Protección contra Secretario Regional Ministerial de Bienes nacionales de la Región de Antofagasta

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, a doce de febrero del año dos mil trece.

VISTOS:

La presentación de don Rony Antonio Acosta Yáñez, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado y nombre reservado y nombre reservado Ltda., sociedad del giro venta de insumos de construcción, áridos y aceros a mayoristas, nombre reservado°77.571.240-6, domiciliada en domicilio reservado, Provincia El Loa, deduce recurso de protección en contra del Secretario Regional Ministerial de Bienes nacionales de la Región de Antofagasta, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, pidiendo que se repongan sus derechos con costas del recurso.

El informe respectivo se acompañó a fojas 52 y siguientes, pidiéndose el rechazo del recurso.

Se acompañó copia de Oficio Ordinario N° SE02-5830/2012, constancia de notificación de la resolución impugnada, copia de postulación para renovación de arriendo de 18 de agosto de 2010 y copia de comprobante de depósito bancario por la suma de $ 2.022.636.- efectuada el día 18 de agosto del 2010.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Rony Antonio Acosta Yáñez, en representación de nombre reservado y nombre reservado y nombre reservado Ltda., sociedad del giro venta de insumos de construcción, áridos y aceros a mayoristas, dedujo recurso de protección en contra del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, don nombre reservado, por haber dictado la Resolución contenida en Ordinario N° SE02-5830/2012, de fecha 7 de noviembre de 2012, que le fue notificada el día 27 del mismo mes y año, la cual estima que constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta en contra de la garantía del N° 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es decir, el derecho de la empresa que representa a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, el que en este caso se ha visto perturbado por la Resolución impugnada.

Señala que dicha resolución impugnada expresa: “En consideración al oficio N°SE02-3346-2011, que notifica el rechazo por parte de esta Secretaría Ministerial, respecto de la postulación del inmueble fiscal singularizado como Lote 36- Yalquincha, Sector Puerto Seco, comuna de Calama, Provincia de El Loa, el cual al mismo tiempo ordena hacer desocupación del inmueble referido, vendo a notificar a usted que, teniendo conocimiento que aún mantiene ocupación irregular sobre el inmueble fiscal, con las facultades y disposiciones legales que confiere el D.L. 1939 a este Ministerio, se le ordena hacer entrega material del inmueble señalado en un plazo no superior a los 7 días corridos a partir de la presente notificación.” Y que “en caso contrario, esta Secretaría, iniciará las acciones para proceder con el desalojo del inmueble mediante la fuerza pública.”

Aclarando los hechos, señala que el antecedente inmediato de la resolución impugnada es el Oficio ordinario SE02-3346/2011, de fecha 24 de agosto de 2011, por el cual se informa a la sociedad que representa el rechazo de la solicitud de venta directa presentada por aquella, relacionada con el terreno signado como sitios 36 y 14, correspondientes al plano N°II-3451-C-R.

Explica que el terreno indicado ha sido ocupado regularmente por la sociedad desde el día 15 de abril de 1997, en virtud de un contrato de arrendamiento con el Fisco de Chile, siendo destinado por más de 15 años a uso industrial, generando trabajo directo a más de 200 personas e ingresos para el Fisco de Chile por concepto de impuestos pagados de más de $1.000.000.000.- Indica que a partir del año 1997 hizo diversas mejoras e inversiones en el terreno, todo lo cual, según la tasación realizada por el Departamento de Avaluaciones del Servicio de impuestos Internos, ha llevado a una valoración de sitio por más de $48.000.000.-, más una revaloración del suelo mismo de casi $8.000.000.- por cada sitio, por lo que resulta una valoración del predio completo del orden de los $64.000.000.- Expresa que el contrato suscrito originalmente el 15 de abril de 1997, se renovó sucesivamente en el tiempo y en julio de 2008 la empresa solicitó una nueva renovación, pero nunca recibió notificación respecto del estado de tramitación de dicha solicitud, enterándose en el mes de junio de 2010, que la misma se había extraviado en la Oficina Provincial de Calama, por lo que debía ingresar una nueva.

Indica que como se había presentado una solicitud de venta directa en julio de 2008 y creyendo de buena fe que el trámite no demoraría demasiado, existían cuotas de arriendo pendientes, correspondientes al año 2009 y primer semestre de 2010, lo que debía solucionar antes de la venta directa solicitada, pagando la totalidad de la deuda el 18 de agosto de 2010, ingresando conjuntamente una nueva solicitud de renovación de arriendo, la que aún no ha sido resuelta.

Agrega que desde agosto de 2010 a la fecha ningún funcionario provincial o regional de la recurrida le ha podido indicar el monto que debe cancelar por arriendos ni una cuenta corriente en la cual pagarlos y que corresponden a periodos en que formalmente no existe documento que ampare la ocupación de los terrenos, debido a la sola negligencia de la recurrida y en ningún caso a una actuar doloso de la sociedad que representa.

Señala que el 9 de febrero de 2011 presentó una nueva solicitud de venta directa fundada en la necesidad de realizar nuevas inversiones, debido al crecimiento de la empresa, la que fue resuelta desfavorablemente mediante Oficio Ord. N°3346/2011 de 24 de agosto de 2011, fundada principalmente en que existen rentas de arrendamiento impagas correspondientes al segundo semestre de 2010 y a los meses correspondientes al año 2011, presentando reposición con fecha 5 de septiembre de 2011, la que a la fecha de interposición del recurso no se ha resuelto y no obstante encontrarse pendientes de resolución sus dos solicitudes (renovación de arriendo y reposición), con fecha 7 de noviembre de 2012 la recurrida emitió la resolución que impugna mediante el presente recurso, recibiendo un trato que estima abiertamente discriminatorio.

Estima que al dictar la resolución impugnada no sólo se incurrió en manifiestos errores de hecho y de derecho, sino que además se ignoró documentos de valor esencial para la resolución del asunto que habrían permitido acreditar que de buena fe y cumpliendo todos los requisitos administrativos, presentó oportunamente una solicitud de renovación del arriendo que no ha resuelto y ha calificado de ocupación irregular la situación de los predios, sin referirse a que si el anterior arrendamiento está vencido ha sido por su inexcusable omisión de dictar las resoluciones pertinentes, sea acogiendo una nueva renovación u denegándolo.

Refiere que se han conculcado los principios reconocidos en los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución y se ha vulnerado la garantía del artículo 19 N°21 por mera desidia de la repartición ministerial, lo que estima injusto y arbitrario, pues no puede el mismo órgano que ha creado la situación de facto recurrir a ella para fundamentar una orden de desalojo que tiene su origen en un procedimiento distinto (de venta directa) y al cual se pretende aplicar una presunta irregularidad.

Agrega que no mantiene deudas por rentas de arrendamientos, por lo que no hay motivo alguno para dilatar injustificadamente su renovación y para apremiarla con el desalojo del sitio que ocupa hace 15 años con el auxilio de la fuerza pública.

Solicita se ordene dejar sin efecto la Resolución N° SE 02-5830/2012 de 7 de noviembre de 2012 dictada por el Señor Secretario Regional de Bienes Nacionales de la Región de Atacama, don nombre reservado, que ordenó el desalojo del inmueble indicado y ordenar se continúe seguir adelante con el procedimiento de renovación del arrendamiento iniciado por la solicitud N° 545467, respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado, provincia de El Loa, sin perjuicio de otras medidas que la Corte estime para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informando a fojas 58 el recurrido Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, señala que su actuar no ha sido arbitrario e ilegal, ya que se encuentra totalmente ajustado a derecho, habiéndose cumplido cabalmente con el procedimiento establecido en el DL 1939/1977, así como también con lo dispuesto en la Orden Ministerial N° 265 del año 2005, reemplazada por la Orden Ministerial N° 01 de 21 de septiembre de 2012. Agrega que la mera solicitud de venta efectuada no tiene la fuerza de establecer un verdadero derecho adquirido, sino una mera expectativa de adquirir el dominio del inmueble fiscal objeto de la solicitud, no agravándose en ningún caso la situación inicial del recurrente.

Manifiesta que en lo único cierto es que el 27 de agosto de 2011, se dictó Ord. SE02-3346/2011, antecedente inmediato del Oficio SE02-5830/2012, mediante el cual se le comunica a la sociedad nombre reservado y nombre reservado Ltda., la decisión de poner término a su postulación y enviarla al archivo, por no cumplir con los requisitos necesarios para acceder a venta directa, porque el contrato de arrendamiento celebrado no se encontraba vigente al momento de la solicitud por expiración del plazo fijado en él y no estaba al día en su obligación de pago, lo que el recurrente reconoce en su libelo, presupuestos necesarios para la aplicación de la venta directa, en concordancia con la orden Ministerial N°1 de 2012 que imparte normas en Materia de Enajenación y Administración de bienes raíces fiscales, que establecen la venta directa como un acto administrativo excepcional.

Señala que el inmueble fue dado en arrendamiento al Sr. nombre reservado, según resolución Exenta n°166 de 16 de mayo de 1997, quien solicitó cambio de titularidad del contrato, lo que fue aprobado por la Secretaria el 16 de mayo de 2001, a través de resolución Exenta N°339. El 26 de julio de 2006 se dictó la Resolución Exenta N°544 que autoriza la renovación del contrato de arrendamiento celebrado entre el Fisco y la recurrente por dos años desde la fecha de dicha resolución, el que no fue renovado una vez vencido el plazo. Ante la solicitud de venta directa y para verificar el cumplimiento de los requisitos, establecidos en la Orden Ministerial N°265, se revisaron las carpetas de Catastro de la Propiedad Fiscal, verificando que no existía acto administrativo asociado respecto del inmueble y que la recurrente mantenía deudas por arrendamiento, por lo que, evaluados los antecedentes en Sesión de comité consultivo N°246, se decidió no acceder a la solicitud de venta directa, lo que fue notificado el 24 de agosto de 2011, mediante el Ord. SE02-3346/2011, otorgándole un plazo de 30 días a contar de la fecha de notificación para desalojar el inmueble ocupado irregularmente, pero la recurrente siguió ocupando irregularmente el inmueble, por lo que envió el oficio SE-5830/2012 contra el cual recurre, para pedir la restitución del inmueble, otorgando 7 días desde la notificación.

Agrega que actuó como ministro de fe don Cristian Zúñiga, quien constató la presencia de un tercero, don nombre reservado, quien aseguró que se encuentra ocupando el inmueble desde marzo de 2012, con conocimiento de don nombre reservado, socio de la empresa recurrente, lo que consta en ficha de fiscalización N° 9 de 12 de septiembre de 2012, por lo que, en relación al derecho a desarrollar cualquier actividad económica el recurrente no ha detentado siquiera la ocupación material del inmueble, lo que hace imposible por tanto que ejerza ese derecho en el predio en cuestión. Agrega que las facultades de adquisición, administración y disposición sobre los bienes del estado o fiscales que corresponden al Presidente de la república son ejercidas por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, quien puede establecer todo tipo de condiciones o modalidades que el resguardo del interés fiscal aconseje, enmarcadas naturalmente en los principios de discrecionalidad, prudencia y legalidad, entre ellas, por ejemplo definir que prevalecerá la venta de ciertos inmuebles fiscales por licitación pública en lugar de venta directa o que arrendatarios que incumplan las condiciones de arriendos anteriores no puedan optar a nuevos arrendamientos o a la venta directa por los mismos o bien por otros sitios de similares características, por lo que la conducta del recurrido en caso alguno pudo vulnerar derechos del recurrente, porque es falso que haya actuado arbitraria e ilegalmente, porque dio estricto cumplimiento al DL 1939. En lo relativo a la libertad de desarrollar cualquier actividad económica, no ha detentado siquiera la ocupación material del inmueble, por lo que no es posible que ejerza tal derecho en el predio objeto del recurso, todo demuestra que no existe un ánimo real por parte de la sociedad recurrente de adquirir el dominio del inmueble para desarrollar la actividad productiva en que funda la solicitud de venta.

De fojas 45 a 50 acompaña Resolución Exenta N° 544 de 26 de julio de 2006 y Ficha de Fiscalización N° 9 de 12 de septiembre de 2012.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se señalan, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste dicho ejercicio.

CUARTO: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado, y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Igualmente, es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o la ilegalidad, estén comprobados y que con éstos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los taxativamente enumerados en el artículo 20 de este cuerpo legal.

QUINTO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal que se invoca como fundamento del recurso, lo constituye la Resolución contenida en Ordinario N° SE02-5830 de fecha 7 de noviembre de 2012, y cuya invalidación se solicita, que deniega la solicitud de venta directa del inmueble fiscal singularizado como Lote 36-Yalquincha, Sector Puerto Seco, comuna de Calama, Provincia de El Loa y ordena la entrega material del mismo, en un plazo no superior a siete días corridos de la notificación.

SEXTO: Que según se desprende de los antecedentes allegados en autos, mediante Resolución Exenta N° 166 de 16 de mayo de 1997, se autorizó contrato de arrendamiento entre el Fisco de Chile y el Sr. nombre reservado respecto del predio indicado, modificándose posteriormente la razón social por Sociedad nombre reservado nombre reservado y nombre reservado Ltda., renovándose posteriormente a su favor por Resolución Exenta N° 544 de julio de 2006, estableciéndose en una de sus cláusulas que deberá emplearse única y exclusivamente para taller y aparcamiento de vehículos de gran tonelaje, por un período de dos años.

Con fecha 18 de agosto de 2010 se solicita por la empresa recurrente la renovación del contrato de arrendamiento, efectuando con igual fecha un depósito en el Banco del Estado a nombre de la Subsecretaría de Bienes Nacionales por la suma de $2.022.363, sin que conste su renovación, habiéndosele notificado por Oficio N° SE02-3346 2011 el rechazo de la solicitud de venta directa presentada.

SÉPTIMO: Que el Decreto Ley 1939 de 1977 que establece Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, dispone en su artículo 83: “Que los bienes del Estado sólo podrán enajenarse a título oneroso. Excepcionalmente podrán transferirse a título gratuito, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el párrafo II de este título; y en su artículo 84 “El Presidente de la República, a través del Ministerio, podrá vender directamente, como asimismo mediante subasta o propuesta pública o privada, los bienes fiscales que no sean imprescindibles para el cumplimiento de los fines del Estado, a personales naturales o jurídicas de derecho público o privado”.

A su vez el artículo 1° del Decreto Ley 3.274, Ley Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales, estatuye que el Ministerio de Bienes Nacionales es la Secretaría de Estado encargada de aplicar, controlar y orientar las políticas aprobadas por el Supremo Gobierno, como asimismo aplicar la legislación correspondiente y controlar su cumplimiento, entre ellos, a) Las relativas a la adquisición, administración y disposición de bienes fiscales.

Por su parte la normativa contenida en la Orden Ministerial N° 265 de 17 de mayo de 2005 que Imparte Normas en Materias de Asignación de Bienes Raíces Fiscales, fija los criterios bases para determinar la asignación de bienes raíces fiscales, con el propósito de reducir los márgenes de discrecionalidad e incertidumbre de las decisiones que adoptan las diversas instancias, la que es reemplazada por la Orden Ministerial N° 1 de 21 de septiembre de 2012, que mantiene el mismo criterio al establecer que las ventas de los bienes fiscales se realizarán prioritariamente a través de licitación Pública y excepcionalmente podrá acogerse una solicitud de venta directa.

OCTAVO: Que del análisis de la normativa analizada precedentemente, aparece en evidencia el alcance de las facultades que el ordenamiento jurídico ha dado al Ministerio de Bienes Nacionales, a través de las Subsecretarías, para la adquisición, administración y disposición sobre los bienes fiscales, habiéndose impartido reglas en cuanto deberá prevalecer la venta de bienes fiscales mediante licitación pública por sobre la venta directa; de manera que no se puede desconocer, razonablemente, la atribución que al respecto compete a la recurrida y que ha ejercido mediante la Resolución contenida en el Ordinario N° SE02-5830/2012, cuyo antecedente inmediato se encuentra en el Oficio Ordinario N° SE-02-3346/2011.

En efecto, las normas a que se ha hecho referencia legitiman en derecho el actuar de la recurrida, no vislumbrándose en el mismo discrecionalidad, desde que dio cumplimiento a las mismas, además de no renovar un contrato de arrendamiento que ya había expirado.

NOVENO: Que en las circunstancias expuestas precedentemente, no puede apreciarse que surjan elementos de juicio válidos y suficientes que permiten establecer que la resolución contenida en el Ordinario SE-02-5830/2012, afecte el desarrollo de una actividad económica, desde que en la fiscalización efectuada el 12 de septiembre de 2012 por el Ministro de Fe don Cristian Zuñiga, se constató que el inmueble lo encuentra ocupando un tercero, don nombre reservado, desde marzo de 2012, con conocimiento de un socio de la empresa recurrente, la que, como se dijera, en la actualidad ni siquiera reviste la calidad de titular del contrato de arrendamiento.

DÉCIMO: Que la falta de respuesta oportuna de la administración a las peticiones del recurrente durante el procedimiento de tramitación referidas a la renovación del contrato de arriendo, como de la reposición al Oficio Ordinario N° 3346-2011, en lo concerniente a la venta directa del inmueble fiscal, no incide en la trasgresión de la garantía constitucional invocada por el recurrente, en la medida que el Ministerio de Bienes Nacionales a través de las respectivas secretarías regionales, está facultado para establecer las condiciones de resguardo de los bienes fiscales.

UNDÉCIMO: Que no debe soslayarse que por la vía de la protección se trata de reaccionar ante situaciones anormales y evidentes que atenten contra las garantías constitucionales, mas no de zanjar conflictos que tengan origen en aplicaciones de normas jurídicas reglamentarias, lo que obsta a desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el interpuesto por la Sociedad nombre reservado y nombre reservado y nombre reservado Ltda., en lo principal de fojas 7.

Déjese sin efecto la orden de no innovar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1571-2012.

Redacción de la Ministro Sra. Laura de los Ángeles Soto Torrealba.

Pronunciada por la Sala de Verano, integrada por las Ministras Titulares Sra. Laura de los Ángeles Soto Torrealba, Sra. nombre reservado y la Fiscal Judicial Sra. Myriam Urbina Perán. Autoriza el Secretario Subrogante Sr. Cristian Pérez Ibacache.

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