Protección contra Subsecretaría del Interior

Antofagasta, a siete de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Compareció Juan Eduardo Guzmán Zúñiga, abogado, en representación de nombre reservado, venezolano, pasaporte N°NUM000, nombre reservado, venezolana, pasaporte N°NUM001, y de la hija de ambos, nombre reservado, venezolana, cédula de identidad NªNUM002, todos domiciliados en domicilio reservado, quien dedujo acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión arbitraria e ilegal de no pronunciarse sobre el recurso de reposición (y jerárquico en subsidio) enviado a través de Correos de Chile el 28 de enero de 2026 (código de envío N°NUM003), deducido en contra de la Resolución Exenta N°NUM004. Dicha omisión infringe el principio de igualdad ante la ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 19 Nº2 y Nº3 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24, 27 y 59 de Ley Nº19.880, por consiguiente, se inobservó el principio de celeridad, conclusivo y de economía procedimental al incurrir en trámites dilatorios injustificados. Solicitaron se ordene a la recurrida dicte la resolución que se pronuncie sobre éste dentro de un plazo breve y razonable o el que se estime conforme al mérito de autos y en general adopte las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informó la recurrida como asimismo el Servicio Nacional de Migraciones en los términos que obra del proceso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que señalaron los recurrentes iniciaron sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado (N°NUM005, N°NUM006 y N°NUM007) el 7 de diciembre de 2021. Tras una extensa y dilatada tramitación de varios años, el 16 de diciembre de 2025, la Subsecretaría del Interior dictó la Resolución Exenta N°NUM004, mediante la cual rechazó las solicitudes y, además, les denegó el otorgamiento del beneficio de la protección complementaria.

Frente a esta resolución, y encontrándose dentro de los plazos legales, el 28 de enero de 2026, nombre reservado, interpuso, por todo el grupo familiar, un recurso de reposición y, en subsidio, recurso jerárquico. En dicho escrito solicitó dejar sin efecto el rechazo y acoger la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado o, en su defecto, otorgar la protección complementaria denegada, adjuntándose todos los antecedentes pertinentes. Dicho recurso administrativo fue remitido mediante el servicio de paquete express a domicilio de Correos de Chile el mismo 28 de enero de 2026, dirigido al Servicio Nacional de Migraciones en la ciudad de Santiago, bajo el código de envío N°NUM003, e hicieron presente su imperiosa necesidad de protección internacional, pues debieron huir de la compleja situación humanitaria de Venezuela para luego sufrir crudos episodios de xenofobia y amenazas de muerte en Perú. A esto se suma que son una familia con un claro proyecto de integración en Chile, que se encuentra en un grave estado de vulnerabilidad dado que la menor del grupo, nombre reservado, se encuentra en situación de discapacidad intelectual y actualmente escolarizada.

Agregaron que, a la fecha, no existe un acto administrativo que haya dado término al requerimiento de manera definitiva. Esta decisión de mantener silencio y exceder largamente los plazos por parte de la autoridad administrativa deja a la familia en un constante estado de incertidumbre y de indefensión, viéndose obstaculizado su acceso a derechos fundamentales básicos.

Enseguida expusieron argumentaciones jurídicas y mencionaron que en la especie es procedente la acción de protección toda vez que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido se producen por la dilación de pronunciamiento resolutivo del recurso de reposición enviado el 28 de enero de 2026 y de la extensión injustificada del procedimiento que inició en 2021. Con esta omisión se conculca el principio de igualdad ante la ley del artículo 19 numeral 2° y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos del artículo 19 numeral 3° de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24, 27 y 59 de la Ley Nº19.880, lo que transgrede el principio de celeridad, conclusivo y de economía procedimental al incurrir en trámites dilatorios injustificados.

Con todo, solicitaron se ordene a la recurrida dicte la resolución que se pronuncie sobre éste dentro de un plazo breve y razonable o el que se estime conforme al mérito de autos y en general adopte las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, Diego Valenzuela Esparza, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, informó el recurso y solicitó el rechazo de la acción incoada con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

Indicó que mediante Resolución N°NUM004, de 16 de diciembre de 2025, resolvió el rechazo de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas por la recurrente, decisión comunicada mediante Notificación N°NUM008 del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones. Luego, el 28 de enero de 2026 interpuso un recurso de reposición y jerárquico en subsidio en contra de la resolución previamente aludida, el cual fue admitido a tramitación, encontrándose el acto administrativo que lo resuelve en etapa de análisis, previa a su resolución; el que una vez concluida la tramitación será debidamente notificado, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Expuso acerca de la normativa aplicable al caso concreto, esto es de la Ley N°20.430, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N°837, de 2010, del entonces Ministerio del Interior, que establecen disposiciones sobre protección de refugiados. Así pues, citó expresamente las normas contenidas en los artículos 19, 20, 24, 26, 28 bis, 30, 31 y 32, relativas al procedimiento en cuestión.

Luego, hizo presente en primer lugar que a la fecha, no ha expirado el plazo sobre el que versa el artículo 27 de la Ley N°19.880, por el cual se dispone que el procedimiento administrativo tendrá una duración de seis meses salvo caso fortuito o fuerza mayor, por lo que la administración se encuentra a tiempo de dar análisis, tramitación y respuesta al recurso que impugna la resolución que rechazó las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente. Por otra parte, debe ser considerado que a partir de la interposición del recurso de reposición que es objeto de este informe, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, es que la Resolución Exenta N°NUM004, de 16 de diciembre de 2025, ha visto suspendidos sus efectos en tanto se lleve a cabo la tramitación del recurso de reposición que le impugna, lo cual posibilita que los recurrentes hayan visto prorrogadas sus permisos de residencia temporales para solicitantes de la condición de refugiado, lo cual importa que no exista riesgo o lesión respecto de los derechos del grupo familiar, pues, hasta la fecha, los tres solicitantes mantienen vigentes sus documentos identificatorios, encontrándose residiendo de manera regular en el país, estando inclusive habilitados para desarrollar actividades laborales de manera lícita.

Con lo anterior advirtió que no existe un acto u omisión ilegal y/o arbitraria que transgreda derechos fundamentales como exponen los recurrentes. Es más, enfatizó necesario que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo cual significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan. Dicho análisis exhaustivo se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica reconocer a una persona extranjera como beneficiaria de una protección especial por parte del Estado, en base a antecedentes específicos y fundados que permiten a la autoridad tener por acreditada la existencia de un temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política; o por encontrase amenazada su vida, seguridad o libertad por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva da derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen, entre otras circunstancias igualmente graves, sumado la necesidad de llevar a cabo un proceso de recopilación de antecedentes e información de cada caso específico, así como de estudio de su contexto particular.

En tal sentido, precisó, a modo ejemplar, que sólo en 2024 se recibieron un total de 2.498 solicitudes de refugio, mientras en 2025 se recibieron 555. Sin embargo, dicha cifra debe contextualizarse en el aumento exponencial que han tenido este tipo de solicitudes en los últimos años: mientras que entre los años 2010 y 2019 - es decir, en un período de 10 años- se contabilizaron alrededor de 16.300 solicitudes, solo entre los años 2021 y 2025 -esto es, en la mitad del período antes señalado-, se registraron más de 15.600.

Añadió que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la Ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo. Así pues, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios. A mayor abundamiento, señaló que la Ley N°20.430, no establece plazos para la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, lo cual no hace sino reforzar la inexistencia de ilegalidad antes señalada.

Finalmente, indicó que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud. Lo anterior, además, atenta directamente contra la propia naturaleza de la acción de protección, al no ser el medio idóneo para obtener la aceleración en la tramitación de este tipo de procedimientos.

TERCERO: Que, Renata Javiera Muñoz González, abogada, informó el presente recurso en representación del Servicio Nacional de Migraciones e instó por su íntegro rechazo, con expresa condena en costas.

Indicó que durante la tramitación del recurso administrativo no ha existido inactividad ni abandono por parte de la administración, encontrándose el procedimiento en curso para su debido estudio y resolución, debiendo notificarse el acto terminal una vez concluido el análisis técnico y jurídico correspondiente, de acuerdo con las competencias que la ley asigna a la Subsecretaría del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones como Secretaría Técnica.

Sostuvo que la sola interposición del recurso administrativo produjo la suspensión de los efectos de la resolución impugnada, manteniéndose vigente la situación migratoria de los recurrentes mientras se resuelve el procedimiento, circunstancia que ha permitido la prórroga de sus permisos de residencia temporal, permaneciendo en situación migratoria regular y plenamente habilitados para residir y desarrollar actividades laborales en el país, descartándose así cualquier afectación actual a sus derechos.

En efecto, mediante Resoluciones Exentas N°NUM009, de 19 de febrero de 2026, y N°NUM010, de 20 de febrero de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones prorrogó por ocho meses las visas de residencia temporal de nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, en atención a su calidad de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiados, demostrando con ello que ha mantenido plenamente vigentes las medidas de protección contempladas en la Ley N°20.430, es por ello que no han visto alterada su permanencia regular en el país ni se encuentran expuestos a una medida de expulsión o pérdida de derechos derivada de la tramitación del recurso administrativo, manteniendo íntegramente los efectos propios de su condición de solicitantes de refugio mientras la autoridad competente emite el pronunciamiento definitivo. En consecuencia, la presente acción constitucional carece de fundamento fáctico suficiente para sostener la existencia de una actuación ilegal o arbitraria que le sea imputable, desde que el procedimiento administrativo continúa su tramitación conforme al marco legal aplicable, los recursos deducidos se encuentran pendientes de resolución dentro de la sede administrativa correspondiente y los recurrentes conservan plenamente su residencia temporal y la totalidad de las garantías que la legislación especial reconoce durante la sustanciación del procedimiento.

Finalmente, precisó que acceder a la pretensión de los recurrentes importaría alterar el orden objetivo de tramitación de las solicitudes de refugio, otorgándoles un tratamiento preferente respecto de otros solicitantes que se encuentran en idéntica situación jurídica y cuyos procedimientos siguen el mismo cauce administrativo, vulnerando con ello el principio de igualdad y no discriminación prevista en la Ley N°20.430, por lo que la acción de protección no constituye la vía idónea para acelerar procedimientos administrativos ni para sustituir las competencias que el legislador ha radicado expresamente en la autoridad administrativa especializada.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, a su vez, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra de la Subsecretaría del Interior por el supuesto actuar ilegal y arbitrario consistente en no emitir pronunciamiento final sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado signadas bajo N°NUM005, N°NUM006 y N°NUM007, e ingresadas el 7 de diciembre de 2021, tras haber recurrido de reposición con jerárquico en subsidio, el 28 de enero del presente año, en contra de la Resolución Exenta N°NUM004, de 16 de diciembre de 2025, emitida por la Subsecretaría del Interior, a través de la cual resolvió el rechazó de las solicitudes y, además, la denegación del beneficio de la protección complementaria.

Así, hicieron presente que dicho recurso administrativo fue remitido mediante el servicio de paquete express a domicilio de Correos de Chile el mismo 28 de enero de 2026, dirigido al Servicio Nacional de Migraciones en la ciudad de Santiago, bajo el código de envío N°NUM003, y que desde esa fecha no han obtenido respuesta, lo que les ha ocasionado mantenerse en incertidumbre, indefensión, además de ver obstaculizado su acceso a derechos fundamentales básicos.

SÉPTIMO: Que, ahora bien, de los antecedentes allegados al proceso por los recurrentes, sumado lo informado tanto por la recurrida como por el Servicio Nacional de Migraciones, se advierte que tras el rechazo de las solicitudes de reconocimiento de calidad de refugiado, contenido en la Resolución Exenta N°NUM004 de 16 de diciembre de 2025, emanado de la Subsecretaría del Interior, los actores recurrieron de reposición con jerárquico en subsidio, y que el 28 de enero de 2026, fue remitida dicha solicitud al Servicio Nacional de Migraciones en la ciudad de Santiago, específicamente en sus dependencias ubicadas en San Antonio N°580, a través de la empresa de Correos de Chile, bajo el código de envío N°NUM003, según consta del documento relativo a la petición, además el comprobante de pago en la oficina de Correos de Chile, de la misma fecha, donde figura como remitente nombre reservado, sumado que tanto la recurrida como el Servicio Nacional de Migraciones aseveraron que el medio de impugnación administrativo en cuestión fue admitido a tramitación, encontrándose en etapa de análisis, previa a su resolución, mientras que justificaron una eventual demora en la exhaustividad de dicha revisión y al aumento progresivo de este tipo de solicitudes, por lo que no cabe sino concluir, que en la especie, ha transcurrido un plazo excesivo desde la presentación de la solicitud de reconocimiento de calidad de refugiados, sin que éstas hayan sido resueltas.

OCTAVO: Que a la luz de lo dispuesto en la Ley N°19.880 resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, según el cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; principio que por lo demás debe relacionarse con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 del mismo cuerpo legal, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios, máxime en el caso concreto las solicitudes respectivas ingresaron en 2021, y desde que se dedujo el recurso administrativo de reposición con jerárquico en subsidio, además ha excedido con creces el plazo de 30 días para su resolución previsto en el inciso 5° del artículo 59 de la ley ya citada.

NOVENO: Que la circunstancia ya referida evidencia el incumplimiento de los principios citados en el motivo que antecedente, sin que el aumento exponencial de solicitudes de este tipo recibidas por la recurrida sea justificativo suficiente en la demora de su tramitación, por lo que se advierte que se ha conculcado la garantía constitucional esgrimida en el recurso, razón por la que éste será acogido en los términos que se indicarán en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por Juan Eduardo Guzmán Zúñiga, en representación de nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, sólo en cuanto se ordena que dentro del plazo de noventa (90) días corridos desde la dictación de la sentencia, la Subsecretaría del Interior, se pronuncie sobre el recurso de reposición pendiente incoado en contra de la Resolución Exenta N°NUM004 de 16 de diciembre de 2025.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1574-2026 (Protección)