Protección contra Transportes y Grúas Vecchiola S

Antofagasta, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

nombre reservado, prevencionista de riesgos, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de Transportes y Grúas Vecchiola S.A., RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado. Señala como acto ilegal y arbitrario la supuesta difusión, por parte de la recurrida, de información relativa a un procedimiento investigativo interno por acoso laboral instruido en febrero de 2024, lo que —a su juicio— habría generado un bloqueo en plataformas de reclutamiento (“Error de sistema 600”) que impediría su postulación y eventual contratación en empresas del rubro minero, perturbando así el legítimo ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la recurrida cesar toda comunicación destinada a impedir su contratación y, en subsidio, disponer las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho.

Informó la recurrida al tenor de la acción cautelar promovida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, por medio de la presente acción cautelar, el recurrente expone que durante el período comprendido entre el 21 de noviembre de 2023 y el 1 de abril de 2024 mantuvo una relación laboral con la recurrida, siendo objeto en dicho contexto de un procedimiento investigativo de carácter sumario iniciado el 27 de febrero de 2024, a raíz de una denuncia por acoso laboral proveniente de una trabajadora del aseo de la empresa.

Refiere que dicho proceso vulneró las garantías propias de un debido procedimiento, pues —a su entender— careció de fundamentos y elementos probatorios suficientes, culminando con un informe evacuado el 3 de abril de 2024, dos días después de su desvinculación, la cual se materializó el 1 de abril del mismo año mediante la suscripción del finiquito correspondiente.

Señala además que, posteriormente a su despido, inició gestiones laborales durante la segunda mitad de mayo, constatando el día 20 de dicho mes la existencia de impedimentos en plataformas de postulación del rubro minero, manifestados en bloqueos electrónicos y, específicamente, en un registro identificado como “Error de sistema 600”, el que lo impediría —según refiere— de ser contratado por las empresas en las que presenta antecedentes.

Añade que trabajadores de dichas entidades le habrían informado que el contenido del procedimiento sumario instruido por la recurrida era conocido en el ambiente laboral, permitiendo inferir que dicha información fue comunicada o difundida por ésta con el propósito de perjudicar su acceso a nuevas oportunidades de trabajo.

Aduce que esta situación ha afectado gravemente su idoneidad profesional, privándolo y perturbándolo en el legítimo ejercicio de su derecho a la libre elección del trabajo, por lo que solicita que esta Corte ordene a la recurrida abstenerse de toda comunicación destinada a impedir sus postulaciones y, en subsidio, disponga las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, la recurrida VTYG S.A. sostiene, en primer término, que el recurso habría sido interpuesto fuera de plazo, por cuanto el recurrente no precisa con claridad cuál sería la acción u omisión que origina la supuesta vulneración, señalando que si se pretende fundar la acción en la desvinculación del actor —producida el 1 de abril de 2024— o en la investigación instruida en febrero del mismo año, cualquiera de tales hechos resulta anterior al plazo de treinta días.

Añade que la afirmación del recurrente relativa a que tomó conocimiento del acto recurrido el 20 de mayo de 2024 carece de sustento y sólo buscaría encuadrar artificialmente el plazo.

Expone luego que la relación laboral con el actor existió entre el 21 de noviembre de 2023 y el 1 de abril de 2024, fecha en que fue despedido por necesidades de la empresa conforme al artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, desvinculación que —según refiere— se enmarca en una compleja situación económica derivada del término de diversos contratos comerciales con compañías mineras y de los efectos financieros asociados a la pandemia, lo que obligó a reducir dotaciones en distintas áreas y faenas.

Asevera que dicha causal es objetiva y plenamente ajena a la investigación cuya existencia reconoce, precisando que ésta se recibió mediante canal formal el 25 de febrero de 2024, que se instruyó conforme al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, y que se desarrolló con estricta reserva, escuchando al trabajador, recabando antecedentes y emitiendo informe el 3 de abril de 2024, sin que su contenido haya sido difundido a persona o entidad externa, ni menos a empresas mandantes como BHP o Codelco, respecto de las cuales sólo se informa la fecha y causal de término de los trabajadores desvinculados.

Sostiene que la investigación fue realizada antes de la entrada en vigor de la Ley Karin, por lo que se aplicaron los procedimientos internos vigentes, y que el proceso fue reservado, limitado únicamente a la denunciante, denunciado y equipo investigador.

Rechaza de manera categórica la imputación de haber comunicado el procedimiento o sus resultados a terceros, afirmando que las alegaciones del recurrente se basan en rumores no identificados y en conjeturas carentes de respaldo.

Agrega que no tiene injerencia alguna en los sistemas de reclutamiento de empresas mineras ni en los códigos de error o bloqueos que las plataformas tecnológicas pudieren generar, particularmente el referido “Error de sistema 600”, sobre cuyo origen, criterios o parámetros afirma no tener conocimiento ni acceso.

Sostiene que los procesos de selección y los registros internos de tales entidades son externos y ajenos a ella, de modo que no existe vínculo causal entre su actuar y las dificultades que el actor afirma enfrentar para postular a empleos del sector.

Finalmente, argumenta que no ha existido acto ilegal o arbitrario atribuible a su parte, que el derecho invocado no sería indubitado y que la controversia planteada es propia de la judicatura laboral, por lo que concluye solicitando el rechazo íntegro de la acción deducida.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, previo a abordar el fondo del conflicto, corresponde examinar la objeción de extemporaneidad planteada por la recurrida, fundada en que tanto la desvinculación del actor como la investigación interna datan de fechas anteriores al plazo de treinta días previsto para la interposición de esta acción. Sin embargo, del propio libelo de protección se desprende que el recurrente fija expresamente como momento en que toma conocimiento del acto denunciado —esto es, la supuesta difusión de antecedentes y el bloqueo en plataformas de reclutamiento— el día 20 de mayo de 2024, fecha a partir de la cual estima configurada la perturbación alegada. En ese entendido, y atendido que el recurso fue interpuesto dentro de los treinta días siguientes a la referida fecha, la alegación de extemporaneidad no puede prosperar.

SEXTO: Que, delimitado el marco cautelar y descartada la extemporaneidad alegada, el conflicto jurídico que corresponde resolver dice relación con establecer si la recurrida, con ocasión del procedimiento investigativo interno instruido en febrero de 2024 o de la posterior desvinculación del actor, ejecutó actos de comunicación, difusión o entrega de antecedentes a terceros que hubieren derivado en un registro o bloqueo informático en plataformas de reclutamiento del sector minero —identificado por el actor como “Error de sistema 600”— impidiéndole acceder a nuevas oportunidades laborales.

La cuestión esencial radica, por tanto, en determinar si existe un acto u omisión específico, atribuible a la recurrida, que pueda reputarse ilegal o arbitrario y que tenga incidencia causal en las dificultades de postulación y contratación que el actor refiere, en relación con las garantías constitucionales cuya tutela pretende mediante esta acción.

SÉPTIMO: Que, en lo que concierne a la ilegalidad, el recurrente afirma que la empresa habría difundido información relativa al procedimiento investigativo interno instruido en febrero de 2024 y que dicha comunicación habría generado un bloqueo en plataformas de reclutamiento del sector minero, identificado como “Error de sistema 600”. Sin embargo, del mérito de los antecedentes no se advierte la existencia de documento, comunicación, registro o indicio objetivo que permita atribuir a la recurrida la generación, transmisión o divulgación de información a terceros. No consta que la empresa posea acceso o injerencia técnica en los sistemas informáticos administrados por entidades mandantes, ni se ha acompañado antecedente alguno que permita vincular causalmente el bloqueo alegado con una acción concreta de la recurrida.

En lo que respecta a la arbitrariedad, cabe concluir que tampoco concurren elementos que permitan estimar que la recurrida haya incurrido en una actuación carente de razonabilidad o guiada por el mero capricho. La imputación del recurrente se basa exclusivamente en referencias genéricas a comentarios no individualizados y en conjeturas subjetivas que carecen de verificación externa, sin que exista antecedente alguno que demuestre que la empresa haya influido en procesos de reclutamiento de terceros o adoptado conductas destinadas a perjudicar su acceso a nuevas oportunidades laborales. La ausencia de un acto objetivo imputable a la recurrida impide estimar que su conducta pueda calificarse de irracional o arbitraria.

En consecuencia, no se configura en la especie acto u omisión ilegal ni arbitrario que habilite el amparo cautelar pretendido.

OCTAVO: Que, descartada la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida, resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto de la eventual vulneración de las garantías constitucionales que el actor estima conculcadas, toda vez que la procedencia del recurso de protección exige, como presupuesto copulativo e insoslayable, la verificación previa del acto reprochado en los términos que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Al no configurarse dicho presupuesto, la acción cautelar carece de fundamento, tornando improcedente el examen sustantivo de los derechos cuya afectación se denuncia.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de Transportes y Grúas Vecchiola S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1575-2024 (PROT)