresivo a la solicitud pendiente, y de los recursos que le franquea la Ley N° 19.880, expresamente reservados en el resolutivo cuarto de la Resolución Exenta N° 2600100110489.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1579-2026 (Protección)