nombre reservado con nombre reservado (VISTA CONJUNTA PROTECCION 1515-2026)

Antofagasta, a diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; quienes deducen acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y contra nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; por el actuar ilegal y arbitrario consistente en realizar diversas publicaciones, grabaciones y difusión en redes sociales imágenes de nombre reservado, su vivienda y de un conflicto vecinal, vulnerando las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº 3, 4, 8,24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Informaron del recurso los recurridos, solicitando el rechazo de este.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, fundan su acción constitucional señalando que la controversia se originó a propósito de la instalación de un cierre perimetral en un terreno contiguo a la vivienda familiar, ubicada en población Villa Las Condes de Antofagasta, el cual, según nombre reservado, fue levantado debido a que dicho espacio era utilizado habitualmente para el consumo y venta de drogas, acumulación de basura y escombros, comisión de delitos y otras conductas que afectaban la seguridad y tranquilidad de su familia, especialmente de sus padres, quienes son adultos mayores.

Señala que, luego de obtener un certificado de avalúo fiscal detallado del Servicio de Impuestos Internos, entendió que la propiedad comprendía una superficie total de 366 metros cuadrados y que, tras consultar a un funcionario de ese organismo, decidió cerrar el sector, sin efectuar edificaciones, mientras regularizaba la situación del inmueble.

Sostienen que, una vez instalado el cierre, nombre reservado concurrió al domicilio y se dirigió de manera prepotente y despectiva a sus padres, cuestionando la ocupación del terreno. Añade que el recurrido posteriormente grabó imágenes de la propiedad y de su hermana Claudia sin su consentimiento y difundió dos videos en redes sociales, uno de ellos editado y otro acompañado de un relato de los hechos, en los cuales habría afirmado falsamente que la familia se había apropiado de un terreno ajeno.

Indica que dicho material fue publicado aproximadamente el 22 de junio de 2026 por la página de Facebook e Instagram denominada “Antofagasta Región Autónoma de Chile”, generando insultos, amenazas y afectación a la honra, imagen, propiedad y tranquilidad de la familia, sin que se atendiera la solicitud formulada para retirar y rectificar la publicación.

Por su parte, nombre reservado expone que el lunes 22 de junio, alrededor de las 08:45 horas, cuando regresaba a su domicilio luego de dejar a su hija en el colegio, encontró a nombre reservado grabando el exterior de la vivienda, reconociéndolo como la misma persona que días antes había concurrido a increpar a sus padres.

Señala que le preguntó por qué filmaba su casa y que tanto aquel como nombre reservado comenzaron a tratarla de manera irrespetuosa y a proferir expresiones ofensivas, razón por la cual intentó apartar la mano del recurrido para impedir que continuara registrándola. Afirma que ambos siguieron grabándola, pese a que manifestó expresamente su oposición, y que el video posteriormente publicado exhibe solo una parte del incidente, omitiendo las provocaciones y el trato recibido antes y durante los hechos.

Agrega que nombre reservado integra la junta de vecinos y concurre de manera reiterada al domicilio familiar, donde habría tratado inadecuadamente a sus padres, situación que les ha provocado estrés, dificultades para dormir y problemas de alimentación.

Refiere que la grabación fue difundida por Facebook, Instagram y TikTok, además de diversos grupos de WhatsApp de Antofagasta, comenzando por el correspondiente a Villa Las Condes, y que ello originó una campaña de desprestigio y rechazo contra ella y su familia.

Precisa que algunas personas solicitaron conocer la dirección del domicilio y publicaron comentarios que incitaban a incendiar la vivienda mediante el uso de bencina y fósforos, todo ello sin conocer el contexto completo del conflicto, lo que habría causado un grave daño emocional, afectando su tranquilidad, vida cotidiana y reputación ante la comunidad.

El recurrente, nombre reservado, estima vulneradas las garantías contempladas en los numerales 3, 4, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que vincula con la protección frente a acusaciones falsas, el respeto de la vida privada, la honra y la imagen, el derecho de propiedad o posesión y la protección de los datos personales e intimidad.

Por su parte, nombre reservado, invoca la garantía del numeral 8 del mismo precepto constitucional, sosteniendo, en términos generales, que las actuaciones denunciadas son arbitrarias y vulneran sus derechos fundamentales.

Concluyen solicitando que se acoja la acción, se ordene el retiro inmediato y definitivo de los videos y publicaciones de todas las plataformas, se prohíba su posterior difusión, reproducción o copia, se disponga la eliminación de las copias existentes, se ordene efectuar una rectificación pública con igual visibilidad que la publicación original, y que se adopten las medidas necesarias para hacer cesar la vulneración, restablecer el imperio del derecho y otorgarle la debida protección, sin perjuicio de las demás providencias que la Corte estime pertinentes.

SEGUNDO: Que informan las recurridas, quienes niegan expresamente los hechos que se les atribuyen, en particular, haber proferido amenazas, ejecutado actos de amedrentamiento o constituir un peligro para la familia recurrente.

Exponen que el 22 de junio de 2026, luego de dejar a sus hijos en el colegio, transitaban por calle Padre Hurtado, siguiendo el recorrido habitual cercano a su domicilio, ocasión en que nombre reservado comenzó a grabar con su teléfono un video de su propio rostro para enviarlo a un familiar. Señalan que, mientras realizaba dicha grabación, una mujer que se encontraba frente a una vivienda y a quien afirman no conocer comenzó a insultarlos y a exigirles explicaciones, suponiendo que estaban grabando su casa.

Indican que le mostraron el teléfono para aclarar que la cámara se encontraba dirigida al rostro de nombre reservado, pese a lo cual aquella habría continuado profiriendo insultos y acusándolos de haber realizado grabaciones anteriores.

Añaden que, debido al estado de alteración de la mujer y a que esta se aproximaba mientras les gritaba, comenzaron a registrar lo ocurrido con el propósito de resguardar su integridad y enviaron el video a un grupo de WhatsApp de su población, solicitando ayuda.

Afirman que la mujer golpeó la mano de nombre reservado, provocando la caída de su teléfono y la rotura de la pantalla, ante lo cual nombre reservado golpeó, a su vez, el celular de aquella, haciéndolo caer al suelo, conducta que califican como una reacción defensiva.

Agregan que nombre reservado habría recibido golpes en un brazo y en la espalda. Relatan que posteriormente llamaron a la puerta de una vecina, enterándose de que era la madre de la mujer involucrada, quien salió y logró calmarla, interviniendo también un hermano de esta, quien les habría manifestado que su hermana era una persona violenta, les pidió disculpas por su comportamiento y les recomendó comunicarse con Carabineros y dejar constancia de lo ocurrido. Sostienen que el personal policial llegó aproximadamente veinte minutos después y les habría informado que detendría tanto a nombre reservado como a la otra mujer si no solucionaban el conflicto, razón por la cual decidieron no perseverar en el incidente.

Refieren que el 23 de junio tomaron conocimiento, por medio de terceros, de que el video enviado al grupo vecinal había sido difundido, sin su conocimiento ni autorización, en una página de denuncias de Facebook, por lo que nombre reservado solicitó inmediatamente su eliminación, sin recibir respuesta.

Añaden que ese mismo día, alrededor de las 16:00 horas, tres hermanas de la mujer concurrieron hasta donde ellos se encontraban y que la mayor les habría señalado que tenía dinero, influencias y que conocía a nombre reservado, exigiéndoles retirar el video de internet. Indican que explicaron no haber efectuado dicha publicación y les exhibieron el mensaje mediante el cual ya habían solicitado a la página su eliminación.

Afirman que, con posterioridad, recibieron insultos de familiares de aquellas personas a través de Facebook y que, para evitar nuevos conflictos, modificaron voluntariamente el trayecto utilizado para llevar a sus hijos al colegio, sin volver a mantener encuentros ni comunicación con ellas.

En cuanto a lo expuesto por nombre reservado, sostienen que no lo conocen, que nunca han tenido contacto ni conversación con él y que, por consiguiente, sus afirmaciones se referirían a hechos que no presenció, careciendo de fundamento.

Agregan que existen dos registros audiovisuales, uno correspondiente al momento en que nombre reservado grababa su rostro y reaccionó al escuchar los gritos de una persona, y otro en el cual se observaría a la mujer insultándolos, gritándoles, agrediéndolos y haciendo caer el teléfono celular.

Asimismo, aluden a imágenes de conversaciones y comentarios publicados en Facebook, entre ellos, un mensaje en que se les acusa de haber grabado a una persona llamada nombre reservado y otras publicaciones que, según sostienen, contendrían afirmaciones falsas sobre supuestos hechos anteriores.

Concluyen solicitando se ponderen los antecedentes que acompañan, de manera completa, objetiva y conforme al mérito del proceso; resolviendo conforme a derecho.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que puede verse afectado por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario consiste en que los recurridos habrían grabado, sin su consentimiento, a nombre reservado y el exterior de la vivienda familiar durante un conflicto vecinal; difundido posteriormente dichos registros, algunos de ellos presuntamente editados y acompañados de afirmaciones relativas a la apropiación irregular de un terreno, mediante redes sociales y grupos de WhatsApp; y omitido retirar o rectificar esas publicaciones pese a haber sido requeridos para ello.

Por tanto, el examen de esta Corte deberá circunscribirse a determinar si aquellas actuaciones u omisiones constituyen actos ilegales o carentes de razonabilidad; si mantienen una afectación actual de alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y si los recurridos se encuentran en condiciones de adoptar las medidas solicitadas para hacer cesar dicha afectación.

SEXTO: Que, de los antecedentes aportados, aparece que el 22 de junio de 2026 se produjo un altercado en la vía pública entre nombre reservado y los recurridos nombre reservado y nombre reservado, a raíz de que la primera estimó que aquellos se encontraban grabando el exterior de la vivienda familiar.

Las partes concuerdan en que, durante el incidente, realizaron registros audiovisuales mediante sus teléfonos celulares y que se produjo contacto físico con dichos aparatos, aunque discrepan acerca de quién inició la confrontación, agresiones y las razones por las cuales comenzó la grabación. Tales discrepancias no pueden ser esclarecidas suficientemente en este procedimiento cautelar, carente de una etapa probatoria, sin perjuicio de las acciones que las partes puedan ejercer ante la sede competente.

SÉPTIMO: Que los recurridos reconocen haber enviado uno de los videos a un grupo de WhatsApp de la población, manifestando que lo hicieron mientras se desarrollaba el incidente, con el propósito de solicitar ayuda y resguardar su integridad. Sin embargo, niegan haber remitido el registro a la página denominada “Antofagasta Región Autónoma de Chile” o haberlo publicado en Facebook, Instagram o TikTok, afirmando que solo al día siguiente tomaron conocimiento de su difusión pública y que solicitaron a la administración de aquella página que procediera a eliminarlo.

Por su parte, los recurrentes, no acompañaron antecedentes suficientes que permitan acreditar que alguno de los recurridos administra dicha página, haya remitido directamente el video a ella, hubiese redactado el texto que acompañó la publicación o tenga actualmente facultades para retirarla de las distintas plataformas en las que fue reproducida.

Además, el hecho de que nombre reservado haya comentado posteriormente la publicación, exponiendo su versión de lo sucedido, demuestra que tuvo conocimiento de ella, pero no permite concluir, por sí sola, que haya sido el autor, que la haya encargado o que controle la permanencia de esta en las redes sociales.

OCTAVO: Que tampoco resulta posible atribuir a los recurridos los comentarios ofensivos o amenazantes efectuados por terceras personas en las redes sociales. En particular, la expresión relativa a utilizar “bencina y fósforos” aparece formulada por una usuaria distinta de los recurridos, quien no ha sido individualizada como parte en estos autos.

Por consiguiente, aun cuando tales expresiones resultan graves y reprochables, no pueden sustentar la adopción de medidas cautelares en contra de nombre reservado y nombre reservado, al no haberse demostrado que hayan sido emitidas, promovidas o concertadas por ellos. Tampoco puede ordenarse a personas que no han sido emplazadas eliminar sus comentarios o abstenerse de nuevas publicaciones, pues ello afectaría sus derechos sin haber sido oídas en este procedimiento.

NOVENO: Que, en relación con el derecho al respeto y protección de la vida privada, la honra y la propia imagen, garantizado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, es necesario señalar que el registro cuestionado fue obtenido en la vía pública, durante un altercado en el cual participaron directamente quienes aparecen en él, sin que se advierta la captación de imágenes correspondientes al interior de la vivienda ni de actos pertenecientes a la esfera íntima o familiar de la recurrente, nombre reservado.

Asimismo, los antecedentes aportados no permiten establecer que los recurridos hayan efectuado imputaciones categóricas de carácter delictivo, elaborado una versión deliberadamente falsa de los acontecimientos o editado el registro con la finalidad comprobada de deshonrar a la recurrente. Lo que se observa es la difusión fragmentaria de un conflicto vecinal, cuyo inicio y desarrollo son controvertidos, sin que esta Corte cuente con elementos suficientes para determinar que la publicación haya sido creada o manipulada por los recurridos.

Si bien el envío del video al grupo vecinal contribuyó a que el registro saliera del ámbito exclusivo de quienes participaron en el incidente, dicha conducta, atendidas las circunstancias en que se realizó y la explicación proporcionada, no permite por sí sola configurar un acto manifiestamente arbitrario dirigido a menoscabar la honra o intimidad de la recurrente, especialmente cuando los recurridos sostienen haber solicitado su eliminación una vez conocida su difusión pública.

DÉCIMO: Que la controversia relativa a la superficie, dominio, posesión o legitimidad del cierre perimetral instalado en el terreno contiguo a la vivienda excede el objeto de esta acción. Los documentos tributarios acompañados con el objeto de acreditar los deslindes y el dominio del sector discutido son materias que deberán ventilarse ante los órganos administrativos o jurisdiccionales competentes y mediante los procedimientos correspondientes.

Por lo anterior, no se ha acreditado que los recurridos hayan privado, perturbado o amenazado el derecho de propiedad asegurado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, pues no consta que hayan ocupado el inmueble, destruido el cierre o impedido materialmente a los recurrentes ejercer las facultades derivadas del derecho que invocan.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a las demás garantías invocadas, el artículo 19 N°3 se encuentra protegido por la acción constitucional únicamente en lo concerniente a su inciso quinto, relativo a no ser juzgado por comisiones especiales, hipótesis que no guarda relación con los hechos denunciados.

A su turno, la garantía del artículo 19 N°8 asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sin que las grabaciones, expresiones o publicaciones materia del recurso puedan subsumirse en su contenido. Los problemas de basura, consumo de drogas, inseguridad o utilización irregular del terreno se mencionan como contexto de la instalación del cierre, pero no se atribuyen a una conducta contaminante ejecutada por los recurridos ni constituyen el acto concreto contra el cual se dirige la acción.

Finalmente, el artículo 19 N°26 no consagra un derecho autónomo susceptible de ser vulnerado separadamente, sino una garantía dirigida a impedir que los preceptos legales reguladores o complementarios de los derechos fundamentales afecten su esencia, supuesto que tampoco concurre en la especie.

DUODÉCIMO: Que las solicitudes de eliminación de todas las copias existentes y de rectificación pública tampoco pueden disponerse respecto de los recurridos, desde que no se ha demostrado que administren las plataformas cuestionadas, mantengan bajo su control la publicación o hayan formulado el texto que la acompañó.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los recurrentes de solicitar directamente a los administradores de las respectivas plataformas la eliminación del contenido, ejercer las acciones civiles o penales que estimen procedentes respecto de publicaciones o amenazas atribuibles a personas determinadas y recurrir ante la autoridad competente para resolver la situación del terreno.

En consecuencia, no se ha acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario actualmente imputable a nombre reservado o a nombre reservado que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual la acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y nombre reservado, en contra de nombre reservado, y nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Déjese copia de la presente sentencia en los autos en vista conjunta Rol 1549-2026 (Protección) para los fines correspondientes.

Rol 1515-2026 (Protección) (VISTA CONJUNTAMENTE CON INGRESO DE CORTE Rol 1549-2026 PROTECCIÓN)

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