Protección contra Subsecretaría del Interior

Antofagasta, a diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de Juan Guzmán Zúñiga, abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica del Norte, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, Pasaporte N°NUM000; nombre reservado, de nacionalidad venezolana, Pasaporte N°NUM001; y nombre reservado, de nacionalidad venezolana, Pasaporte N°NUM002; todos domiciliados en domicilio reservado, quienes interponen Recurso de Protección de Garantías Constitucionales en contra de la Subsecretaría del Interior, en razón de la omisión ilegal y arbitraria en que ha incurrido dicho órgano al no pronunciarse, dentro del plazo legal, sobre el recurso de reposición interpuesto con fecha 05 de septiembre de 2025 en contra de la Resolución Exenta N°NUM003 de fecha 19 de agosto de 2025, infringiendo el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con los artículos 7, 8, 9, 14, 24 y 59 de la Ley N°19.880, vulnerando los principios de celeridad, conclusivo y economía procedimental, solicitando ordenar a la recurrida que emita pronunciamiento sobre dicha reposición dentro de un plazo de 30 días contados desde la notificación del fallo, o el plazo que se estime, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

El recurrido evacuó el informe, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Atendido los hechos del recurso, se solicitó informe al Servicio Nacional de Migraciones el que fue evacuado al tenor del recurso interpuesto.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso se indica que el 19 de agosto de 2025, la Subsecretaría del Interior dictó la Resolución Exenta N°NUM003, por la cual denegó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por la familia {PUENTES], compuesta por los tres recurrentes individualizados y el 5 de septiembre de 2025, dentro del plazo legal de 5 días hábiles establecido en el artículo 43 de la Ley N°20.430, los recurrentes interpusieron Recurso de Reposición en contra de dicho acto administrativo, para que la autoridad revisara los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron el rechazo de su solicitud de refugio y la interposición de dicho recurso suspendió los efectos de la resolución impugnada, conforme al artículo 44 de la misma ley.

Afirma que, a la fecha de interposición del presente recurso, han transcurrido más de nueve (9) meses desde la presentación del recurso de reposición administrativo, sin que la autoridad recurrida haya emitido pronunciamiento alguno, pese a que el artículo 59 inciso 5° de la Ley N°19.880 establece un plazo máximo de 30 días para resolver, omisión prolongada que constituye una conducta ilegal y arbitraria que mantiene a los recurrentes — incluyendo a una menor de edad, nombre reservado— en un estado de incertidumbre jurídica permanente, afectando gravemente sus garantías constitucionales, su situación migratoria y su proyecto de vida en Chile.

Indica que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso de protección, enfatizando que ha existido una omisión por parte de la recurrida: la Subsecretaría del Interior no ha resuelto el recurso de reposición interpuesto el 05/09/2025 en contra de la Resolución Exenta N°NUM003, pese a haber transcurrido nueve meses, excediendo ampliamente el plazo máximo de 30 días fijado por el artículo 59 de la Ley N°19.880; asimismo, dicha omisión constituye una dilación ilegal y arbitraria que afecta directamente el principio de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 CPR, pues los recurrentes reciben un trato distinto e injustificado respecto de lo que la propia ley les garantiza: obtener una respuesta oportuna de la Administración; y existe directa relación causal entre la omisión de la recurrida y el perjuicio sufrido: la ausencia de pronunciamiento mantiene en suspenso los efectos de una resolución que rechaza el asilo, generando incertidumbre migratoria y jurídica que amenaza concretamente la permanencia regular de los recurrentes en el país, citando jurisprudencia.

Destaca que la omisión impugnable consiste en la falta de pronunciamiento de la Subsecretaría del Interior sobre el recurso de reposición interpuesto el 05 de septiembre de 2025, pese a haber transcurrido más de nueve meses desde dicha presentación, lo que infringe el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República (igualdad ante la ley); además de los artículos 7 y 27 de la Ley N°19.880, principio de celeridad y plazo máximo del procedimiento.

Añade que el artículo 59 inciso 5° de la Ley N°19.880 (plazo especial para recursos administrativos) establece expresamente que la autoridad llamada a pronunciarse sobre los recursos de reposición y jerárquico tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlos, por lo que el incumplimiento de este plazo constituye una infracción legal que permite calificar la omisión como ilegal. Asimismo, destaca el artículo 9° de la Ley N°19.880 denominado principio de economía procedimental que señala que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Hace presente que según el artículo 1° inciso 3° de la Ley N°19.880, esta se aplica con carácter supletorio respecto de todo procedimiento administrativo especial. La Ley N°20.430 sobre Protección de Refugiados y su Reglamento, Decreto N°837 de 2010, no contemplan plazos específicos para la tramitación y resolución del recurso de reposición, por lo que resulta ineludible la aplicación de los artículos 27 y 59 de la Ley N°19.880, como ha sostenido la jurisprudencia que cita, por lo que el plazo máximo aplicable es de 30 días para resolver el recurso de reposición contenido en el artículo 59 de la Ley N°19.880 y de 6 meses para el procedimiento general contenido en el artículo 27, añadiendo que ambos plazos se encuentran manifiestamente superados en el caso de autos.

Indica que entre los recurrentes se encuentra nombre reservado, menor de edad, respecto de quien el Estado de Chile tiene obligaciones reforzadas de protección conforme al artículo 41 de la Ley N°21.325 y a la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente en Chile. La prolongada incertidumbre migratoria derivada de la omisión recurrida afecta de manera especialmente grave su interés superior, su derecho a la identidad y a su proyecto de vida.

Termina solicitando ordenar a la recurrida que emita pronunciamiento sobre la reposición dentro de un plazo de 30 días contados desde la notificación del fallo, o el plazo que se estime conforme al mérito de autos, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho; con costas.

SEGUNDO: Que informó la abogada doña Alejandra Salinas Silva, en representación de la Subsecretaría del Interior, instando por el rechazo de la acción con expresa condena en costas por no existir motivos plausibles para litigar.

En primer lugar, señala que la normativa aplicable al caso concreto corresponde a la ley N° 20.430, y su reglamento aprobado mediante el decreto supremo N° 837, de 2010, del entonces Ministerio del Interior, que establecen disposiciones sobre protección de refugiados y el artículo 19 de la referida ley establece que el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de Resolución del Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón, teniendo en consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión que se establece en el artículo siguiente. Añade que el artículo 20 de la ley en comento crea la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, organismo encargado de asesorar al Ministerio del Interior y de proveer la información necesaria para decidir respecto del otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado y el artículo 24 de la precitada ley, establece que el Subsecretario del Interior, o quien este designe dispondrá de una Secretaría Técnica, que asistirá a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, Secretaría que, en los hechos, ejerce el Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones. Esa Secretaría elabora los informes técnicos que permiten resolver las solicitudes presentadas según su antigüedad, considerando la factibilidad técnica que mantengan las respectivas Direcciones Regionales de ese Servicio para realizar las entrevistas de elegibilidad a distancia cuando el domicilio de la persona solicitante se encuentra en una región distinta a la Metropolitana.

Refiere que ello por cuanto la entrevista individual es una etapa obligatoria y esencial para el análisis y resolución de toda solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, pudiendo incluso contemplar entrevistas no solo a quien solicite dicho reconocimiento, sino también a su grupo familiar, debiendo, por tanto, realizarse por funcionarias o funcionarios idóneos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la ley N° 20.430. Misma situación que ocurre con la recopilación de información del país de origen de la persona solicitante, etapa fundamental que permite resolver adecuadamente cada caso, según lo establece el artículo 31 del referido cuerpo legal, todo lo cual es realizado por el Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones, en su calidad de Secretaría Técnica en estas materias; y por último, el artículo 26 de la misma ley, indica que toda solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deberá presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones, organismo que mantiene oficinas de atención presencial en todas las regiones del país para estos efectos, por cuanto todo requerimiento de este tipo debe realizarse en forma estrictamente personal, en virtud del principio de confidencialidad establecido en el artículo 7 de la ley precitada.

Expone que los artículos 28 bis y 32 de la ley N°20.430, indican que desde el momento en que la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado cumple los requisitos básicos de formalidad, y siempre que aquella no sea manifiestamente infundada, el Servicio Nacional de Migraciones la declarará admisible; la acogerá a trámite y otorgará a la persona solicitante y a su familia que la acompañe una visa de residencia temporal, gratuita, por el plazo de 8 meses, la cual puede prorrogarse durante todo el periodo en que la solicitud se encuentre en trámite.

Sobre el estado de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte recurrente, indica que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente, mediante la Resolución Exenta N°NUM003, de fecha 19 de agosto de 2025, dictada por esta Subsecretario del Interior, se resolvió rechazar la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado de las personas extranjeras; y el 5 de septiembre de 2025, la parte recurrente interpuso un recurso de reposición y jerárquico en subsidio, por lo que, en conformidad al artículo 43 de la ley 20.430, los efectos Resolución Exenta se han visto suspendidos mientras se resuelve el recurso administrativo incoado, el que actualmente se encuentra en trámite ante el Servicio Nacional de Migraciones, en su calidad de colaborador de la Subsecretaría del Interior en estas materias. Cabe señalar que, una vez concluida la tramitación del acto administrativo que resuelva dicha solicitud, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Arguye que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar, porque las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo cual significa una tramitación más extensa que la esperada por las personas que las realizan y el análisis exhaustivo de estas solicitudes se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica reconocer a una persona extranjera como beneficiaria de una protección especial por parte del Estado, en base a antecedentes específicos y fundados que permiten a la autoridad tener por acreditada la existencia de un temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política; o por encontrase amenazada su vida, seguridad o libertad por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva da derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen, entre otras circunstancias igualmente graves.

Indica que el análisis exhaustivo antes señalado se explica, además, en virtud de la necesidad de llevar a cabo un proceso de recopilación de antecedentes e información de cada caso específico, así como de estudio de su contexto particular, considerando la fecha y lugar de los hechos que fundamentan las solicitudes; las condiciones de salida del país de origen de la persona requirente y su trayecto hacia Chile, o residencia en países intermedios, y las alternativas de protección en dichos países; entre otros elementos, lo cual no solo es relevante para efectos de eventualmente conceder el estatuto de protección solicitado, sino también para denegarlo en caso de acreditarse alguna causal que así lo justifique, según las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia. Agrega que estas solicitudes constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14, de la Constitución Política de la República, siendo por tanto requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con la legislación y sus procesos de revisión y ponderación internos, añadiendo que sólo en el año 2024 se recibieron un total de 2.498 solicitudes de refugio, mientras en 2025 se recibieron 555.

Sin embargo, dicha cifra debe contextualizarse en el aumento exponencial que han tenido este tipo de solicitudes en los últimos años: mientras que entre los años 2010 y 2019 -es decir, en un período de 10 años- se contabilizaron alrededor de 16.300 solicitudes, solo entre los años 2021 y 2025 -esto es, en la mitad del período antes señalado-, se registraron más de 15.600, siendo razonable que la tramitación de este tipo de solicitudes se encuentre sometida a un tiempo de tramitación extenso, sobre todo si se considera el aumento exponencial de requerimientos migratorios que se ha verificado en los últimos años -tal como se aprecia, a simple vista, en el notable incremento en la judicialización de ese tipo de casos-, lo cual, desde ya, permite descartar una arbitrariedad en el tiempo de tramitación de la solicitud de la parte recurrente.

Señala que en relación con una supuesta ilegalidad derivada de la no dictación del acto administrativo terminal en comento dentro de un determinado plazo, según la reiterada jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N°19.880 establece para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo. Dicho criterio se ha plasmado en numerosas sentencias de nuestro máximo tribunal, las que cita.

Expresa que la ley N°20.430 no establece plazos para la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, lo cual no hace sino reforzar la inexistencia de ilegalidad antes señalada y al no verificarse una omisión ilegal ni arbitraria en el caso concreto, la acción de protección de autos no puede prosperar.

Finalmente, y tras afirmar la inexistencia de una privación, perturbación o amenaza de garantías o derechos constitucionales, por los argumentos que latamente expone, termina solicitando rechazar el recurso interpuesto con costas por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que informó la abogada Renata Muñoz González, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar los derechos invocados por la recurrente.

Indica que se recurrió por la falta de pronunciamiento respecto del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Exenta N°NUM003, de fecha 19 de agosto de 2025.

Refiere que la referida Resolución Exenta N°NUM003 resolvió rechazar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado formuladas por los recurrentes, luego de la tramitación del procedimiento establecido en la Ley N° 20.430 y su Reglamento, y previo análisis de los antecedentes proporcionados por los propios solicitantes, sus entrevistas de elegibilidad y la información disponible respecto de su país de origen.

Indica que en dicho procedimiento fueron ponderados los hechos invocados por los recurrentes como fundamento de su solicitud de refugio, entre ellos su participación política en Venezuela, las situaciones que habrían experimentado con ocasión de dicha actividad, los hechos relacionados con la denominada “Operación Manos de Papel”, la situación laboral de doña nombre reservado y las circunstancias familiares, económicas y de salud que precedieron a su salida de Venezuela; y, en particular, respecto de don nombre reservado, se tuvo presente que, aun cuando manifestó haber tomado conocimiento de una orden de captura vinculada a la denominada “Operación Manos de Papel”, no fue formalmente notificado del inicio de un procedimiento penal ni aprehendido por las autoridades, permaneciendo en Venezuela hasta diciembre de 2020. Asimismo, respecto de doña nombre reservado, se ponderó que mantuvo su desempeño profesional durante más de doce años en el establecimiento educacional en que trabajaba, sin que constara disminución de remuneraciones, degradación de funciones, suspensión de su cargo u otras formas de obstrucción a su desempeño.

Explica que del análisis efectuado por la autoridad no fue posible establecer que los hechos relatados configuraran actos de persecución individualizados de entidad suficiente para subsumirse en las hipótesis contempladas por la normativa especial sobre protección de refugiados, teniendo especialmente presente que los solicitantes mantuvieron por un período prolongado su actividad política y residencia en su país de origen, sin que los antecedentes aportados permitieran establecer una afectación a su vida, seguridad o libertad de la intensidad exigida para el reconocimiento de la condición solicitada; y respecto de las situaciones vinculadas con la presencia de grupos armados en la zona fronteriza en que residían, se estimó que no fueron acompañados antecedentes objetivos que permitieran relacionarlas directamente con los solicitantes o establecer la existencia de una amenaza concreta dirigida específicamente en su contra, distinguiéndose así entre situaciones generales existentes en determinadas zonas del país de origen y aquellas que permiten configurar un temor fundado de persecución respecto de una persona determinada.

Destaca que luego del examen de los antecedentes particulares del grupo familiar y de la información de país de origen disponible, la autoridad concluyó que no se encontraban configuradas las causales legales que permitieran reconocer a los solicitantes la condición de refugiados.

Indica que contra la señalada resolución los interesados dedujeron recurso administrativo de reposición con jerárquico en subsidio, presentado con fecha 5 de septiembre de 2025, impugnación cuya falta de resolución constituye precisamente el fundamento de la presente acción constitucional, y la interposición de dicho recurso administrativo produjo la suspensión de los efectos de la resolución recurrida, circunstancia especialmente relevante para analizar la afectación alegada, toda vez que mientras se encuentra pendiente la impugnación administrativa el acto que rechazó las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado no produce plenamente sus efectos respecto de los recurrentes.

Refiere que paralelamente a la tramitación de la impugnación administrativa, el Servicio Nacional de Migraciones ha efectuado actuaciones concretas destinadas a mantener la regularidad migratoria de los recurrentes, circunstancia que resulta incompatible con la existencia de una situación de desprotección migratoria generada por este Servicio, pues, mediante Resolución Exenta N° NUM004, de fecha 19 de noviembre de 2025, se prorrogó a don nombre reservado su residencia temporal por un período de ocho meses, con vigencia desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 4 de agosto de 2026, siendo además eximido del pago de los derechos correspondientes y dicha actuación se fundó expresamente en su calidad de solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado y en las disposiciones de la Ley N°20.430. Añade que posteriormente, mediante Resolución Exenta N°NUM005, de fecha 3 de julio de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones prorrogó la residencia temporal de doña nombre reservado por un período de ocho meses, fijándose su vigencia desde el 3 de julio de 2026 hasta el 3 de marzo de 2027; y en la misma fecha, mediante Resolución Exenta N°NUM006, se prorrogó la residencia temporal de nombre reservado por un período de ocho meses, desde el 1 de junio de 2026 hasta el 1 de febrero de 2027, constando además la activación de su correspondiente estampado electrónico.

Señala que las actuaciones precedentemente descritas resultan particularmente relevantes atendida la fecha de interposición del presente recurso de protección, porque la acción fue deducida el 1 de julio de 2026, mientras que las resoluciones que prorrogaron las residencias temporales de doña nombre reservado y de nombre reservado fueron dictadas el 3 de julio del mismo año, manteniéndose de esta manera su situación migratoria regular durante la tramitación de la presente acción, por lo que aun cuando los recurrentes sostienen que la pendencia del recurso administrativo les habría ocasionado una situación de incertidumbre migratoria, los antecedentes administrativos dan cuenta de que el Servicio Nacional de Migraciones ha adoptado medidas concretas y favorables destinadas precisamente a mantener la regularidad de su permanencia en el territorio nacional.

Destaca que es importante respecto de nombre reservado, cuya minoría de edad ha sido expresamente invocada por la parte recurrente para sostener una afectación especialmente intensa derivada de la demora administrativa, pero consta que el Servicio Nacional de Migraciones prorrogó su residencia temporal hasta el 1 de febrero de 2027, encontrándose vigente el respectivo estampado electrónico, por lo que no se advierte que la actuación del Servicio la haya colocado en una situación migratoria irregular o de desprotección.

Hace presente que la normativa especial establece una distribución de competencias entre los distintos órganos que intervienen en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Conforme a los artículos 19 y siguientes de la Ley N°20.430, la decisión relativa al otorgamiento o rechazo de dicha condición corresponde al Ministerio del Interior, mediante resolución del Subsecretario del Interior, mientras que el Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones desarrolla las labores correspondientes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo que resulta concordante con el propio tenor de la acción deducida, desde que los recurrentes dirigieron originalmente su recurso contra la Subsecretaría del Interior, atribuyéndole la omisión consistente en no emitir pronunciamiento respecto de su recurso administrativo.

Afirma que los antecedentes administrativos permiten establecer que el Servicio Nacional de Migraciones no ha mantenido una conducta de inactividad respecto de los recurrentes. Por el contrario, dentro del ámbito de sus atribuciones ha continuado desarrollando actuaciones destinadas a resguardar su situación migratoria mientras se encuentra pendiente la resolución de la impugnación administrativa, otorgando y prorrogando las respectivas residencias temporales y no consta que los recurrentes hayan quedado en situación migratoria irregular como consecuencia de una actuación u omisión atribuible al Servicio Nacional de Migraciones, ni que las actuaciones desarrolladas por éste hayan generado una privación, perturbación o amenaza actual al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas.

Destaca que el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado se encuentra regulado especialmente en la Ley N°20.430, cuyas normas cita, añadiendo que no resulta jurídicamente procedente imputar al Servicio Nacional de Migraciones una omisión derivada de la falta de dictación de un acto administrativo cuya decisión corresponde a la autoridad determinada por la normativa especial. Lo contrario implicaría desconocer la distribución legal de competencias y los principios establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

Arguye que si bien la parte recurrente invoca los artículos 27 y 59 de la Ley N°19.880 para sostener que se habrían excedido los plazos administrativos, la eventual aplicación supletoria de dicho cuerpo normativo no modifica la distribución de competencias establecida por la Ley N°20.430. Por consiguiente, el solo transcurso del tiempo no permite atribuir automáticamente al Servicio Nacional de Migraciones la omisión denunciada, siendo necesario determinar previamente qué autoridad se encuentra legalmente llamada a emitir el pronunciamiento cuya ausencia se reprocha, y no se advierte una privación, perturbación o amenaza actual de las garantías constitucionales invocadas que resulte imputable a este Servicio, reiterando que los recurrentes han mantenido autorizaciones de residencia durante la tramitación administrativa, sin que conste que hayan quedado en situación migratoria irregular como consecuencia de una actuación u omisión del Servicio Nacional de Migraciones.

Señala que al no concurrir los presupuestos que hacen procedente la acción cautelar contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde rechazar el presente recurso de protección respecto del Servicio Nacional de Migraciones, en todas sus partes, con costas.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en la omisión de pronunciamiento sobre el recurso administrativo presentado con fecha 5 de septiembre de 2025.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes que obran en la causa se ha podido evidenciar que no ha existido pronunciamiento de la autoridad migratoria respecto del recurso administrativo presentado con fecha 6 de noviembre de 2025 pese al tiempo transcurrido, encontrándose la actora en un estado de incertidumbre con respecto al destino de su solicitud.

Al efecto la recurrida señaló que el recurso de reposición y jerárquico está actualmente en trámite ante el Servicio Nacional de Migraciones, organismo colaborador de la Subsecretaría del Interior.

OCTAVO: Que, para resolver, se debe tener en consideración que la Ley N°19.980 regula los procedimientos administrativos y consagra entre sus principios el de celeridad (artículo 7) y el conclusivo (artículo 8), los que en la especie aparecen infringidos. Estos principios encuentran consagración, además, en el artículo 37 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería que dispone que las solicitudes de residencia deben ser tramitadas en el más breve plazo. Asimismo, el Reglamento en su artículo 46 señala que el Servicio debe tramitar las solicitudes con plena observancia de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad.

En consecuencia, la infracción señalada se configura en este caso, pues lo esperable es que la Administración dé una respuesta expedita a los usuarios, sin afectar con indebidas dilaciones los derechos de las personas, de manera de hacer realidad los principios indicados.

NOVENO: Que, por lo anterior, se evidencia respecto de la recurrida el incumplimiento de mandatos legales como el impulso de oficio de todos los trámites del procedimiento, la actuación por propia iniciativa en la prosecución del procedimiento, la expedición en los trámites, la remoción de todo obstáculo que pudiere afectar su pronta y debida decisión.

En consecuencia, la demora en el procedimiento administrativo no puede sino considerarse ilegal y arbitraria, vulnerando -además de los principios administrativos señalados- la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución, otorgando un trato desigual a la parte recurrente, motivo suficiente para acoger la acción deducida en la forma que se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas el recurso de protección deducido por el abogado Juan Guzmán Zúñiga en favor de don nombre reservado, de doña nombre reservado, y de nombre reservado, sólo en cuanto la recurrida Subsecretaría del Interior, dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, deberá pronunciarse sobre el recurso administrativo presentado por los recurrentes.

Regístrese y comuníquese.

Rol 1550-2026 (Protección)